Texto: Ana Irías
Fotografía de portada: Archivo/ Martín Cálix
Ante la crisis en el sector agrícola por la pandemia de COVID-19, el gobierno ha decretado el concesionamiento de tierras nacionales a 100 HNL por manzana para la producción agrícola. Este no es el único paso para reactivar este rubro, pero sí el más agresivo. El PCM 040-2020, establece reformar los artículos 4,5 numeral 1 del decreto PCM 030-2020, ordenando a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), crear un registro de las tierras nacionales y revisar los contratos de arrendamiento o concesiones que existan a la fecha.
La declaración de que es prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y de la agroindustria, conlleva una serie de medidas para lograr el aseguramiento de la soberanía alimentaria. La producción que se genere mediante el uso de estas tierras deberá ser utilizada para el abastecimiento del mercado nacional, siendo supervisado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, según la ley.
José Benítez, viceministro de la SAG, ha dado a conocer que hasta los momentos no tienen un dato exacto de cuántas tierras ejidales hay en el país, pero que se está trabajando en recopilar ese dato y que ya cuentan con un equipo en conjunto con el Instituto Nacional Agrario (INA) y varias alcaldías. «Hasta el día de hoy no hemos realizado ninguna reunión definitiva, pero el equipo ya se está conformando para así darle la mejor respuesta en relación al cumplimiento del PCM», explicó a Contracorriente, el viceministro Benítez.
El gobierno ha activado apoyos al sector agricultor, como el agro crédito con un monto de 3000 millones, el bono solidario y cafetalero con 500 millones, el programa de riego con 150 millones, y cajas rurales también con una inversión aproximadamente de 150 millones HNL.
«Puedo asegurarle que el gobierno está actuando de manera responsable y no solo en esta pandemia, sino desde antes, ya que el sector agroalimentario productor actualmente representa el 46 % de la población nacional, con este apoyo se han beneficiado en 15 departamentos del país a 91 000 mil campesinos», agregó Benítez.
De igual manera, ha dado a conocer los avances de la entrega del bono cafetalero. Esto consiste en la distribución de fertilizante a productores de café, que han registrado su cosecha en el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), esto en el periodo 2018-2019. A la fecha se ha entregado un total de 296 976 quintales de fertilizantes a 47 701 productores, esto en compañía del Ihcafe. En total, se entregarán 555 399 quintales de fertilizantes de alta calidad.
Por otra parte, el programa Honduras Solidaria, ha sido el ente encargado de brindar la alimentación a la población hondureña durante esta pandemia. Lo ha hecho de la mano de diferentes alcaldías y las Fuerzas Armadas del país, siendo estas últimas las encargadas de las entregas de las raciones de comida en los barrios y colonias de todo Honduras. Con esto se ha beneficiado a 710 744 familias, según datos brindados por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social.
La Unidad de la Cadena de Suministro del Programa Mundial de Alimentos, luego de realizar su Estudio de Mercadeo y Estudio de Hogares a nivel nacional, encontró que más del 90 % de los hogares encuestados, no contaban con reservas de alimentos para abastecerse por más de un mes. El PMA en coordinación con el Gobierno (Sedis e IHMA) realizaron la entrega de 472 toneladas métricas de frijoles, pertenecientes al PMA escolar, el cual se entregó a la operación Honduras Solidaria, a solicitud del gobierno para la respuesta de emergencia sanitaria que se vive en el país.
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Distribución de las tierras
El diputado por el Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, también se ha referido al tema, haciendo alusión a que las tierras nacionales son propiedad del Estado, y por esa razón se deben poner a disposición de sembrar granos básicos y así evitar una crisis alimentaria, una vez finalizada la pandemia.
Enfatizó que esta nueva medida va de la mano con el acceso a préstamos, como el agro crédito con un interés del 8.7 %, dando así la facilidad a que todos tengan acceso a sembrar los granos básicos.
Pero el PCM-030-2020 contradice el artículo 170 de la Ley de Reforma Agraria. Un decreto del Consejo de Ministros, no puede estar por encima de esa Ley y la Constitución de la República, ya que las tierras nacionales, fiscales o ejidales son destinadas para los fines de la reforma agraria. Eso quiere decir que deben ser distribuidas a campesinos y pueblos indígenas y el decreto no menciona a ninguno de estos sectores.
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en su informe Coyunturas de los territorios, cuestiona que más allá de la concepción y gestión del programa agrario inscrito en el PCM, el tema de acceso a tierra es de preocupación para el movimiento campesino, ya que el artículo 4, del PCM-030-2020 establece que la SAG es la que administra el control de las tierras fiscales, nacionales y ejidales, cuando esta tarea es exclusividad del INA.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), realizada entre los años 2011-2018, en la zona rural del país el 65 % de los hombres y el 86 % de las mujeres no tienen acceso a la tierra. En la zona urbana el 83 % de los hombres y 90 % de las mujeres tampoco tienen acceso a tierra.
Por esa razón, los campesinos sostienen la idea de que dichas tierras van a parar a las manos de los grandes terratenientes y al control de las grandes empresas agroindustriales, ya que el PCM no se refiere a la entrega de dichas tierras al sector campesino, pequeños y medianos productores y en ningún momento se menciona de forma clara y precisa qué tipo de contratos serán utilizados para la utilización de las tierras como tampoco define el papel que debe jugar el INA.
Campesinos niegan que han sido beneficiados por ayudas del gobierno
Mientras tanto Jasmín López, coordinadora general de las mujeres campesinas pertenecientes al Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca), condena esta aprobación que ella denomina como abuso de poder, ya que este PCM solo habla de la reactivación de la agroindustria, bloqueando así el acceso a los pequeños productores del país.
«Esa aprobación se refiere a la reactivación de las agroindustrias, es decir las grandes empresas nacionales y transnacionales. No habla de apoyar a las campesinas en este caso, es por eso que afirmamos que es un PCM que atenta una vez más a la violación de los derechos humanos hacia el sector campesinado, ya que los financiamientos aprobados para reactivar el agro no son beneficios para nosotros».
De igual manera señala que el gobierno solo se ha aprovechado del movimiento campesino: «A nosotros el gobierno no nos ha apoyado en nada, a saber dónde y con quienes han invertido esas cantidades millonarias porque de nosotros solo se han aprovechado. Es por eso que como organización hemos tenido que reactivar nuestra vida orgánica y cada uno de los equipos comunitarios, para lograr producir algunos granos y hortalizas en lugares donde podemos tener acceso de un pedacito de tierra». López, asegura que la mayoría logra cultivar en los propios patios de sus casas, así que trabajan en los huertos familiares porque aunque las autoridades digan lo contrario, es a la crisis alimentaria a la que ellos se están enfrentando.
Según el último informe agrícola presentado por el Comité Nacional de Recursos Fitogenéticos de Honduras (Conarefih), se estima que el territorio nacional cuenta con un territorio, de alrededor de 11,2 millones de hectáreas, el cual contiene 1,8 millones de hectáreas de tierra cultivable y los pastizales en más de 2,5 millones de hectáreas. Los sistemas de riego están relativamente poco desarrollados, y se estima que solamente el 15 % de las tierras regables cuenta con riego.
Aproximadamente el 14.3 % del PIB de Honduras viene de la agricultura que ocupa casi el 40 % de fuerza laboral. La principal actividad agrícola está basada en el cultivo de los granos básicos: maíz, frijol, arroz y sorgo para el consumo. Además son importantes los productos hortícolas como el melón, que es básicamente un producto de exportación, igual que las hortalizas orientales (berenjena, cundeamor, ocra, chive y bangaña). También el tomate para consumo nacional y un porcentaje para exportación, igual que la sandía, el chile dulce y el pepino. En el caso del repollo, la yuca, la papa y la cebolla son para el consumo nacional. Los cultivos perennes más importantes en términos de volumen producido son la caña de azúcar, la palma africana, el banano, la naranja, la piña, el café, el plátano, el mango y la toronja.
Codimca, en su análisis de distribución de tierras, reafirma que esta ha sido distribuida en manos de las grandes empresas transnacionales. También que en Honduras, desde hace muchos años, se presenta una acelerada degradación de la tierra, lo que conduce a un incremento de los procesos de desertificación y sequía. Esta situación se debe a los impactos de actividades extractivas de recursos naturales, como la industria forestal, agronómica y ganadera, que al realizar prácticas insostenibles han contribuido a degradar la tierra.
Por otra parte, la pandemia y el confinamiento ha golpeado fuertemente a la economía nacional, sobre todo a la microempresa y a quienes viven del día a día con las ventas en las calles, es por esa razón que José Sánchez, vendedor de frutas en uno de los bulevares de Tegucigalpa, se encuentra sumamente preocupado, ya que antes de que iniciara la pandemia él tenía su puesto en un mercado de Comayagüela, pero este quedó destruido después de un incendio que se suscitó el pasado 24 de abril, así que ha tenido que ingeniárselas y en compañía de sus hermanos se han apostado al final de un bulevar en su carro, y así lograr vender algo.
«Mire, esto está difícil, los precios han aumentado en un 4 a 7 % en las frutas. Además de eso, las ventas han bajado y a veces el producto se ha terminado arruinando, ya que no tenemos la certeza de qué días serán buenos o no. La situación es bien difícil, el riesgo a contagiarse cada vez es mayor, pero no hacemos nada con quedarnos en casa. Por lo menos aquí hacemos para la comida al día, ya que ayuda por parte del gobierno no se ha visto y para nosotros al rubro que nos dedicamos es algo complicado», relata Sánchez.
Mociones en el Legislativo para mitigar pérdidas
Para mitigar las pérdidas por la pandemia del COVID-19, el diputado por el departamento de Intibucá por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Lenin Laínez, presentó un proyecto en sesión de Congreso Nacional que consiste en una asignación presupuestaria a cada familia productora de granos básicos no mínima de 10 000 HNL. «Este proyecto va encaminado en solucionar la emergencia alimentaria que se vive a lo largo y ancho del país. Por eso exigimos una asignación presupuestaria a las familias productoras, esto mediante estudios socioeconómicos. Esta asignación debe de estar valorada en un mínimo de 10 000 HNL, y así ayudar a nuestros productores a que puedan sembrar y producir los granos básicos».
La Ley de Seguridad Alimentaria, estipula que esta es una política de Estado de prioridad nacional, con un enfoque integral, en el marco de los objetivos y metas del Plan de Nación y Visión del País, que promueven el desarrollo nacional, mediante la ejecución de estrategias nacionales, sectoriales y regionales para brindar disponibilidad de alimentos, consumo de los alimentos y acceso de alimentos a toda la población hondureña.
Mientras tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), sostiene que la disponibilidad alimentaria en Honduras se encuentra en una situación difícil, ya que la agricultura —y consecuentemente la capacidad nacional para producir alimentos— muestra una tendencia decreciente, que se agudiza en los últimos años.
A principios de los años setenta, la agricultura contribuía con el 36 % al PIB, mientras que a inicios de esta década su aporte bajó al 14.3 %. Tal problema asociado a la ocurrencia de sequías anuales, causadas por el fenómeno de El Niño, provocando crisis alimentarias recurrentes en las regiones sur, centro y occidente del país, donde se localiza la mayor población campesina, que depende de su propia producción de alimentos básicos para sobrevivir. La sequía del 2001 provocó pérdidas de 145 000 toneladas de granos básicos, cifra que correspondió a más de tres cuartas partes del área sembrada. Aunque la producción nacional de alimentos creció entre los años ochenta y noventa, declinó en la segunda mitad de estos últimos años, por lo cual su crecimiento no ha sido suficiente para cubrir el crecimiento de la población.
Mientras tanto, la expansión de la palma africana en el país ha generado pérdidas y destrucción de bosques y humedales, disminución y desvío de los cursos de agua, contaminación de aguas y suelos debido al uso de agrotóxicos en estos monocultivos en gran escala. Esto ha impactado directamente en la salud de hombres, mujeres, niños y ancianos de las poblaciones donde se realizan estas prácticas. Las tierras que antes producían alimentos han sido transformadas ahora en grandes monocultivos de palma, y la población local pasa a depender de los mercados foráneos, que además de impactar en el costo de los alimentos impone cambios en el tipo de alimentación. Esto pone en riesgo a las comunidades de los pueblos originarios de Honduras por la defensa de su territorio, debido a la imposición de proyectos de alto impacto social, ambiental y cultural, como los monocultivos de palma africana.
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El diputado recalca que es importante abastecer a los campesinos de fertilizante, de igual manera que puedan obtener un sistema de riego. «Es para esto que se debe utilizar el bono agrícola porque es un derecho de nuestros campesinos y que en esta crisis se necesita como una medida urgente y contundente. El Estado no debe vacilar para afirmar el tema alimentario de nuestros pueblos y es hoy que nuestros campesinos necesitan de medidas verdaderas», finaliza Laínez.
El economista Renan Barahona sostiene que, para paliar el impacto económico en sectores como el productor, se debe impulsar políticas públicas de calidad, orientadas a promover facilidades de crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 70 % de los empleos en el país. «Uno de los mayores problemas del campesinado es el acceso a los créditos, insumos y maquinarias para poder producir porque al final nada de esto está disponible para los pequeños productores, provocando así la escasez de alimentos».
También menciona que ante esta crisis se podría dar una mayor escala de precios, es por esa razón que el gobierno debe de enfocarse en la verdadera ayuda, ya que sería lamentable que atravesando una crisis sanitaria, Honduras, tenga que enfrentar una crisis alimentaria.
