Texto: Mónica Gálvez
Portada: Fernando Silva
Los representantes de los tres poderes del Estado – Rolando Argueta (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Juan Orlando Hernández (presidente del Poder Ejecutivo) y Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional) – asistieron a la instalación de la Tercera Legislatura del periodo 2018 – 2022 en el Congreso Nacional la semana pasada, para exponer los logros y avances alcanzados hasta la fecha.
Los discursos hacen mención de «acciones históricas», apuntando a Honduras como referente en la región. Sin embargo, la situación del país no coincide con las desmesuradas afirmaciones sobre los resultados que se atribuyen.
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1. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia
«En el marco de la mora judicial, habiendo recibido un poco más de 182 mil expedientes en todas las materias, a través de la implementación de un Plan Nacional de erradicación de la mora judicial con 25 actividades, hemos logrado reducir esa mora judicial de ese grupo de expedientes en un 70.8%, que representan 132 mil expedientes. Teniendo un pendiente de 54 mil expedientes que encontramos en esa categoría de mora judicial»
Verdad a medias: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras publicado en agosto del 2019, asegura que a pesar del desarrollo de ese Plan Nacional, se les informó que los juicios de primera instancia no han agilizado sus procesos de manera significativa, durando aproximadamente veinte meses.
Asimismo, se menciona que los procedimientos de Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia los resuelven en un promedio de cuarenta y cinco días, lo cual, según CIDH «resulta dilatorio para un procedimiento concebido de emergencia y limita la eficacia de este recurso en la protección pronta y efectiva de derechos vulnerados».
A mediados de noviembre del año pasado, un grupo de personas de La Paz que laboran en los juzgados de esa ciudad, se tomaron las instalaciones en protesta a la mora judicial de la institución por no contar con suficiente personal para resolver los casos. Aseguraban que tenían un total de 850 expedientes pendientes y solo dos jueces para llevar a cabo las resoluciones. Por lo que los resultados mencionados en el discurso no se ven reflejados en el desarrollo de los procesos según lo publicado por la CIDH, ni en la situación de mora en el último semestre del año en el departamento de La Paz. Además que carecen de un punto de referencia.
2. «Nosotros hemos resuelto solo el año pasado 1,148 casos en materia penal, civil de violencia doméstica, que se agregan a los otros miles de casos resueltos entre el 2016 y 2019».
Una joven durante un plantón de protesta contra la violencia hacia la mujer, Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Verdad a medias: Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en los últimos diez años el promedio anual de denuncias de violencia doméstica que ingresan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega a los 20,523 casos, lo que representaría la cantidad de 56 denuncias diarias.
Esto significa que solo se resolvió un promedio del 5.5% de los casos que fueron denunciados. Además, CDM también asegura que de las resoluciones de la Corte, sólo el 22% quedan en «denuncias con lugar», que son las que les proporcionan los mecanismos de protección a quienes denuncian, el otro porcentaje son las resoluciones «sin lugar», que son las caducadas y otras situaciones diferentes a las anteriormente mencionadas. Por lo tanto, no existe un verdadero avance en cuanto a las denuncias referentes a violencia doméstica en el país.
3. «En el marco del combate a la corrupción y la transparencia, el poder judicial se ha apuntado y sigue apuntando, en el despliegue de acciones que tienen que ver el combate a la corrupción y la impunidad»
Verdad a medias: La tasa de impunidad en el país sobrepasa el 90%, las fases de enjuiciamiento llegan solamente 1 de cada 4 acusaciones, y el 75% de estas acusaciones son desestimadas o cerradas durante la etapa preliminar de las audiencias.
Dentro del mismo informe del CIDH, la comisión afirma que la sociedad civil les comunicó sobre una selectividad de los casos dentro de los organismos de justicia en el país, mencionando que «por un lado se actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».
Además de esto, la finalización de la MACCIH trajo consigo la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que investigaba -con la contribución y el apoyo de los expertos de la Misión- casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional. La salida de esta unidad y la creación de la UFERCO, instaurada hace una semana por el Ministerio Público, podría significar la limitación investigativa de casos de corrupción, lo que vendría a aumentar la impunidad en el país, ya que según Luis Javier Santos, actual jefe de la UFERCO y exfiscal de la UFECIC, están mucho más debilitados, por lo que se les dificultaría luchar contra la corrupción.
Verdad a medias: La tasa de impunidad en el país sobrepasa el 90%, las fases de enjuiciamiento llegan solamente 1 de cada 4 acusaciones, y el 75% de estas acusaciones son desestimadas o cerradas durante la etapa preliminar de las audiencias.
Dentro del mismo informe del CIDH, la comisión afirma que la sociedad civil les comunicó sobre una selectividad de los casos dentro de los organismos de justicia en el país, mencionando que «por un lado se actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que, por otra parte, actúa favoreciendo en algunos casos los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».
Además de esto, la finalización de la MACCIH trajo consigo la eliminación de la Unidad Fiscal Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que investigaba -con la contribución y el apoyo de los expertos de la Misión- casos en los que estaban involucrados funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional. La salida de esta unidad y la creación de la UFERCO, instaurada hace una semana por el Ministerio Público, podría significar la limitación investigativa de casos de corrupción, lo que vendría a aumentar la impunidad en el país, ya que según Luis Javier Santos, actual jefe de la UFERCO y exfiscal de la UFECIC, están mucho más debilitados, por lo que se les dificultaría luchar contra la corrupción.
4. Juan Orlando Hernández, presidente de la República
«Si hemos logrado que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, reduciendo a la mitad las muertes por cada 100 mil habitantes, si hemos llegado a sacar a San Pedro Sula y Tegucigalpa de la lista de ciudades más peligrosas del mundo, yo sé, yo creo que somos capaces de alcanzar cualquier meta y darle a nuestra gente la calidad de vida que se merece».
Engañoso: A pesar de las reducciones generales de la tasa de homicidios en los últimos seis años, se siguen superando los 40 asesinatos por cada mil habitantes, dejando a Honduras, según las Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en su estudio Global de Homicidios 2019, como uno de los países con la tasa de homicidios más alta.
El presidente Hernández tomó posesión en su primer mandato en 2014, recibiendo al país con una tasa de homicidios de 83 por cada 100 mil habitantes, ese año se redujo a 68 por cada cien mil. En 2015 la reducción fue a 60 y en 2016 a 59.1, en 2017 a 43.6 y en 2018 bajó a 41.4, lo que representaría la mitad de la tasa con la que recibió el país, sin embargo en 2019 volvió a subir a 42.8. Aunque casi habría llegado a la mitad en 2019 (41.5 por cada cien mil habitantes), la tendencia parece haberse revertido. Sin embargo, el enunciado es cuestionable porque la fórmula que se aplica para la determinación de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes necesita un dato actualizado de la población total del país, y en Honduras no se ha realizado un censo desde 2001.
Durante el 2019, aumentó en comparación al 2018, llegando a alcanzar los 3,996 asesinatos según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Lo mismo sucedió con el número de masacres, totalizando 71 eventos violentos –28 masacres más que en 2018- con 285 víctimas de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Esto evidencia que el Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad 2018-2022 del gobierno hondureño, no ha cumplido la reducción propuesta de disminuir 8 puntos por cada año, lo que proyectaría la reducción de 11 homicidios para 2021.
La primera mentira dicha por Hernández es que la reducción de violencia se basa en la disminución de homicidios. No es absoluta la correlación entre el descenso de los homicidios y el aumento de la calidad de vida de las personas cuando persiste una diversidad de formas de violencia que no acaban la vida de las personas, pero denigran su calidad de vida, por ejemplo, la violencia en el país, la que no se cuenta por no ser homicida, empeora las condiciones de vida de la población, que se ven forzados a desplazarse para huir de las amenazas que enfrentan. La Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) suma un total de 247,090 personas desplazadas en el interior del país -entre el 2004 y el 2018– afirmando que estas familias no reciben asistencia ni protección.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración de México retornó alrededor de 2,303 personas hondureñas después de que estas intentaran llegar a EEUU en la caravana migrante que salió de San Pedro Sula hace poco más de una semana.
5. «Con Ana, con un equipo muy sensible, construimos el programa social más grande y ambicioso que ha tenido Honduras: Vida Mejor. Es por primera vez una respuesta a esas miles de familias en todos los departamentos y ahora han podido mejorar poco a poco su condición de vida»
Engañoso: Contracorriente investigó el programa durante el 2018, hablando con personas que testifican que no se les daba el pago por sus servicios como «guías de familia», los cuales recibían solo un ingreso de 4,000 lempiras por el trabajo. Además, se presenta el caso de una de las beneficiadas que explica que consiguió ser parte del proyecto «por ser nacionalista y asistir a las marchas» explicando que su casa, así como la de todos en Bella Vista –lugar en donde vive- fue reconstruida en dos periodos de tiempo: una parte antes de las últimas elecciones y la otra después de que estas se desarrollaran.
En el reportaje se hace mención del estudio Hacia una nueva estrategia de reducción de la pobreza, publicado por el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el cual explica que, del total de bonos que se entregan en el programa, el 34.1% de las personas beneficiadas no lo reciben por completo. Además sostiene que más del 58% de quienes están involucrados en el proyecto no salen de la pobreza, por lo que no habría tal mejoramiento de condiciones mencionado por el presidente.
Lee más al respecto aquí: Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres
6. «Hoy somos referente en el combate contra el narcotráfico, las maras y pandillas en la región»
Desmesurado: Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) en su estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por violencia en Honduras 2004 – 2018, publicado el año pasado, la causa principal del desplazamiento de los hogares son las amenazas directas, siendo casi la mitad de los casos –en un 48%- provenientes de las maras y pandillas, a las que también se les vincula con los asesinatos, restricciones a la movilidad y las extorsiones.
Considerando los datos, no hay resultados significativos o efectivos en estos años referentes a la reducción de riesgos por amenazas de maras y pandillas.
Por otro lado, en octubre del año pasado, Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas –junto con otros tres cargos- en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Durante las declaraciones de los testigos en el caso, Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso y narcotraficante confeso, afirmó que financió la campaña electoral de Juan Orlando Hernández con dinero proveniente de la narcoactividad en las elecciones del 2014.
La Asociación para una Sociedad más justa (ASJ), se pronunció ante las acusaciones al presidente, exigiendo que se creara una comisión especial encargada de investigar el financiamiento de todas las campañas presidenciales desde el 2004 hasta el 2017, sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna acción investigativa referente al tema.
En el comunicado de prensa de la ASJ aseguran que «la ausencia de una ética pública y la falta de voluntad y compromiso político, han facilitado la infiltración del dinero proveniente del narcotráfico, crimen organizado y corrupción en los gobiernos y en sus decisiones».
7. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional
«Hermanos hondureños, gran parte de nuestro tiempo y nuestras energías han estado enfocados en consolidar la gobernabilidad, el Estado de Derecho, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, las reforma del Estado y la modernización de nuestras instituciones y en todas esas acciones, el hilo conductor ha sido nuestra infinita paciencia para escuchar, para concertar y para incluir a todos los hondureños en la edificación del futuro por medio de leyes discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».
Miembros de OFRANEH y el COPINH protestan por la aprobación de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, o lo que ellos llaman «la Ley Nájera», en alusión al diputado nacionalista Óscar Nájera, presidente de la comisión que ahora socializa la ley aprobada por el Congreso Nacional. Las organizaciones populares indígenas y garífunas cuestionan que no se les consultó para la realización de esta ley, Tegucigalpa, 23 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Engañoso: Se han generado conflictos sociales por no priorizar desde la etapa inicial de los proyectos de ley la opinión de la ciudadanía y los sectores directamente involucrados en las decisiones.
El Congreso Nacional nunca concretó el desarrollo de las propuestas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual sugería la creación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos oficiales, por el contrario, se creó una Comisión Evaluadora que recomendó que no se extendiera el periodo de mandato de la Misión en el país, a pesar que la mayoría de los ciudadanos preferían la permanencia del mismo en Honduras, basado en encuesta del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
En el 2019 se produjo una crisis en el sector Salud y Educación, luego que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Educación y Salud, ocasionando protestas en las calles donde se exigía la derogación de los decretos PCM 026 Y PCM 027.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras, solicitó en agosto del año pasado que se eliminaran artículos del nuevo código penal por restringir la libertad de expresión y provocar la censura en los medios de comunicación.
Además, el Congreso Nacional, hace un par de años, presentó en el Diario Oficial la Gaceta una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, en el que no se leyó el texto completo que se publicaría en el momento de su aprobación. Tal reforma beneficiaría a varios involucrados en el caso de «Red de diputados» investigados por la MACCIH-UFECIC. Tras lo ocurrido, la Unidad Fiscal y la Misión denunciaron el intento como un «pacto de Impunidad». Actualmente los diputados Antonio Rivera, Román Aguilar, Tomás Zambrano y Sara Medina -quienes estuvieron involucrados en el proceso de investigación– forman parte de la nueva junta directiva del Congreso Nacional.
Otra ley que está en proceso de socialización y no ha logrado consenso de todos los sectores es la Ley de Consulta Previa Libre e Informada que el diputado nacionalista Oscar Nájera lidera en una comisión. Grupos indígenas organizados, incluyendo el Consejo Nacional de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres quien fue asesinada por un conflicto relacionado a la consulta previa por proyectos extractivos, no avalan esta ley.
Con ello, la transparencia de los procesos legislativos queda imprecisa frente a la afirmación que las leyes son «discutidas ampliamente y con el consenso de todos los sectores».
8. «Logramos levantar nuevas instituciones para que diseñen, administren y supervisen los procesos electorales, que son medulares en nuestro sistema democrático».
El Congreso Nacional aprobó un presupuesto general en el que se le brindan pocos recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambas nuevas instituciones que tienen como objetivo reemplazar y mejorar el trabajo de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Considerando que el actual año es preelectoral, al CNE se le proporcionó menos que lo establecido para TSE en el año previo a las últimas elecciones del 2017. Del mismo modo, el comisionado presidente del TSE, en una de las entrevistas proporcionadas para ContraCorriente, manifestó que no se les dio ni la mitad de lo solicitado para funcionar con los recursos necesarios, solo se les concedió 35 millones de los 90 millones requeridos.
