Por Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera
En los próximos días, Honduras será escenario de una marcha convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica de Honduras, bajo el lema de defender la democracia. Aunque su objetivo declarado es brindar un mensaje de esperanza para Honduras, este evento invita a reflexionar sobre el papel que las iglesias han jugado —y siguen jugando— en la vida política del país.
Mi objetivo no es estigmatizar este espacio sino hacer algunas observaciones de este y otros eventos polémicos protagonizados por el sector religioso. Las iglesias siempre han tenido una influencia notable en las decisiones de cada gobierno, ya sea por tener abiertamente fundamentalistas en puestos de poder—como el ex pastor y ex designado presidencial Ebal Díaz (ahora acusado de corrupción)— o por medio de la presión mediática, como en el caso de movimientos cristianos que se oponen a la educación sexual integral y que, se presume, influyeron en el veto presidencial en la ley de prevención de embarazos.
Aunque esto pueda parecer obvio para muchas personas, todavía parece necesario recordar la importancia en que la Iglesia y el Estado deben tener una separación clara. Esto no significa prohibir la religión sino reconocer que sus funciones no deben confundirse. Pero, ¿por qué insistir en esta separación? Estas tres razones ayudan a entender los riesgos.
1.Porque garantiza la libertad religiosa:
Ninguna religión —o ausencia de ella— debería considerarse privilegiada. Por ello, darle prioridad y poder a una confesión es limitar la libertad de las otras. Un ejemplo de ello es cuando se otorgan exoneraciones a unas congregaciones pero a otras no, o la lectura de la Biblia en las escuela, cuando bien pueden haber niños/as que tengan otros sistemas de creencias o, simplemente, no los tengan.
La libertad religiosa real se basa en permitir que las personas crean en lo que quieran creer, no en que hagan lo que quieran contra otros sin consecuencias.
2. Porque puede incrementar brechas de desigualdad al crear normativas discriminatorias o coartar la libertad:
Si, por ejemplo, se creara una ley que prohíbe el divorcio porque quienes están legislando creen que es un «pecado», estarían obligando a las personas a permanecer con alguien a quien no aman, basándose en creencias que ni siquiera son compartidas por los miembros de la pareja. Un ejemplo más cercano a la situación actual sería la prohibición constitucional del matrimonio (un derecho civil) a parejas del mismo sexo, debido a que la mayoría de los diputados tienen creencias contrarias a las personas LGBTIQ+.
Legislar bajo creencias y no bajo derechos humanos crea divisiones en el trato social y por tanto, es discriminación.
3. Impone una narrativa como verdad absoluta y anula el pensamiento crítico
Un Estado laico permite a las personas pensar con más libertad y criticismo.En cambio, un Estado que se inclina por un sistema de creencias tiende a criminalizar a quien disiente o , cómo mínimo, puede sancionar por «alterar el orden».
Más allá de estos puntos, la relación histórica entre iglesias fundamentalistas y gobiernos siempre ha sido un tema controversial, pero permitir que no hayan límites entre una y otra puede seguir creando problemas graves en el acceso de los derechos de la población. Particularmente, esto en Honduras es más notorio con las mujeres y población LGBTIQ+, cuyas demandas no se satisfacen en gran medida por los prejuicios basados en la religión de quienes tienen el poder en los 3 poderes del Estado, bloqueando propuestas de leyes que buscan reducir la brecha de desigualdad.
La intromisión de las iglesias en los partidos tradicionalistas sigue cobrando bastante notoriedad. Un ejemplo de ello es el acuerdo entre iglesias evangélicas y nacionalistas previo a las elecciones pasadas.
O también, la intromisión de dirigentes eclesiásticos en las juntas interventoras que Juan Orlando Hernandez instaló durante sus gobiernos.
No es ninguna novedad que grupos antiderechos aprovechan estos espacios para disfrazar sus demandas con la frase «lo dice la palabra de Dios», con la cual justifican narrativas de odio que se alejan del concepto de amor que supuestamente pregonan.
La cuestión es ¿hasta cuándo la sociedad no caerá en estas provocaciones? Creo sensato recordar que ningún grupo ha solicitado expulsar a los religiosos del país o prohibir el cristianismo en Honduras. En cambio, muchos sectores religiosos exigen que se prohíba la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que la lectura de la Biblia en las escuelas sea obligatoria, forzar nacimientos de embarazos no deseados, censurar a las personas LGBTIQ+ o promover su rechazo desde los púlpitos, entre otras acciones.
¿No es extraño que en un país donde la mayoría profesa una religión cristiana se den tantos crímenes y se crea que lo que necesitamos es más cristianismo? Esto ocurre porque la moral debe basarse en la empatía hacia quienes son vulnerados y en la justicia, no en el miedo ni en la exclusión.
En un Estado donde existe democracia, las iglesias no son juez y parte: son una voz entre todas las existentes, ni la más válida ni la «reserva moral».
