Un informe de auditoría marcado como «uso privilegiado y confidencial», al que Contracorriente tuvo acceso, revela graves deficiencias en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones generales de 2021, como la falta de verificación del software, la ausencia de registros de cambios, la exclusión de partidos políticos y errores en pruebas públicas. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin sesionar debido a la ausencia de Marlon Ochoa y al proceso de renuncia de Ana Paola Hall, y la adjudicación del TREP que se usará en las elecciones generales del 30 de noviembre sigue paralizada, en medio de una narrativa de fraude impulsada desde el oficialismo.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada; el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo; y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, han expresado a la saciedad durante las últimas semanas que el único sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que aceptarán en las elecciones generales del 30 de noviembre debe contener características técnicas similares o idénticas al que se utilizó en las elecciones generales de 2021, pese a que ese sistema también presentó múltiples deficiencias según informes de auditoría y observación posteriores a los comicios.
El 23 de julio de 2025, Moncada, quien se desempeñó como consejera del CNE entre 2019 y 2022, manifestó: «En 2021 nosotros lo pudimos demostrar y, aunque no les guste, se llevaron a cabo las elecciones más limpias de la historia, con un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares que mandó las actas directamente desde cada centro de votación a los partidos políticos y al CNE en forma simultánea. ¿Por qué vamos a cambiar ese sistema si es el que nos dio resultados y transparencia, y nos permitió evaluar la soberanía de forma correcta y legal».
Durante las elecciones generales de 2021, los resultados a nivel presidencial fueron ampliamente favorables a la actual presidenta, Xiomara Castro —del Partido Libre—, quien obtuvo cerca de 480,000 votos de ventaja sobre Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, partido que había gobernado entre 2010 y 2022, con fuertes vínculos con el crimen organizado, actos de corrupción y una reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en 2017, amparada en una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, debido a la enorme ventaja que se obtuvo en los resultados presidenciales, la efectividad del TREP fue poco discutida. A pesar de ello, un informe de auditoría marcado como de «uso privilegiado y confidencial» realizado por una firma consultora contratada por el CNE —al que accedió Contracorriente— y el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) certifican que existieron deficiencias en ese sistema.
El TREP es un sistema que permite la transmisión de resultados de actas de cierre por parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y que informa a la ciudadanía sobre los resultados parciales de la votación horas después de la celebración de las elecciones, pero previo al escrutinio general. En Honduras se implementó por primera vez en elecciones generales en 2013, ocasión en la que sólo transmitió un corte con alrededor del 20 % de las actas escrutadas; después, en 2017, transmitió cerca del 60 % y en 2021 un 45 %.
En el informe de auditoría al que accedió este medio de comunicación se establecen diferentes deficiencias registradas en el TREP que se utilizó en las elecciones generales de 2021, más allá de la narrativa del oficialismo de calificarlo como un sistema «perfecto». Según el informe, el sistema fue sellado sin que se permitiera verificar su contenido completo, se usó una versión de software sin soporte ni actualizaciones de seguridad, y no se registraron adecuadamente los cambios hechos al sistema antes de las elecciones. Además, los partidos políticos no estuvieron presentes en ninguna parte del proceso.
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También se detectaron errores durante una prueba pública, lo que obligó a suspender el procedimiento y hacer ajustes de emergencia a último momento. Tampoco se pudo comprobar que los resultados se transmitieran desde una versión segura y validada del sistema, de acuerdo con el informe de auditoría.
Por otra parte, el reglamento del sistema TREP indicaba en su artículo 13 que, después de que se reinicien las bases de datos, debía quedar un registro activo de todas las acciones realizadas. Sin embargo, según el informe de auditoría, el proveedor del sistema no ofreció ninguna forma de comprobar que esa bitácora estuviera funcionando.
La empresa encargada del TREP en 2021 fue Magic Software Argentina (MSA). Aunque los lineamientos para el proceso de licitación fueron aprobados por unanimidad en aquella ocasión, la adjudicación a esta empresa se dio con mayoría de votos. El entonces consejero Kelvin Aguirre votó en contra frente al voto favorable de las entonces consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall.
Adicionalmente, el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) estableció deficiencias en el TREP relacionadas con que la verificación de resultados «dependía en gran medida de la precisión del sistema de reconocimiento inteligente de caracteres» y que «no se establecieron mecanismos para detectar un número anormal de votos a determinados candidatos».
CNE continúa sin aprobar sistema de TREP
A cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se mantiene paralizado, con el consejero Marlon Ochoa ausentándose de las sesiones del pleno y con la consejera Ana Paola Hall en un proceso de renuncia, lo cual está deteniendo el proceso de adjudicación del sistema de TREP que se busca implementar.
El 7 de julio de 2025 estaba planificado que se efectuara una sesión en la que el CNE iba a recibir las ofertas de las empresas interesadas en prestar el servicio del TREP; sin embargo, no se pudo realizar ante el hostigamiento de simpatizantes del Partido Libre a las personas representantes de las empresas oferentes. Una de las empresas que presentaría su oferta es Smartmatic, que se encargó del TREP en las elecciones primarias del 9 de marzo, en las que, pese a su implementación, un 38 % de las actas tuvieron que ser escrutadas de forma manual, según un informe de observación electoral de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
La obstaculización del proceso de licitación del TREP se ha dado en simultáneo con un fraccionamiento en el pleno del CNE, pues el consejero Marlon Ochoa, afín al oficialismo, no se presentó a esa sesión asegurando que los pliegos y términos de referencia publicados incluían una «manipulación manual» en el sistema del TREP. Esto coincidió con el discurso de la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, quien el 28 de junio de 2025, en una comparecencia pública con motivo del 16.º aniversario del golpe de Estado de 2009, denunció la supuesta intención de que en el CNE se geste un fraude durante las elecciones del 30 de noviembre.
La situación se agudizó cuando el 16 de julio de 2025 la consejera Ana Paola Hall oficializó, a través de redes sociales, su intención de renunciar al cargo. Finalmente, este viernes 25 de julio presentó ante la secretaría del CN su renuncia, argumentando que desde la autoridad del Partido Liberal se le giraron «instrucciones partidarias sobre posturas a adoptar o con quién votar» y que la crisis en el CNE se origina en «la negativa a integrar sesiones debido a la falta de unanimidad en el TREP».
La postura asumida por la consejera Hall ha provocado una serie de movimientos al interior del Partido Liberal, que la nominó al cargo. El 23 de julio de 2025, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, manifestó que será nominado el diputado Jhosy Toscano, quien primero deberá renunciar a su diputación y también a su candidatura, ya que resultó electo como candidato a diputado durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
Esta situación podría ser contraproducente, ya que para que Toscano sea elegido se requieren 86 votos, lo cual obliga a las tres principales bancadas políticas —Libre, Nacional y Liberal— a consensuar. Sin embargo, ya congresistas del Partido Libre han manifestado que no prestarán sus votos, y la propia Rixi Moncada expresó en sus redes sociales que la candidatura de Jhosy Toscano representa «a quien nos va a imponer un fraude más, ordenado por la cúpula del bipartidismo como en 2013 y 2017».
A consideración del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral —predecesor del CNE—, Augusto Aguilar, ese cierre de filas del oficialismo puede jugar en contra para la oposición y lo ideal sería que Ana Paola Hall se mantenga en el cargo.
«Ahí se corre el riesgo de que no se nombre una persona sustituta y que el CNE funcione con dos consejeros propietarios y dos suplentes que están bajo el mando del oficialismo. Esa sería la consecuencia y eso beneficia al oficialismo. Las bancadas no se van a poner de acuerdo para lograr la mayoría calificada», indicó Aguilar a Contracorriente.
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El oficialismo asegura que sobre la consejera Hall han existido presiones directas de parte de Salvador Nasralla y su círculo político, que la ha orillado a buscar hacerse a un lado del proceso electoral venidero, en el que a ella le corresponde la presidencia del CNE. Sin embargo, en un reportaje publicado el 22 de julio de 2025, revelamos que detrás de Hall está el expresidente Carlos Flores Facussé y un conflicto relacionado con el pago a su empresa Lithopress Industrial S. A. de C. V., a la que se le otorgó un contrato de 49.6 millones de lempiras para impresión de material electoral en las pasadas elecciones primarias, contrato que no ha sido pagado.
Durante las elecciones generales de 2021, Rixi Moncada se desempeñó como consejera del CNE y formó un bloque con Ana Paola Hall. En esta ocasión, ha sido evidente la aprobación del sector oficialista a la decisión de Hall de renunciar al cargo.
Lo que es cierto detrás de todo es que el proceso de adjudicación para el sistema del TREP se está retrasando cada día. La Ley Electoral establece que debe estar adjudicado cuatro meses antes de las elecciones, y todavía no se han presentado las ofertas por parte de las empresas oferentes ni el CNE ha podido sesionar.
Desprestigio al TREP
La diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), dice que a lo interno del Congreso Nacional (CN) comienza a comentarse la posibilidad de que la situación escale al punto de desprestigiar el TREP. Según la diputada, en el Legislativo ya comienza a vislumbrarse el extremo de que Libre no aceptará un TREP tal como está establecido en los pliegos y términos de referencia, lo que podría conducir a un desprestigio del sistema al punto de que se establezca que lo mejor será no utilizarlo.
«La crisis puede estar siendo generada para llegar a ciertos escenarios políticos donde se tenga que desistir de algunos procesos que estorban para dar transparencia, como es el TREP. Desde su implementación, el TREP ha dado un poco de tranquilidad. La misma Ley Electoral dice que sirve para informar a las personas sobre los resultados parciales, que sea una voz institucional quien nos los diga. ¿O qué? ¿Será que quieren que se vuelva a la época en que eran los medios de comunicación y las encuestas de boca de urna quienes nos daban una idea a veces manipulada el día de las elecciones?», ironizó Ramos.
Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), considera que mientras el consejero Marlon Ochoa no cambie su postura será imposible avanzar en la aprobación del TREP, pero tampoco descarta que exista un acuerdo político destinado a descartar su uso.
«Sería un escenario catastrófico que se vayan sin TREP a las elecciones, lo cual no sería la primera vez, y en un contexto electoral como el nuestro esto generaría mucha más suspicacia y muchas más dudas en el proceso del 30 de noviembre», manifestó Aguilar a este medio de comunicación.
Por otro lado, el exmagistrado del TSE, Augusto Aguilar, considera que la discusión en torno a si el TREP puede utilizarse como una herramienta para generar un fraude es estéril y únicamente está siendo utilizada por el oficialismo para manipular.
«El TREP solo es para informar a la gente cuál es la tendencia el día de las elecciones y cómo va avanzando la votación en los diferentes departamentos y centros de votación. Eso es todo. La ley es muy clara, contundente, cuando dice que el escrutinio general lo va a hacer el CNE en base a las actas de cierre», indicó Aguilar, quien es una de las personas que participó en la redacción de la vigente Ley Electoral.
La salida a la crisis electoral parece cada vez más lejana. El Partido Libre se mantiene firme en su rechazo al proceso de adjudicación del TREP aprobado por el CNE y, al mismo tiempo, su bancada en el CN no da señales de apertura para consensuar la elección de un sustituto de Ana Paola Hall. Por su parte, el Partido Liberal sostiene que Hall no desea continuar en el cargo, pero la decisión final recae en el Congreso Nacional. Mientras tanto, el reloj avanza: faltan apenas cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre y el sistema de TREP aún no ha sido adjudicado.
