El Noveno Circuito de EE.UU. permitió a la Administración Trump poner fin al TPS para hondureños, nicaragüenses y nepaleses. Los afectados son 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esto marca para la Casa Blanca una promesa cumplida en su cruzada por terminar con beneficios migratorios para personas de países altamente dependientes de las remesas y para los migrantes el inicio de un proceso de separación y desarraigo.
Por: Contracorriente con información de EFE
Esta nota fue resumida con apoyo de IA.
La reciente decisión del Noveno Circuito de Apelaciones en California ha encendido las alarmas en miles de hogares, sobre todo en Centroamérica. El tribunal avaló que el Gobierno del expresidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que, durante más de dos décadas, ha protegido de la deportación a unos 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. El fallo plantea un escenario incierto para familias enteras y para economías como la hondureña, altamente dependiente de las remesas enviadas desde el extranjero.
Mientras abogados y defensores de derechos humanos califican la medida como un «ataque coordinado» contra la población migrante, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó respaldo a los connacionales amparados por el TPS y anunció asistencia consular.
Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo hoy en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte «de una campaña coordinada» para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.
«El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente», agregó la abogada.
La presidenta Castro compartió en redes sociales el siguiente mensaje: «Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las familias hondureñas amparadas por el TPS. Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia».
La pregunta central sigue abierta: ¿qué ocurrirá con las decenas de miles de personas que han construido una vida en Estados Unidos y ahora enfrentan la posibilidad real de la deportación?
Solo en 2024, Honduras recibió 7.858 millones de dólares en remesas provenientes de compatriotas que residen en Estados Unidos.
Estos envíos representan alrededor del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) y, en al menos un 10 % de los hogares beneficiados, constituyen la principal o única fuente de ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Antecedentes del TPS: de la emergencia al arraigo
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990, con el fin de otorgar un alivio temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden un retorno seguro.
En el caso de Honduras y Nicaragua, el TPS se activó tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998, que dejó más de 10.000 muertos en Centroamérica y arrasó infraestructuras esenciales. Desde entonces, se ha ido renovando periódicamente, lo que permitió que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses encontraran estabilidad legal, acceso a empleo formal y la posibilidad de contribuir tanto a la economía estadounidense como al sustento de sus familias en sus países de origen.
En el caso de Nepal, el TPS fue otorgado en 2015 tras el terremoto que dejó cerca de 9.000 muertos y una profunda crisis humanitaria. Aunque sus beneficiarios son menos numerosos en comparación con los centroamericanos, han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de una década.
Lo que nació como un amparo temporal se convirtió, con el tiempo, en un pilar de la vida de decenas de miles de personas. Muchos de ellos ya tienen hijos ciudadanos estadounidenses, han comprado casas, han fundado negocios y pagan impuestos. El fin del TPS no solo implica la pérdida de un estatus legal: significa, en la práctica, desarraigar a familias enteras.
El fallo del Noveno Circuito
El panel del Noveno Circuito de Apelaciones revirtió la decisión de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar bajo el amparo. Con esta resolución, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal y permiso de trabajo a partir del 8 de septiembre, mientras que los nepaleses lo pierden de forma inmediata.
La Administración Trump había argumentado que las condiciones que dieron origen al TPS ya no existen. Para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mantener indefinidamente este beneficio «distorsiona» su propósito original. Según explicó la subsecretaria Tricia McLaughlin, se busca «restaurar la integridad» del sistema migratorio, recordando que el TPS no fue concebido como un sistema de asilo permanente.
Del otro lado, organizaciones de derechos humanos y abogados sostienen que la cancelación responde a un sesgo político e ideológico. Alegan que la decisión está teñida por «animosidad racial» un argumento central en la demanda que habían presentado contra el DHS.
Reacciones inmediatas: entre la indignación y la solidaridad
Para el expresidente Donald Trump, el fin del TPS encaja en su estrategia más amplia de endurecimiento migratorio. Su administración también ha cancelado el TPS a unos 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes. El discurso oficial subraya que los beneficiarios han tenido suficiente tiempo para regularizarse por otras vías o regresar a sus países de origen.
Por su parte, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA advirtió que los jueces no valoraron adecuadamente el impacto humano de la medida. Organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) alertaron que más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses podrían quedar separados de sus padres.
El fin del TPS amenaza con deportaciones masivas. Muchos beneficiarios llevan más de 20 años en Estados Unidos, lo que significa que sus vidas están profundamente arraigadas en ese país. La deportación implicaría no solo el retorno a naciones con economías frágiles, sino también la ruptura de lazos familiares y comunitarios.
El caso más delicado es el de los niños ciudadanos estadounidenses, hijos de beneficiarios del TPS. Se calcula que son más de 40.000 en el caso de los hondureños. La cancelación del programa podría forzar decisiones dolorosas: que los niños se queden en EE.UU. sin sus padres o que acompañen a sus familias a países donde nunca han vivido.
La figura de las familias de estatus mixto —padres indocumentados o con TPS y niños ciudadanos— refleja la complejidad del sistema migratorio estadounidense. Estos menores, amparados por la ciudadanía, podrían crecer en un entorno de incertidumbre si sus padres son deportados. Los efectos emocionales y psicológicos de esta separación han sido ampliamente documentados por organizaciones como Human Rights Watch.
Remesas y dependencia en Honduras
Uno de los aspectos más críticos es el impacto en las remesas. En 2024, Honduras recibió 7.858 millones de dólares en envíos de migrantes, lo que representó cerca del 25 % del PIB nacional. Para al menos un 10 % de los hogares, las remesas son la única fuente de ingresos.
La cancelación del TPS podría reducir estos flujos de forma significativa, afectando no solo a las familias receptoras, sino a la estabilidad macroeconómica del país. La economía hondureña es altamente dependiente de este dinero para consumo, vivienda y educación.
Paradójicamente, estudios han demostrado que los beneficiarios del TPS son contribuyentes netos en Estados Unidos. Pagan impuestos federales y locales, sostienen la seguridad social y ocupan puestos clave en sectores como la construcción, los servicios y la salud. La cancelación del programa no solo afectará a sus familias, sino también a las comunidades estadounidenses que dependen de su trabajo.
El debate en torno al TPS ilustra cómo la migración se ha convertido en un campo de batalla político en Estados Unidos. Para sectores conservadores, mantener el TPS indefinidamente equivale a abrir una vía de regularización encubierta. Para defensores y progresistas, se trata de una protección humanitaria esencial en un mundo marcado por crisis permanentes.
Lo que viene
El fallo del Noveno Circuito no necesariamente cierra la puerta a nuevas apelaciones. Abogados migratorios ya preparan recursos legales adicionales. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil impulsan campañas de presión política, apelando al Congreso y a futuras administraciones para que restauren o transformen el TPS en una vía de residencia permanente.
Para los migrantes, la incertidumbre sigue siendo la norma. Muchos se preguntan si deben regresar voluntariamente, quedarse en un limbo legal o seguir luchando por una solución definitiva. El desenlace dependerá tanto de la dinámica política en Washington como de la capacidad de organización de las comunidades migrantes.
Mientras tanto, miles de inmigrantes siguen levantándose cada día para trabajar, pagar impuestos y sostener tanto a Estados Unidos como a sus países de origen.
