Texto: Danielle Mackey y Jennifer Avila
Axel G. López y Evana López han registrado dos compañías en Florida, Estados Unidos. Axel es el presidente, secretario, director y agente de la empresa Elmed Medical Inc. aún activa en Orlando, Florida. Aunque existe desde 1998, se habría perdido en el mar de corporaciones creadas en Florida en las que una sola persona tiene todos los roles y pocas conexiones con otras inversiones. Pero la conocemos porque fue denunciada por la empresa SDI Global LLC por falsificar la orden de compra de siete hospitales móviles que Honduras pagó por adelantado.
Esta orden fue aprobada por INVEST-H y posteriormente el Estado de Honduras desembolsó 21 millones de dólares como pago por adelantado por hospitales que, hasta este momento crítico de la pandemia, aun no han llegado al país. El director de INVEST-H, Marco Bográn renunció después que la falsificación de la orden de compra fue denunciada y asegura que los hospitales vienen en camino en un buque desde Turquía. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ha comenzado una investigación al respecto. El dinero pagado por estos hospitales corresponde al 27% del presupuesto asignado por el gobierno para combatir la emergencia por COVID19 en Honduras.
Este caso se ha denominado como “ la gran estafa” y la empresa de López como “empresa fantasma” o “empresa de maletín”. Se espera incluso que las autoridades estadounidenses investiguen el caso.
Pero esto es más común de lo que pensamos. Las “empresas maletín” para el lavado de dinero forman parte de la economía estadounidense. Personas de todo el mundo, quienes con frecuencia son empresarios, políticos, carteles de drogas o grupos terroristas abren sus empresas en lugares catalogados como paraísos fiscales, países como Suiza o Bermuda, o dentro de los Estados Unidos, ciertos estados como Florida, Nueva York, Delaware y Dakota del Sur.
Utilizando esas empresas, el cártel mexicano Los Zetas compró caballos de carrera en los Estados Unidos, tal y como detalla la periodista Melissa del Bosque en su libro Bloodlines. Canalizaron los pagos para los caballos a través de empresas maletín que aparentan no tener nada que ver con el cártel, para así introducir el dinero en la economía legal. Otro ejemplo es el caso del ex-jefe de campaña de presidente Donald Trump, Paul Manafort, quien lavó millones de dólares recibidos de su trabajo como asesor político en Ucrania para no pagar impuestos. Manafort creó empresas en países bien conocidos por ser paraísos fiscales y las usó para comprar propiedades de lujo en los Estados Unidos. Así trajo de vuelta el dinero al sistema financiero legal estadounidense sin dejar rastro. Esto se descubrió durante la investigación de los posibles nexos entre la campaña del Presidente Trump con Rusia.
El mecanismo es tan efectivo para un narco, un asesor de Trump como empresas que se lucran con la pandemia.
Entre 1998 y 2019, Axel López ha registrado cinco empresas en el estado de Florida. La razón de esas empresas describe servicios relacionados con exportaciones, salón de belleza, tecnología para los desechos médicos, entre otras. En una misma dirección física están registradas Elmed Medical Systems Inc. y Vertisa Medical Waste Technologies LLC. Axel López también registró American Business Links Corporation en una dirección física diferente pero siempre en el Estado de Florida. En ésta, al igual que en Elmed Medical Systems Inc. comparte algunas funciones con Evana López.
Una cierta clasificación corporativa estadounidense, Limited Liability Company o Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en inglés), frecuentemente es la que permitiría la creación de una “empresa fantasma” y aunque no son ilegales ni son siempre usadas para cometer actividades ilícitas, tienen varias características que las hacen convenientes para cometer el fraude financiero.
Por ejemplo, una LLC es muy fácil de registrar. No es necesario estar en los Estados Unidos, se requiere muy poco tiempo y poca información acerca de sus actividades y dueños. Es tan fácil que incluso se requiere menos información para crearlas que lo que se solicita para un permiso de préstamos de libros en una biblioteca pública estadounidense.
El costo para inscribir una LLC en el estado de Florida es de $125. Se crea un nombre para la empresa, el cual se inscribe junto con el nombre y la dirección del agente registrado (una persona con una oficina o un buzón de correo para recibir la correspondencia de la empresa en Florida) y después se llena un formulario de inscripción en un sitio web estatal. El agente registrado, es con frecuencia un abogado que ofrece ese servicio.
El nombre de la persona que verdaderamente es dueña de la empresa, no es requerido en ningún momento del trámite, tampoco se requiere el nombre de un administrador ni de los miembros de la junta directiva.
Miami, Fl. Foto: Contracorriente
Según la experiencia de Chris Quick, exagente del FBI estadounidense que investigó “crímenes de cuello blanco” y que ahora es investigador privado con su propia LLC en Carolina del Sur, el anonimato que ofrecen las LLC es una característica atractiva para muchos empresarios pero también es una dificultad para los investigadores cuando aparecen pistas de actividad criminal, porque es difícil seguir el hilo cuando no se sabe a quien se busca.
«Las LLC no necesariamente están asociadas con la persona que está a cargo. El dueño de una LLC incluso puede ser otra LLC» dice Quick. Como una cebolla en la que todas sus capas ocultan su centro, investigar este tipo de empresas requiere «quitar cada capa para por fin llegar a los dueños. Son capas de anonimato.»
Cuando el objetivo es lavar activos ilícitos —por ejemplo, el dinero robado de las instituciones públicas a través de la corrupción, o el financiamiento de grupos ilegales— frecuentemente se escoge esconder el dinero a través de compras que permiten ocultar el origen y el propietario de los fondos, como fue el caso con los caballos de carrera de los narcotraficantes, entes presentado. Y aun cuando se trata de una propiedad, como por ejemplo un apartamento o un yate, el nombre en la escritura puede ser el de la LLC, no el del político corrupto o el criminal dueño del dinero. Así, quien quiera investigar quién está detrás de la compra solo se va a encontrar con un abogado contratado para recibir la correspondencia que llegue a la LLC.
Un informe de 2010 de las Naciones Unidas, avalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estimó que ese año unos $300 mil millones de dólares de ganancias ilícitas pasaron por el sistema financiero estadounidense.
Familiares de pacientes y personas buscando atención en un hospital de San Pedro Sula. Foto: Deiby Yánez
En Honduras la compra de los hospitales móviles no es la única irregularidad donde figura una relación con una empresa en Miami. Invest-H compró por 3,5 millones de dólares equipo de bioseguridad a la empresa Access Telecom, dedicada a la tecnología inscrita en Miami, Florida, Estados Unidos. En el documento público de esa orden de compra consta el nombre de Arturo Osmond Maduro Zelaya, de 50 años y sobrino del expresidente Ricardo Maduro. Ante denuncias de irregularidades, Marco Bográn, ex director de Invest-H, aseguró que había sido un error colocar a Osmond Maduro como contacto en la orden de compra ya que «no tiene ninguna responsabilidad y no es parte de la empresa.»
Access Telecom fue fundada en 1999 y su presidente actual es Abraham Benhamu, según documentos públicos. Está ubicado en el local número 82 en un edificio en el noreste de Miami, y entre 2015 y 2017 en el local 80 de ese mismo edificio, había una empresa presidida por Arturo Maduro, denominada Distelsa LLC.
Empresarios hondureños realizaron cotizaciones en otras empresas internacionales y determinaron que esta compra por 3,5 millones de dólares pudo haberse hecho a 1,7 millones.
Mientras tanto, en Honduras los hospitales están colapsados y más de 300 personas que trabajan en el sistema sanitario están enfermas por no tener los implementos necesarios para protegerse del virus.
Una propuesta de ley que busca la transparencia
Actualmente hay una propuesta de ley en el congreso estadounidense llamada el Acta de Transparencia Corporativa de 2019, que exige que los dueños beneficiarios de cada LLC sean identificados en un registro que no sería público pero sí estaría al alcance de las autoridades cuando en una investigación se requiera saber quiénes realmente están detrás del dinero.
La ley fue propuesta por la congresista Carolyn B. Maloney del estado de Nueva York, quien dijo a Contra Corriente que «el uso legal de las empresas de maletín o anónimas en los Estados Unidos permite la actividad criminal impune y esconde detrás de esos escudos a la gente que lava el dinero, que impulsa la trata de personas y a veces hasta a los terroristas. Durante años, las autoridades que hacen cumplir la ley le han pedido al congreso que quite esa barrera a través de exigir que se divulgue las identidad de los dueños beneficiarios de las LLC.»
Quick, el ex-agente del FBI, dice que lo idóneo para poder investigar los flujos de dinero sería saber los nombres de los dueños de las empresas y el porcentaje de acciones que comparten. Tal información permitiría por ejemplo que los investigadores podrían acceder a las cuentas bancarias de los dueños para mapear la ruta de dinero ilícito. Afirma también que conocer esa información sería una forma de ser transparentes «Hay que poder descifrar por lo menos una parte del rompecabezas.»
Hay oposición a la propuesta de ley presentada por Maloney por parte de los gobiernos estatales de los Estados Unidos que se apoyan en las ganancias obtenidas con las tarifas de registro y los impuestos de las LLC. Solamente en el año 2012, el estado de Delaware ganó $860 millones gracias a las LLC. También hay resistencia por parte del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (en inglés, The American Bar Association), el gremio de abogados más poderoso del país, que argumenta que los cambios propuestos a ley violarían el privilegio de secreto profesional entre abogado y cliente.
El ex agente Quick agrega que hay razones legítimas que justifican el anonimato que provee las LLC. «Si una LLC gana decenas de millones de dólares puede ser que los dueños no quieran que esto se sepa para no convertirse en objetos de secuestro o de hostigamiento para donaciones a organizaciones benéficas.»
La realidad está llena de paradojas. Por un lado, en Honduras se ponen las esperanzas en que el sistema de justicia de los Estados Unidos juzgue a políticos corruptos y narcotraficantes que el sistema nacional no juzga. Por otro lado, ese mismo sistema, el norteamericano, es incapaz frenar que fraudes al Estado hondureño se hagan utilizando las ventajas que ese país ofrece.
*Parte de esta investigación es apoyada por la Beca Adelante de International Women in Media Foundation (IWMF)
