Estudiantes y personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa denuncian una creciente ola de asaltos en los alrededores de Ciudad Universitaria. Aunque las autoridades policiales han prometido operativos y medidas preventivas, persiste una sensación de abandono e inseguridad, especialmente para mujeres, personas con discapacidad y quienes dependen del transporte público. Mientras tanto, la universidad destina más de 19 millones de lempiras mensuales a seguridad privada, sin que esto represente una solución real a la violencia que enfrentan fuera —e incluso dentro— de sus instalaciones.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
«Se acercaron tres hombres quienes se conducían en dos motocicletas, a mi hermano lo empujaron y le sacaron un arma, entonces él entregó la billetera y el celular. Luego me empujaron a mí también, y tuve que entregar mi celular», cuenta Esly Erazo, de 18 años, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa.
Esly sufrió el asalto afuera del campus universitario hace aproximadamente ocho meses. El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando salía de clases y se dirigía hacia el restaurante Bigos, punto cercano a la universidad, donde su familia la recogería. «Yo curso clases mayormente en la noche, y ese día eran como las 8:30. Se supone que es un lugar seguro donde no me pueden asaltar», agregó.
La historia de Esly se repite con frecuencia entre estudiantes y personal de la UNAH. Recientemente, el tema ha resurgido tras la viralización del video de una estudiante de Periodismo que denunció haber sido asaltada mientras regresaba a su casa. En el robo no solo perdió sus herramientas de estudio —unos micrófonos y el celular—, sino también productos de un emprendimiento con el que costea sus estudios.
Ante la situación, el rector de la UNAH, Odir Fernández, a través de su cuenta en la red social X, el 4 de junio hizo una petición pública a las autoridades de seguridad para resolver la problemática: «Por segunda ocasión y con el mayor de los respetos, en nombre de la comunidad universitaria, hacemos un atento llamado de auxilio a la Policía Nacional de Honduras (PNH) y al Secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, ya que a diario nuestros estudiantes y empleados son víctimas de asaltos en el transporte público».
En una entrevista para Contracorriente, Fernández manifestó que, desde su perspectiva, la Secretaría de Seguridad debe cumplir con el rol que la normativa le establece: brindar seguridad a la ciudadanía. «En este caso, a la comunidad universitaria, que es una de las principales afectadas por los asaltos, particularmente en el transporte público cuando se dirigen a sus clases», expresó. Aseguró que la universidad no cuenta con recursos para contratar transporte privado, y que tanto el personal docente como el administrativo también han sido víctimas de esta situación.
Fernández denunció que, a pesar de que recientemente la Policía Nacional anunció la conformación de una mesa técnica interinstitucional para abordar esta problemática, la UNAH aún no ha sido convocada a participar en dicho espacio, a pesar de que en el pasado integraron un equipo de trabajo conjunto con la Dirección de Vialidad y Transporte.
Desde diciembre de 2022, Honduras se encuentra bajo un estado de excepción que ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. El gobierno ha argumentado que es una medida para disminuir la criminalidad; sin embargo, diversas organizaciones han cuestionado tanto la legalidad de la medida —ya que no ha sido ratificada por el Congreso Nacional, como lo exige la Constitución— como su efectividad, señalando la ausencia de un enfoque integral para enfrentar el crimen organizado y la extorsión.
En respuesta a la solicitud del rector de la UNAH, la PNH emitió un comunicado en el que detalló una serie de medidas orientadas a mejorar la seguridad de la comunidad universitaria. Entre las acciones anunciadas se incluyen el aumento de patrullajes preventivos en las principales rutas de transporte público, y la ejecución de operativos de vigilancia encubierta en zonas de alta incidencia delictiva por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con unidades de inteligencia.
Aunque desde la semana pasada hay presencia policial en las afueras del campus y las autoridades esperan que se mantenga, Fernández señala que la seguridad debe ir más allá y deben reforzar la vigilancia en las rutas de transporte estudiantil, especialmente en las más riesgosas.
Esly comenta que, aunque utiliza a diario los buses del Anillo Periférico, nunca ha visto policías a bordo. «Me sorprendió escuchar que hay policías en los buses. Yo nunca los he visto», dijo. Agregó que, aunque ha habido presencia de la seguridad privada de la UNAH en el puente peatonal que conecta al campus, no están en horas de la noche, lo que resulta preocupante porque es cuando más estudiantes están expuestos.
Una vulnerabilidad agravada por el género y la discapacidad
Francisca Zúniga, estudiante de la carrera de Medicina e integrante de la organización Yo no Quiero Ser Violada, dice que la problemática de inseguridad en la UNAH viene desde años atrás y que va más allá de los asaltos, pues se han reportado casos de agresiones sexuales y acoso en los alrededores y dentro del campus
«He pasado por una gran cantidad de asaltos. Uno cerca del campus, otro fuera. Si me pongo a contarlos probablemente se me pase alguno, pero el último fue uno de los más traumáticos», relató Zúniga. El hecho ocurrió cuando se dirigía a clases desde la colonia Suyapa. «Al pasar por el Hospital Escuela se subieron unos asaltantes. Uno me tomó del cabello y otro intentó apuñalarme. Yo creí que estaba herida, entré en shock y pedí ayuda al llegar a la universidad», recordó.
Zúniga agregó que la inseguridad no solo se vive en los alrededores del campus universitario, sino que también adentro; ella misma ha acompañado a jóvenes que han denunciado violencia sexual por parte de docentes y estudiantes. «Lo más recurrente son los casos de acoso y violencia sexual, incluyendo acoso por parte de docentes a estudiantes. Acompañamos procesos legales que siguen abiertos. Algunas denunciantes todavía ven en las aulas a sus agresores», denunció.
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Zúniga advirtió que, aunque la universidad cuenta con políticas contra el acoso, su aplicación es deficiente, y agregó que también conocen denuncias de violaciones ocurridas en baños del campus. «Muchas víctimas no quieren hablarlo abiertamente, pero cuando organizamos tendederos o confesionarios, dejan mensajes escritos, mencionando a docentes y líderes estudiantiles de forma anónima», explicó.
«Ser mujer en este país ya es un riesgo, y si a eso le sumas ser universitaria, de barrio, joven y encajar en ciertos estereotipos de belleza, el peligro se multiplica. Nos cuidamos con estrategias que no deberíamos necesitar, como cargar celulares falsos o esconder nuestras pertenencias. No se trata de normalizar la violencia, sino de exigir condiciones dignas y seguras».
Por su parte, Denis López, un estudiante de Derecho que vive con una discapacidad visual, contó que lo intentaron asaltar, pero no tenía dinero. «Uno, como ciego, necesita seguridad en un bus público, no solo para evitar un asalto, sino porque a veces ni sabe dónde se va a bajar. Entonces, esos también son aspectos de seguridad que nosotros, como sector, necesitamos» expresó.
López vive en la colonia Las Crucitas y utiliza a diario el transporte público para trasladarse al campus universitario, donde asiste a clases. Para él, el derecho a la seguridad debe ser igualitario. «La seguridad no es solo para quien tiene más poder. La seguridad es un derecho constitucional que nos avala a todos los ciudadanos, por lo tanto, la Secretaría de Seguridad debe tomar cartas en el asunto».
Ante la situación de inseguridad, Denis ha tenido que optar por transporte privado en las noches. «Salgo tarde de la universidad, tipo 7:30 de la noche, y a esa hora ya no hay transporte público. No lo hago porque tenga las condiciones económicas para hacerlo, sino porque me veo obligado», explicó.
Una millonaria inversión que no ha resuelto el problema de violencia
La empresa privada Security Business Protection, encargada de la seguridad de la UNAH, ganó una licitación pública y comenzó a laborar en noviembre de 2024, con un contrato que durará hasta 2026.
Contracorriente tuvo acceso al contrato firmado entre la universidad y esta empresa, que establece un pago mensual de más de 19 millones de lempiras, sumando un total de 264 millones por un período de dos años. La promesa: garantizar la seguridad e integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes, así como proteger los bienes materiales en todos los campus universitarios del país.
Asimismo, establece la contratación de 481 guardias de seguridad, una cifra que podrá ser ajustada —aumentada o disminuida— según las necesidades de la institución, mediante un simple cruce de notas, de acuerdo con las cláusulas del contrato.
Roger Aguilar, subjefe del Departamento de Seguridad Interna de la UNAH, explicó a Contracorriente que la institución ha reforzado la seguridad para mantener un ambiente seguro dentro. «La seguridad es la columna vertebral de toda institución para que se pueda desarrollar y que puedan trabajar todos los empleados, los alumnos y autoridades en un clima de paz, de tranquilidad», expresó.
A pesar del alto presupuesto y del sistema de videovigilancia con el que, según la administración, se tiene «un 80 % del control de la parte interna», Contracorriente constató que en algunos edificios apenas hay dos cámaras y el acceso al área de monitoreo ha sido restringido.
Aguilar reconoció que hay ciertas limitaciones. «Lógicamente, hay algunos lugares que, por los árboles que también hay que proteger, presentan algunas restricciones, pero sí se mantiene esa observación permanente», dijo.
Por su parte, David Reyes, supervisor de la empresa Security Business Protection, informó que durante su labor ha detectado diversas situaciones tanto dentro como fuera del campus universitario. «Siempre se dan casos aislados, pero sí se dan», reconoció.
En relación con la cobertura del personal de seguridad, Reyes explicó que cuentan con 180 empleados distribuidos en distintas áreas. También señaló que la empresa tiene poco tiempo de trabajar con la UNAH, y que debido a los incidentes ocurridos en los últimos meses se está considerando la posibilidad de contratar a más personal.
En cuanto a la jornada laboral, Reyes indicó que existen turnos de 12 y 24 horas, y que en el puente peatonal hay dos guardias asignados en diferentes horarios. Sin embargo, el salario de los agentes —de entre 12,000 y 16,000 lempiras mensuales— evidencia una contradicción con la millonaria licitación. «Son bajos [los salarios], pero la necesidad de trabajo hace que las personas puedan ganar menos», justificó el supervisor de la empresa.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), Migdonia Ayestas, en una entrevista para Contracorriente, expresó su preocupación ante la creciente incidencia de robos y asaltos. «Sin duda el tema de los robos y hurtos, es decir, la delincuencia común, es una de las principales preocupaciones, precisamente porque eso es lo que hace que genere el miedo, en este caso, [de] los estudiantes universitarios», afirmó.
Ayestas señaló que constantemente reciben reportes de jóvenes que han sido víctimas de asaltos, incluso con armas de fuego o bajo amenazas. «Día con día escuchamos los relatos de los estudiantes donde dicen que les están asaltando, es decir, con armas o amenazándolos. Les han hurtado sus artículos personales, incluidas las cosas que los estudiantes tienen para estudiar: sus cuadernos, sus calculadoras científicas, sus teléfonos o sus mochilas», explicó.
También anunció que el ONV desarrollará una investigación en 2025 sobre percepción de inseguridad y victimización entre estudiantes de la UNAH. El estudio abordará temas como violencia sexual, percepción de riesgo y el sentimiento de temor entre la comunidad estudiantil.
Ayestas dijo que tanto la Policía Nacional como la Policía Militar deben cumplir con su mandato de proteger a la ciudadanía. «Lo ha hecho bien el rector Fernández, [al dirigirse] precisamente a los entes que corresponden, y es a la Policía Nacional, precisamente porque ellos tienen que servir y proteger, y resguardar la vida de las personas, y también a la Policía Militar, que les han asignado esa responsabilidad», puntualizó.
La alternativa del transporte privado universitario
David Ferrera, propietario del servicio de transporte privado Rutas Turísticas Unidas, (RTU), informó que las unidades operan en las rutas de las colonias Torocagua, 3 de Mayo y Residencial Centroamérica, con un horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. El costo del pasaje es de 20 lempiras y, según Ferrera, el servicio ofrece condiciones como seguridad, aire acondicionado y un ambiente ejecutivo.
Ferrera indicó que tiene más de una década de experiencia en el servicio de transporte privado universitario. Aclaró que, aunque actualmente no existe un convenio formal con la universidad, están dispuestos a dialogar con el rector y las autoridades correspondientes para establecer un acuerdo que les permita operar con mayor respaldo institucional.
Además del servicio de transporte que ofrece Ferrera, también hay taxis y otras unidades de autobuses que trasladan estudiantes hacia diferentes sectores de Tegucigalpa. Sin embargo, no todos los universitarios cuentan con la posibilidad económica de acceder a estos servicios, lo que limita sus opciones de movilidad segura.
La situación de inseguridad que afecta a toda la comunidad universitaria evidencia la necesidad de una estrategia sostenida y coordinada. Tanto representantes estudiantiles como autoridades universitarias señalan la importancia de fortalecer estas acciones para garantizar condiciones de seguridad estables en el entorno del campus.
