Raúl Salgado Zelaya, acusado junto a 39 personas más por desviar 96.9 millones de lempiras a través de 596 contratos adjudicados a «empresas de relleno» en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), ha sido cercano a este gobierno; es asesor en la Secretaría de la Presidencia, y antes lo fue de la Secretaría de Trabajo. En 2021, fue apoderado de Mateo Montalván, quien, junto a su hermano Wilkin Montalván, han sido investigados por el Ministerio Público por sus vínculos con el narcotráfico.
Texto: Fernando Silva
Portada: Persy Cabrera
El 19 de febrero de 2025 el Ministerio Público acusó a Raul Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil del Programa de Asignación Familiar (PRAF), y a 39 personas más, por ser parte de una estructura que presuntamente desvió más de 96.9 millones de lempiras en esa institución entre 2010 y 2014, durante el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo.
Los antecedentes de Salgado Zelaya en esa administración no le impidieron ocupar cargos privilegiados en al menos dos Secretarías de Estado en el gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según documentos públicos, desde marzo de 2022 fue asesor legal en la Secretaría de Trabajo, entonces dirigida por Sarahí Cerna. Luego, en julio de 2024, cuando Cerna asumió la Secretaría de la Presidencia, Salgado Zelaya la acompañó también como asesor legal de ese despacho.
Entre las actividades que realizó en el ejercicio de sus funciones, en diciembre de 2024, como integrante del Consejo Económico y Social (CES) de Honduras, viajó a España junto a una delegación para firmar un Acuerdo de Colaboración con el CES español, y en 2022 la Secretaría de Trabajo le pagó boletos de avión y viáticos para representar por más de dos semanas a dicha institución en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
Sin embargo, los vínculos de Salgado Zelaya con la estructura partidaria del gobierno no son nuevos. En mayo de 2021, fue apoderado legal ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Milton Mateo Montalván, entonces diputado suplente de Carlos Zelaya y precandidato a diputado por el Partido Libre, en un caso en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que pidió la nulidad de 9 actas de mesas electorales de las elecciones primarias de ese año. Finalmente el TJE falló a su favor y logró participar en las elecciones generales, pero perdió en las urnas.
En ese entonces, para las elecciones primarias, competía por un puesto entre los siete disponibles en el departamento de Olancho con Jorge Antonio Yánez, quien en noviembre de 2022 fue nombrado embajador del Gobierno hondureño en Nicaragua, y actualmente sigue en el puesto.
Milton también es hermano de Wilkin Montalván, quien fue asesinado en septiembre de 2021 por sicarios disfrazados de médicos mientras estaba hospitalizado en un centro asistencial privado de Tegucigalpa, según los reportes. Wilkin fue mencionado por Tony Hernández, en un interrogatorio tras su captura en 2018, como una de las personas en Honduras involucrada en el narcotráfico.
Luego, en junio de 2022, el Ministerio Público anunció la «Operación Eslabón», mediante la cual aseguró 79 bienes pertenecientes a la estructura del extinto Wilkin Montalván, vinculada a Juan Ramón Matta Waldurraga y Juan Antonio Hernández Alvarado. Entre los investigados también se mencionó a Milton Mateo Montalván, quien en noviembre de 2024 anunció en sus redes sociales su intención de postularse como precandidato a diputado por el departamento de Olancho en el Partido Liberal, dentro de la corriente «Juntos por el Cambio», liderada por Jorge Cálix. Sin embargo, finalmente no apareció en las planillas del movimiento.
Caso de corrupción en el PRAF
El 19 de febrero de 2025, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal contra una estructura vinculada al desvío de más de 96.9 millones de lempiras en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014. Según la acusación, los fondos habrían sido desviados mediante 596 contratos de los programas Bono Juvenil y DiMujer, destinados a capacitar a jóvenes y mujeres en situación de extrema pobreza.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados adjudicaron contratos a empresas sin capacidad técnica, utilizando «empresas de relleno» para fragmentar licitaciones y eludir los controles. Además, habrían falsificado informes para justificar capacitaciones que, en muchos casos, no se llevaron a cabo o fueron deficientes.
Entre los 40 encausados se encuentran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF; Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer; y Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil, quienes enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El PRAF fue creado en 1990 con el objetivo de reducir la pobreza extrema mediante la entrega de transferencias económicas directas a familias vulnerables, asegurando su acceso a salud, educación y alimentación. A partir de allí nacieron proyectos como el Bono Juvenil y el DiMujer.
Estos programas funcionaban a través de subsidios, becas y capacitaciones técnicas, otorgados mediante contratos con organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas privadas encargadas de la formación de los beneficiarios; sin embargo, gran parte de los fondos destinados a estos programas fueron desviados mediante un esquema de corrupción.
En una entrevista para Contracorriente, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que diversas empresas y ONG se beneficiaron de fondos destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en el interior del país. Además, informó que el dinero habría sido desviado hacia cuentas particulares o utilizado para pagar servicios que no se brindaron.
Asimismo, Mora explicó que el requerimiento fiscal podría ampliarse conforme avance el juicio, ya que las declaraciones y testimonios pueden revelar nuevos implicados. «Puede haber ampliación del requerimiento fiscal una vez que comience el juicio y que ya las personas comiencen a dar sus testimonios, y de repente ahí surjan nuevos nombres o personas implicadas», afirmó.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de letras de lo penal, confirmó en una entrevista para Contracorriente que 28 de los 40 imputados se han presentado voluntariamente ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. Además, informó que la audiencia inicial está programada para el miércoles 5 de marzo a las 11:00 a.m.
A los imputados que ya se han presentado, entre ellos Salgado Zelaya, el juez les impuso medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. En cuanto a los 11 acusados que aún no se han presentado al juzgado, Castillo señaló que «puede ser que en el transcurso de la semana haya más solicitudes por parte de los apoderados legales de los otros imputados para que le tomen las declaraciones».
Contactamos al abogado Raúl Salgado Zelaya a un número de teléfono proporcionado por fuentes del Colegio de Abogados, donde ha sido capacitador en derecho mercantil; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
