En febrero de 2025, el Congreso Nacional aprobó una ampliación de 5 años para operar una planta solar en favor de Proderssa, empresa que en sus inicios tuvo vínculos con redes criminales relacionadas con el cártel del narcotráfico «Los Cachiros». Sus actuales propietarios adquirieron acciones de Roberto David Castillo, condenado por la autoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres. Además, en 2014, el actual comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Virgilio Padilla, protocolizó documentos de la empresa cuando todavía estaba en manos de personas cercanas a estructuras criminales.
Texto: Luis Escalante
Con reportes de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
Portada: Valeria Ávila
El 5 de febrero de 2025, una mayoría de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) aprobó un decreto que contenía adendas a 18 contratos suscritos entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y generadores de energía térmica, eólica y solar. Una de las empresas beneficiadas fue Producción de Energía Solar y Demás Renovables S. A. de C. V. (Proderssa), constituida en 2013 por los oficios del notario Francisco Arturo Mejía. Esta empresa tuvo como socio fundador a Roberto Arturo Mejía Salgado hijo del notario mencionado anteriormente, pero actualmente está en manos de otros socios.
En 2018, ambos fueron acusados por el Ministerio Público (MP) de formar parte de la red de lavado de activos del cártel «Los Cachiros», liderado por los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga. Aunque padre e hijo fueron hallados culpables y condenados a prisión por un tribunal de sentencia, ambos fueron absueltos en 2021 gracias a una reforma aprobada ese año por el Congreso Nacional (CN) a la figura de lavado de activos contemplada en el Código Penal. La reforma eliminó la obligatoriedad de que una persona procesada penalmente por este delito tuviera que justificar el origen de sus bienes, lo cual abrió la puerta para que personas imputadas fueran absueltas.
Francisco Arturo Mejía y Roberto Arturo Mejía también habían sido acusados por el caso Patuca III, por formar parte de una estructura empresarial que vendió equipo sobrevalorado a la ENEE a través de la empresa Inversiones Acrópolis S. A. de C. V., sociedad mercantil que, según el MP, también estaba conectada al cártel «Los Cachiros». Francisco tuvo participación societaria en la empresa que fue acusada de defraudación al Estado hondureño a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE.
De acuerdo con las desaparecidas Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), a través de esta estructura, la ENEE invitó a un grupo de empresas vinculadas a participar en un proceso simulado de licitación para proveer de equipamiento a la Unidad de Viviendas del Campamento Base del proyecto hidroeléctrico Patuca III, localizado en Olancho.
Francisco Arturo Mejía también fue el notario que constituyó la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga S. A. de C. V. (Inrimar), que, de acuerdo con investigaciones de la MACCIH y la UFECIC, entre 2010 y 2012 se benefició irregularmente de 28 contratos con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Los hermanos Rivera Maradiaga actualmente están presos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, mientras que Inrimar continúa designada como una empresa destinada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, e incluida en la Lista de Personas y Entidades Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Proderssa también tuvo entre sus socios a Roberto David Castillo Mejía, quien el 21 de junio de 2022 fue sentenciado a 22 años de prisión por el crimen de Berta Cáceres, dirigente ambientalista asesinada el 2 de marzo de 2016 tras haberse opuesto al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), en la que Castillo Mejía fungía como gerente general.
Castillo Mejía fue socio de Proderssa entre 2014 y 2018. Ese año, sus acciones sobre la empresa y las de Potencia y Energía de Mesoamérica S. A. (PEMSA) —representada por él— fueron traspasadas a Scatec Solar ASA a través de un contrato de fideicomiso de cesión de bienes muebles y al KLP Norfund Investments AS mediante un contrato de fideicomiso de garantía sobre acciones.
El traspaso de estas acciones lo efectuó después de ser procesado judicialmente por el MP tras ser considerado responsable de participar en la planificación del asesinato de Cáceres. Sin embargo, mientras duró su juicio, Castillo Mejía continuó siendo representado en Proderssa por el mexicano Guillermo MacBeath.
MacBeath es actualmente director de Agronegocios y Comercialización en el Gobierno de Tamaulipas, México, cuyo gobernador es Américo Villarreal, miembro del oficialista partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En Honduras, MacBeath ha sido vicepresidente de la empresa Bonacco Electric Company S.A. de C.V. (BELCO), encargada del suministro de energía eléctrica en Guanaja, Islas de la Bahía, y presidente del Consejo de Administración de PEMSA, tras el proceso judicial contra Roberto David Castillo.
La vinculación de Proderssa con Francisco Mejía, Roberto Mejía y Roberto Castillo también provocó que el 5 de marzo de 2018, el MP asegurara la empresa Proderssa en medio de un operativo contra parte de la red de lavado de activos de la organización criminal «Los Cachiros». Sin embargo, los activos de la empresa fueron devueltos posteriormente y ha continuado operando su contrato con la ENEE en posesión de otros socios, mientras que el actual Gobierno ha determinado otorgar una adenda al mismo.
La empresa Proderssa tiene una licencia ambiental que, desde el 27 de febrero de 2015, la autorizó para operar una planta de energía solar con policristalino en Nacaome, Valle, con una capacidad instalada de 49.90 MW y una producción anual de 80,975 MWh, y además está inscrita en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico desde el 26 de noviembre de 2015.
El contrato entre la ENEE y Proderssa fue suscrito el 16 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo de ese año. Sin embargo, cuando la ENEE anunció las adendas, se conoció que dicho contrato sería uno de los revisados. La adenda contempló una modificación en el período de operación de la empresa, que inicialmente había sido autorizada para operar por 20 años, pero con la adenda se le dieron 5 años más y redujeron en 45 dólares por MWh el precio base de energía al que la ENEE compra.
También se modificaron tres cláusulas relacionadas con la obligación de la ENEE de comprar la energía producida por Proderssa. En el contrato original, el Estado estaba obligado a adquirirla, pero ahora se establece que «podrá comprarle». Además, se introdujo un cambio en la fórmula utilizada para el pago por el suministro de energía y potencia.
En la votación sobre las adendas, 55 diputados y diputadas votaron a favor: 50 del Partido Libre, 2 del Partido Salvador de Honduras (PSH), 2 del Partido Liberal y 1 independiente. En contra votaron 17 diputados, de los cuales 15 eran del Partido Liberal y 2 del Partido Nacional. Además, hubo 19 abstenciones, correspondientes a 16 diputados del Partido Nacional y 3 del PSH.
Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y quien renunció a la Comisión de Energía del CN tras denunciar actos irregulares en la aprobación de las adendas, aseguró que al revisar la adenda con Proderssa no hallaron ningún problema técnico, pero también admitió que tampoco hubo desde la comisión de dictamen un análisis exhaustivo de las empresas que estaban detrás de los contratos.
«En la comisión llegamos a un compromiso de que ningún diputado se iba a reunir con ninguna empresa fuera de la comisión. También aprobamos que la comisión iba a decidir de forma unánime si recibíamos o no a las empresas, y en todo el tiempo que yo estuve en la comisión no nos sentamos con ninguna empresa», manifestó a Contracorriente la diputada Ramos, quien aseguró desconocer que la empresa Proderssa había estado asociada a la red de lavado de activos de «Los Cachiros» y a uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Energía del CN, el diputado oficialista Hugo Noé Pino, expresó que no era responsabilidad del órgano legislativo estudiar los antecedentes de las empresas que habían suscrito los contratos con la ENEE.
«El Congreso Nacional en el caso de los contratos que presenta el Ejecutivo tiene únicamente la opción de aprobarlos o no aprobarlos. En este caso, la Comisión de Energía hizo un amplio análisis de las diferentes adendas, el cual fue reflejado en el dictamen respectivo», indicó Pino a este medio.
La mayoría de los contratos que recibieron adendas fueron aprobados por el CN entre 2010 y 2022, períodos en los cuales el Partido Nacional controló el Legislativo con mayoría de diputados y diputadas. Hugo Noé Pino asegura que, debido a que el Poder Ejecutivo identificó irregularidades en la estructuración y posterior aprobación de los contratos, era necesario efectuar las adendas.
«Esa fue la razón por la cual se propuso la renegociación de los contratos. La prueba más evidente de ello es la sobrevaloración de precios en varios contratos», dijo.
No obstante, la aprobación de las 18 adendas también generó descontento al interior de la Comisión de Energía, pues el 5 de febrero de 2025, cuando el dictamen fue sometido a votación, el presidente del órgano legislativo, Luis Redondo, decidió aprobar las adendas en conjunto y no individualmente, denunció Ligia Ramos.
«Cuando pasó al tercer debate, el presidente Luis Redondo irrespetó totalmente el dictamen y el compromiso que habíamos hecho dentro de la comisión e introdujo las 18 adendas. Yo no estuve en esa votación, y sé que el doctor Hugo Noé también se retiró de esa votación porque no estaba de acuerdo con cómo se había manejado», aseguró la diputada Ramos.
El diputado Pino, en descargo, expresó que aunque la Comisión de Energía hizo la recomendación de que cada adenda debía ser aprobada individualmente, el presidente del Congreso también podía determinar la forma en que se discutirían y aprobarían. Asimismo, señaló que algunas personas que integraban la comisión de dictamen no votaron o se ausentaron de la votación.
«La Comisión de Energía aprobó un dictamen favorable para la aprobación de las 18 agendas, pero también recomendó que se discutieran una por una. Todo dictamen que se presenta a la Cámara tiene una parte final que señala “salvo mejor e ilustrado criterio de esta augusta Cámara Legislativa”. El presidente del Congreso tiene la potestad de determinar la forma de cómo se discuten los dictámenes. Algunos miembros de la comisión votaron por su aprobación tal y como lo planteó el presidente, pero otros no estaban presentes», manifestó.
Las adendas a estos contratos fueron parte de la Ley Especial de Energía. Según el Gobierno, su aprobación generará en los cinco años siguientes a su aprobación un ahorro anual de 1,800 millones de lempiras, y de 400 millones de lempiras en reducción de pagos de intereses al pasar del 14 % al 6 %, y un ahorro de 30,000 millones de lempiras en la vigencia de los 18 contratos.
A pesar de lo anterior, en el informe de auditoría ¿Renegociación o espejismo?, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en julio de 2024, se informó que el costo nivelado de energía de los proyectos solares fotovoltaicos, como el operado por Proderssa, disminuyó de 0.445 dólares/kWh en 2010 a 0.049 dólares/kWh en 2022, por lo que ahora resulta menos costoso generar energía con plantas solares.
En su informe, la ASJ sugirió que habría resultado más económico lanzar nuevas licitaciones en el caso de los contratos de energía solar, y que el ahorro habría sido de más de 88 millones de dólares, en lugar de ampliar en cinco años el plazo de operación de Proderssa y otras siete empresas que operan proyectos de energía solar fotovoltaica.
Personas afines al Gobierno relacionadas con Proderssa
En la historia de Proderssa han figurado personas afines a la administración de Xiomara Castro. El actual comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Virgilio Padilla, nombrado en el cargo por la presidenta Castro en agosto de 2022, protocolizó una escritura pública de la empresa en 2014, en la que Roberto Arturo Mejía Salgado y José Miguel Mendoza Rubio, socios fundadores, vendieron parte de sus acciones a Lisandro Flores Alfaro.
Contracorriente contactó a Padilla para conocer si, en ese momento, sabía quiénes eran los socios de Proderssa y quién lo contactó para efectuar esa protocolización notarial. Sin embargo, el funcionario no respondió a nuestra solicitud de entrevista.
Además, desde enero de 2019, Ivis Eduardo Alvarado García, asumió funciones como ejecutor especial de acuerdos dentro de Proderssa. Alvarado García es hijo de Ivis Alvarado, director de Comunicación de Casa Presidencial.
La práctica de que hijos de funcionarios del Gobierno sean apoderados legales de empresas que suscriben millonarios contratos con el Estado parece ser una constante. El 13 de junio de 2025 revelamos que la empresa china Sinohydro —que también estuvo asociada con Desarrollos Energéticos S.A. y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— tiene como apoderado legal a Jorge Arturo Reina, hijo de Jorge Arturo Reina García, director de la Dirección General de Transparencia y Prevención de la Corrupción, y sobrino de Eduardo Enrique Reina García, excanciller y actual candidato a designado presidencial en la fórmula de Rixi Moncada.
El auge de la explotación del subsector eléctrico inició con la aprobación, en 2007, de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, enviada al CN por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Manuel Zelaya Rosales. Esta normativa permitió la proliferación no solo de proyectos hidroeléctricos en Honduras, sino también de generación eléctrica mediante fuentes térmicas, eólicas y solares.
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Entre las adendas aprobadas por el Congreso Nacional también figuró el contrato suscrito en 2008 entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (CECHSA). Este contrato derivó de la declaratoria de emergencia energética emitida por el gobierno de turno y contemplaba la operación de una planta denominada «Brassavola», que generaría 150 MWh de energía a base de carbón. Sin embargo, la adenda modificó la fuente de generación, estableciendo que sería a base de diésel y con una capacidad de generación aumentada a 240 MWh.
Diputados de la oposición, incluida Ligia Ramos, solicitaron la firma de un nuevo contrato entre la ENEE y CECHSA, ya que un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) determinó incumplimiento de cláusulas por parte de la empresa.
Historia de Proderssa
Proderssa fue constituida el 28 de abril de 2013 bajo los oficios del notario Francisco Arturo Mejía, y tuvo a su hijo, Roberto Arturo Mejía Salgado, y a José Miguel Mendoza Rubio como socios fundadores. El 13 de febrero de 2014, un mes después de la aprobación en el Congreso Nacional (CN) del contrato entre la empresa y la ENEE, Mejía Salgado y Mendoza Rubio vendieron sus acciones a Lisandro Flores Alfaro, quien pasó a convertirse en el principal accionista.
El 10 de septiembre de 2014, el capital social se incrementó de 5 millones a 201.3 millones de lempiras. En esa misma fecha se incorporaron como accionistas Roberto David Castillo Mejía y la empresa representada por el propio Castillo Mejía. El 25 de febrero de 2015, Proderssa volvió a aumentar su capital social, esta vez a 401.7 millones de lempiras, e ingresaron como accionistas, en calidad de fideicomitentes, las compañías KLP Norfund Investments AS y Scatec Solar ASA.
Tras el arresto de Roberto David Castillo Mejía por el asesinato de Berta Cáceres, las acciones de Castillo Mejía y PEMSA fueron transferidas al fondo KLP Norfund Investments AS a través de un contrato de fideicomiso de garantía sobre acciones, gestionado por el Banco Lafise S.A. Previo a ello, Castillo Mejía fue representado ante la asamblea de accionistas de Proderssa por el mexicano Guillermo MacBeath.
Actualmente, los socios de Proderssa son el Banco Lafise —como fiduciario bajo un contrato de fideicomiso de garantía sobre acciones—, KLP Norfund Investments AS, el Norwegian Investment Fund for Developing Countries y Scatec ASA, quienes poseen el 100 % del capital accionario.
Según reveló el medio Criterio.hn en una investigación publicada en 2020, KLP Norfund Investments AS también figuró como financista del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, que se intentó construir entre Reitoca y Lepaterique, en el departamento de Francisco Morazán, entre 2016 y 2018, y que tuvo a la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S. A. de C. V. (Progelsa) a cargo.
En una investigación publicada el pasado 29 de junio, revelamos que, pese a que Progelsa abandonó el proyecto, a partir de 2024 una de sus marcas de servicio, registrada como Hydroalia, se está presentando ante la comunidad como una nueva empresa y busca conseguir voluntades para retomar la obra.
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En 2023, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció que la empresa Proderssa demandó al Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una suma de 11,000 millones de dólares, basando su reclamo en la Ley de Energía como bien público. La coincidencia entre esta demanda y las adendas de los contratos entre la ENEE y las empresas generadoras también fue subrayada en el informe Inversiones mafiosas contra Honduras, publicado en septiembre de 2024 por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés), el Instituto Transnacional (TNI), TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
La demanda continúa pendiente de resolución, según el sitio web del CIADI. Sin embargo, en 2024 el Estado hondureño se retiró del CIADI, tras haber iniciado en 2023 un proceso de desconocimiento de su jurisdicción.
Por otra parte, desde Copinh aseguraron a Contracorriente no estar al tanto de la adenda aprobada por el CN a Proderssa.
