La retórica presidencial sobre los Derechos Humanos

Portada: Catherine Calderón

Una mujer grita consignas en protesta del 8 de marzo donde varias mujeres fueron agredidas por militares

El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández visitó Estados Unidos donde sostuvo reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Administración para el Control de Drogas​ (DEA) y el Departamento de Estado. Llevaba una propuesta que con orgullo presentó como un avance en materia de Derechos Humanos, un avance que cambiaría la vida de los países latinoamericanos dañados, desangrados por el crimen organizado, maras, pandillas –o como los llamen–  según dijo.

Hernández, en el país donde su hermano se enfrenta a la justicia por presuntos vínculos con el narcotráfico , propuso que cambien conceptos, que se comience a nombrar al crimen organizado como violador de DDHH. Y para fortalecer su discurso hizo alusión a los videos que circulan de acusados de homicidio aceptando que la pandilla los manda a matar, personas siendo víctimas de asalto o ejecuciones a plena luz del día  captadas por cámaras de seguridad.

A pesar que en lo que va del año se han perpetrado 15 masacres, y que eso significaría el doble que el año pasado, Hernández insiste en que la reducción de la violencia en Honduras ha sido ejemplar y que para seguir por ese camino necesita aumentar el presupuesto en materia de seguridad y defensa, más policías y militares. Y junto con ese discurso acaba de inaugurar una nueva fuerza especial, la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano, otro híbrido entre policía civil y policía militar.

«Sólo tenemos 2 opciones: nos conformamos y perdemos lo que hemos logrado en materia de seguridad en los últimos años o redoblamos esfuerzos para tener niveles de seguridad de primer mundo… le contaba a la OEA que son alrededor de 67 mil personas que han perdido la vida pero una vez que enfrentamos este fenómeno y hemos roto la tendencia lo que hemos logrado es salvar alrededor de 45 mil vidas», destacó Hernández durante su discurso.

Pero Hernández coloca un punto interesante cuando habla sobre Derechos Humanos y habla de involucrar a actores privados (él se refiere solo a maras y pandillas) como responsables de violaciones a DDHH. Conveniente en un Estado donde recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos son ignoradas y cada año esas recomendaciones solo engrosan la lista de pendientes. Y convenientemente solo habla de maras y pandillas y no otras estructuras de crimen organizado, por ejemplo las que desfalcan al Estado o las empresas privadas que en el desarrollo de proyectos extractivistas violan los derechos de la población.

El doctor en Derecho Internacional, Joaquín Mejía escribió en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Derechos Humanos: un desafío para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que «…es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención Americana cometida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial, también la responsabilidad estatal puede verse comprometida cuando un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención».

Es el Estado al único que por acción y omisión se puede condenar por violaciones a DDHH.

Si el presidente quiere hablar de Derechos Humanos, podría comenzar respondiendo a las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han hecho en los últimos meses. Recomendaciones que insisten en desmilitarizar la seguridad ciudadana, en procurar justicia para víctimas de la violencia postelectoral perpetrada por fuerzas armadas, hacer transparentes los gastos en temas de seguridad y defensa, garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información  pública derogando ley de secretos, despenalizar la injuria y la calumnia y deshacerse de los artículos relacionados al delito de terrorismo y apología al mismo. El Presidente no puede hacer recomendaciones en materia de Derechos Humanos mientras lidere un gobierno autoritario tutelado por las Fuerzas Armadas.