Texto: Fernando Silva
Fotografía: Martín Cálix
El juicio por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres obtuvo su primera sentencia. De los ocho acusados en este proceso, siete fueron declarados culpables por el asesinato de quien, hasta el 2 de marzo del 2016, fue coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Las víctimas y su representación legal, excluidos del proceso en la fase de juicio oral y público, han declarado no sentirse conformes con este resultado pues quienes hoy fueron señalados como autores del asesinato solo representan la escala intermedia de una estructura que comandaban los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), una empresa que tenía la concesión del rio Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca al que Cáceres se opuso.
El fallo emitido ayer por el Tribunal de Sentencia dictaminó que este crimen fue originado por “las demoras, pérdidas financieras y graves daños causados por las protestas encabezadas por Cáceres en contra de la empresa DESA”.
Condena ausente de autores intelectuales
Después de cinco semanas de juicio oral y público por el caso del asesinato de Berta Cáceres, decenas de integrantes del COPINH y familiares de la líder indígena esperaban en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, entre petardos y consignas, el fallo de una corte que su representación legal increpó por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia, lo que finalmente les costó la expulsión del juicio.
Según el fallo emitido, los culpables por el asesinato de la líder del pueblo Lenca y del movimiento indígena y social hondureño son: Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Sergio Ramón Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres.
El día del asesinato de Cáceres le acompañaba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, a quien también le dispararon, dejándole herido al suponer su muerte. De esta tentativa de asesinato fueron declarados culpables Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres.
En este fallo también se dictaminó la inocencia de Emerson Duarte Meza, hermano de Edilson Duarte, quien fue capturado el 2 de mayo del 2016 por tener en su poder el arma homicida. Este joven estuvo dos años de cárcel por supuestamente haber participado en el crimen, pero hoy el Tribunal declaró que no habían encontrado ninguna prueba en su contra.
Durante la lectura del fallo condenatorio el Tribunal de Sentencia apuntó que estas personas actuaron “con el pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de DESA”. Sin embargo, las declaraciones de dos ejecutivos de la empresa con apellido Atala fueron propuestas como medios de prueba por la acusación privada de la familia Cáceres, pero el Tribunal rechazó esta petición.
En un comunicado emitido por la familia Cáceres se denuncia que “la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.
En este comunicado también se pide que sean llevados ante la justicia todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente a los asesinos a sueldo.
Al salir de la sala primera del Tribunal de Sentencia mientras las cámaras se dirigían a los familiares de Cáceres, una de las familiares de los declarados culpables contestaba el teléfono: “Cuando salgan los verdaderos vaciados telefónicos ya van a ver todos esos policías”.
Cerca también se encontraba Wendy Amador, esposa de Mariano Díaz Chávez, quien dice que desde la captura de su esposo apenas ha logrado sobrevivir junto a sus tres hijos.
“De antemano sabíamos que iban a dar este fallo –dice de forma muy serena mientras otros familiares lloran– hay que recordar que están escondiendo a los grandes, pero todavía hay personas detenidas y mi esposo es inocente, ni conocemos a esa señora”.
El último capturado por el asesinato de Cáceres fue Roberto David Castillo, acusado por el Ministerio Público a título de autor intelectual y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de DESA. Según un comunicado de esta institución del Estado “las diligencias investigativas continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales”.
Búsqueda de justicia
“Para nosotros no es satisfactorio esto, nosotros no queremos venganza pero sí pedimos justicia en un país con tanta impunidad”, decía Olivia Zúniga Cáceres, hija mayor de Berta, al conocer el fallo dictaminado por los jueces.
Olivia Zuniga, diputada del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) afirma que la empresa que orquestó el asesinato de su madre no debe seguir operando en Honduras.
“Esta es una empresa criminal, asesina y terrorista. Aquí simplemente están los perros cobardes que fueron enviados para infiltrar el COPINH, perseguir a mi mami, acosarla, hostigarla y criminalizarla”, apuntó.
Los familiares de Berta Cáceres se quedaron sin representación legal en la fase de juicio oral y público por ausentarse de una de las audiencias y por supuestamente dilatar el proceso. Dicha ausencia tenía su razón en la espera de resolución de una serie de recursos de recusación que se habían presentado en contra del Tribunal.
Ante esta situación la representación legal de las víctimas realizó un foro semanas antes del fallo para exponer las pruebas que vinculan este asesinato con una estructura de poder que podría llegar hasta ministros y funcionarios públicos. Estas pruebas y afirmaciones fueron basadas en el informe de 2017 del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
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Informe que ahora está siendo increpado por Robert Amsterdam, un abogado de DESA que contrató a un equipo para desacreditar la investigación realizada por el COPINH. Amsterdam es socio Fundador de Amsterdam & Partners, un grupo de abogados que se especializa en disputas internacionales.
Amsterdam apunta que para la elaboración de este informe le pidieron al señor Greenspan, el mejor abogado penalista de Canadá, que revisara el informe GAIPE y condujera su propia investigación independiente de los procesos criminales.
Greenspan concluye que el GAIPE “parece estar escrito para justificar los cargos contra los ejecutivos de DESA, no para determinar desapasionada y objetivamente la verdad. Todo intento de retratarlo como un informe de determinación de hechos independiente es, desafortunadamente, erróneo y trágicamente engañoso”.
Juan Carlos Sánchez, abogado de Sergio Rodríguez, dice que parece que están juzgando a su representado por un único crimen que cometió, y fue estar en un chat de Whatsapp con los otros implicados.
Según las investigaciones del GAIPE se indica que el crimen en contra de Berta Cáceres empezó a planificarse desde finales de 2015. Toda esta planificación llevó a que entre el 5 y 6 de febrero de 2016 se montara un operativo para asesinar a la líder indígena. Según los mensajes de texto en poder de las víctimas, este operativo habría sido abortado debido al flujo de personas que ese día permanecían cercanas a la líder indígena. Finalmente el 2 de marzo se consumó el asesinato. Todo fue una coordinación a través de un grupo de Whatsapp.
Al terminar la audiencia, en las afueras de la Corte Suprema, la familia Cáceres y miembros del COPINH con una pancarta apuntan a la familia Átala como principales autores intelectuales de un crimen que aunque nadie lo mencione, excepto un supuesto ex integrante de las fuerzas especiales del ejército de Honduras en la caravana hacia Estados Unidos, podría involucrar incluso al presidente Juan Orlando Hernández.
Actualmente quedan pendientes al menos tres juicios más en la causa del asesinato de Berta Cáceres donde las víctimas esperan alcanzar la justicia que en este no lograron obtener.
