El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue capturado el 29 de julio de 2022, tras publicar investigaciones que señalaban posibles actos de corrupción en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sostiene que existen delitos cometidos por el comunicador, su defensa afirma que los fondos incautados tienen origen lícito y que las acusaciones buscan silenciar su labor periodística. Organizaciones nacionales e internacionales exigen su liberación, argumentando irregularidades procesales, violaciones a sus derechos humanos y el uso del sistema judicial como herramienta de persecución contra la prensa crítica en Guatemala.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Agencia EFE
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue capturado el 29 de julio de 2022 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso, luego de que elPeriódico —medio que él fundó— publicara investigaciones sobre presunta corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei.
A tres años de su detención, Zamora permanece en prisión preventiva en el área de aislamiento de la cárcel militar Mariscal Zavala, mientras su caso acumula retrasos y denuncias de violaciones al debido proceso.
En entrevista con Contracorriente, Marielos Monzón, presidenta de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), señaló que lo que ocurre con Zamora no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de criminalización y uso malicioso del derecho penal para silenciar voces críticas. «Lo que estamos viendo son procesos que utilizan la prisión como castigo anticipado», afirmó.
Zamora enfrenta tres procesos judiciales: el primero por supuesto lavado de dinero, el segundo por obstrucción a la justicia y el tercero por falsificación de documentos. Aunque en el primer caso se le concedió una medida sustitutiva, no recuperó su libertad porque seguía bajo prisión por los otros procesos. Monzón explicó que esta es una nueva estrategia en Guatemala: «Te liberan de un caso, pero te meten nuevas acusaciones para que no puedas salir nunca».
En el primer juicio, en el que se le acusaba de ocultar el origen de 300,000 quetzales en efectivo, Monzón señaló que la fiscalía no presentó pruebas determinantes y que el proceso estuvo lleno de irregularidades: «Lo condenan sin abogado, sin derecho de defensa y sin poder presentar pruebas. Tres de sus abogados fueron presos y tuvieron que cambiar de abogados diez veces porque los amenazaron». Debido a estas irregularidades, una sala anuló la condena de seis años de prisión. Sin embargo, Zamora sigue encarcelado a la espera de un nuevo juicio. «Él está pagando una pena sin condena, porque está en prisión preventiva», lamentó Monzón.

No obstante, el 18 de octubre de 2024 se le otorgó arresto domiciliario en dos de los tres casos, lo que le permitió salir de prisión durante cinco meses. Sin embargo, en marzo de 2025 la Sala de Apelaciones revocó las medidas. «Ni siquiera entraron a conocer el fondo del asunto, simplemente dijeron que el juez que le otorgó la medida estaba recusado y por eso tenía que volver a prisión. Es una barbaridad», denunció Monzón.
La recusación, explicó, es un procedimiento que permite a una de las partes pedir que un juez sea apartado del caso si se duda de su imparcialidad. En este caso fue el Ministerio Público quien recusó al juez que había otorgado el arresto domiciliario, lo que permitió a la sala invalidar su decisión.
Desde su captura, el impacto ha sido devastador no solo para Zamora, sino también para el periodismo en Guatemala. El mismo día de su detención, las oficinas de elPeriódico fueron allanadas y varios periodistas fueron retenidos por fiscales. En 2023, el diario cerró definitivamente debido a la persecución judicial y al embargo de sus cuentas. «No iban solo por el periodista, también iban por el medio, nueve periodistas que están criminalizados junto con José Rubén. De los nueve periodistas y columnistas que también están siendo perseguidos, seis siguen en el exilio; se tuvieron que ir para que no los metieran presos. Y los demás se quedaron en Guatemala, pero sin empleo», aseguró Monzón.
Asimismo, señaló que elPeriódico tenía una cultura sólida de investigación. «Con su cierre, la población perdió una fuente vital de información sobre corrupción. Más de 200 personas se quedaron sin empleo, sin indemnizaciones y sin acceso a pagos porque las cuentas fueron embargadas».
Para Monzón, la detención de José Rubén Zamora envió un mensaje directo a toda la prensa guatemalteca. Recordó que, al enterarse de la captura, varios periodistas se movilizaron hasta la casa del director de elPeriódico y coincidieron en una misma preocupación: «Si se lo hicieron a José Rubén, que es el periodista más reconocido de Guatemala y uno de los más respetados de Centroamérica, a cualquiera de nosotros se lo pueden hacer».

Ayer, la Red Centroamericana de Periodistas, junto con el colectivo No Nos Callarán, la Red Rompe el Miedo Guatemala y Amnistía Internacional, emitieron un comunicado exigiendo la liberación de José Rubén Zamora y denunciando el uso del sistema judicial como mecanismo de censura.
«Hoy se cumplen tres años desde la detención arbitraria del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, un referente del periodismo independiente en la región. Esa fecha no solo nos obliga a denunciar su caso, sino también a alzar la voz contra uno de los casos más graves de persecución judicial contra la prensa en Centroamérica», cita el comunicado.
Las organizaciones señalaron que Zamora fue arrestado días después de que elPeriódico —medio que fundó— publicara investigaciones sobre posibles actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla. Desde entonces, las acusaciones en su contra han sido «ampliamente cuestionadas y denunciadas como instrumento político para silenciar su trabajo periodístico».
En el documento también se denuncian las condiciones de su detención, destacando posibles tratos inhumanos durante el primer año de prisión: «Numerosas organizaciones han denunciado las condiciones inhumanas que ocurrieron durante el primer año de su detención: aislamiento prolongado, privación del sueño, desnudez forzada y falta de atención médica; prácticas que podrían constituir tortura y que pusieron en riesgo su vida integral».
El comunicado subrayó además el impacto de la detención en su trayectoria profesional y en la existencia del medio que fundó: «En estos tres años el daño ha sido devastador no solo para su libertad personal, sino también para su legado profesional. elPeriódico, el medio que fundó y desde el cual denunció con valentía la corrupción en las más altas esferas del poder, cerró definitivamente en 2023, asfixiado por un asedio financiero y judicial que buscó aniquilarlo».
Finalmente, las organizaciones exigieron acciones concretas e inmediatas: «Exigimos la liberación inmediata de José Rubén Zamora para que pueda defenderse en libertad. Reclamamos que se garantice un proceso justo y libre de interferencias políticas, y que se le brinde la atención médica integral que salvaguarde su vida y dignidad».