Honduras enfrenta una crisis por el creciente número de desapariciones de mujeres, mientras el Estado carece de mecanismos efectivos para atenderlas. Solo entre enero y octubre del año 2024 se reportaron 313 mujeres desaparecidas, según un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). La falta de tipificación legal de la desaparición deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia, y a pesar de propuestas como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, no hay voluntad política para abordar el problema.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Las desapariciones de mujeres son una grave crisis en Honduras. Solo en 2024, hasta el 6 de octubre de ese año, la Dirección Policial de Investigación reportó en medios de comunicación 313 desapariciones de mujeres.
Entre 2012 y 2022, 9,838 personas desaparecieron en el país, y de ellas casi cuatro de cada diez (38 %) eran mujeres. En ese contexto, la discrepancia en las cifras de las instituciones del Estado es notable: entre 2020 y 2023, el Ministerio Público registró 710 denuncias de desaparición de mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencia 911 reportó más de diez veces esa cantidad, 8,059 casos en el mismo periodo. El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) también documentó 187 muertes violentas de mujeres y femicidios hasta septiembre de 2024. Todo esto es abordado en el informe Desapariciones de mujeres en Honduras, 2022-2023 del CDM.
Sumado a este contexto, el Foro de Mujeres por la Vida señala que en el 15 % de los femicidios que han ocurrido los últimos años en el país ha habido reportes previos de desaparición. Un caso reciente y mediático ocurrió en enero de 2024, cuando Nikendra, María y Dione fueron reportadas como desaparecidas en Roatán. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Mientras ellas aún estaban desaparecidas, el principal sospechoso logró huir del país, aunque posteriormente la fiscalía y la policía lograron gestionar su extradición desde República Dominicana.
Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del CDM, en una entrevista para Contracorriente, afirmó que el Estado es incapaz de asumir su responsabilidad frente a las violencias contra las mujeres. Además, indicó que esta situación está relacionada con «la necropolítica y el capitalismo, en un Estado que se lucra con las muertes de las mujeres».
Según el informe del CDM, el Ministerio Público emitió 116 resoluciones por el delito de privación ilegal de la libertad, que incluyeron tanto a hombres como a mujeres, durante el período de 2020 a 2023. El documento apunta que este fenómeno ha creado un entorno de inseguridad que afecta principalmente a las mujeres, y que no solo impacta a las familias de las víctimas, sino que también genera preocupación en sus comunidades.
Bohórquez explicó que «hay un problema en la tipificación porque en Honduras solo existe la desaparición forzada, y eso tiene que ver con el Estado, entonces las personas que son desaparecidas por personas comunes no las van a tipificar».
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En otros países de Latinoamérica, la desaparición cometida por particulares está tipificada como un delito independiente; por ejemplo, en México, la Ley General en Materia de Desaparición establece penas de 25 a 50 años de prisión para quienes priven de la libertad a una persona con el fin de ocultarla, y en El Salvador, el Código Penal sanciona este delito con penas de 15 a 25 años de prisión.
En Honduras, la desaparición solo se reconoce como forzada cuando involucra a agentes estatales, lo que deja sin cobertura legal la mayoría de los casos de mujeres desaparecidas, señalan representantes del CDM en el informe. Sobre esta situación, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público (MP), aseguró que en Honduras «no hay una fiscalía que se encargue de las desapariciones».
Mora aseguró que cada mes el MP lleva a cabo operaciones de lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, la violencia de género y otras formas de criminalidad. Por ejemplo, indicó que en el mes de enero desarrollaron la «Operación Ester», una iniciativa dirigida a combatir los delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país. La operación incluye la presentación de requerimientos fiscales, ejecución de órdenes de captura, allanamientos en centros nocturnos, operativos de carretera y capacitaciones para fortalecer los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia.
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Contracorriente también consultó al vocero de la Dirección Policial de Investigación (DPI) sobre el seguimiento de denuncias presentadas entre 2020 y 2024; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
El informe del CDM también establece que la desaparición de mujeres puede estar relacionada con otros delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y la Trata (Cicest) señala que las mujeres y niñas son los grupos más vulnerables a estos delitos. Además, algunos casos de desaparición han sido vinculados a redes de trata que operan en el país.
Un caso documentado en el informe es el de Angie Peña, desaparecida en la isla de Roatán a inicios de 2022. Las investigaciones vincularon su desaparición con una red de trata de personas denominada «Delta Teams», en la que estarían implicados empresarios, jueces, fiscales y miembros de la marina mercante. Este caso es señalado en el informe como un ejemplo de desapariciones que podrían estar relacionadas con estructuras organizadas de explotación.
El 8 de marzo de 2022, representantes de CDM y otras organizaciones feministas presentaron a la mandataria Xiomara Castro la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una iniciativa orientada a establecer, promover y garantizar los derechos de las mujeres. «Es una propuesta de ley que contempla la prevención, la atención, la sanción y también la reparación para las víctimas de desapariciones», afirmó Bohórquez.
La ley establece medidas, mecanismos y políticas integrales orientadas a la detección, prevención, atención, sanción y reparación de la violencia que enfrentan las mujeres por razones de género. Además, incluye diversos tipos de violencia que no están definidos en la legislación vigente, como son la violencia laboral, violencia institucional, ciberviolencia y violencia gineco-obstétrica, entre otras; asimismo, busca proteger a las mujeres y niñas de desapariciones, muertes violentas, femicidios y violencia sexual.
Pese a que la propuesta de ley fue entregada hace dos años, no se ha registrado una disposición por parte de las autoridades para discutirla, señala Bohórquez. Además, resalta que la presidenta, en sus discursos políticos, destaca su rol como la primera mujer en asumir su cargo «pero no tiene muchas propuestas de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, no hay una realidad concreta para mejorar ya sea la legislación o la garantía de los derechos humanos de las mujeres», puntualizó.
A pesar de las estadísticas y el contexto violento que enfrentan las mujeres en el país, el Congreso Nacional tampoco ha aprobado la Ley de Alerta Morada, presentada el 3 de julio de 2024 por la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en Honduras, que busca crear un sistema de búsqueda inmediata de mujeres.
«No hay voluntad política, ni para aprobar la ley y peor para hacer mejoras en las condiciones de vida de las mujeres», enfatizó Bohórquez.
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Finalmente, el Centro de Derechos de Mujeres en el informe asegura que mecanismos legales y judiciales como la Ley de Alerta Morada, la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres y la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal deberían ser cruciales para abordar de manera efectiva las desapariciones de mujeres en Honduras.
