Por: Dany Díaz Mejía
Portada: Persy Cabrera
Conocí a miembros de las comunidades de la zona de Sapadril, Cortés, en el norte de Honduras, en mayo, frente a la Procuraduría General de la República. Exigían el cierre de la mina de Agrecasa, ubicada en la comunidad de Brisas de Tramade. Dictámenes del mismo Estado han dicho, que «la mina no debe operar donde está ubicada actualmente», como bien lo ha documentado Lucía Vijil en diferentes análisis del Cespad.
El 22 de abril de 2025, la comunidad inició un campamento de resistencia, bloqueando el paso a la mina que funciona desde 2005, pero cuyas licencias ambientales vencieron en 2024. El 22 de julio cumplieron 90 días en resistencia. El campamento hoy se llama «Campamento Digno René Alemán y Pedrina Melgar», en honor al profesor René, una de las primeras personas en advertir sobre los daños de la mina, y Doña Pedrina, una persona entregada a la lucha que murió en junio.
Durante mis visitas a Brisas de Tramade, les he preguntado si no les da miedo lo que están haciendo, especialmente porque Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser un ambientalista y porque el asesinato de Juan López en septiembre de 2024 es una herida abierta en la impunidad. Todas las personas confesaron sentir miedo, pero también aseguraron que no las paraliza, que se cuidan y se animan entre ellas.
Actuar ante la injusticia y defender el bien común, pese a los riesgos, es un ejemplo de ciudadanía resistente. En un contexto donde el sistema electoral se aleja de estándares democráticos, la comunidad que se opone a la mina en Brisas de Tramade demuestra civismo y ofrece esperanza.
Depende de nosotros escucharla y decidir actuar también con civismo desde nuestras trincheras, aún si no vivimos en una democracia plena.
Un experimento mental para entender el contexto
Imaginemos que tengo una enfermedad que me provoca dolores de cabeza y úlceras. Poco a poco, estos síntomas me llevan a la desesperación. Voy al doctor y acepto un tratamiento experimental. Al parecer, el tratamiento hace que se me caiga el pelo, que me salgan ronchas horribles en la piel y que, lentamente, me vaya quedando sordo. Luego, me doy cuenta de que me engañaron: los síntomas que tengo son porque no me han dado algo que sirva, porque el tratamiento solo era una pastilla de mentiras. Primero, pienso que quizás no había cura, que el doctor me dio esa medicina falsa para consolarme. Pero después descubro que sí existe un tratamiento eficaz, sin riesgos, y que ya ha sido estudiado.
Estará de acuerdo conmigo en que, si después de haberse dado cuenta de que había un tratamiento, el doctor no me lo ofreció, entonces actuó sin ética. Que si, después de pedir el tratamiento que sí sirve, el doctor me siguió dando el que solo me enferma más, actuó sin ética. Que si, después de que le digo que ya no quiero estar en el estudio, que quiero buscar otras opiniones, el doctor me obliga a seguir con el tratamiento usando su influencia, entonces actuó sin ética. Usted intuye, como yo, que mis derechos habrían sido irrespetados que ha habido una injusticia.
Este ejemplo hipotético, de hecho, ocurrió en Estados Unidos durante cuarenta años (1932–1972), cuando se le negó tratamiento de sífilis a hombres afroamericanos para observar cómo evolucionaba la enfermedad, a pesar de que la penicilina fue identificada como una cura efectiva en 1947. Se le conoció como el Experimento de Tuskegee, por la ciudad en Alabama donde ocurrió. Este caso provocó un escándalo nacional y llevó al establecimiento de principios éticos para proteger a las personas que participan en estudios conductuales y biomédicos. Entre estos principios, aprobados en el Informe Belmont en 1979, están el derecho al consentimiento informado, a retirarse en cualquier momento de un estudio, a no ser dañado y a no ser expuesto a riesgos injustificados.
Como demuestra el caso de Tuskegee, limitar el derecho a decidir tu destino es una injusticia. ¿Por qué utilizo este ejemplo? En Brisas de Tramade, la minera llegó con promesas de movilidad social que no se cumplieron. Instituciones del Estado de Honduras han encontrado daños que se asocian directamente con la presencia de la mina en la comunidad.
La Secretaría de Salud establece, entre los daños, afectaciones en la piel, pérdida de audición, caída de pelo y daños psicológicos por las incesantes explosiones. Veinte años después, miembros de la comunidad han decidido que ya no quieren la mina, que no ha cumplido las promesas de transformar sus vidas, que, como dice una vecina, «no quieren ser pobres y además estar enfermos».
Probablemente usted esté, otra vez, de acuerdo conmigo en que la comunidad tiene derecho a pedirle a la mina que se vaya. Primero, porque a usted también le gustan los principios del Informe Belmont. Y segundo, porque también le parece grave que el mismo Estado diga que tener esta mina en medio de una zona residencial es incompatible con la salud pública.
Las personas tienen un derecho fundamental a decidir su propio destino, a cuestionarse la dirección de su vida y, sobre todo, a cambiar de rumbo, especialmente cuando, tras años de probar determinada ruta, se dan cuenta de que ya no la quieren.
Ahora bien, después de darme la razón, usted podría dudar. Podría, por ejemplo, decir que, en el caso de Tuskegee, se descubrió un tratamiento efectivo, pero que, en el caso de las zonas rurales, no hay un camino claro para el desarrollo, para salir de la pobreza, para el hecho de que en el país se registran 1.7 millones de personas en crisis o emergencia alimentaria, que tener trabajo, aunque sea a corto plazo, es mejor que no tenerlo.
Pero aquí, Pablo, Marta, Marisol, Olvin, Eliceo, Francisco, Dilcia y otros vecinos de Brisas de Tramade nos recuerdan que ningún desarrollo que te deje sin agua y sin salud puede ser el camino correcto. Las personas de la comunidad tienen sus propias ideas de alternativas, comenzando con la reforestación de la zona, incrementar la presencia del Estado, promover actividades económicas con enfoques de familia o promover el cultivo de huertos.
El no escucharlos, el imponer una visión del mundo, el desmerecer sus preocupaciones y la lógica de sus argumentos es una injusticia. Claro, el problema no es si estamos de acuerdo o no con que se ha cometido una injusticia. El meollo del asunto es si, después de ponernos de acuerdo en que la hubo, también decidimos hacer algo al respecto.
Esto, la comunidad lo tiene claro: resistir.
El valor cívico de resistir en medio del peligro
La mayoría de las personas que hoy resisten la mina nunca había participado en una manifestación. Sin embargo, cuando los vecinos empezaron a enfermar y las explosiones de la mina se daban sin cesar las 24 horas del día, decidieron actuar.
Es decir, el valor cívico es una acción y una habilidad, la cual, por definición, se puede aprender y practicar. Y aquí está la esperanza para usted y para mí. Podemos decidir desde ya cómo practicaremos el civismo este año, comprometernos con la paz, con votar y rechazar las provocaciones a la violencia.
Sin actuar, las personas y la democracia se enferman.
