Fotografías y texto: Jorge Cabrera
A un lado de las vías del tren en el Bronx se encuentra La Esquina Garífuna, un food truck que vende comida tradicional hondureña. El propietario es José Manuel, un garífuna que llegó hace ya 10 años a los Estados Unidos junto con su esposa, huyendo de la situación política en Honduras. Con un abrasador frío de -4° centígrados, su negocio no se ubica en una zona vistosa, pero el calor de su atención hace olvidar el ruido del paso del tren cada cinco minutos y la basura que dejan los habitantes de zonas aledañas.
El deterioro económico de la familia de José Manuel inició en 2009, durante el golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En esos años migró a Tegucigalpa y participó en las protestas en apoyo del presidente, pero la convulsión política le causó la pérdida de su empleo. Sin oportunidad alguna por la situación, decidió emprender con un puesto de comidas, con la sazón garífuna, pero, una vez más, perdió todo por la extorsión de las maras y pandillas. En 2014 decidió emigrar junto a su esposa rumbo al norte estadounidense, un camino que han tomado cientos de paisanos para intentar tener un mejor futuro.
«Gracias a Dios estamos aquí, trabajamos legalmente de este negocio y dependemos cinco familias de un pequeño emprendimiento», dijo José Manuel.
Mientras tanto, luego de varios retrasos, este 20 de febrero de 2024 dio inicio el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernandez, quien fuera extraditado por señalamientos de conspiración para el tráfico de drogas. Hernández ingresó a eso de las 9:30 de la mañana a la corte del Distrito Sur de Nueva York, vistiendo el traje utilizado en su investidura presidencial. Han quedado lejos los discursos en los que el expresidente invocaba al indómito Lempira, héroe de la resistencia indígena hondureña.
Para muchos hondureños, su captura fue un avance para la democracia en el país. El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado en su casa de habitación, luego de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos. El esperado juicio brinda la esperanza de un veredicto que permita eliminar al menos el 1 % de la corrupción en el país de las cinco estrellas. José Manuel mantiene la esperanza, pero le preocupa la demora del proceso.
«He estado atento a este juicio, y así como yo, muchos estamos con un ojo abierto y el otro cerrado. Espero que se haga justicia para nuestro pueblo. Hemos sufrido, hemos huido, hemos visto violencia, hemos perdido a nuestros seres queridos, y todo por causa del narcotráfico. Este es el juicio, no ganamos un mundial, pero si sacamos la corrupción, nos damos por satisfechos», afirmó .
Para todos los hondureños dentro y fuera del país, este sería el juicio del siglo, pero para los neoyorquinos el evento pasa desapercibido. A pocos metros de la corte del Distrito Sur, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, fue llamado a la corte criminal de Manhattan para su audiencia inicial en el caso Stormy Daniels. El despliegue policial cubría más de cinco calles, y los medios de comunicación eran tantos que tuvieron que mantener a los reporteros encerrados en una especie de corral para que nadie se moviera de su lugar.
Los dos personajes a los que hoy sientan en el banquillo de los acusados tuvieron el mismo cargo, pero el país al que gobernaban hace una gran diferencia. Uno de ellos (JOH) pasa por un acusado más en los Estados Unidos, en comparación a Trump.
«Lamento que Donald Trump ha sido exitoso en retrasar el sistema de justicia. Ha sido su táctica durante toda su vida, pero la mayoría de los casos presentados en su contra han tenido éxito. Mi esperanza es que se logre justicia en este caso también», dijo Robert Croonquist, un manifestante que se presentó a la Corte.
La historiadora Fanny Julissa García emigró a los Estados Unidos desde Honduras, junto a su madre, a la edad de 10 años. Su trabajo en la actualidad es entrevistar y trabajar con migrantes que están abiertos a documentar su historia migratoria, y a la vez les ayuda a aplicar para conseguir asilo. Los estados como Texas, Arizona y Florida se encargan de enviar buses con migrantes, en su mayoría de Sudamérica y Centroamérica, para transportarlos a ciudades santuarios, entre ellos Nueva York, Boston y Colorado.
Las llamadas «ciudades santuarios» tienen el compromiso de ofrecer servicios a los migrantes, sin rechazar a ninguno de ellos. En Nueva York, estos servicios les permiten obtener un carnet de identificación para recibir ayuda y poder moverse dentro de la ciudad que nunca duerme.
«No es una tarjeta de conducir, pero es una identificación que ayuda, y muchos estados no tienen eso. Aquí en Nueva York hay ciertos recursos que ayudan para que el migrante se establezca; también existe una ley o compromiso de la ciudad de siempre ofrecer vivienda a alguien que lo pida, al igual que un seguro médico», explicó García.
Según la historiadora, de seguir ingresando tantos migrantes a la ciudad santuario, será insostenible para el gobierno de los Estados Unidos, ya que los que están llegando no califican para recibir un permiso de trabajo, pero sí califican para otros servicios, sin que ellos contribuyan a la ciudad.
«Los mismos migrantes se quejan de que no les dejan trabajar, y aunque les den otros servicios, ellos mismos no quieren nada regalado. Solo quieren trabajar, y la única forma de obtener un permiso de trabajo es aplicando a un asilo político, pero este está basado en leyes muy estructuradas, como en el miedo creíble o persecución en el país de origen», expuso.
Cada año, miles de hondureños abandonan el país con la idea de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para huir de la pobreza y violencia que azotan a Honduras. Se estima que un millón de personas hondureñas viven en los Estados Unidos, entre residentes legales y en condición irregular; unos 55,000 se encuentran radicados en Nueva York.
Para García, la poca información con la que llegan los migrantes, sumado a las restricciones del estado al no promover dos de los programas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), los cuales permitiría que los migrantes puedan declarar sus ingresos y contribuir al estado de Nueva York: la solicitud de un número de identificación del empleador (EIN), que es un número de identificación del trabajador, y también el número de identificación personal del contribuyente (ITIN).
«Esto no es un permiso de trabajo, pero con esos dos números una persona podría ser contratada y luego tener que pagar impuestos. Entonces, yo creo que la situación no es sostenible si el gobierno no empieza a pensar en lo que ya tenemos creado para que la gente empiece a trabajar rápido», apuntó García.
Los miembros de la comunidad hondureña en Nueva York se manifestaron a las afueras de la corte del Distrito Sur mientras se llevaba a cabo la selección del jurado, exigiendo la condena del exmandatario; muchos de ellos pidieron permiso para faltar a sus trabajos y poder asistir al juicio.
En Brooklyn, otra parte de la ciudad, la hondureña Yolanda Rivera, quien tiene 20 años de haber salido de su país, trabaja cuidando a personas de la tercera edad. Sin embargo, hoy se tomó el día para recibir la visita de este medio. La encontramos a la espera, en las escaleras de su hogar. Está ansiosa porque el carro de las encomiendas aún no llega. Se trata de una empresa que también es hondureña, y tiene que llegar a retirar tres cajas que van rumbo a La Ceiba, Honduras. Mientras esperamos, nos cuenta que sus expectativas del juicio son altas.
«Recuerdo que con el hermano [Tony] fueron como ocho días de juicio, pero ahora hablamos de un capo de capos. Solo espero que no se alargue como en Honduras y ya lo juzguen, y que si hay más involucrados también sean traídos para que los echen presos a estos ladrones narcotraficantes», dijo Rivera.
El proceso ya inició y millones de hondureños estarán pendientes del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Los cargos en su contra son de tráfico de drogas y uso de armas. El tribunal, la fiscalía y la defensa del exmandatario definieron quién será el primer testigo que llevarán al estrado. Se trata de una mujer, de identidad reservada, que fue pareja de Alexander Mendoza, alias «Porky», señalado por las autoridades estadounidenses como un líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras.
