La población hondureña cumple aproximadamente cinco semanas de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19. A pesar de un toque de queda, absoluto para algunas ciudades, que supone restricciones al uso del espacio público y con ello la reducción de las actividades económicas formales e informales de las que se nutre la extorsión, hay diferentes opiniones y percepciones acerca de las actividades criminales durante la pandemia. De acuerdo a fuentes oficiales, las organizaciones delictivas han continuado operando de manera rutinaria para adaptarse a la coyuntura y continuar con la extracción de recursos a la población y el comercio. Otras fuentes señalan que la reducción de la actividad económica también afecta la generación de recursos que ofrece la extorsión y otras actividades ilícitas.
Honduras es uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica y también uno de los más desiguales, de ese contexto emergen diversas formas de criminalidad. La extorsión y el sicariato son dos de las actividades ilícitas con mayor impacto en esta sociedad, por su efecto en la economía de las personas y por la pérdida de vidas, según datos recopilados por la Secretaría de Seguridad.
Cada seis horas se detecta un nuevo caso de extorsión que en algunos casos termina con el asesinato de las víctimas de ese delito, especialmente comerciantes y transportistas, según la Mesa temática de criminalidad y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), quienes agregan que el sector transporte paga aproximadamente 540 millones de lempiras anuales por extorsión.
El oficial de comunicaciones de la regional de Tegucigalpa de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Mario Fu, asegura que las maras y pandillas se han visto acorraladas ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Por esa razón, Fu afirma que esos grupos han tratado de cambiar la mecánica criminal para agenciarse de recursos y tratar de subsistir.
Uno de los «golpes al crimen organizado» más publicitado por la FNAMP, fue la detención de dos supuestos empleados del sector salud que transportaban marihuana en una ambulancia durante el toque de queda el pasado 7 de abril. «También en Comayagua se le dio captura a cinco miembros de una estructura criminal que transportaba varios paquetes de supuesta droga en una llanta de vehículo», afirmó Fu.
Si bien el mercado ilícito de drogas no parece estar interrumpido por la pandemia, la extorsión está siendo impactada de mayor forma por los efectos de la cuarentena en la economía. Victor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis), asegura que actualmente no han estado pagando extorsión. «Ellos [las pandillas] saben que no hay entrada de dinero y es imposible que uno pueda pagar. No hay dinero ni para tomarnos una bolsa de agua peor para pagar extorsión o cualquier otro impuesto, así que sería el colmo que nos hostiguen por eso ahora», asegura Aguilar, y explica que, desde que inició el confinamiento, no han recibido ningún tipo de amenazas por parte de las maras o pandillas que usualmente les cobran extorsión.
Por su parte, Carlos Sierra, representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), asegura que no se puede evidenciar que la extorsión ha bajado, pero sí las denuncias por extorsión, ya que muchas de las actividades de los cuerpos policiales del país se han concentrado en apoyo de la emergencia nacional y se encuentran cerradas varias instancias donde se realizan las denuncias.
El posible indulto por pago de extorsión no es algo que solo estaría ocurriendo en Honduras. El 26 de marzo una noticia de El Periódico de Guatemala daba a conocer que «los comerciantes de la colonia Kennedy, en la zona 18, señalaron que los dos grupos de pandilleros que los extorsionan en el mercado local, perdonarán el cobro ilegal por una semana, a causa de las ventas irregulares por el estado de emergencia ante el COVID-19. “Solo por una semana” advirtieron».
En El Salvador, la pandemia también modificó las prácticas de control de las pandillas y la extorsión. «Por disposiciones oficiales de las pandillas» se ha determinado que es difícil cobrar la extorsión en medio de la paralización económica que vive el país. Además, las pandillas han impuesto sus propios toques de queda en los barrios. De acuerdo a Juan Martínez, antropólogo especialista en temas de pandillas y violencia social en Centroamérica, la vulnerabilidad social en que los miembros de las pandillas viven podría ser una razón para para hacer valer el toque de queda en sus territorios. «“Mira, Juan, no queremos que esto se expanda. Si nos toca llegar a un hospital y necesitamos un respirador no se lo quitarán a una persona de la colonia Escalón (una colonia de buen estatus económico en El Salvador)”. Lo que me quería decir es, que no desconectarán a un rico para conectar a un pandillero o a alguien de nuestras comunidades», cuenta a Contracorriente el antropólogo salvadoreño.
Martínez explica que los más interesados en que se reanude nuevamente el comercio y la vida normal son las pandillas, ya que la economía formal y la economía criminal están sumamente vinculadas. En el tema de la extorsión se puede ver muy claro, porque esta depende de la actividad comercial, si no hay comercio activo, no hay cobro de extorsión.
Cuando la crisis del COVID-19 se normalice, ¿qué pasará con los índices de violencia? «En Honduras lamento vaticinar —exactamente en Cortés— una crisis de violencia en los meses que nos vienen ante el desmorone del Estado de derecho en esa zona. Estos grupos criminales recuperan su papel protagónico, porque en Honduras se viene arrastrando una crisis política con un gobierno que no es legítimo ni reconocido. Ya existían manifestaciones de descontento muy fuertes. Hay una institucionalidad muy frágil, sobre todo en San Pedro Sula, y en este departamento hay más agilidad social para hacer cosas como los saqueos», explica Martínez.
Cortés es el departamento más golpeado por la pandemia, acumula el 78 % de los casos confirmados y ya ha entrado en fase cuatro de contagio. Las expresiones de desesperación por el hambre, la incertidumbre y la falta de acceso a la salud, han ido escalando hasta llegar al cierre de calles, protestas, el incendio de un vehículo y el intento de saqueo de algunos almacenes, sobre todo en la ciudad de Choloma.
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Los cambios que la pandemia produzca en la dinámica violenta y criminal podrán ser de corto plazo en lo relacionado con el el cierre del espacio público y la disminución de la economía formal e informal, el largo plazo depende de las políticas de seguridad y combate al crimen que el Estado no va a cambiar enmedio de la emergencia. En Honduras, la pandemia COVID-19 se suma a la larga lista de precariedades que la población enfrenta día a día y a las que adapta frente a la incapacidad de las instituciones de minimizar el impacto de la mejor manera. Las dinámicas criminales son adaptativas también, especialmente cuando tampoco ha habido una respuesta institucional orientada a superar el problema.
