Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advierte que Honduras pierde más de 77,000 millones de lempiras anuales por corrupción, una cifra que refleja el desvío sistemático de fondos públicos y la falta de controles efectivos. En una entrevista en el Contracorriente Fest denunció la impunidad en más del 70 % de los casos investigados, la manipulación de recursos estatales por parte de diputados, y analizó la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la necesidad de reformas estructurales para fortalecer la democracia.
Texto: Abigail Gonzales
Entrevista por Jennifer Ávila
Fotografía: Fernando Destephen
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), advierte que Honduras pierde cada año más de 77 mil millones de lempiras debido a la corrupción —un monto equivalente a más de 3 mil millones de dólares—, lo que representa un obstáculo directo para el desarrollo del país.
Asimismo, precisó que esta cifra se deriva de un estudio conjunto entre el CNA y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), que estima un aumento del costo de la corrupción de 63 mil millones a 77 mil millones de lempiras anuales tras la pandemia por COVID-19.
Castellanos, explicó que esta cantidad permitiría financiar una red hospitalaria de primer nivel, incluso superior a la de Costa Rica, así como mejorar la infraestructura vial y fortalecer el sistema educativo del país. «Con esta cifra que se pierde todos los años podríamos tener escuelas totalmente dotadas y hospitales de primer nivel», afirmó, en un contexto en el que el tema de la corrupción volvió a la palestra pública tras el escándalo por las subvenciones para ayudas sociales, manejadas de manera opaca y corrupta por diputados del Congreso Nacional y secretarías del gobierno de Xiomara Castro.
Patrones de corrupción en el Congreso Nacional
La directora del CNA se refirió al Congreso Nacional (CN), y afirmó que se ha identificado un patrón sostenido de corrupción en el que los fondos públicos destinados a proyectos sociales terminan utilizados para actividades proselitistas o intereses particulares. Señaló que, de acuerdo con el CNA, varios diputados canalizan estos recursos a través de organizaciones no gubernamentales creadas para ese propósito, permitiendo la distribución irregular de los fondos. «El patrón es que el diputado o la diputada identifica una organización no gubernamental diseñada para captar esos recursos y entonces cierto porcentaje de esa fuente de dinero se queda la organización no gubernamental, que se lo reparte con el diputado o con la diputada que entrega este fondo. De esa manera lo hemos visto en el denominado fondo departamental, ahora subsidios y así van denominando o cambiando de nombre a este fondo, pero que la verdad siempre es lo mismo» enfatizó.
Castellanos, indicó que, según registros del CNA, la mayoría de los proyectos reportados por diputados en sus comunidades no presentan evidencia de ejecución. Señaló que persiste una limitación en el acceso a la información pública relacionada con estos fondos, pese a la existencia de un reglamento que establece la obligación de entregar liquidaciones detalladas, acompañadas de facturas y documentación de respaldo.
«La mayoría de diputados no liquidan, por otro lado, hay proyectos que no hay manera cómo medirlos, por ejemplo, la fumigación, mencionan que se fumigan en colonias, barrios, caseríos y eso no hay manera de saber si realmente sucedió» expresó.
Añadió que incluso en capacitaciones financiadas con fondos públicos han detectado la duplicación de participantes, registrando el mismo nombre con diferentes números de identidad.
Te recomendamos leer: Fiestas, juguetes, techos y pilas: así se invierten las subvenciones del Congreso para asegurar votos en el occidente de Honduras
Investigaciones estancadas y sistema judicial débil
Según Castellanos, el CNA, desde 2014 han presentado 177 líneas de investigación sobre casos de corrupción. Entre ellas mencionó siete casos de los catorce presentados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), así como el expediente de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la tasa de seguridad, los hospitales móviles, la red de diputados y la red de periodistas. Sin embargo, advirtió que el 77 % de esas investigaciones permanecen en la impunidad, reflejando la debilidad del sistema judicial hondureño.
Asimismo, manifestó que el proceso de investigar y denunciar casos de corrupción ha implicado diversos desafíos desde sus inicios, incluyendo obstáculos institucionales. Indicó que el CNA desarrolló protocolos y reglamentos propios para abordar delitos de carácter complejo, debido a la ausencia de organizaciones de sociedad civil en Honduras, Centroamérica y Latinoamérica que realicen funciones similares. Añadió que, a pesar de esas limitaciones, la institución ha presentado casos ante el Ministerio Público (MP) y otras instancias competentes.
CNA opera sin financiamiento del Congreso Nacional
Sobre el financiamiento del CNA, Castellanos informó que la organización dejó de recibir presupuesto gubernamental hace dos años, tras una serie de recortes progresivos. Detalló que inicialmente el CN había aprobado una asignación de 22 millones de lempiras anuales, la cual fue reducida posteriormente a 20 millones, luego a 18 millones y, finalmente, a 465,000 lempiras, hasta eliminarse en su totalidad. «Actualmente no recibimos nada del gobierno. Era una manera de ahogar financieramente al CNA», afirmó.
Castellanos explicó que en la actualidad el CNA opera con recursos provenientes de donaciones realizadas por socios estratégicos nacionales e internacionales. Señaló que uno de los principales financiadores fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aunque actualmente ya no se encuentra presente en Honduras ni en otras regiones. Indicó que, pese a las limitaciones presupuestarias, la organización ha continuado su labor con el respaldo de donantes internacionales que han expresado interés en apoyar sus iniciativas.
Al ser consultada sobre los señalamientos personales y hacia la organización, Castellanos expresó que estas acciones forman parte de las reacciones de los actores involucrados. «El corrupto o toda una administración atacan la credibilidad de la organización o de la persona para contrarrestar la denuncia», afirmó. Añadió que desde el inicio identificaron este comportamiento como un patrón recurrente, por lo que optaron por enfocar su respuesta en el fortalecimiento técnico, desarrollando expedientes documentados y realizando capacitaciones especializadas para garantizar la calidad del trabajo institucional.
Crisis en el Consejo Nacional Electoral
En relación con la actual crisis política y la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Castellanos, señaló que una de las principales dificultades ha sido la actuación del consejero Marlon Ochoa. «La respuesta más fácil es que se hiciera a un lado el consejero Ochoa porque no deja trabajar y no deja avanzar el cronograma, pero dudo que eso vaya a suceder», afirmó. Agregó que la ley contempla mecanismos para resolver bloqueos internos, como la posibilidad de sesionar con dos de los tres consejeros. Sin embargo, insistió en que la solución real pasa por la voluntad política para solventar los conflictos y garantizar la realización de un proceso electoral normal y transparente.
«Lo que necesitamos es la voluntad, y creo que el papel importante lo tienen los partidos políticos que en este momento medianamente de manera mediocre hacen oposición y creo que es de levantar la voz, creo que es de apoyar a las dos consejeras que están al frente del Consejo Nacional Electoral y que se aplique la ley y que deje un poco ya esta situación penosa que hemos presenciado cada uno de los hondureños día a día» expresó.
Abordó también la necesidad de reformar la estructura del CNE para garantizar su independencia de los partidos políticos, señalando que en otros países desarrollados son personas ajenas a partidos quienes ocupan esos cargos. «Se requiere una reforma no solo a la ley del CNE, sino a la ley electoral», apuntó, subrayando que, aunque este tema se ha discutido en varias ocasiones, ningún partido que llega al poder ha mostrado voluntad para hacer cambios reales.
Te recomendamos leer: Funcionarios de confianza de Libre estarían detrás del caos electoral en las primarias
Participación ciudadana y defensa institucional
Sobre la expectativa de la ciudadanía respecto a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), Castellanos indicó que, incluso con un mecanismo internacional, el trabajo del CNA no debería desaparecer. «Un órgano de veeduría como el nuestro no debería desaparecer. Hoy no solo señalamos, también aportamos con evidencia técnica», explicó. Asimismo, señaló que la corrupción no solo es un problema en sí mismo, sino que está vinculada con la impunidad, lo que hace necesario fortalecer a las organizaciones de auditoría social.
Reconoció que existe la posibilidad de que el CN decida eliminar el CNA, ya que fue creado por ley, pero advirtió que su existencia responde a una demanda ciudadana por conocer lo que ocurre en materia de corrupción. «Es un hecho que podría desaparecer, pero creo que Honduras debería levantar la voz si eso llegara a pasar», comentó. Además, señaló que la defensa de este tipo de instituciones es tarea de toda la ciudadanía, al ser espacios creados desde la sociedad civil para velar por el uso correcto de los recursos públicos.
Durante la entrevista, se abordaron los desafíos que enfrentan las personas para participar en la auditoría social. Castellanos reconoció que existe temor en la ciudadanía al momento de presentar denuncias, pero destacó la importancia del involucramiento activo. «No basta con votar. Necesitamos ciudadanos protagonistas en el desarrollo del país, la transparencia y la rendición de cuentas», afirmó.
Finalmente, señaló que la Constitución establece no solo el derecho, sino también el deber de denunciar posibles actos de corrupción como parte del ejercicio democrático.
Vea la entrevista completa aquí:
