En una entrevista con nuestra directora editorial Jennifer Ávila, en el contexto de su participación en el Festival Centroamérica Cuenta que se realizó en Guatemala entre el 19 y 24 de mayo, la periodista mexicana Carmen Aristegui alertó sobre las graves consecuencias de las recientes políticas migratorias y fiscales de Estados Unidos, impulsadas bajo la administración de Donald Trump. Señaló que se está desarrollando una ofensiva sistemática contra los migrantes, acompañada de discursos xenófobos y decisiones que criminalizan la migración. Además, cuestionó la aprobación del impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por trabajadores extranjeros, advirtiendo que esta medida podría ser discriminatoria y violar acuerdos internacionales.
Texto: Abigail Gonzales
Durante su participación en el Festival Centroamérica Cuenta, la periodista mexicana Carmen Aristegui habló con Contracorriente y abordó las recientes políticas migratorias y fiscales implementadas por el Gobierno de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.
Aristegui destacó que estas medidas están generando un contexto desfavorable para millones de personas que residen en EE. UU. o intentan ingresar al país, señalando que se está llevando a cabo una ofensiva contra los migrantes, acompañada de un discurso de xenofobia y discriminación.
«En asuntos tan relevantes como la migración, un conjunto de decisiones políticas y públicas de Donald Trump están generando un contexto muy desfavorable para millones de personas que se encuentran en una situación bastante grave radicando en los Estados Unidos o para las que intentan ingresar. Estamos viendo una ofensiva contra los migrantes que además de generar esta inquietud masiva, también están inyectando un discurso de xenofobia y discriminación. Satanizar y estigmatizar a las personas que migran de la forma en que lo estamos viendo es brutal», expresó Aristegui.
Aristegui cuestionó también el papel del Gobierno de EE. UU, que financia campañas en medios de comunicación de países expulsores para desalentar la migración. Estas campañas, según ella, reproducen mensajes que deshumanizan.
«Miremos estas campañas como las de la Secretaría de Seguridad, que compran espacios en los medios para decir “ni se atrevan a venir”, en pocas palabras, porque son delincuentes», puntualizó.
Asimismo, denunció que las afirmaciones difundidas sobre los migrantes no solo son falsas y ofensivas, sino también desproporcionadas e injustas. A pesar del impacto de estas narrativas, advirtió que aún no existe una respuesta suficientemente sólida ni por parte de los gobiernos ni de las sociedades para contrarrestarlas. «No hay una narrativa suficientemente fuerte que se contraponga, estamos como pasmados con un discurso así», expresó.
Aristegui subrayó que el desafío no solo es narrativo, sino también informativo y económico. A su juicio, se requiere una construcción basada en datos duros que demuestren el valor real de los migrantes, particularmente en la economía estadounidense.
Por otra parte, la periodista también cuestionó la estrategia de algunos gobiernos centroamericanos, mencionando el caso del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que ha aceptado el estatus de «tercer país seguro», lo que implica recibir emigrantes retornados a cambio de recursos económicos, señalando que esto ha derivado en la detención de personas sin que exista claridad sobre los delitos que se les imputan.
«Expulsar de territorio estadounidense de la forma en que se está expulsando a los migrantes es la parte más grave. El hecho de que Bukele haya aceptado ser tercer país seguro y recibir recursos económicos para encarcelar a personas, que no queda claro si efectivamente están sentenciadas por crímenes, es gravísimo», puntualizó.
Asimismo, señaló que el ingreso a cárceles de alta seguridad obedece a una serie de factores que debilitan la noción fundamental de justicia. «En este caso estamos viendo cómo el tratamiento del tema migratorio es para criminalizar y estigmatizar a las personas, y ahí Centroamérica y México tienen un papel fundamental porque tenemos una enorme cantidad de ciudadanos de nuestros países que están sufriendo y viviendo esta circunstancia» dijo.
Asimismo, Aristegui comentó sobre una investigación periodística basada en cinco terabytes de información que documenta varios años de operaciones relacionadas con Televisa. Según Aristegui, la información muestra prácticas organizadas dentro de la televisora que incluyen la fabricación de noticias falsas y la difusión de campañas, algunas de ellas no transmitidas por televisión, pero sí promovidas digitalmente desde una oficina identificada como «El Palomar».
«Estamos hablando de la principal televisora del país, que ya es estadounidense porque la ha adquirido Univisión, ya es una empresa gigante y tiene una presencia pública», dijo.
Señaló que el material obtenido revela mecanismos mediante los cuales se generaban contenidos que posteriormente eran viralizados, y para los que se pagaban pautas de difusión. «Han fabricado noticias, se han hecho campañas negras, se ha demostrado la manera en que se fabrican informaciones que después se viralizan», afirmó.
Asimismo, relató que, en una etapa de la operación, una persona que posteriormente llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia de México habría utilizado estos mecanismos como parte de su campaña para acceder al cargo.
Mientras todo esto pasa no hay respuesta institucional, indicó Aristegui, señalando que hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte de Televisa ni del Gobierno federal. «Una televisora con estas características tendría ya que estar haciendo una investigación interna, tendría ya que estar reportando a sus accionistas qué demonios es Televisa Leaks, y de momento se ha mantenido silenciosa», dijo. Asimismo, precisó que la televisora se ha mantenido en silencio institucional, al igual que el gobierno mexicano.
Impuesto a las remesas
Aristegui también se refirió a la aprobación en el Congreso de EE. UU. de un paquete fiscal que incluye un impuesto del 3.5 % sobre las remesas enviadas por trabajadores extranjeros. Aunque inicialmente se propuso un gravamen del 5 %, la cifra fue reducida tras negociaciones. La periodista consideró que esa medida refleja las complejas dinámicas que enfrenta actualmente la región. Aunque no confirmó si esta situación se replica en Centroamérica, destacó que «por lo pronto, en México han hecho toda una explicación jurídica sobre que eso es irregular o ilegal».
Según explicó, desde el punto de vista mexicano, la medida podría contradecir lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que implicaría una posible doble tributación. Además, advirtió que este tipo de acciones podrían representar una forma de discriminación.
Aristegui aseguró que esta decisión debe analizarse en el contexto de las relaciones entre México, Centroamérica y Estados Unidos. «Estamos absolutamente conectados, estamos atravesando decisiones de la gran potencia que no tiene miramiento alguno a la afectación que causa a millones de personas», subrayó.
Asimismo, reiteró la importancia de abordar con seriedad estos temas en la región. «Para hablar de nuestros países, yo diría que el tema migratorio es fundamental», enfatizó.
Impacto directo en Honduras
Honduras será uno de los países más afectados por estas políticas. Las remesas enviadas por los más de un millón de hondureños en el exterior representan aproximadamente el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo convierte en uno de los países más dependientes de estas transferencias en América Latina.
En 2024, Honduras recibió alrededor de 9,743 millones de dólares en remesas, un aumento del 6.2 % respecto al año anterior. Estas transferencias son vitales para la subsistencia de muchas familias hondureñas, ya que más del 80 % de los hogares que reciben remesas las destinan a gastos esenciales como alimentación, salud y educación.
El canciller de Honduras, Enrique Reina advirtió que el impuesto a las remesas tendrá un fuerte impacto en la economía hondureña, y obligará a buscar medidas de apoyo para los migrantes.
La reforma fiscal fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU. y establece un impuesto especial sobre las remesas enviadas a varios países, incluido Honduras.
De acuerdo con Reina, esta decisión se enmarca dentro de un enfoque más estricto de la política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense, que también incluye medidas como la reducción del gobierno.
El funcionario explicó que el gobierno hondureño ha mantenido comunicación con varios países aliados por medio de representaciones diplomáticas en Washington, con el fin de abordar esta problemática.
Además, indicó que sostuvo una conversación con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, donde se analizaron las posibles medidas internas que se puedan implementar a nivel nacional para mitigar los efectos de esta reforma.
«Estamos evaluando cómo generar incentivos que ayuden a minimizar el impacto, para evitar que la cantidad de dinero que los hondureños envían a sus familias se vea reducido», dijo Reina.
Aunque reconoció que las remesas son canalizadas a través de sistemas regulados por EE. UU., subrayó que es necesario trabajar también en la disminución de los altos costos de envío, los cuales están influidos por las comisiones bancarias en el país.
Al respecto, mencionó que el gobierno está impulsando una propuesta que permitiría a los hondureños traer ciertos bienes, como enseres domésticos y vehículos, sin pagar tributos adicionales.
«Lo que debemos hacer ahora es reducir los costos de transmisión y fomentar la apertura de cuentas bancarias para apoyar a nuestros compatriotas y sus familias», concluyó el canciller Reina.
