A finales del mes pasado, se dio a conocer que el Poder Ejecutivo envió una propuesta de ley al Congreso Nacional, solicitando suprimir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), esto tras presentarse un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el que se indicó que la institución muestra insostenibilidad y falta de solvencia por no contar con los recursos mínimos de funcionamiento, y con ello la ninguna posibilidad de recuperación. Esta insolvencia tiene parte de sus raíces en la corrupción.
La Comisión alega que para salvar la institución se necesitan más de 3 mil millones de lempiras, y afirman que de los valores activos que se encontraron cuando comenzaron su gestión administrativa como interventores de la institución (alrededor de 6 mil millones de lempiras), solo el 47% representaba valores reales, el otro 57% no existía como consecuencia de malas prácticas bancarias.
La solicitud del presidente Juan Orlando Hernández se origina en medio de casos de corrupción millonarios dentro de BANADESA, y con cuestionamientos por parte de los productores primarios del país sobre el interés del gobernante de intentar cerrar el banco por segunda vez.
El primer intento: una fusión con Banhprovi
No es la primera vez que sale a la luz la inviabilidad de la institución, el 31 de agosto de 2016 la CNBS realizó un informe sobre la situación de BANADESA, en el que se estipulaba que el banco no tenía posibilidades de atender de manera sostenible al sector agrícola y productivo, por ende esa situación afectaba la protección de sus depositantes y acreedores.
Un mes después, surgió la primera intención por parte del Ejecutivo en desaparecer la institución, a través de una propuesta de ley enfocada en la fusión entre BANADESA y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). En la nota de prensa compartida a los medios por parte del Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial se aseguró que Hernández estaba solicitando que BANHPROVI absorbiera BANADESA, afirmando que «la primera entidad financiera se ha posicionado como una institución sólida y de prestigio, (…) mientras que la segunda en los últimos años ha requerido un saneamiento financiero».
La propuesta no consiguió la mayoría calificada requerida para ratificarse, sin embargo, se creó el Decreto Ejecutivo PCM 084-2016, donde se estipuló la creación de una comisión interventora, como la actual. Posteriormente la comisión sugirió «nombrar (…) responsable de la administración del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola al Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda», no se logró una fusión pero sí una alianza administrativa donde el Consejo Directivo de BANHPROVI se comprometió a tutelar el total de los pasivos y activos de BANADESA.
Jorge Lobo, presidente de la actual Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional dio declaraciones en un medio de comunicación nacional, en la que afirmó que los productores no fueron favorecidos ante esa decisión del Poder Legislativo y sigue trayendo consecuencias a los préstamos actuales para los productores. «Desde que BANHPROVI agarró la administración, le empezaron a cerrar los créditos a la cartera (…) a la buena le decían que ya no había fondos para prestarle. Al final quien empezó a cercenar las posibilidades que BANADESA siguiera operando fue el Poder Ejecutivo» comentó en el medio televisivo.
Mayra Falck, actual presidenta de BANHPROVI llegó a encabezar esta intervención, pero antes que ella llegara a la presidencia del Banco de Producción y Vivienda, fue nombrada por el presidente Juan Orlando Hernández como vicepresidenta del Banco Central de Honduras en el 2016.
A pesar de que el Consejo Directivo de BANHPROVI ya no maneja la parte administrativa de BANADESA debido a la nueva intervención de la CNBS en la institución, José Segovia, expresidente de BANADESA reveló que cree que, ante la posibilidad de cierre del Banco de Desarrollo, ahora se utilice a BANHPROVI para actos de corrupción «porque vienen las próximas elecciones y seguramente va a servir para el mismo propósito», dijo en el foro televisivo Frente a Frente.
Segunda intervención: los 4 mil millones a las FFAA habrían sido suficientes
En febrero de 2019, nuevamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros intervino a BANADESA colocando nuevos administradores: Marco Antonio Cano y Roberto Antonio Jerez, con el objetivo –como sucedió después de no ratificarse la fusión con BANHPROVI– de que estos determinaran la situación financiera de la institución, y a partir de ello sugerir la resolución adecuada basándose en los resultados que se encontraran. Los administradores fueron nombrados inicialmente por 120 días – lo que equivaldría a cuatro meses, teniendo entonces como finalización el mes junio del año pasado– sin embargo, se les hizo dos extensiones en la administración, una después de estos 120 días y otra en noviembre del año pasado y que continúa vigente hasta la fecha. Cano estará dejando la administración este mes.
Entre lo que se encontró durante el año en el que la Comisión manejó la institución, están cinco mil expedientes que no cuentan con documentos, los cuales representarían la pérdida de 800 millones de lempiras, asimismo se encontraron casos de fraude, mal uso de los recursos del Banco y otorgamiento de créditos sin cumplir requisitos.
Además de esto, aseguran que la mora encontrada dentro del banco alcanza el 72% debido a las deudas por préstamos que no se han pagado.
Evin Andrade, superintendente de la CNBS, dijo a Contra Corriente que en BANADESA no hubo un procedimiento adecuado a la hora de otorgar créditos, porque no existió un proceso integral que permitiese el seguimiento y recuperación del dinero prestado por el Banco. «Si usted presta y no le pagan es imposible que pueda cubrir sus obligaciones, entonces lo que se crea es un desfase, lo que afectaría en sus patrimonios. Un banco para operar necesita 800 millones como base de capital mínimo, en el caso de BANADESA para alcanzar ese mínimo necesita poner 3,400 millones de lempiras porque tiene capital negativo. El mismo Código de Comercio establece que una institución que ha consumido su capital en las tres cuartas partes, es una institución técnicamente quebrada», dijo Andrade.
Por otra parte, Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), expresó a este medio que los pequeños y medianos empresarios no son los que tienen en bancarrota la institución, puesto que estos no solicitan préstamos de más de cien mil lempiras. El productor explicó que hay 88 grandes créditos de más de 3 millones de lempiras que sumarían un total de 640 millones, lo que significa 121 millones menos que los que solicitan por debajo de los cien mil. A pesar de esto, quienes se han acercado a pagar han sido en su mayoría los pequeños productores.
Además de esas pérdidas, las seis condonaciones que se dieron entre 1992 y 2008, por decretos en el Congreso Nacional, llegan a los 401 millones de lempiras, dinero que según Medina no se ha retribuido al banco por parte del Estado. De estas condonaciones, Marco Cano, actual administrador de BANADESA, afirmó en un programa de televisión la semana pasada, que no se conoce quiénes fueron las personas beneficiadas durante ese periodo de tiempo, porque en el 2013 hubo un cambio de sistema en el que se excluyó esa información. «Necesitábamos averiguar una información (…) enlazar a unos deudores actuales, porque la ley dice que si usted ha sido beneficiado por una condonación, BANADESA no le puede otorgar un crédito (…) pero cuando fuimos al sistema a rastrear para cruzarlo, el sistema no los tenía», explicó Cano.
Contrario a estas declaraciones, Evin Andrade ha asegurado que sí tienen nombres y registros, y que en ningún momento en ese proyecto legislativo se dijo que al que condonara no se le podría otorgar otro crédito.
Con estos datos presentados por la CNBS y la propuesta de Ley dirigida al Congreso para la supresión del Banco, Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, creó la Comisión Especial para Socializar y Dictaminar el cierre de BANADESA; esta nace frente a la ya creada Comisión de Agricultura y Ganadería liderada por el diputado nacionalista Jorge Lobo, quien se opone a la desaparición del banco.
El diputado Enrique Yllescas, cuarto vicepresidente del Congreso Nacional y secretario de la comisión de finanzas, asegura que el objetivo es determinar a través de investigación y análisis si debe o no cerrarse BANADESA, posteriormente se debe presentar un informe al Congreso para que este dictamine lo que debe proceder. «La última decisión la tiene el Poder Legislativo, es el que va a analizar desde el punto de vista financiero, legal, administrativo y estructural, determinar si realmente BANADESA aún es sostenible o es mejor crear otro ente estatal con una reingeniería homologada en nueva tecnología», explicó el diputado.
Por su parte, el diputado Juan Ramón Flores, del partido Libertad y Refundación dijo en un medio de comunicación nacional que en la creación de esta reciente comisión estarían figurando los intereses del presidente de la República, porque no se tomó en cuenta a ningún miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por oponerse al cierre del banco. «Nombraron a una comisión especial que es un invento que tiene el presidente (…) porque hay que reconocerlo, Jorge Lobo como el presidente de la comisión –haciendo referencia a la del agro- también se opuso, más los miembros de otras bancadas (…) pero como ellos tienen una línea del gobierno para cerrar», declaró Flores.
Para que se apruebe la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo, se necesitaría mayoría calificada, al menos 86 votos para su ratificación. Paralela a esta propuesta surgió la creación de la Agencia de Desarrollo Nacional que vendría a cumplir las mismas funciones de BANADESA. Andrade de la CNBS expuso que este nuevo ente se podría capotalizar con alrededor de 2 mil millones de lempiras. «Los cuales lógicamente el Estado no puede ponerlos de un solo, sino que lo hará de forma gradual. En un primer año lo va hacer de 400 millones de lempiras y así sucesivamente hasta alcanzar los 2 mil millones de lempiras en un periodo de cinco años», comentó el superintendente.
En contraste con esta inversión a una nueva institución, además de los 4 mil millones que se le otorgó al sector agrícola a través de las Fuerzas Armadas, a BANADESA le hacen falta fondos. Al consultarle al miembro de la CNBS si podría llegar a salvarse BANADESA, dirigiendo inversión a la institución, Andrade aseguró que el banco tendría que priorizar sus obligaciones y luego ver si podría restablecerse.
«Tenemos, actualmente, alrededor de 700 millones de lempiras que son de depositantes que hay que regresarlos, esas obligaciones hay que honrarlas (…) Si usted invierte 3 mil millones para reactivar el banco, prácticamente ese dinero lo que va a servir es para pagar todas esas obligaciones que el banco tiene (…) tendría que invertir otra cantidad de dinero para poder reactivar el tema crediticio», explicó el representante de la CNBS. Sin embargo, para el ex ministro de Economía, Fernando García, 4 mil millones habrían superado cualquier problema financiero de BANADESA.
Más allá de los números en informes está la corrupción
La crisis financiera y administrativa de BANADESA no solo se originó de los datos oficiales presentados por la administración interventora actual. Varios casos de corrupción con cantidades millonarias en desvío de fondos habrían aportado a la insostenibilidad del banco, además de los procesos de privatización de servicios estatales.
En septiembre del año pasado la recién extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) señaló a varios exfuncionarios de BANADESA en la línea de Investigación «Corrupción sobre Ruedas», donde se les denunciaba por desvío de fondos provenientes del proyecto social «Bono 10 mil», el cual era manejado por el banco.
El coordinador del programa, junto con el gerente administrativo y el financiero se fueron acusados por abuso de autoridad, fraude y uso de documentos públicos falsos, dejando un gasto de poco más de 11 mil 400 millones de lempiras que se sustrajeron en 104 retiros entre julio de 2013 y mayo de 2014. Para este cometido, se realizó una firma de contratos con una empresa fachada – Servicios en Inversiones AID- en la que se solicitaba el arrendamiento de vehículos blindados para supuestamente brindarles seguridad a las personas de BANADESA que entregaban el bono, pero en realidad fueron utilizados para movilizar personas que trabajaban en la campaña electoral del entonces candidato a presidente Juan Orlando Hernández. Además, se utilizaron alrededor de 800 mil lempiras para consumo de alimentación en el Estadio Nacional el 27 de enero de 2014, día en el que se realizó la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández.
La MACCIH también explicó que AID recibió cheques para el hospedaje de miembros de un partido que asistieron a Comayagua a la convención «Todos por una Vida Mejor», evento organizado por el Partido Nacional en el que se esperaban «mil convencionales entre propietarios y suplentes de todo el país (…), también representantes del gabinete de gobierno, diputados y alcaldes».
El analista Fernando García cuenta que la corrupción pudo venir desde antes, que quizá se hayan utilizado fondos dados por el ALBA TCP con el que se constituyó un fideicomiso en BANADESA en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, para dar grandes financiamientos a un empresario de San Pedro Sula después del golpe de Estado en el 2009.
«El ALBA donó al Estado de Honduras 100 millones de dólares, que fueron ingresados a la Secretaría de Finanzas (…), hasta donde yo tengo conocimiento, antes del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 la Secretaría constituyó un fideicomiso en BANADESA, que era para los pequeños productores campesinos, la pequeña producción familiar, empresas asociativas y empresas cooperativas. Sin embargo el golpe de Estado trastocó esa iniciativa y por eso se conoce de un empresario muy fuerte de San Pedro Sula que solo en un financiamiento recibió 100 millones de lempiras, una cifra inaudita para un solo préstamo», explicó.
El economista considera que estas acciones son posibles porque existen normas jurídicas y políticas de financiamiento que no son precisas. «Provocan que haya discrecionalidad en el Ejecutivo como para favorecer el uso de su criterio, en función de intereses político partidarios y no de políticas del desarrollo del sector agrícola, ganadero y agropecuario», expresó García.
El expresidente de BANADESA, Jorge Segovia, manifestó que vio los documentos que utilizó un periodista para denunciar que diputados y miembros del gobierno estaban cambiando cheques en la institución provenientes de otros bancos entre 2013 y 2014. «Este gobierno lo quiere cerrar porque es el que ha cometido más corrupción (…) el cajero general de BANADESA renuncia porque ya no aguantaba la presión de Casa Presidencial cambiando cheques de banco a banco que es prohibido, entregando papeles y sacando dinero», aseguró Segovia, haciendo referencia a BANADESA, en un foro televisivo.
Por otra parte, para Jorge Lobo, no solo son los casos de corrupción los que generan esta intención de cerrar la institución, sino las intenciones de pasar la cartera de BANADESA a banca privada. García, explica que desde principios de los noventa – con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas – se estableció una comisión de modernización del Estado que comenzó a promover la privatización de activos estatales. «Desde ese momento el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, el Banco de los Trabajadores, el Banco del Café se pusieron en la mira del Gobierno, para ir promoviendo poco a poco un ambiente favorable a su privatización», declaró el ex ministro de economía.
Ante el panorama actual de la situación corrupción-privatización de los entes públicos, el futuro de BANADESA se tambalea frente al continuo esfuerzo del gobierno por su erradicación y la poca viabilidad de su rescate.
