Han pasado siete meses del juicio de Antonio «Tony» Hernández —hermano del presidente Juan Orlando Hernández— condenado por traficar cocaína y armas en gran escala a Estados Unidos. Las declaraciones expuestas en ese juicio siguen revelando las redes de narcotráfico en Honduras y su relación con el poder político. Pero también, el rol clave de instituciones como la Policía Nacional en los negocios ilícitos. Los fiscales del Distrito Sur de New York acusaron la semana pasada al exdirector de la Policía Nacional, el Comisionado General Juan Carlos Bonilla, por delitos de narcotráfico y posesión de armas y artefactos destructivos. Un policía cancelado en un proceso de depuración limitado y sin acusaciones por parte de los entes de justicia hondureños.
Texto: Vienna Herrera y Jennifer Avila
Fotografía tomada de El Heraldo
«Que caigan las personas que están involucradas, que allá (en Estados Unidos) las están diciendo y que se siga desenredando. Esto es sano para el país, demasiado dolor tenemos», dice Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, quien por su lucha contra el crimen organizado fue asesinado en 2011 tras denunciar en medios de comunicación que el dinero del narcotráfico infiltró políticos, el sistema de justicia, la empresa privada y la Policía Nacional de Honduras (PNH). Hilda Caldera sostiene, en tono de enojo, en una entrevista vía teléfono con este medio, que otros directores y ministros tuvieron el informe que involucraba a policías en el asesinato de su esposo. Un reportaje del New York Times , publicado en 2016, reveló que el exgeneral Juan Carlos «Tigre» Bonilla, cuando fue director de la PNH en 2012, tuvo acceso a ese informe. Caldera asegura que no se hizo nada.
«Nosotros nos entrevistamos con el ministro Pompeyo Bonilla y Juan Carlos Bonilla y estábamos buscando, solicitando respuesta (…) pasaron varios directores de la policía que supieron del informe, hay una suerte de personas que lo recibieron y ahora es que nadie lo vio. Hubo demasiada información de personas que dicen saber quién asesinó a mi esposo y seguimos en el silencio. Entonces eso quiere decir que aquí no les interesa saber la verdad», añade Hilda. Cuando Bonilla conoció ese informe, de acuerdo con acusaciones de una corte de Nueva York, ya había trabajado con los narcotraficantes Alexander Ardón, Devis Leonel Maradiaga alias Cachiro y «Tony» Hernández.
El «Tigre» Bonilla está siendo acusado en esa corte de Estados Unidos por conspirar para importar cocaína, además de delitos relacionados con armas, «supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración», señala el documento de la Corte del Distrito Sur, publicado el jueves.
El caso del «Tigre» Bonilla no es aislado. «Mi esposo decía que el narcotráfico funciona con una larga cadena de gente, sobre todo operadores de justicia, políticos y gente que está en la empresa privada que lava activos», afirma Hilda Caldera.
Las acusaciones contra Bonilla derivan del juicio contra «Tony» Hernández que aún espera por una sentencia, hasta ahora programada para el 29 de junio.
En el informe de la Corte, que resume las acusaciones contra el «Tigre» Bonilla, se señala que Amílcar Alexander Ardón (CW-1), exalcalde de El Paraíso, Copán, narcotraficante confeso y testigo cooperante de la Fiscalía de Nueva York, acusó al «Tigre» Bonilla de haber asesinado al presunto narcotraficante Franklin Arita, rival de «Tony» Hernández, porque quería impedir el tráfico de cocaína hacia Guatemala por Santa Rita, Copán. Según Ardón, «Tony» Hernández fue quien ordenó el asesinato en el que Arita fue atacado por sicarios que usaron bazucas.
En aquel momento, el «Tigre» Bonilla era el jefe regional de la Policía Nacional en occidente y declaró en medios de comunicación que el asesinato se trató «de un ajuste de cuentas con una operación tipo emboscada, porque tal como se dan las cosas tuvo que haber un seguimiento, luego una ubicación y después una emboscada».
Los fiscales señalan, además, que un testigo criteriado por la corte federal, a quien solo se conoce como CW-2 y quien era una persona que manejaba el transporte de los cargamentos de la cocaína, declaró haber visto al «Tigre» Bonilla facilitar el traslado de cocaína cuando pasaba por retenes policiales sin ser detenido ni examinado. Según CW-2, «Tony» Hernández sobornaba a miembros de la Policía Nacional a cambio de no detener la carga en ningún retén, en particular al «Tigre» Bonilla. «Si usted me dice que los señores narcos mueven libremente las drogas en esta frontera, yo le digo que sí, porque nunca he decomisado ni un granito de cocaína», dijo Bonilla en un reportaje publicado por El Faro en 2011.
La trama que se desarrolla entorno al crimen organizado hace que los roles se inviertan constantemente, una vez se tiene el poder para ordenar en la próxima se tiene el poder para delatar y negociar.
Se señala en el informe que el narcotraficante Víctor Hugo «Rojo» Díaz (CW-3), también testigo de la fiscalía, declaró que cuando Juan Orlando Hernández (CC-4) fue presidente del Congreso Nacional, benefició al «Tigre» Bonilla para escalar posiciones dentro de la Policía Nacional y que este «protegía su tráfico de drogas a cambio». El «Rojo» además informó que «Tony» Hernández le había contado que «El “Tigre” era de confianza de Hernández Alvarado (Tony) y CC-4, que Bonilla Valladares era muy violento, y que Hernández Alvarado y CC-4 le asignaban tareas especiales, incluso asesinatos».
Las acusaciones además señalan que Devis Leonel Rivera Maradiaga (CW-4) se reunió con el «Tigre» en 2003 para que le ayudara a localizar y asesinar a un narcotraficante hondureño que era su rival. A cambio se le pagaría al «Tigre» Bonilla y otros miembros de la Policía Nacional 300 000 dólares por completar ese plan. Rivera Maradiaga asegura que al final esa persona fue asesinada después, de otra manera. Aunque los fiscales no detallan a quién planeaban asesinar, el periodista estadounidense Jeff Ernst, en su twitter explicó que probablemente se trató de Jorge «Coque» Echeverría Ramos, quién en aquel momento dirigía el cartel del Atlántico.
1/Esto es lo que sabemos de las personas que serian los testigos cooperantes contra El Tigre Bonilla. CW-1 es el narco Alexander Ardon. El acusa a El Tigre de haber matado al narco rival Franklin Arita, algo que ya sabíamos del juicio de Tony Hernandez. #Honduras pic.twitter.com/Bu1o1eRhN6
— Jeff Ernst (@jeffgernst) May 1, 2020
El presidente y la depuración policial
Esta última acusación contra Bonilla presiona más al presidente Hernández, quien ha sido mencionado por fiscales de Nueva York en varias ocasiones por sus vínculos con el narcotráfico. El documento señala que Bonilla «presuntamente abusó de su cargo (…) en nombre del excongresista hondureño convicto, “Tony” Hernández, y su hermano el presidente, supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo».
Como respuesta, mediante un comunicado, la Presidencia de la República dice que las referencias al presidente Hernández son falsas: «las acusaciones provenientes de narcotraficantes confesos no son creíbles». En el comunicado detallan que Hernández le pidió al expresidente Porfirio Lobo Sosa, nombrar a un nuevo líder en la Policía Nacional en 2013: «ningún presidente que fuera cómplice de un jefe de la policía, como se establece en el falso testimonio, habría reemplazado la cúpula policial. El presidente Hernández sí lo hizo porque no tenía nada que temer».
En ese mismo comunicado, mencionan que el Woodrow Wilson International Center (Wilson Center) de Estados Unidos elaboró un informe de evaluación sobre el proceso de depuración policial en el que, en palabras de Eric Olson en una presentación del informe se «subrayó la voluntad política de las autoridades gubernamentales».
Sin embargo, Eric Olson director para Centroamérica de Seattle International Foundation y consultor del programa latinoamericano del Wilson Center, explica que Hernández aceptó que la Policía Nacional pasara por una depuración, debido a la presión popular «el encubrimiento en los asesinatos de Arístides González y Alfredo Landaverde, creó una situación totalmente inaceptable para el pueblo hondureño, el gobierno en ese contexto tuvo que aceptar un proceso que se trató de controlar desde el principio, pero no se logró completamente». Es así como, en 2012, se juramenta la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y se crea la Dirección de Investigación de la Carrera Policial (DIECP).
Josué Murillo, excoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y que conformó esa comisión, señaló que «Hernández, al ver que eran independientes y apuntaban a las raíces del problema, los destituyó y conformó la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, que comenzó a funcionar en 2016 y depuró un aproximado de 6500 elementos policiales, del cual apenas un 33 % se remitió al Ministerio Público”.
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Puede leer el informe del Wilson Center completo AQUI
Mientras tanto, el informe del Wilson Center indica que, aunque se dijo que la DIECP tendría «autonomía funcional, administrativa y financiera», con la esperanza de que reemplazara el trabajo de la unidad de asuntos internos de la PNH, en las audiencias de abril de 2013, «un diputado del Congreso acusó que el DIECP había renunciado a su independencia y estaba permitiendo al director de la PNH, Juan Carlos Bonilla, decidir qué miembros de la institución serían sometidos a pruebas de investigación». La DIECP dejó de existir en diciembre de 2017 y fue sustituida por la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía (Didadpol).
Aurora Pineda ha impulsado el proceso de depuración policial. En 2011 miembros de la PNH asesinaron a su hijo, Carlos Pineda, junto a Rafael Alejandro Vargas, hijo de Julieta Castellanos, en ese entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Pineda dice que la depuración es un proceso largo que no debe ser descuidado: «a la Didadpol la veo un poco dormida, aletargada, no se le ve su actividad o su función. No ha rendido informes de cómo está la depuración porque eso no es de un día para otro, sino que es un proceso que dura muchos años para que el ciudadano sienta confianza y se sienta protegido».Ella argumenta que tuvo conocimiento de por lo menos 500 expedientes de policías que estaban involucrados con el narcotráfico: «Yo no veo que se le ha dado seguimiento a estos casos que están en los expedientes en el Ministerio Público. Ahí hay jefes de policías, altos funcionarios policiales que se vieron en una serie de delitos como los asesinatos del general Arístides González y el de Alfredo Landaverde».
Según Pineda, la Didadpol debería seguir los procesos judiciales a los policías depurados que se les comprobó vínculos con algún delito y obtener sentencias. Sin embargo, las autoridades de esa institución señalan que Didadpol solo se encarga de investigar y seguir un proceso interno, pero que las sanciones le corresponden al ministro de de la Secretaría de Seguridad, quien debe actuar y despedir a los oficiales.
Un oficial de la Policía Nacional ayuda a un compañero a acomodarse su indumentaria policial previo a mitin frente al edificio de las Naciones Unidas en la capital hondureña, Tegucigalpa, 30 de abril de 2019. Foto: Martín Cálix.
Eric Olson agrega que «en el caso de Honduras, si bien ha habido mejoras y algunos pasos importantes, el contexto político amplio sigue siendo bastante difícil para la creación de una policía democrática. La política de Estados Unidos debería ir por el lado de apoyo a los procesos de legitimación de la institucional del país y por eso construir una policía civil confiable que no abusa de los derechos, que protege a la ciudadanía, que combate al crimen organizado real es prioridad y no lo está siendo».
La ruta del exgeneral Bonilla
Bonilla formó parte de la PNH durante más de 30 años, entre 2012 y 2013 fue director de la Policía Nacional, antes de eso era el jefe regional en occidente, la frontera con Guatemala, y que tiene importancia estratégica para el paso de la droga en el país.
Antes de eso, Bonilla había sido denunciado por participar en ejecuciones extrajudiciales. En 2002 Bonilla fue requerido por el Ministerio Público por suponerlo responsable del asesinato de Jorge Luis Cáceres (presunto miembro de una banda investigado por el secuestro y asesinato del exministro de economía Reginaldo Panting). En 2004 Bonilla fue absuelto de todos los cargos y la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, en aquel momento jefa de asuntos internos de la PNH, fue despedida de la policía por realizar los informes que denunciaron esta situación. En 2007 un informe del Departamento de Estados Unidos sobre Derechos Humanos estableció que Bonilla era sospechoso de una serie de asesinatos cuando fue inspector penitenciario. Cinco años antes en San Pedro Sula, se le inculpó de crímenes contra personas que se dedicaban al secuestro y otros delitos.
En 2012, cuando Bonilla era director de la PNH, el Departamento de Estado anunció que suspendería la ayuda a los cuerpos policiales que dependían de Bonilla hasta que se investigaran los señalamientos de que el «Tigre» participó en violaciones a los derechos humanos una década atrás.
El secretario de Estado Adjunto para la lucha antidrogas en Estados Unidos, William Brownfield, dijo en 2013: «No he visto que se haya alcanzado ninguna conclusión que apoye las acusaciones de algunos grupos sobre la historia del liderazgo de la policía hondureña (…). Respeto el trabajo que está haciendo el “Tigre” Bonilla, lo admiro y creo que es bueno para Honduras».
Ese mismo año, Bonilla fue acusado públicamente por Ramírez del Cid, quien fue director de la PNH antes de Bonilla, como el principal sospechoso del asesinato de su hijo Óscar Ramírez. A finales de 2013, Bonilla fue destituido y su cargo lo tomó el exgeneral Ramón Sabillón, quien posteriormente también fue destituido, y Bonilla fue enviado a Colombia como agregado policial a la embajada de Honduras en Bogotá.
Según el informe del Wilson Center, el «Tigre» había eliminado su registro de servicio de los archivos PNH al dejar su puesto en 2013, y se negó firmemente a entregárselo a la comisión, «intentó negociar, ofreciendo a los comisionados información comprometedora sobre los vínculos entre elementos criminales y otros oficiales de policía, sector privado figuras y políticos». Bonilla pedía a cambio permanecer en la PNH hasta su retiro, cinco años después, pero como Honduras no poseía una ley de negociación en ese momento, los comisionados se negaron negociar en esos términos.
Ahora, con las acusaciones de la corte de Nueva York encima, Bonilla comenzó a dar declaraciones muy polémicas. «Aquí a través de la institucionalidad se detuvo. Se enjuició al tío de Reinaldo Sánchez que era un delincuente, narcotraficante, asesino y eso causó malestar en Reinaldo Sánchez (…). No me puede decir Reinaldo que no era él quién le mandaba seguridad al alcalde de El Paraíso Copán (Alexander Ardón)» dijo el «Tigre» Bonilla en una trasmisión en vivo del programa El Perro Amarillo.
Bonilla manifestó que su cargo en la Policía Nacional fue cancelado por denunciar estos hechos ilícitos. Ante esa situación, Reinaldo Sánchez, ministro de Desarrollo e Inclusión Social y actual presidente del Partido Nacional, envió un comunicado a diferentes medios en los que pidió que Bonilla presentara las pruebas en el Ministerio Público de los señalamientos en su contra.
El «Tigre» Bonilla además reveló en otra entrevista que tuvo una relación conflictiva con el exsecretario de Seguridad, Arturo Corrales, y que él vio como «sacaban dinero de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) diciendo que era para operativos de la Policía Nacional y eso era completamente falso. Hay documentos de eso». Bonilla asegura que esa documentación la presentó ante la Fiscalía, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y otras instituciones, pero «nunca se hizo nada».
Bonilla señaló en la misma entrevista que el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco aparecía en informes donde se le vinculaba con el narcotráfico. Además, dijo que en enero de 2016 le llamó para pedirle su renuncia de la PNH, «con una opción a un cargo político y que me iban a dar 2 millones de lempiras para que renunciara». Dijo que se presentó a una reunión con la Comisión Depuradora y aunque pidió información sobre la situación de la PNH, en junio de 2016 le anunciaron su cancelación.
Hasta el momento, Julián Pacheco no ha dado declaraciones sobre la situación. Sin embargo, Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora, aseguró que la destitución de Bonilla fue porque «no era una persona, a criterio de la Comisión, apta para continuar en el servicio policial y se interrumpió su servicio a partir de la recomendación que le hicimos al ministro de Seguridad Julián Pachecho (…). No se adaptaba a la nueva estructura ni a las exigencias de una renovada cúpula policial», sostuvo. Julián Pacheco ha sido mencionado en la corte de Nueva York, por supuestamente haber recibido un soborno en dólares, aunque no se conoció la cantidad. El testimonio lo ofreció Rivera Maradiaga alias Cachiro, ese día también aseguró haber sobornado al presidente Hernández con 250 000 dólares.
Un policía sostiene un extintor luego de que en una protesta manifestantes quemaran una farmacia en el bulevar Fuerzas Armadas en protesta para pedir la renuncia al presidente luego de ser señalado de complicidad en el juicio contra Tony Hernández , Tegucigalpa, 24 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Para Olson, quien participó en el estudio del Wilson Center, uno de los mayores problemas a los que Honduras se enfrenta es que hay mucho cuestionamiento al presidente, «especialmente en la corte de Nueva York que cada vez rodea más al presidente y que en esta última acusación, me llamó mucho la atención, el fiscal mismo lo conectó con el presidente Hernández (p. 10). La legitimidad del presidente y la razón por la cual sigue gobernando ante las acusaciones que continúan apareciendo en la Corte de Nueva York se debe a que Hernández es considerado un aliado clave de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener el flujo de migración desde Centroamérica como se vio con la firma del acuerdo del «tercer país seguro», pero que además le sirve a Trump para respaldar su posicionamiento en otros temas.
El pasado 24 de abril, Trump señaló, durante una conferencia de prensa, que sostuvo una llamada con Hernández en la que le reportó que el uso de hidroxycloroquina ha tenido «resultados increíbles», como tratamiento para pacientes con COVID-19 en Honduras. Esto después de que la campaña de Trump a favor del uso de este medicamento en los Estados Unidos generara críticas debido a la falta de sustento médico y científico sobre su pertinencia para el tratamiento de este coronavirus y sobre los efectos secundarios que podría tener.
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«Es muy evidente porque el presidente Trump lo ha dicho muchas veces, la prioridad principal para Estados Unidos y para este presidente ha sido limitar, detener y prohibir la migración (…). Creo que la visión de construir la legitimidad del Estado hondureño en que la ciudadanía confía, no solo en su presidente, sino también en su gobierno y en las instituciones, debe ser prioridad número uno porque sin esa legitimidad y confianza de parte de los ciudadanos, la gente está desamparada», concluye Eric Olson.
