Decenas de familias, con hambre y encierro acumulado, salieron este viernes a las calles de la López Arellano, en el municipio de Choloma, en el norte de Honduras. Reclamaron que desde hace varias semanas las autoridades prometieron llevar raciones de alimentos para sobrevivir al toque de queda absoluto que el gobierno decretó en esa zona desde el 6 de abril. Esto implicaba que las familias no tenían la posibilidad de abastecerse en supermercados, farmacias y gasolineras como en la mayor parte del país.
La quema de llantas, el intento de saqueo a un supermercado y el cierre de calles, no son las únicas muestras del hambre y desesperación desde que empezó el encierro en Honduras, pero sí podrían significar la agudización de una crisis sanitaria y social en el país más pobre de América Latina (según datos del Banco Mundial).
Ante esa situación, el gobierno de Juan Orlando Hernández —reelegido de manera inconstitucional en 2017—, inició a finales de marzo la operación Honduras Solidaria. En esta campaña, supuestamente, llevarán 800 000 raciones de alimentos a 3,2 millones de personas en toda Honduras. Sin embargo, cada día surgen más denuncias acerca del producto distribuido y el presupuesto, en sus dos modelos de ejecución, no queda claro ni para las autoridades del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), institución a la que el gobierno encargó la veeduría del proyecto.
Irregularidades
«Esa bolsa solidaria es indigna, es jugar con la dignidad de los humanos», dice Dennis Galeas, mientras observa cómo reparten las bolsas solidarias frente al local donde solía vender productos plásticos y útiles escolares en el mercado Los Dolores, en el centro de Tegucigalpa. Aunque Dennis asegura que esa bolsa, con un par de libras de harina, arroz, frijoles, jabón y sardina, le durará como máximo dos días, tiene que tomarla para sobrevivir junto a su esposa y sus tres hijos. Después de eso, cuando se acaben los productos hará lo que ha hecho los últimos días: salir a la calle para vender las mascarillas de tela que él mismo confecciona.
Este mercado ha permanecido cerrado desde que inició el toque de queda el 16 de marzo. Las familias que se sostienen de las ventas de carne, lácteos, comida preparada y otros productos varios, han sufrido las consecuencias. Sin embargo, el miércoles por la mañana la presidenta de la asociación de vendedores del mercado avisó a los dueños de los locales que el gobierno haría entrega de 407 raciones de comida como parte de la operación Honduras solidaria. El 21 de marzo pasado, Juan Orlando Hernández anunció una «operación gigantesca» para la entrega del «saco solidario» que incluiría productos básicos que, presuntamente, alcanzarían para el sustento de cada familia durante 15 días. Sin embargo, en el transcurso de los días los beneficiarios comenzaron a denunciar que era una bolsa con una cantidad mínima de productos la que se estaba distribuyendo.
En el decreto ejecutivo PCM-025-2020 se define que serán el FONAC junto a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) los encargados de la veeduría del proyecto. Sin embargo, ha sido el FONAC, liderado por el ingeniero Omar Rivera, quien ha llevado la titularidad de la fiscalización de forma pública. «Aspectos logísticos hicieron modificar la decisión del Estado porque ese saco era muy pesado e imposibilitaba que a todos, de manera simultánea, se les pudiera dar. La última persona necesitada iba a recibirlo en 4 meses, entonces lo que se hizo fue tener raciones más pequeñas que duran entre 7 y 15 días para llegar a más personas de forma inmediata», comenta Rivera, quien a pesar de estar a cargo de la veeduría de la operación dice desconocer el valor específico de cada bolsa que se distribuye.
En la página que la Secretaría de Finanzas asignó para la transparencia de los fondos en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, se refleja que, como parte del primer modelo de la operación Honduras Solidaria, se han hecho transferencias por 355 millones de lempiras entre 292 municipios para abarcar un total aproximado de 711 000 familias beneficiadas. Los alcaldes de estos municipios tienen que comprar los productos para llenar cada bolsa, al dividir la cantidad transferida entre el total de familias se refleja el valor que Rivera dice desconocer: 500 lempiras (20$) por bolsa solidaria, o al menos eso debería ser el monto.
Recientemente, se hizo público un informe de veedores que indica irregularidades en una entrega en el municipio de Catacamas, Olancho, desde la falsedad en el peso de los productos hasta el incumplimiento del valor asignado por bolsa solidaria. Al solicitar información sobre esta denuncia, la oficina de comunicaciones del FONAC aseguró que un equipo de esta institución se encontraba en el proceso de verificación para luego poder trasladar dicha irregularidad a la secretaría ejecutiva. Sobre la cantidad de denuncias hasta el momento se limitaron a decir que «son muchas», tantas que no hay un registro oficial hasta el momento. Sin embargo, en este momento se está llevando a cabo un proceso para habilitar, la próxima semana, una plataforma digital para el registro y estadística de las denuncias a nivel nacional.
Para Dennis, la entrega de bolsas solidarias solo es una jugada proselitista más de este gobierno, que se aprovecha de la situación para ocultar las deficiencias que el pueblo ha exigido que sean solucionadas desde 2014, cuando inició su gobierno. «Está utilizando la pobreza extrema del país para jugar con la dignidad de los hondureños. Están tratando de engañar al pueblo con una bolsa solidaria, cuando eso no llena las expectativas de los ciudadanos. Las expectativas siempre han sido tener buena educación, buena salud, un trabajo bien remunerado y sin violaciones a derechos humanos», concluye.
Dudas sobre la veeduría
El pasado jueves 9 de abril, en un manifiesto público, emitido por más de 20 organizaciones sociales en Honduras, se detalla el repudio hacia el FONAC en asuntos de auditoría. Aseguran que «no representa a la sociedad civil». Además lo señalan de «barnizar el rostro de la corrupción y criminalidad del actual gobierno». Este no es el único señalamiento hacia el ente veedor de miles de millones de lempiras del Estado. Esta pandemia no estaba en la conciencia de la población, hasta hace unos meses.
El 26 de diciembre de 2019, mientras una gran mayoría de la sociedad hondureña pujaba por la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), se reactivó el FONAC, en búsqueda de un mecanismo que formulara un sistema anticorrupción en el país. Un mes después se oficializaba la no renovación de la MACCIH y diez días después sería elegido Omar Rivera como titular de la institución reactivada, quien anteriormente fungía como director de Incidencia Política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), donde fue cuestionado por avalar procesos irregulares del gobierno actual.
Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), cuestiona la credibilidad de Rivera y la institución que dirige. Señala, además, que debería ser el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) quien esté al frente de esta fiscalización de los recursos en la pandemia. «El FONAC está bajo la dirección de una persona con falta de legitimidad y que representa a un sector de la sociedad civil muy cercano al régimen de Juan Orlando Hernández. Y resulta que al momento de hacer veeduría social se excluye al CNA, único órgano que ha denunciado los actos de corrupción del régimen».
En el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, una de las tareas del Ejército hondureño ha sido entregar víveres en los barrios más pobres del país, Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.
Mejía, solicitó directamente en sus redes sociales que Omar Rivera exigiera la inclusión del CNA en el proceso de veeduría de todos los fondos asignados para la crisis. Ante esto, Rivera señaló que «no se trata de que lo inviten a uno para hacer veeduría social, si es un derecho constitucional. Nadie necesita invitación del gobierno para hacer auditoría, mal hacemos en excluirnos ante el deber que tenemos». Por su lado, Mejía señaló en entrevista con Contracorriente que esta respuesta es una mentira, ya que se está ocultando información a quienes quieren involucrarse en el proceso de veeduría, incluidos miembros del CNA.
El manifiesto firmado por más de 20 organizaciones también hace un llamado para «demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas conducido por personas e instituciones independientes». Hasta el momento este llamado no ha sido atendido por el gobierno.
Más vulnerables que nunca
A doña María Elena se le llenan los ojos de lágrimas en dos ocasiones. Primero, cuando recuerda que no ha tomado su medicamento para la hipertensión y que posiblemente no podrá comprarlo cuando lo necesite, ya que su local de comida Doña Tere, en el mercado Los Dolores, está cerrado desde hace casi un mes. Segundo, cuando menciona a sus nietos, que son casi sus hijos, a quienes tiene que alimentar. Esta mujer, que pasa los sesenta años, es presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Los Dolores, por lo que el gobierno le encargó levantar las listas de los locatarios que serían beneficiados con la operación Honduras Solidaria. Por esta razón, también tuvo que esperar, por varias horas, la mañana del miércoles, en el estacionamiento del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras le facilitaron las 407 bolsas solidarias para distribuir en el mercado.
En el mercado Los Dolores del Centro Histórico de la capital hondureña, María Elena Amador del Comedor Doña Tere, revisa las actas de entrega que sirven como prueba que la bolsa solidaria ha sido entregada, ella es parte del grupo que gestionó para los locatarios del mercado, Tegucigalpa, 8 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.
Más que la entrega de estas bolsas, doña María Elena asegura que lo que necesitan, como pequeños empresarios, es apoyo del gobierno. Que se les faciliten préstamos con bajas tasas de interés, y aunque Hernández ha asegurado que después de la crisis podrán acceder a créditos de la banca privada, dice que necesitan sobrevivir en este momento: «Si esta cosa sigue así, Honduras no va a sobrevivir. Tengo mis nietos a los que estoy criando porque la delincuencia me quitó a mis hijos. Yo no puedo tirarlos a las calles. Si nuestra economía ya estaba en decadencia, ahora para que nos levantemos nos va a costar a saber cuánto. Creo que es peor que el Mitch, pero esto es peor que un huracán porque está paralizada toda la economía. Nosotros vivimos del día a día».
Un informe del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) denominado Análisis y Propuestas del FOSDEH Frente a la Crisis del Coronavirus, indica que hasta el momento, el gobierno ha destinado a través de transferencias y donaciones, un monto aproximado de 80 000 millones de lempiras (aproximadamente US$ 3,2 millones), dirigidos principalmente «a atenuar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales provocadas por el COVID-19 en Honduras». Como comparativa, a las municipalidades se les ha transferido el 0.42 % del monto total de los recursos destinados para hacer frente al COVID-19, para la ejecución de Honduras solidaria. El informe sigue explicando que «las transferencias monetarias o alimentarias realizadas a través de las Municipalidades son insuficientes para garantizar una canasta de bienes y servicios básica, cuyo costo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ronda los 11 000 lempiras. Sin mencionar que la medida tiende a ser excluyente, al no abarcar al total de personas en condición de pobreza».
Doña María Elena no sabe si el gobierno la llamará otra vez para cumplir con las raciones de comida que necesitan, así que tendrán que racionar, todo lo posible, los productos que se les brindó. Sin embargo, esta no es toda la ayuda a la que ella puede acceder, ya que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha reorientado fondos del sector discapacidad y adulto mayor para llevar 328 000 bolsas de ayuda humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad. Doña María Elena tendrá que esperar si la solidaridad o ayuda humanitaria llegan a su puerta.
Presupuestos inciertos
Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, publicó un video en twitter la mañana del viernes en el que mencionaba: «En Choloma hemos tenido que suspender la operación dado que obstaculizaron el paso de los camiones que llevaban el alimento. Pedimos a los pobladores de la López Arellano que por favor tengan paciencia». En los videos que muestran los disturbios en el sector de la López Arellano, se muestra a mujeres y hombres de todas las edades, algunos con mascarillas para protegerse del virus y otros sin ningún tipo de protección. Se ven desesperados por abrir un supermercado al que no habían logrado acceder durante toda una semana. El hambre les llevó a la desesperación. Durante el tiempo en que no lograron salir de sus casas escucharon que la operación Honduras Solidaria llegaría a sus hogares con sacos o raciones de comida, pero no sabían que no sería de la misma manera que en la mayoría de los municipios del país.
Choloma junto a cinco municipios más, en los que se incluyen San Pedro Sula y Tegucigalpa, son parte de la modalidad centralizada de la operación Honduras Solidaria. En ese modelo no hay desembolso a las municipalidades y las raciones de comida son administradas y distribuidas directamente en los hogares por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y las instituciones que lo conforman. No hay datos claros de los fondos que se están asignando bajo ese modelo, ya que no se han mencionado públicamente ni están disponibles en los portales de transparencia habilitados por la Secretaría de Finanzas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Al consultar sobre este presupuesto a la abogada Mercy Monroy del FONAC, asegura que la institución también desconoce la cantidad de fondos asignados a estos municipios y el origen de dichos recursos en el presupuesto. La falta de transparencia en la administración de los recursos es evidente, a pesar de las distintas plataformas que el gobierno ha anunciado, pero que apenas cuentan con la información que ya se brinda en las cadenas de radio y televisión.
Ante esta problemática, el Tribunal Superior de Cuentas se ha sumado a la labor de fiscalización. Ha colocado en su página web las acciones y denuncias que han atendido hasta el momento. Entre ellas se informa la «inspección a la bodega del Comité permanente de Contingencias (COPECO) y la emisión de recomendaciones como el acompañamiento de documentos que amparan las salidas de insumos, una copia de la autorización de la salida de insumos propios de la Emergencia. Asimismo, el establecimiento de un área dentro de la bodega que agrupe los insumos recibidos en calidad de donación para diferenciarlos de los insumos adquiridos con fondos asignados a la institución».
Ante las denuncias y las irregularidades ya detectadas, aun sin que el FONAC cuente con la información que la veeduría debería proporcionar, Rivera asegura que «si la corrupción apareciese, no solo aplica la sanción administrativa sino también el papel que pueda jugar el TSC y el Ministerio Público. Los fiscales, investigadores deberían estar en la calle haciendo el esfuerzo de verificar que nadie transgrede la ley».
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En el mismo mercado Los Dolores, don Edilberto Andino permanece sentado frente a un viejo televisor en su pequeño local de reparación de zapatos. Sus ojos sobre la mascarilla denotan ansiedad. Lleva varias horas esperando que entreguen la bolsa solidaria que le prometieron y que le da un respiro, porque gastó todo el dinero que tenía ahorrado para sobrevivir, junto a su familia, durante las semanas que no ha estado trabajando.
Algunos zapatos yacen sobre su lugar de trabajo. Tenía unas cinco entregas pendientes que le iban a permitir ganarse unos 800 lempiras, ahora no sabe cuándo volverá a trabajar «El gobierno ha actuado mal en esta crisis porque no hay ninguna ayuda verdadera. imagínese que ni le ayudan a los médicos, peor que le vayan a ayudar a la gente. Una bolsita de esas no es ayuda porque puede ser que solo sea una y ahí quede todo», asegura don Edilberto, mientras sintoniza el canal HCH, uno de los más populares del país.El abogado Joaquín Mejía dice que esta crisis «le ha caído como anillo al dedo» al gobierno actual, y recuerda que en el periodo presidencial de Carlos Flores, después del huracán Mitch, el mismo mandatario se benefició económicamente de la ayuda internacional. Don Edilberto también está de acuerdo que esta crisis puede traer consecuencias peores que las del huracán Mitch. Además, aunque no está seguro si habrá más bolsitas o ayuda mientras dure el encierro, sí está seguro de algo: «Ellos cuidan las grandes empresas porque ellos se lucran, más el presidente que es un inservible».
