La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad de votos en junio de este año, declarar a lugar de manera parcial las garantías de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería vigente en Honduras respondiendo a un recurso interpuesto por la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (Conroa) en octubre de 2014. Esta resolución fue publicada el pasado 8 de agosto como respuesta a una petición de hace 3 años.
Esta organización establece en su recurso de inconstitucionalidad que la Ley de Minería atenta contra la Constitución de la república en los artículos 22,27,53, 56,67,68 ,76 y 77 que hablan sobre la aprobación del método de minería a cielo abierto, de la reducción de impuestos en esta actividad económica, de la falta de consulta previa a los pueblos afectados y del impuesto municipal e inversiones de estas empresas.
Sin embargo, la Sala de Constitucionalidad no aprobó la inconstitucionalidad en lo que respecta al artículo 53 que habla de los derechos que gozan los titulares de las concesiones mineras como ser:
• Uso de la superficie de la Concesión en terrenos que siendo del Estado no sean productivos.
• Utilización de las aguas necesarias para la extracción minera, dentro o fuera del bien concesionado
• Aprovechar las Sustancias minerales contenidas en las aguas que generen en el área concesionada con sus labores.
• Gozar de Confidencialidad en lo atinente a la información técnica y estados financieros …
• Gozar de beneficios y las garantías consignadas en esta ley.
La sentencia de la CSJ manda, entre otras cosas, a que se comunique la Sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
Según el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro de Promoción de Desarrollo Comunitario (Ceprodec), 538 proyectos mineros están aprobados en Honduras, de los cuales 308 son de minería no métalica, 170 de minería metálica, 56 canteras y 4 de piedras preciosas. La mayoría del territorio concesionado está en Cortés, Santa Bárbara, Olancho y Francisco Morazán. Del total, 267 proyectos ya están en explotación.
Las exportaciones mineras en Honduras alcanzaron los 11,3 millones de dólares en enero de 2017, un 34,5 % más que en el mismo mes de 2016, impulsadas por las ventas de oro según Banco Central del país centroamericano (BCH). Sin embargo esto no se ha traducido en desarrollo para Honduras, sino en mayor conflictividad. Actualmente se conoce al país como uno de los más peligrosos para defender los recursos naturales.
En un estudio sobre industria extractiva realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), establece que “la aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.
Y a lo anterior se suma… que no solo se ha fortalecido a las Fuerzas Armadas y se ha mantenido la dinámica corrupta y criminal de la Policía Nacional, sino que se ha creado la Policía Militar del Orden Público con una línea de mando que reside en el Presidente de la República. Se trata así de un modelo económico extractivista sustentado en una triple alianza: las multinacionales con sus socios menores, las élites empresariales locales, y con un gobierno con un fuerte rasgo autoritarista y militar”.
