Juan Orlando Hernández dice a su público, miles de hambrientos, que se siente orgulloso porque en un siglo no le habían dado la oportunidad a alguien más de reelegirse, solo a él. Hernández es el primer presidente que logra concentrar tanto poder como para legalizar una dictadura y mostrarse absoluto como la estrella solitaria que representa su partido, la que inunda la publicidad de su candidatura para demostrar que ni fotografía necesita para captar votos. Aunque solitario no esté del todo.
La biografía publicada en el portal de gobierno dice que Juan Orlando Hernández es el presidente más joven que ha llegado a ese cargo desde 1980. “A sus 45 años, Juan Orlando Hernández ha escalado por todas las posiciones políticas a las que alguien puede aspirar: diputado al Congreso Nacional; presidente del Comité Central del Partido Nacional; presidente del Congreso Nacional y, desde el 27 de enero del 2014, Presidente de la República de Honduras”. Ahora se le suma candidato a la reelección.
Hernández comenzó su andanza en la política acompañado de su hermano mayor, Marco Augusto quien fue vicepresidente del Congreso Nacional. Ambos vienen de una familia numerosa de Gracias, Lempira. Hernández estudió en el Liceo Militar del Norte y Derecho en la Universidad en Tegucigalpa, al graduarse estudió en Estados Unidos una maestría en Administración Pública.
El Partido Nacional ha apostado al liderazgo de Hernández como pilar fundamental para seguir controlando el Estado de Honduras, sobre todo después del golpe de Estado.
Hace ocho años cuando José Manuel Zelaya impulsaba una consulta popular para la instalación de una cuarta urna que abría una posibilidad de aprobar la reelección presidencial, Hernández era diputado. “Nosotros les dijimos: no se peleen entre ustedes, las consecuencias las va a sufrir el país. No hicieron caso y seguimos pagando la factura de eso”, dijo Hernández en un reciente discurso refiriéndose a que el golpe de Estado era culpa del Partido Liberal liderado en aquel entonces por Zelaya, ahora líder de la alianza opositora.
Hernández fue, en ese entonces, de los más férreos defensores del golpe de Estado y tras el mismo logró escalar peldaños de manera que en 2010 se convirtió en el presidente del Congreso Nacional. Las Fuerzas Armadas, fortalecidas tras el golpe, se volvieron en su aliado más importante en este periodo.
Uno de los pilares fundamentales de su gobierno y de su campaña actual es el tema de seguridad, una seguridad militarizada. La consigna de una lucha que no ha ganado sigue siendo fuerte: la elevación a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público, su más importante creación.
Mientras fue presidente del Congreso Nacional aprobó 25 leyes en materia de seguridad en esta línea y creó 14 fuerzas de seguridad que son un híbrido entre militares y policía civil.
La fragua de su reelección
En 2012, durante las elecciones internas de los partidos, su contrincante en el Partido Nacional, Ricardo Álvarez, lo acusó de fraude y realizó una campaña mediática para solicitar el conteo voto por voto. Álvarez fue silenciado y ahora es ministro de la presidencia, el hombre al que Hernández le agradece primero en los discursos. Los escándalos de corrupción dentro del Partido Nacional son los que mueven las piezas. En ese momento Ricardo Álvarez estaba siendo señalado por actos de corrupción en la alcaldía de Tegucigalpa que administró antes de su candidatura a la presidencia.
Así se fue abriendo paso Hernández entre los viejos liderazgos manchados de corrupción. Así pasó con Porfirio Lobo Sosa quien en su gobierno nombró a las personas que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cuyo hijo ahora está en Estados Unidos en un juicio por colusión con el narcotráfico. Hernández gobernaba desde 2010 mientras todo esto pasaba.
Mientras gobernó desde el Congreso Nacional, Hernández movió todas las piezas para asegurar su candidatura por la reelección y que su plan de gobierno basado en la militarización y en la concesión del territorio no tuviera oposición. En 2012, Hernández también dio un golpe al poder judicial suspendiendo a 4 magistrados de la Corte de lo Constitucional por haber declarado inconstitucional las ciudades modelo y no permitir la elevación a rango constitucional de la Policía Militar, pero sobre todo poner magistrados en esta sala le garantizaba la aprobación de la reelección presidencial. Algo fundamental para ser presidente era tener los tres poderes del Estado a tono con su plan de gobierno continuista.
El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía en un artículo publicado originalmente en el New York Times en Español explica el camino que Hernández trazó para establecer una dictadura de corte legal.
“La decisión (de dar vía libre a la reelección a pesar de estar prohibido en la Constitución) fue bienvenida por los aliados del presidente Juan Orlando Hernández, quienes promueven una exaltación de sus virtudes personales y la necesidad de avanzar con un proyecto de país que solo es posible bajo su liderazgo. Sin embargo, el resultado ha sido una polarización social creciente que ve con sospecha esta intención continuista. Este acatamiento, además, se encuadra dentro de una tendencia que se disparó con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y aparenta todas las formalidades de la democracia representativa mientras, en la práctica, se consolida un régimen autoritario y militarizado que subordina toda la institucionalidad al Poder Ejecutivo.
El presidente Hernández ha logrado el control de los principales poderes públicos, incluyendo el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Asimismo, activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un órgano con características de supragobierno presidido por el presidente de la República, en el que se toman las decisiones más importantes”.
En Honduras no se mueve una hoja de papel sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa: el uso de fondos de la Tasa de Seguridad está en manos del Consejo, las llamadas telefónicas son escuchadas por el Consejo, el manejo de las unidades de investigación está bajo mandato del Consejo, las leyes en materia de administración pública, judicial y penal también son coordinadas desde esa superinstancia.
Con la entrada en vigencia de la Ley del Consejo Nacional se aprobó una entidad de investigación para que diera funcionamiento a las obligaciones de esa estructura. En el artículo 6, la Ley estipula que para el debido funcionamiento del Consejo se ordena la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, ente encargado de ejecutar las políticas públicas que establezca el Consejo. Tiene libertad e independencia funcional, presupuestaria y administrativa. Todo bajo el mandato del presidente Hernández.
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Robo del IHSS
El actual presidente, que provocó el rechazo popular en 2015 por el involucramiento de su partido en el latrocinio del IHSS (el robo de alrededor de $300,000), ahora se muestra ante el mundo como un presidente transparente, promotor del cambio y merecedor de continuar en el poder para seguir “luchando contra la violencia e impunidad”. Sin embargo la realidad está lejos de lo que pinta la publicidad.
El investigador alemán Harald Waxenecker realizó un estudio de red de corrupción sobre el caso del Seguro Social basado en los resultados de la Comisión interventora, el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Anticorrupción en base a un total de 2 mil 552 millones de lempiras de los cuales directamente 6.1 millones fueron a dar al Partido Nacional para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández.
A pesar de que Ricardo Álvarez denunció el proceso electoral como fraudulento, fue él quien salió a defender al Partido Nacional cuando la prensa hondureña destapó este desfalco y los cheques firmados para el Partido Nacional aduciendo que del dinero no se sabía la procedencia al momento de recibirlo y que se había devuelto.
Waxenecker concluye en su estudio que: «las formas de enriquecimiento indebido se materializaron mediante el saqueo deliberado de recursos estatales (red de empresas fachada), la sobrevaloración y el incumplimiento contractual como práctica púbico-privada (empresas asociadas a la élite hondureña), y la generación de rentas extraordinarias para el sector bancario en forma de líneas de crédito. El origen de los fondos es el Estado. El conjunto de esas formas de enriquecimiento indebido ha estado vinculado al financiamiento político ilícito del Partido Nacional (PN) con la finalidad de perpetuarse en el poder gubernamental (elecciones 2013) y “aceitar” la maquinaria de impunidad.»
Waxenecker explica que «la gráfica muestra la sobreposición de redes al modelo del sistema político, visibilizando las fronteras difusas que van desde lo público hasta lo privado, desde lo lícito hasta lo ilícito (pasando por lo ilegal), y desde lo formal hasta lo informal. Las relaciones entre los nodos ilustran una capa de interacción que opera de manera subyacente en y desde el Estado, el sistema político y el sistema económico, involucrando a actores institucionales (internos del Estado) y actores lícitos e ilícitos (externos al Estado). No es meramente un agregado de individuos, sino la suma/confluencia de relaciones que individuos y estructuras (estatales, económicas, criminales, judiciales, (ex)militares, políticas, etc.) sostienen entre sí con la finalidad del enriquecimiento indebido, impunidad y poder indebido. Es un conjunto de actores que forman parte de un todo mayor, y que son resultado de procesos sociohistóricos.»
Pero la forma en que la mafia se mueve dentro del Estado no solo fue visible con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por el que ahora hay varios enjuiciados, los principales de conectar los nodos. Otro caso fue el asesinato de Berta Cáceres que también es reflejo del plan de gobierno de Juan Orlando Hernández.
Honduras muestra alarmantes actos de violencia contra defensores de derechos humanos y su estructura de poder ligada al crimen organizado muestran a este país como un narco estado al servicio de las élites que han logrado crear mecanismos para trabajar desde la institucionalidad sus planes de saquear los recursos del Estado. En el caso de Berta, fuerzas de seguridad del Estado, la misma secretaría de seguridad del país, actuaron en operativos de inteligencia conjuntamente con los encargados de la empresa Desarrollos Energéticos SA según el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) a falta de una investigación independiente por parte de las instituciones correspondientes en Honduras.
Este asesinato ocurre en un contexto donde las prioridades del actual gobierno están en concesionar el territorio al capital trasnacional y a la élite económica local para la minería, la generación de energía, el mantenimiento vial y el manejo del servicio de agua. La tercera parte del territorio está concesionada para proyectos mineros, 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar, según un estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras.
A esto se suma la apuesta por desarrollar las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) un proyecto de la corriente libertaria de la Escuela de Chicago, Estados Unidos, en la que el Estado se minimiza a tal grado de no existir porque el territorio se vende a trasnacionales o países con todo y su población para regirse por un comité y el Common Law y no por las leyes del país. Todo controlado por el actual presidente.
Estos proyectos no pueden ser sin que las alianzas entre la élite local y el gobierno de Hernández estén fortalecidas. Un Grupo Terra, de Freddy Nasser, yerno de Miguel Facussé, muy cercano al gobierno y con negocios en el rubro de la energía renovable cada vez más grandes. Una familia Atala, señalada por pertenecer a la junta directiva de la empresa que mandó a asesinar a Berta Cáceres, es la familia con mayor influencia por sus múltiples inversiones en el país. Hernández ha convertido el banco de esta familia (Grupo Ficohsa) en uno de los más importantes para los negocios estatales y los fideicomisos. Y el hombre más rico de Honduras, según la revista Forbes, Mohammad Yusuf Amdani, un empresario de la industria textil y del “call center”, con quienes Hernández ha hecho su campaña de nuevas fuentes de empleo.
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Crimen y Estado
A partir de 2016 comenzaron no solo las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos sino también las entregas voluntarias que han representado un verdadero terremoto para las fuerzas políticas del país.
Cuando “Los Cachiros”; unos famosos narcotraficantes hondureños, declararon en Estados Unidos, muchos se pusieron nerviosos. Y cuando confesaron que el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos de su parte y su hijo coordinó toda la relación, se le comenzó a tambalear el piso al oficialista Partido Nacional, que en este momento está en la recta final para establecer su dictadura. El hijo del expresidente, con el que cogobernó Juan Orlando Hernández tras el golpe de Estado de 2009, está preso en Estados Unidos. La red de corrupción alrededor del caso “Cachiros” penetra hasta lo más profundo de las estructuras del Estado, sobre todo las estructuras del partido en el poder.
De 2009 a 2012 aumentó la tasa de homicidios, llegando a su punto máximo en 2011 según un informe de seguridad ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno tomó el control de todos los poderes del Estado, y la DEA entraba y salía de los territorios libremente, se llevaba y traía presidentes para hablar de la lucha contra el narco, en sus helicópteros, con sus condiciones. La dupla del poder: Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. La política de mano dura contra el crimen organizado que promulgaron en su gobierno, al parecer es solo pantalla de lo que ocurre: una relación de concubinato entre las mafias y el Estado.
Escenarios políticos
El analista político hondureño Tomás Andino, en un análisis de escenarios asegura que podrían haber tres en las próximas elecciones, una contienda entre once partidos políticos, tres de ellos unidos en la Alianza de Oposición contra la Dictadura con la cara visible de Salvador Nasralla, un outsider, con el liderazgo predominante de Manuel Zelaya Rosales, el presidente víctima del golpe de 2009.
El escenario más probable, dice Andino, es que el gobierno de Juan Orlando Hernández se consolide cuatro años más en el poder con un gobierno totalitario y fortalecido, con el compromiso de regular la reelección.
Uno de los problemas de la actual contienda es que no se hicieron reformas electorales, ni siquiera se reguló la reelección presidencial. Es por esto que en su campaña, el presidente Juan Orlando Hernández ha llamado a votar en línea por todos los diputados del Partido Nacional de un Congreso Nacional del cual 98 diputados van a reelección. Necesita garantizar el Congreso Nacional para amarrar reformas electorales que convengan a su gobierno ya en el poder.
El segundo escenario es que se desate una crisis política social y la aceleración del advenimiento de una dictadura de carácter legal. A corto plazo, con la emergencia de un movimiento popular espontáneo que se rebele a un posible fraude electoral pero que sería contenido por la represión o por su propia dirigencia. Esto podría hacer que, aunque Hernández continúe en el poder, su gobierno entre con más debilidad por la convulsión social y podría condicionar las reformas electorales y la regulación de la reelección.
El escenario tercero es un cambio de gobierno con la venia del gobierno de Estados Unidos. Un cambio de gobierno que no necesariamente puede ser la Alianza de Oposición con Nasralla en la presidencia, sino el Partido Liberal con su candidato Luis Zelaya, un hombre cercano a la élite económica y política del país. Este cambio podría ser urgente si la presión ciudadana logra hacer tambalear al gobierno autoritario de Juan Orlando Hernández y su plan continuista. También podría ser necesario de seguirse ventilando la corrupción y los vínculos del presidente con el crimen organizado.
Este último escenario, el menos probable, está siendo visualizado por el actual mandatario, quien en su campaña ha puesto mayor énfasis en que en el Congreso Nacional, el Partido Nacional tenga mayoría y total poder de decisión.
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Resistencias y oposición política
Sin embargo, a pesar del panorama adverso que se muestra de Honduras, existen pequeñas resistencias que se han multiplicado desde el asesinato de Berta Cáceres. Comunidades enteras que defienden ríos, carreteras, montañas como herencia y legado de Cáceres.
Existen contrapesos al actual gobierno autoritario y su plan privatizador. Las comunidades que se oponen a la explotación minera, a la concesión de los ríos, a la instalación de proyectos de generación de energía sin consultarlos. Los movimientos que siguen llamándose “indignados” a pesar de que las manifestaciones masivas en las calles pidiendo una Comisión Internacional contra impunidad ya cesaron. Indignados que se organizaron y ahora defienden la soberanía vial en contra de la privatización de las carreteras públicas.
Otro contrapeso podría ser la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que si bien es cierto, no tiene las facultades mismas que la CICIG en Guatemala, en Honduras comienza a hacer ruido. Ya conformó una Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción y ha tomado casos en los que se podrían desarticular redes criminales insertas en el Estado. El obstáculo más palpable ahora es el gobierno actual, que no le da las facultades que necesita para enfrentarse a la corrupción y que sigue sin atender a sus peticiones de crear un marco legal que le permita actuar. Por ejemplo, la MACCIH ha exigido en repetidas ocasiones la creación de la “Ley de Colaboración Eficaz” sigue siendo ignorada en el Congreso Nacional.
También ha exigido la derogación de la ley de secretos oficiales, pero no hay respuesta. Esto sigue mostrando que este país es el presidente y su voluntad.
Por otra parte, histórico es que tantas fuerzas políticas vayan a contienda en las elecciones y que exista una alianza de partidos para hacerle oposición a la reelección del actual presidente. A pesar de que la fuerza popular sigue sin radicar en los partidos políticos, la oposición busca hacer un contrapeso.
Honduras podría estar avanzando a una agenda conjunta del movimiento social en contra de una aparente dictadura con consentimiento legal. A menos de un mes para las elecciones la Convergencia contra el Continuismo convocó a una movilización el pasado 7 de noviembre en Tegucigalpa para pronunciarse contra la dictadura y medir el pulso de sus seguidores. En esa movilización, el movimiento social representado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, un actor articulador entre el movimiento social y los partidos de oposición, leyó 12 puntos de la agenda consensuados con esta coalición de organizaciones de sociedad civil enfrentadas con el actual gobierno.
La Coalición contra el continuismo, como se ha llamado la nueva convergencia del movimiento social pidió a la Alianza opositora mantener la lucha contra la ilegalidad de la reelección, que siendo gobierno reviertan el proceso de privatizaciones y recuperar el liderazgo del Estado en su responsabilidad social, en este mismo sentido que se deroguen las ciudades modelo y la ley de minería así como concesiones de ríos y carreteras. Exigieron también la derogación de leyes como la ley de empleo temporal, las reformas al código penal que penalizan y coartan la libertad de expresión. Agregaron también que se realice una reestructuración agraria y que se garantice el liderazgo de la mediana y pequeña empresa de producción para desarticular las redes que se tejen en reducidas élites locales y trasnacionales, que se impulse una verdadera política fiscal. En temas de seguridad pidieron la desmilitarización de las fuerzas de seguridad y que se derogue la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El movimiento social pide a la Alianza, de ganar las elecciones, destruir todo el andamiaje que Juan Orlando Hernández ha construido durante 24 años en el poder con la guía de las élites a las que responde.
“Ustedes se comprometen con estas demandas y contarán con nuestra presencia y nuestra vigilancia crítica. Ustedes no cumplen y nosotros estaremos en las calles presionando y exigiendo, porque siempre seremos Convergencia con nuestra identidad política ciudadana, activa y movilizada”, culminaron.
Mientras tanto Hernández, con su discurso eufórico, sin haber asistido a un tan solo debate presidencial discursaba un par de días antes en la capital:
“Si sienten ganas de pelear vamos a mandarles un tecito de valeriana. Pero eso sí, cuando se trate de luchar por Honduras, de generar empleo masivo que es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno, vamos a tener un país seguro, yo le digo a los de la oposición tratándose de servir a Honduras yo les digo: como quieran quiero y como se pongan puedo, estoy listo. Estamos listos”.
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