Aprobación de segunda vuelta ¿la clave para evitar una nueva crisis política?

Las elecciones primarias en Honduras —donde cada partido político inscrito tendrá que elegir a sus candidatos para elecciones presidenciales y municipales—, están programadas para realizarse dentro de nueve meses. La crisis sanitaria que enfrenta el país ha retrasado procesos de reforma que a nivel nacional e internacional se han apuntado como esenciales tras la crisis política de 2017. Esta crisis dio lecciones sobre la situación del sistema de partidos y la capacidad estatal para garantizar transparencia y justicia en los comicios electorales. La Comisión Técnica del Congreso Nacional que trabaja en la nueva Ley Electoral, contempla incluir la segunda vuelta o balotaje entre las reformas esenciales para su aplicación en las próximas elecciones.

Nueva ley electoral y segunda vuelta

«Si no se incluye en toda esta discusión el tema de la segunda vuelta será nada o muy poco lo que estamos haciendo. Aunque las reformas sean correctas. En política y en estas cuestiones lo más importante es la percepción», apunta el doctor Augusto Aguilar, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y expresidente del TSE, quien además forma parte de la comisión del Congreso Nacional que elabora la propuesta de la nueva Ley Electoral.

Se espera que esta ley pueda ser presentada a la Comisión de Dictamen, para someterse a su aprobación en el pleno legislativo la próxima semana, quienes, según Aguilar, también tendrán que decidir si impulsan la reforma constitucional que requiere la aprobación de una segunda vuelta electoral y la discusión de regulación de la reelección y conformación de mesas receptoras. Estos temas que no lograron consenso dentro de esta comisión conformada por dos miembros de cada uno los partidos mayoritarios: Libre, Nacional y Liberal.

«Si no se introduce para esta próxima elección la implementación de la segunda vuelta, caeremos otra vez en la crisis de 2017 y 2013. Organismos internacionales han pedido que se reforme la constitución y se aplique la segunda vuelta pero el Partido Nacional no ha querido», concluye.

Nelson Márquez, uno de los sesenta y un diputados nacionalistas que conforman la bancada de ese partido en el Congreso, no establece un punto de vista claro cuando se le pregunta sobre la posición de la institución política a la que representa. Al cuestionarlo en relación a la segunda vuelta en procesos electorales, afirma que «para algunos sectores puede ser una forma de deslegitimar a un gobierno». 

Contrario a estas declaraciones, en un comunicado emitido por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), en enero de este año, aseguraban que «con la inscripción y participación de nuevos partidos, y tres fuerzas políticas con opciones reales de ganar una elección, la fragmentación del voto continuará produciendo márgenes estrechos, que resultan con un presidente o presidenta elegidos con porcentajes bajos a su favor, por ende, insuficiente legitimidad ciudadana. La adopción de una segunda vuelta es necesaria para asegurar que el gobierno electo pueda tener el apoyo popular».

Justamente fue la falta de apoyo popular en el nuevo gobierno, resultado de la debilidad institucional y facilidad de manipulación del TSE, en las elecciones de 2017,  lo que llevó a que a inicios del año pasado se aprobara su disolución y la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que de ahora en adelante se encargarán de organizar, dirigir, administrar y vigilar los procesos electorales. Sin embargo, se han dejado las otras reformas engavetadas.

El doctor Aguilar —que ha conocido desde el inicio la controversia que ha llevado la discusión de la segunda vuelta en lo interno de los partidos políticos—, asegura que en este momento existe voluntad a medias donde el Partido Liberal y el Partido Libre, están pidiendo que se haga esta reforma para que se ratifique en febrero de 2021 y se aplique en las próximas elecciones; sin embargo, el Partido Nacional pide que no se aplique en este proceso sino que hasta en 2025.

La rueda que nunca se detiene

El 20 de mayo pasado, con un saludo codo a codo se oficializaba la alianza política entre Ricardo Álvarez, designado presidencial, y Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. Álvarez deponía sus aspiraciones para llegar a ser el candidato del partido oficialista, para las elecciones generales de noviembre de 2021 y se unía al movimiento de Oliva que busca lograr la victoria frente al movimiento liderado por Juan Nasry Asfura, actual alcalde del Distrito Central, que goza del apoyo del actual presidente de la República reelegido ilegalmente en 2017.

En el evento, Álvarez aseguró que con su adhesión al movimiento Juntos Podemos, «estamos asegurando la democracia de nuestro país» recordando las especulaciones de una posible nueva reelección por parte de Juan Orlando Hernández. 

Para Aguilar, «siempre existe el temor de que el presidente decida inscribirse o querer una segunda reelección, eso no se quita de la mente pero analizándolo detenidamente lo veo muy poco probable porque el mismo partido nacional reformó sus estatutos para no dejar oportunidad de una nueva reelección».

En noviembre de 2019, durante la preconvención del Partido Nacional, realizada en la ciudad de Danlí, El Paraíso, se aprobó una moción para reformar los estatutos de esta institución política al adicionar el artículo 99-A, donde se establece que quien aspire a la presidencia de la República solo podrá reelegirse por una sola vez de forma continua o alterna. Esta modificación en los estatutos del Partido Nacional, dejó sin posibilidades de una nueva reelección a Juan Orlando Hernández, ya que ningún movimiento que lo incluya podría ser inscrito a lo interno de dicho partido.

Para Augusto Aguilar, de lo que sí existe la posibilidad es de que todos los partidos políticos presenten una candidatura única ante las dificultades de las estructuras menos organizadas de cumplir con los requisitos. Y así poder inscribirse ante el CNE para participar en las elecciones primarias, que según su criterio no sería totalmente negativo ya que el Estado podría ahorrarse unos mil millones de lempiras en el proceso.

Sobre el presupuesto que se le asignan a los comicios primarios y generales del próximo año, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), apuntó en un informe presentado el pasado abril, que de los 204,6 millones aprobados para las elecciones primarias y generales de 2017, se ejecutaron más de 1200 millones HNL, un 600 % más de lo aprobado. El mismo patrón en 2012 cuando se ejecutó más de 1000 % con respecto al aprobado.

Otra reforma electoral que impulsa la Comisión Técnica que trabaja en la nueva ley, es la regulación presupuestaria para la deuda política. En un principio se estaba proponiendo desaparecer el porcentaje que se le paga a los partidos minoritarios por la cantidad de votos que obtiene el ganador de las elecciones y subir el arancel de pago por voto de 20 a 60 HNL. «Si el Partido Nacional sacaba un millón de votos y lo que se pagó por deuda política son 40 HNL, porque además de lo base se le reconoce gastos de transporte y divulgación de programas, estamos hablando de 48 millones entonces, todos los partidos minoritarios se les pagaba el 15 % de 48 millones que eran entre 6 y 9 millones», explica Aguilar.

Esta medida fue criticada incluso por el precandidato nacionalista Mauricio Oliva, por lo que según explica Aguilar, finalmente se decidió desde la comisión dejarlo como estaba en la ley anterior: 20 HNL, pero anular el porcentaje hacia los minoritarios que representaba casi siempre entre 6 y 9 millones de HNL. Aguilar concluye que «esa deuda política más las credenciales,  servía como estímulo para que la gente se quisiera hacer millonaria organizando un partido político» .

Entrega del nuevo censo e identidad

Otra de las dudas que se plantean ante las dificultades por la pandemia es la entrega del nuevo censo electoral y la nueva tarjeta de identidad por parte del Registro Nacional de las Personas (RNP), que estaban programadas previo a las elecciones primarias. Los diversos sectores aseguran que lo más probable es que ese proceso de elección se hará con el mismo censo y documento de identidad, siendo ese el factor principal para oponerse a la realización de las elecciones primarias. Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libre, publicó en sus redes sociales que «con el censo de la corrupción y los fraudes sería un suicidio ir a un proceso electoral».

Sin embargo, Oscar Rivera, comisionado del RNP por el mismo partido que Castro, asegura que el primero de junio iniciará el levantamiento de los datos y se entregará el censo definitivo en las fechas y plazos que ya están establecidos. «En todo viaje de barco puede haber una tormenta en medio. Lo que nosotros estamos trabajando es asegurando que con nuestros tiempos y nuestra planificación es factible llevar a buen puerto este proyecto», concluye.

Ante las dudas de la población con respecto a la emisión y entrega de la nueva identidad, Rivera, mencionó que que en diciembre llegará el primer lote de identidades para entregar de manera masiva a nivel nacional, el segundo lote en enero y el último a mediados de febrero. Además, sobre los cuestionamientos de la comunidad trans en relación a la nueva toma de fotografía, aseguró que «vamos a asegurar que las personas se identifiquen tal como se comportan en el día a día, pero no podemos asegurar el cambio de nombre en el caso de esta comunidad».

Además, Rivera asegura que diferentes sectores han mostrado oposición a la entrega del nuevo censo, «pero la responsabilidad que nosotros hemos asumido es clara y haremos la labor de entregar el documento en tiempo y forma». Es así como el movimiento político frente a las elecciones primarias en Honduras no se ha detenido frente a la pandemia. Paulatinamente se agregan actores que ejercen influencia en el voto de un país que sin reformas profundas podría enfrentarse a una nueva crisis política.