Información del Ministerio Público (MP) a la que accedió Contracorriente indica que el 7 de febrero de 2025 la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió una solicitud de investigación de otra unidad fiscal por posible responsabilidad penal de cinco magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían incurrido en prevaricato judicial al favorecer con una sentencia a exfuncionarios que otorgaron contratos a la organización criminal Los Cachiros y que fueron acusados de delitos de fraude y lavado de activos.
Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila y Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
El 7 de febrero de 2025, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) admitió a trámite un informe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), en el que se solicita iniciar una investigación de oficio contra las magistradas y magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por suponerles responsables del delito de prevaricato judicial.
Las tres magistradas y dos magistrados señalados otorgaron una sentencia de amparo a favor del exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor, y otras dos personas, quienes desde el 23 de mayo de 2019 están acusadas por el Ministerio Público (MP) como parte del caso «Narcopolítica», por los delitos de lavado de activos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y cohecho, al haber otorgado irregularmente 28 contratos a Inversiones Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), empresa vinculada a la organización criminal Los Cachiros, que hasta 2013 estuvo encabezada por los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga.
En el informe se señala a Wagner Vallecillo, Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo, Francisca Villela y Sonia Marlina Dubón, quienes forman parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y firmaron de manera unánime la sentencia de amparo del 30 de julio de 2024, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por Contracorriente.
Según el informe elaborado por la Uferco, se considera la existencia de indicios de responsabilidad penal, particularmente la posible comisión del delito de prevaricato judicial, por parte de estas y estos integrantes del más alto tribunal del Poder Judicial. La Uferco señaló que «es necesario que esta Fiscalía Especial [para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia] lleve a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer si los magistrados incurrieron en alguna conducta delictiva».
La solicitud de investigación contra las magistradas y los magistrados de la Sala de lo Constitucional se fundamenta en una sentencia de amparo que favoreció a Miguel Pastor, Carol Pineda y José Manuel Valladares. Los recursos de amparo fueron presentados tras la impugnación de una resolución de la Corte de Apelaciones Penal en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente del 8 de marzo de 2023, la cual rechazó diversas apelaciones de las defensas legales de los implicados.
Las defensas legales solicitaban a la corte de apelaciones que, entre otros asuntos, se aplicara el principio de prejudicialidad a los imputados y que primero se agotara la instancia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para determinar si existió enriquecimiento ilícito.
No obstante, en el requerimiento fiscal presentado el 23 de mayo de 2019 por el MP a través de la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora Uferco, se acusó a las personas implicadas de cohecho, fraude y facilitación para el lavado de activos, pero no de enriquecimiento ilícito. Las apelaciones de las defensas de los imputados solicitaron que el cohecho fuera equiparado a enriquecimiento ilícito, pero la Corte de Apelaciones desestimó esta solicitud, y, ante ello, acudieron a la instancia del recurso de amparo.
La Sala de lo Constitucional, dando la razón a las defensas, invocó en su sentencia de amparo del 30 de julio de 2024 que «no se agotó previamente el procedimiento correspondiente ante el TSC» y mencionó la «despenalización de la conducta de facilitación para el lavado de activos». Por ello, decretó la «restitución del derecho al debido proceso, garantizando el derecho de defensa, la igualdad y el principio de legalidad». Asimismo, ordenó a la Corte de Apelaciones Penal en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente dictar una nueva resolución.
Sin embargo, en el informe entregado a la FEES-SJ, la Uferco advirtió que la resolución de la Sala de lo Constitucional elimina el delito de facilitación de lavado de activos como una conducta punible, «lo cual es preocupante y contradictorio con la legislación vigente».
El posicionamiento de la Uferco agrega que la facilitación de lavado de activos nunca ha sido considerado autónomo, sino un agravante dentro del delito de lavado de activos, tal como lo contempla el Código Penal y el Código Procesal Penal, «y, por lo tanto, su eliminación dificultaría la persecución del crimen organizado y el lavado de dinero en futuras acciones penales».
«Dicha decisión de la Sala de lo Constitucional constituye un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir el lavado de activos, abriendo la puerta a una interpretación que podría resultar favorable a quienes intenten eludir la justicia en casos relacionados con este delito», indicó la Uferco.
El informe también hace referencia a otro punto planteado por la Sala de lo Constitucional, que la Uferco calificó de «grave», y que se refiere a la exigencia de que el MP obtenga la aprobación previa del TSC antes de tomar cualquier acción ante los tribunales.
«Este planteamiento es especialmente preocupante, ya que contradice lo que establece la Constitución de la República, que reconoce al Ministerio Público como el titular exclusivo de la acción penal, sin necesidad de intervención de otros organismos, salvo en casos específicos como el de enriquecimiento ilícito», indicó el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, en entrevista con Contracorriente.
Además, la Uferco precisó que, aunque el TSC actúa en casos de enriquecimiento ilícito, no debe ser considerado un requisito previo en los casos de corrupción, como el lavado de activos. La Uferco agregó que «el decreto 116-2019, que pretendía regular este proceso, fue derogado por el Congreso Nacional en 2023» y que «esto deja claro que no existe base legal para esta restricción de facultades del Ministerio Público en el caso de lavado de activos».
El fiscal Luis Javier Santos, quien trabajó en la elaboración del informe entregado a la FEES-SJ y que, entre 2017 y 2019, participó en las investigaciones contempladas en el expediente MP-UFECIC-002-2017 que culminaron en el requerimiento fiscal contra Miguel Pastor y las otras dos personas, expresó que, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se preguntó: «Si no fueron ellos, ¿quiénes son los culpables?».
«Es inaudito que se haya retrocedido en la resolución, considerando que ya existe un informe judicial que señala indicios de responsabilidad penal. Si no fueron estas las personas que otorgaron estos contratos a las empresas de este grupo de narcotraficantes, entonces, ¿quiénes fueron? ¿A quién se debe procesar entonces?», declaró el fiscal Santos a este medio.
Una de las magistradas señaladas en el informe en poder de la FEES-SJ es Sonia Marlina Dubón, afín al oficialismo y esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza. En caso de que la investigación avance, el MP, que según la oposición y sectores de la sociedad civil está en manos del oficialismo, podría proceder legalmente contra ella.
Dubón también fue incluida en la última actualización de la Lista Engel de personajes corruptos y antidemocráticos, publicada el 27 de diciembre de 2024. El Departamento de Estado de Estados Unidos la señaló de «socavar los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para socavar el Estado de derecho», aunque ella rechazó los señalamientos.
Contracorriente intentó obtener declaraciones del magistrado Wagner Vallecillo, actual presidente de la Sala de lo Constitucional y firmante principal de la sentencia, pero no respondió a los mensajes de texto ni a las llamadas telefónicas. También consultamos al portavoz del MP, Yuri Mora, acerca de los avances de la investigación, pero afirmó no estar al tanto.
«Narcopolítica», ejemplo de compadrazgo entre el Estado y el narco
La sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se origina en una acusación presentada por el Ministerio Público (MP) el 23 de mayo de 2019 y una sentencia del Tribunal de Sentencia en Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente del 30 de enero de 2023, en el denominado caso «Narcopolítica».
Según las y los fiscales de la extinta Ufecic, Miguel Pastor Mejía y otros exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Vivienda (Soptravi) otorgaron entre 2010 y 2012 unos 28 contratos a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), propiedad de los hermanos Javier Heriberto y Devis Lionel Rivera Maradiaga, conocidos como Los Cachiros, quienes fueron condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La empresa Inrimar fue señalada desde mayo de 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una sociedad dedicada a lavar dinero del narcotráfico, según la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros, y también ha sido objeto de otras investigaciones del MP, en particular por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).
Los contratos otorgados a Inrimar también involucran a Hugo Ardón Soriano, quien era director del Fondo Vial y es hermano del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano, también judicializado por narcotráfico en Estados Unidos. Este último fue liberado el 13 de enero de 2025 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, después de haber testificado en los juicios por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en 2024, y su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, en 2019.
La acusación del MP, denominada «Narcopolítica», también evidencia que los contratos otorgados a Inrimar nunca concluyeron en obras y que el dinero se destinó al financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional. Esta investigación involucra a otras personas como el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Fabio Lobo, y a Hugo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera Maradiaga, contra quienes también hay requerimientos fiscales.
De archivo: Caso de narcopolítica e ilegitimidad de Juan Orlando Hernández desestabilizan el país
En el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Alexander Monroy Murillo, antiguo miembro del Cártel de Sinaloa y testigo presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, testificó que Miguel Pastor recibió sobornos del narcotráfico para su campaña política en las elecciones primarias de 2012 del Partido Nacional.
¿Cómo puede proceder la FEES-SJ?
En Honduras, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están protegidos por el Código Procesal Penal, que establece que si el Ministerio Público (MP) pretende acusarlos penalmente, será la misma Corte Suprema quien conocerá del requerimiento, acusación o querella, para lo cual deberá designarse un tribunal de sentencia y una corte de apelaciones.
Para el fiscal Santos, la otra vía a agotar sería solicitar que el Congreso Nacional (CN) investigue la conducta de estos magistrados y magistradas a través de un juicio político, que podría culminar en su destitución.
«En el caso de los magistrados aún en funciones, el Congreso es el encargado de decidir sobre su separación del cargo. Pero para determinar la responsabilidad penal, dado que los magistrados son considerados altos funcionarios del Estado, el procedimiento debe pasar por la Corte Suprema de Justicia, que designará a otros magistrados para conocer el caso, ya que los de la Sala de lo Constitucional están involucrados», explicó a Contracorriente el fiscal de la Uferco.
Los magistrados y magistradas de la CSJ son elegidos por el CN, y su destitución también debe pasar por este órgano a través de un juicio político. Esta figura fue creada después de la destitución arbitraria e ilegal el 12 de diciembre de 2012 de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes declararon inconstitucionales las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), antecesoras de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en el período 2009-2016. Este fallo motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, que obligó al Estado hondureño a otorgar medidas de reparación por un monto de hasta dos millones de dólares (más de 51 millones de lempiras).
La solicitud de investigación contra las y los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional se presentó un mes después de que el fiscal general del MP, Johel Zelaya, informara sobre la apertura de una investigación contra dos magistrados de la Sala de lo Penal de la CSJ, acusados de haber recibido un soborno de tres millones de lempiras (aproximadamente 120,000 dólares) de una persona condenada por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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Durante los últimos meses, también han sido procesados judicialmente los cinco exmagistrados de la Sala de lo Constitucional del período 2016-2023, por prevaricato judicial. Sin embargo, el 17 de febrero de 2025, un juez del Juzgado de Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente les dictó sobreseimiento definitivo. Los magistrados y magistradas estaban procesados por un mal procedimiento en un caso relacionado con una sentencia de amparo a favor del sindicato de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los exmagistrados de la Sala de lo Civil del período 2016-2023 también están siendo procesados judicialmente por la FEES-SJ por prevaricato judicial, según el MP, «por haber emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una cuantía de 159.8 millones de dólares (más de cuatro mil millones de lempiras)». El 24 de octubre de 2024, un juez del Juzgado de Corrupción, Criminalidad Organizada y Medio Ambiente dictó auto de formal procesamiento para estos tres exmagistrados.
