Palmerola, el centro logístico del olvido

«Má, ya vuelvo», fue lo último que Carlos Rivera dijo al salir de su casa en la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, antes de migrar rumbo a Estados Unidos. Nunca llegó a su destino.

Carlos Rivera, Mauricio Sosa, Enrique Velásquez y Heber Gonzales eran un grupo de amigos que se reunían por las tardes a platicar. Un día se dieron cuenta que con poco acceso a la salud y educación, sin agua potable y escasas oportunidades de trabajo, la comunidad no le daba a sus familias la oportunidad de vivir dignamente. La situación tenía que mejorar y la única salida era migrar hacia Estados Unidos.

A finales de abril de 2012, algunos de ellos sin decirle a nadie que se iban, emprendieron el camino. Los rumores de que este grupo de amigos había dejado la Villa de San Antonio no tardaron en llegar a sus familias. No había nada que hacer más que apoyarlos. Durante los días siguientes se comunicaron con sus madres, hermanas e hijos, y el 5 de mayo fue la última vez que llamaron desde México.

El 13 de mayo, en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, encontraron los cuerpos decapitados y desmembrados de 49 personas. Ocho de ellos eran hondureños y cuatro eran los amigos de la Villa de San Antonio, un lugar que en 2021 albergará un aeropuerto de donde saldrán los aviones hacia todo el mundo, las autoridades aseguran que se convertirá en el «Centro Logístico de las Américas».

Las madres y hermanas de los migrantes asesinados no saben si el anuncio del nuevo aeropuerto representará mejoría para sus familias, pero de lo que sí están seguras es que si hace siete años las condiciones de vida en su comunidad hubiesen sido mejores, la tragedia de Cadereyta nunca las hubiera alcanzado.

La Zona de Desarrollo Económico Palmerola

Para viajar entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras, hay que recorrer gran parte de la carretera CA-5, una vía terrestre que atraviesa el país de norte a sur y que, aunque fue construida por el Estado, tiene una concesión para su administración que se otorgó en 2014 a la Concesionaria Vial de Honduras (COVI) para que se encargue de su reparación y mantenimiento a cambio del cobro de peaje.

Casi a la mitad de esa carretera, en el Valle de Comayagua, hay otra concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Esta obra se realiza en los predios de la Base Aérea Soto Cano donde también está instalada una base militar de Estados Unidos desde los años 80, en aquel entonces con el objetivo de coordinar las acciones de contrarrevolución en Centroamérica, y que ahora compartirá espacio con un aeropuerto civil que representa el proyecto de infraestructura más ambicioso para el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández.

Esta concesión fue adjudicada en diciembre de 2015 a favor de la Empresa Inversiones EMCO S.A. de C.V., quienes constituyeron la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport para la ejecución del contrato de concesión. Ambas empresas relacionadas con Lenir Pérez, empresario hondureño y yerno del fallecido Miguel Facussé, un empresario muy influyente en Honduras.

Al lado de la carretera, frente a la construcción del nuevo aeropuerto, está instalado un rótulo en el que se puede leer: «Palmerola International Airport – Centro de las Américas». La proyección del gobierno es que la zona de influencia del proyecto se convierta en una base de uso agro industrial, logístico-tecnológico y de exportación para la región.
Para que se cumpla el desarrollo que el gobierno ha proyectado se construyó el Plan Maestro de Palmerola, donde han definido que las municipalidades de Comayagua y la Villa de San Antonio formarán parte de la Zona de Desarrollo Económico de Palmerola. La primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del país.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron aprobadas en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional. La Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados con oficina en Estados Unidos, concluyó en un informe que «son enclaves favorables a los inversionistas, gobernados por sus propias leyes, tribunales y sistemas de impuestos».

Sin embargo, el ingeniero José Reyes, coordinador del plan maestro de Palmerola en la Dirección Ejecutiva de Plan de Nación aclara que «no es una ZEDE, sino un territorio de los dos municipios. Las industrias siempre van a tener que pagar bienes inmuebles y lo que se hace es que se fortalece las áreas de catastro de las municipalidades para que en esta nueva zona se defina qué uso del suelo es permitido».

Según el documento de diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en Comayagua y la Villa de San Antonio actualmente hay una gran demanda de terrenos por parte de empresarios locales y extranjeros, incluso se ha mencionado que la compañía de comercio electrónico Amazon estaría interesada en comprar 100 hectáreas de tierra en la zona aledaña a la Villa de San Antonio.

«Palmerola pasa a ser una infraestructura de competencia internacional, muchos en Centroamérica quedaron sin estas zonas de desarrollo económico y quedaron limitados, pero la tecnología que va a tener Palmerola será de última generación y tendrá ventaja sobre otros aeropuertos en la región. Algunas de las empresas de exportación van a elegir Palmerola sobre otros aeropuertos», asegura Reyes.

En el límite sur de la construcción de este aeropuerto, en el casco urbano de la Villa de San Antonio, la esperanza de mejores condiciones de vida se han despertado gracias al proyecto. Erick Macías, jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario de la alcaldía de la Villa de San Antonio, asegura que «va a ser de mucha ayuda, habrá bastante trabajo, generará desarrollo y tendremos más demanda de productos. Hasta el momento creo que nos estamos preparando porque ya estamos trabajando en el plan de ordenamiento territorial para organizar hacia donde crecerán las comunidades».

La zona de Palmerola, en donde se encuentra la Villa de San Antonio, actualmente tiene índices de desarrollo decadentes. Según los datos del diagnóstico del Plan Maestro de Palmerola, en los doce municipios que comprenden la región de influencia del proyecto, el 85% de la población mayor de 15 años es analfabeta, además, la cantidad de maestros resulta insuficiente para la población estudiantil existente. En promedio cada maestro imparte clases a 97 alumnos.

En relación al acceso a la salud en la zona, este mismo diagnóstico indica que la Villa de San Antonio no cuenta con un hospital público y los habitantes aseguran que los cuatro centros de salud en la zona no tienen los medicamentos y atención necesaria.

En la Villa de San Antonio ninguna autoridad del gobierno preguntó si la población permitiría la llegada de un aeropuerto internacional que cambiaría la forma en que viven e incluso la cantidad de habitantes que hay en su comunidad, pero ahora que están construyendo las instalaciones y no hay vuelta atrás, la mayoría espera que al convertirse en uno de los focos económicos más importantes del país, el olvido al que se han enfrentado termine y las condiciones de vida mejoren.

Una de las voces más escépticas sobre las posibles mejoras en la comunidad es la del sacerdote católico Germán Cálix, responsable de la parroquia de San Antonio y director de Cáritas en Honduras. Para el padre Cálix, quizá podrán beneficiarse de algunos impuestos del aeropuerto y algunas fábricas cercanas, pero la expectativa que está generando el gobierno ante el proyecto es sobredimensionada y asegura que «no será el centro de las Américas, aquí solo tendremos seis mangas de acceso en comparación a las ochenta del aeropuerto en Panamá».

«Es una necesidad el aeropuerto, pero las obras de infraestructura son instrumentos que le pueden servir a un país para el desarrollo, y un aeropuerto con una población circundante enferma es un fracaso», dice el padre Cálix, quien también asegura que no es cierto el discurso del gobierno de que Honduras sea un país que está atrayendo inversiones. «Hay más inversión en el país por las remesas de los hondureños que por las inversiones que están haciendo los extranjeros», finaliza.

Según datos del Banco Central de Honduras las remesas doblan los ingresos por exportación de mercancías superando los 3 mil millones de dólares y representan el 18% del Producto Interno Bruto del país.

Buscando el sueño de oportunidades

«Negra, casémonos por la iglesia», y Ana Carvajal soltó una carcajada fuerte porque pensó que su esposo estaba bromeando como siempre, pero Mauricio hablaba en serio, aunque legalmente ya eran un matrimonio, quería formalizar su compromiso ante la iglesia. Se casaron un 27 de diciembre en un evento de bodas grupales. Ana recuerda que lo conoció porque unas vecinas eran primas de él y la invitaban a bailar en La Paz, un departamento cercano a la Villa de San Antonio, entre esas invitaciones se conocieron, se hicieron novios y se casaron. Este año estarían cumpliendo 15 años de matrimonio civil.

«Me invitaba a comer cuando cumplíamos años de boda», recuerda. Mauricio tenía 40 años y ya había migrado hacia Estados Unidos, pero después de cinco años trabajando y enviando remesas a su familia, lo deportaron. Al regresar a la Villa de San Antonio abrió una barbería que en un principio le funcionó, pero poco a poco fue decayendo ante la apertura de más negocios de este tipo en la zona.

Un día antes de emprender el viaje junto a los otros tres jóvenes, Mauricio le dijo a Ana que iba a dormir en la barbería. El día siguiente por la mañana, Ana fue con su hijo de 6 años para ver si ya había despertado, al llegar tocaron la puerta en repetidas ocasiones pero nadie abrió. Ana pensó que como él era originario de La Paz había decidido ir a visitar a su mamá.

Cuando una vecina le dijo que su esposo se había ido junto al grupo de amigos en dirección a Estados Unidos, entró en pánico y pensó en el día antes cuando Mauricio pasó toda la tarde corriendo y jugando con su hijo, ahora entendía que ese juego era una despedida. «Él se fue porque quería una mejor vida, como todo migrante llevaba un sueño, por eso le dicen el sueño americano y bueno, nunca llegó a los Estados», dice Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Cuando en octubre del 2018 miles de hondureños salieron en caravana escapando de la violencia, corrupción y pobreza que gobierna en el país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quienes integraban ese mar de personas eran «delincuentes y desconocidos de Oriente Medio».

Ante esas afirmaciones, doña Adela, mamá de Enrique Velásquez, cada vez que puede le recuerda a las personas que su hijo no era un delincuente ni desocupado. «Todos los que se fueron en ese grupo de amigos eran profesionales. Mi hijo era maestro y había estudiado en Bellas Artes», afirma. Doña Adela cree que como a su hijo le gustaba leer, había logrado interpretar lo que se venía para el magisterio, por eso en una ocasión le dijo que en Honduras ya no habían condiciones para ser docente.

Según estimaciones del Ministerio de Educación actualmente hay más de 28 mil docentes desempleados a nivel nacional, ante esta situación el gobierno recientemente ha anunciado concurso público solo para 5 mil plazas en el sistema educativo público nacional.

En mayo de este año el gremio magisterial junto al Colegio Médico de Honduras salieron a las calles para exigir la derogación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Educación y Salud, aprobada mediante decreto ejecutivo. Esta ley facultaba a los ministros de cada secretaría para poder realizar despidos masivos. El país fue paralizado por diversos sectores de la sociedad hondureña y los decretos fueron eliminados.

«Por eso la gente se va a otro lado, porque no tiene oportunidades aquí de un empleo o de mejores oportunidades, él quería darle mejor vida a sus hijos y esposa», dice doña Adela. Enrique vivía con su esposa, hijo e hija, pero tampoco les dijo que había decidido irse a Estados Unidos. Nadie en la familia quería creer que realmente se había ido sin despedirse hasta que él mismo les llamó en el camino. «Le dijo a la niña que se iba porque quería celebrarle unos quince años muy preciosos», dice doña Adela mientras su voz fuerte se quiebra y lágrimas empiezan a brotar de sus ojos. «El año pasado cumplió quince años la niña», y termina de quebrarse.

Base militar y expulsión en Coquito

En la Base Aérea José Enrique Soto Cano se instaló desde 1983 la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, una misión de militares estadounidenses enviados durante el gobierno de Ronald Reagan en tiempos de la guerra fría, para funcionar como base de operaciones e inteligencia de la contrarrevolución centroamericana ante lo que Estados Unidos apuntó como «la amenaza comunista» en la región.

Mirta, ha vivido toda su vida en la Villa de San Antonio y recuerda cómo la instalación de la base militar de Estados Unidos al norte de su pueblo le cambió la vida a todos. «Al inicio en el municipio no aceptábamos, pero como fue impuesto no había de otra», dice Mirta quien trabaja en el casco urbano en una fábrica de rosquillas fundada por su madre de 85 años, y agrega que «todo mundo estaba fascinado porque no habíamos visto gringos y las chicas iban a buscarlos hasta la base».

Keith A. McKinley, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, escribió en la revista oficial del Comando Sur de los Estados Unidos que el trabajo de esta misión «es promover la cooperación y la seguridad regional en Centroamérica», y apuntó que las actividades de esta fuerza se basan en cuatro principios: derechos humanos, integración de género, profesionalización de suboficiales y operaciones conjuntas.

Ninguno de esos principios es recordado o mencionado por Mirta, pero sí tiene claro el impacto más grande que dejó la llegada de esta misión a la Villa de San Antonio. «La contaminación de las enfermedades venéreas, eso fue lo más grande que nos vinieron a dejar con la base militar. Cuando hablaron de sida nadie sabía qué era el sida», finaliza.

Sumado a las enfermedades, hace 36 años cuando se instalaron al norte de la Villa de San Antonio, varias personas fueron reubicadas sin que les dieran oportunidad de elegir hacia donde querían irse. Mirta recuerda que a sus conocidos de la zona les dijeron: «aquí habrá una base y se tiene que ir. Vamos a darles el predio, la construcción de su casa y ya». No los dejaron opinar, se tenían que ir.

Al pasar de los años, los militares estadounidenses que habitan esta base militar han realizado diversas actividades en la zona como la celebración anual del Día del Niño, la Independencia de Honduras y brigadas médicas. Estas actividades han hecho que algunas de las personas de la Villa de San Antonio ya no sientan el miedo y ansiedad que les generaba escuchar los helicópteros sobrevolando su pueblo y tener fuerzas militares extranjeras en la vecindad.

Pero en la aldea de Coquito, unos kilómetros al norte del casco urbano, el miedo parece seguir intacto. «Se habla de guerras entre los países y eso nos da temor. Sumado al descontrol que tiene el país, y así como está el presidente ahorita que hablan de que se va a hacer reuniones a otros países y que tiene alianzas con el presidente de Estados Unidos, todo eso lo pone a pensar a uno», dice Elsa Marina, presidenta del patronato de Coquito. Elsa se refiere a la relación que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández con el de Donald Trump, firmando acuerdos para ser parte de su frontera, aun cuando en Estados Unidos una corte del Distrito Sur de Nueva York haya mencionado que el Estado de Honduras patrocina el narcotráfico. Lo del juicio, lo del tratado, lo del espaldarazo del gobierno estadounidense al de Hernández, se escucha de lejos en El Coquito.

En Coquito, no hay fuentes de agua, ni para consumo humano ni agrícola, no hay red de alcantarillado, la calle de tierra que atraviesa la aldea no es arreglada desde la década de los 80, hay una sola escuela en la que tres maestras se encargan de dar clases a seis grados y no hay centros de salud. «Estas comunidades que rodean la base son comunidades pobres y nadie nos ha traído beneficios. La carencia que hay en la región es terrible, por eso el gobierno debería preocuparse en solucionarnos y no traer un aeropuerto», afirma Elsa.

La situación en Coquito es mucho más crítica que en el casco urbano, aunque se encuentra casi en la frontera del Aeropuerto Internacional Palmerola. Aun así, parece que va a empeorar para todas estas familias a las que desde ya planean desplazar de la zona para ampliar el aeropuerto que no ha sido finalizado en su primera etapa. La Zona de Desarrollo Económico de Palmerola comprende una zona de reserva para logística y expansión del aeropuerto que, según el diagnóstico del Plan Maestro, consta de un kilómetro desde el muro. Dentro de esa zona se encuentra la aldea El Coquito, habitada por decenas de familias que desconocen totalmente su futuro.

El padre Cálix se siente preocupado por la situación y dice que en la medida en que crezcan los servicios del aeropuerto y que la zona se convierta en una zona urbana e industrial, puede ser que se les vaya comprando los terrenos que tienen, «pero no lo van a hacer a la fuerza, puede que hayan engaños y que el gobierno no les de lo que corresponde», finaliza.

En julio de este año el alcalde de la Villa de San Antonio, Nestor Mendoza, les dijo que próximamente les iba a avisar si van a ser desplazados o no, pero según la información del ingeniero Rafael Valladares, consultor de ordenamiento territorial en el municipio, hay una probabilidad muy alta de que El Coquito sea reubicada entre 2025 y 2027. «Aunque nos paguen no sé qué beneficio vamos a tener, a saber dónde nos llevarían. Nosotros de pobres no tendremos beneficio del aeropuerto», dice Elsa, y recuerda que hay familias desplazadas de cuando se instaló la base militar que todavía están esperando el pago por las tierras. «El gobierno debería pensar mejor las cosas para el pobre. Con eso de la vida mejor no nos soluciona nada».

Ampliación irregular del presupuesto y negocios de Lenir Pérez

El Aeropuerto Internacional Palmerola es un proyecto anunciado oficialmente por el gobierno en 2012 cuando se emitieron las bases para la licitación y concesión de la construcción del área civil dentro de la base aérea militar. En ese momento fue adjudicada a la empresa hondureña Servicios Aeroportuarios Integrados S.A. (Saisa), del Grupo Terra, quien presentó su oferta luego de haber sido precalificada junto con el consorcio de origen colombiano Concay.

Finalmente el consorcio colombiano no presentó la oferta y Saisa quedó como único oferente y ganador de la licitación por un monto de $107 millones de dólares, un 50% menos de lo que actualmente se está pagando por la construcción del aeropuerto. En 2014 el contrato de concesión fue anulado, supuestamente por un cambio en las condiciones de seguridad del nuevo aeropuerto. El nuevo proceso de alianza público-privada fue abierto y finalmente adjudicado a la empresa EMCO y la operadora Munich-Franz Joset Strauss, del aeropuerto de Munich en Alemania.

La compañía alemana se encargará del asesoramiento en la construcción y operación del aeropuerto y según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), “lo apoya desde la planificación del aeropuerto hasta la operación y brindando las capacitaciones al personal local para que posteriormente puede retirarse o continuar con el operador pero esa es una decisión de negocios”. El monto por el que Emco contrató a la operadora alemana no es de conocimiento público.

El 31 de marzo de 2016 cuando el empresario Lenir Pérez y el presidente Juan Orlando Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión era de $163 millones de dólares y el concesionario aportaba a la inversión $12 millones de dólares más que el concedente.

El 29 de mayo de este año dicho presupuesto sufrió una modificación mediante una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional por parte de los diputados de oposición. En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en $46.2 millones de dólares. Este proyecto se está pagando mediante tres fuentes de financiamiento: fondos del concesionario (USD $87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España ( USD $53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de $22.2 millones de dólares y ahora es de $68.4 millones de dólares.

Según Miguel Mencías, técnico de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del proyecto de Palmerola en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la ampliación del presupuesto para el proyecto no fue una decisión legislativa sino una necesidad de cumplimiento contractual. «Al tener una investigación de detalle y para cumplir con las especificaciones de acuerdo a contrato, se determina que los fondos no iban a ser suficientes para cumplir con todas las obras que el contrato le asigna al Estado. No son obras adicionales, son fondos adicionales para las mismas obras», asegura Mencías.

Ante la falta de transparencia en el proceso de aprobación de esta ampliación presupuestaria el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación hacia el proyecto. En ese sentido, al cuestionar al licenciado Alfredo Cantarero, comisionado presidencial de transparencia, sobre el proceso que se llevó para la aprobación de dicha ampliación del presupuesto, se limitó a decir que no pueden opinar sobre la forma en que el Congreso Nacional procede. En la Villa de San Antonio, el padre Cálix asegura que «es ridículo, en otros lugares nunca se hace eso, usted tiene el presupuesto y sabe que con eso va a concluir la obra porque si no entonces uno se pregunta qué tipo de contratistas hicieron las estimaciones». Las condiciones en que se hicieron los préstamos y se creó la empresa son otros aspectos dudosos para el religioso.

Para llevar a cabo este proyecto se fundó en enero de 2016 la Sociedad Mercantil de Propósito Especial denominada Palmerola International Airport (PIA), concesionaria de la terminal, la cual fue constituida con menos de un millón de dólares por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez. Según el acta de constitución de PIA, Lenir Pérez solo tiene el 1% de las acciones mientras que EMCO cuenta con el 99%. Lenir Pérez también tiene un gran porcentaje de las acciones en EMCO Inversiones y es el actual presidente ejecutivo de la empresa.

Lenir Pérez es un empresario hondureño conocido por ser el yerno del fallecido Miguel Facussé, uno de los hombres con mayor poder económico en la historia de Honduras, terrateniente productor de palma africana involucrado en el conflicto agrario del Aguán. Pérez también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, y presidente de la junta directiva de Inversiones Los Pinares, una empresa minera que tiene una concesión en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Este parque fue declarado área protegida en 2012 pero el año siguiente el Congreso Nacional redujo su zona núcleo permitiendo que las hectáreas pasaran a la concesión otorgada a la empresa de Lenir Pérez.

Las comunidades aledañas al Parque Nacional Carlos Escaleras han mantenido una lucha en defensa del río Guapinol y San Pedro, fuentes de agua que serían afectadas con el proyecto. Este conflicto generó que siete personas fueran acusadas de robo, incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio del Estado y de la empresa; ahora estos defensores del territorio están recluidos ilegalmente en La Tolva desde hace casi cuatros meses, una cárcel de máxima seguridad inaugurada por el gobierno de Hernández, a pesar de que la juez dictó que la prisión preventiva la cumplirían en la Centro Penal de Olanchito, Yoro.

La repatriación de los cuerpos

El 11 de mayo de 2012, María Rivera, hermana de Carlos Rivera, se dio cuenta que en las noticias internacionales estaban anunciando el hallazgo de 49 cuerpos decapitados y desmembrados en Nuevo León, México, y existían posibilidades que fueran de migrantes centroamericanos.

En los días posteriores a la noticia, las familias del resto de los migrantes empezaron a buscar ayuda para saber si los cuerpos encontrados en la orilla de la carretera en Cadereyta pertenecían a sus esposos, hijos y hermanos. Todas las familias estaban en la búsqueda, menos la familia de Carlos que se resistía a creer que ya no volverían a verlo y que además había sufrido una muerte tan dolorosa.

En el proceso de identificación de los cuerpos, las familias acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde les dijeron que «iban a ver» si podían hacerles los exámenes y que en todo caso, la repatriación del cuerpo les costaría entre 40 mil y 50 mil lempiras (USD $2 mil). «El gobierno hondureño no nos ayudó en nada, en nada», lamenta doña Adela, además, Carla, su hija y hermana de Enrique, recuerdan que fueron un grupo de antropólogas argentinas quienes les ayudaron a identificar los cuerpos y para la repatriación fue la Fundación para la Justicia del Estado Democrático de México quien facilitó el proceso.

Después de dos años de lucha para que sus familiares regresaran a Honduras para una sepultura digna, las familias lograron que Enrique, Mauricio, Heber y Carlos fueran repatriados. Incluso, a pesar de la negación inicial, la familia de Carlos decidió hacer el examen de ADN y fue el mismo día que entregaron los cuerpos en Honduras que se les notificó el parentesco.María dice que «en el momento de la entrega de nuestros familiares, cuando estábamos en la morgue, querían entregarlos como que eran vacas como que eran unos animales, querían meterlos en unos camiones», y recuerda cómo Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, solo llegó a tomarse fotos.

Finalmente una organización de derechos humanos les ayudó a trasladar los cuerpos a la Villa de San Antonio, y aunque todavía esperaban solidaridad de parte del gobierno de Honduras, nunca llegó.

Ante el abandono, los sentimientos de tristeza y dolor se convirtieron en enojo el día que repatriaron los cuerpos. Doña Adela recuerda que «Cancillería dijo que no tenía dinero y lo que dio fueron tres mil lempiras a cada madre».

Para Carla, el único responsable de lo que vivieron es el gobierno al no brindar seguridad ni fuentes de trabajo a las personas que viven en Honduras. «El gobierno es el autor intelectual de la migración, es algo ilógico que Honduras haya firmado el acuerdo de tercer país seguro», asegura.

Este grupo de mujeres ahora forma parte de un comité en La Paz con las demás familias que sufrieron una pérdida en esa tragedia. El Comité de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) que surgió del dolor de las familias y el apoyo del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO). Actualmente están trabajando para ayudar a otras familias que viven la misma situación que un día ellas atravesaron. Porque todos los días se escucha en el pueblo que alguien salió rumbo al sueño de la libertad en el norte. Familias enteras están huyendo del olvido en la Villa de San Antonio.

Sobre la esperanza que el gobierno ha proyectado en el Aeropuerto Internacional Palmerola, María dice que «se supone que va a venir más empleo y fuentes de trabajo pero esas personas que vienen a trabajar ya están, seguramente. Como comunidad es un desarrollo pero nosotros como familias no aspiramos a que un familiar pueda trabajar allí», concluye.