Violencia y Juventud
Extorsión crece bajo un estado de excepción que cubre al 91 % de la población
El estado de excepción en Honduras se ha extendido sin tregua desde diciembre de 2022. Hoy, el 91 % de la población vive con derechos fundamentales suspendidos, mientras la extorsión y la violencia siguen marcando la vida en barrios de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y el Distrito Central.
Comunidad universitaria exige respuesta ante inseguridad y ola de asaltos en los alrededores del campus de Tegucigalpa
Estudiantes y personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa denuncian una creciente ola de asaltos en los alrededores de Ciudad Universitaria. Aunque las autoridades policiales han prometido operativos y medidas preventivas, persiste una sensación de abandono e inseguridad, especialmente para mujeres, personas con discapacidad y quienes dependen del transporte público. Mientras tanto, la universidad destina más de 260 millones de lempiras a seguridad privada, sin que esto represente una solución real a la violencia que enfrentan fuera —e incluso dentro— de sus instalaciones.
Organizaciones expresan preocupación ante anuncio de la Policía Nacional sobre vigilancia y judicialización de manifestantes
La Policía Nacional de Honduras (PNH) anunció que tomará medidas legales contra quienes bloqueen carreteras y otras vías públicas, utilizando registros fotográficos y audiovisuales para su identificación. Estas acciones se enmarcan en la advertencia del gobierno de neutralizar manifestaciones que afecten la circulación y el orden público. A pesar de estas amenazas, los manifestantes bloquearon las carreteras en Comayagua y El Paraíso, en demanda de la reparación de las vías. El anuncio de la PNH ha generado críticas, y algunos sectores lo consideran una forma de intimidación y represión estatal.
Gobierno prolonga el estado de excepción, pese a su impacto limitado en la violencia estructural
El pasado domingo 23 de marzo, el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, argumentando que la medida ha permitido la reducción de homicidios, facilitado la captura de criminales y la incautación de drogas. Sin embargo, organizaciones señalan la falta de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, y cuestionan la legalidad de esta medida, ya que no fue ratificada por el Congreso Nacional, como establece la Constitución.
¿Qué construiremos en Honduras gracias a la resiliencia de su ciudadanía?
Sí, hay un cambio de rumbo en la política hondureña, y también resistencia por parte de los políticos que aspiran a continuar en el poder; éstos se resisten a cambiar sus hábitos de hacer política clientelista, mientras el cambio de rumbo lo han dado los miles de hondureñas y hondureños que han dejado atrás la idea de que el partido político se lleva en la sangre o que el voto tiene un costo, un costo que políticos corruptos están dispuestos a pagar. Pero ¿construiremos democracia o torceremos el camino hacia otro tipo de autoritarismo?
Los últimos de la democracia hondureña
En Tegucigalpa, una gran parte de la población sigue creyendo en la democracia y en un sistema electoral que le ha causado múltiples decepciones y horrores. Tras las inéditas irregularidades logísticas del 9 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó realizar la votación en dos centros que quedaron pendientes. Votantes de todos los partidos acudieron a ejercer el sufragio, acompañados por algunas quimeras inesperadas: varios precandidatos y precandidatas de estas elecciones.
Una protesta de jubilados argentinos desata la mayor represión del Gobierno de Milei
Lo que iba a ser una protesta habitual de jubilados frente al Congreso de Argentina, apoyada por hinchas de fútbol, sindicatos y movimientos sociales, terminó este miércoles en la mayor represión policial desde que Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023.
Fentanilo y redes criminales: el nuevo rostro del narcotráfico, según Crisis Group
A pesar de décadas de estrategias represivas, el tráfico de drogas en América Latina ha evolucionado, fragmentándose en redes criminales cada vez más diversificadas, mientras que las operaciones militares y policiales han reconfigurado las rutas del narcotráfico, fortalecido a grupos delictivos y aumentado la corrupción institucional, según un informe de la organización no gubernamental (ONG) International Crisis Group (ICG) difundido hoy.
Implicado en fraude del PRAF es asesor en el actual Gobierno y fue apoderado de Milton Montalván, exdiputado suplente de Carlos Zelaya
Raúl Salgado Zelaya, acusado junto a 39 personas más por desviar 96.9 millones de lempiras a través de 596 contratos adjudicados a «empresas de relleno» en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), ha sido cercano a este gobierno; es asesor en la Secretaría de la Presidencia, y antes lo fue de la Secretaría de Trabajo. En 2021, fue apoderado de Mateo Montalván, quien, junto a su hermano Wilkin Montalván, han sido investigados por el Ministerio Público por sus vínculos con el narcotráfico.
MP niega información sobre participación de Adán Fúnez en crimen contra Juan López pese a señalamientos de Infobae
Tras los señalamientos que apuntan a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio Público se niega a dar información sobre los procesos investigativos en contra del alcalde a las organizaciones que acompañan el caso. El medio internacional Infobae vincula a Fúnez con pruebas testimoniales y científicas que incluyen comunicaciones directas con al menos uno de los sicarios detenidos en 2024.
Expertos de la CIDH trabajarán con el Ministerio Público para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres
A nueve años del asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, aún falta hacer justicia, con uno de los autores intelectuales prófugo y otros cuya responsabilidad en el crimen no ha sido esclarecida ante la justicia hondureña. Mientras tanto, el Gobierno hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, según indicó a Contracorriente uno de sus miembros, trabajará de manera técnica y legal con el Ministerio Público (MP) para presentar nuevos casos relacionados con el expediente ante los tribunales hondureños.
El Infop entre protestas a medias y despidos
Sindicalistas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen una protesta desde el lunes 10 de febrero porque «no se les ha respetado» el contrato colectivo, y las negociaciones se han alargado desde hace dos años. Según Edgar Padilla, miembro del sindicato, ya agotaron todas las instancias, lo que les llevó a convocar la huelga.
Falta de acción estatal profundiza crisis en el Bajo Aguán mientras la violencia deja muertos y heridos
Dos personas socias de la cooperativa campesina Gregorio Chávez fueron asesinadas en el Bajo Aguán, al norte de Honduras, tras una serie de ataques, secuestros y emboscadas de las que han sido víctimas otras organizaciones campesinas por parte de un grupo criminal armado que, según las denuncias, responde a los intereses de la empresa agroindustrial más importante de la zona: Corporación Dinant. Mientras tanto, el gobierno ha sido criticado por su respuesta lenta ante estos hechos.
Honduras continúa en un estado de excepción que ya se convirtió en la regla
A diario la Policía Nacional presenta estadísticas sobre los resultados de la aplicación del estado de excepción, vigente desde el año 2022 en Honduras. Todos los días, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) presenta ante los medios de comunicación a personas capturadas, supuestamente la mayoría por cobro de extorsión o narcomenudeo. El promedio semanal de detención de la Dipampco es de 45 a 50 capturas, y según ese cuerpo policial, al menos la mayoría de las personas capturadas este 2025 ya tienen la medida de prisión preventiva, hacinados en un sistema penitenciario diseñado para 13,000 personas, pero ya alberga a alrededor de 20,000.
Caso contra militares por homicidio de Isy Obed Murillo reabre las heridas en una Honduras militarizada
A tres militares en condición de retiro, entre ellos el general y exjefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez, se les dictó arresto domiciliario por el homicidio simple de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala. Ambos jóvenes se manifestaban el 5 de julio de 2009 en contra del golpe de Estado dado en junio de ese mismo año en contra del gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, acontecimiento que desencadenó una crisis sin precedentes en Honduras. Ahora, en un país que sigue militarizado pese a las promesas de campaña del actual gobierno, las víctimas y sus familias claman por justicia.
