El Partido Salvador de Honduras (PSH), que fue fundado en 2020 por Salvador Nasralla, pasó de ser un aliado del Partido Libre en el Congreso Nacional (CN) a estar al borde de ser inhabilitado para participar en las elecciones generales de noviembre y correr el riesgo de perder su personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le impidió ser inscrito para el venidero proceso electoral ante presuntas irregularidades en la inscripción de sus planillas y, ahora, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) analiza un recurso de apelación.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y Persy Cabrera
Una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría dejar al Partido Salvador de Honduras (PSH) fuera de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. El PSH, que surgió en 2020, se ha caracterizado por formar parte de acuerdos rotos y por el transfuguismo de varios de sus principales líderes, pero, según algunos de sus actuales diputados, también representa una voz de oposición en medio de un Congreso Nacional (CN) permeado por los intereses compartidos entre el oficialismo ejercido por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y la oposición encabezada por los partidos Nacional y Liberal.
La resolución del CNE impidió al PSH inscribirse en las elecciones generales debido a supuestas irregularidades en la mayoría de las planillas presentadas. El 6 de junio de 2025, durante el sorteo de ubicación de los partidos políticos en las papeletas que se pondrán a disposición de la ciudadanía el 30 de noviembre, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, manifestó que solo había 93 planillas debidamente inscritas y que el mínimo, según la Ley Electoral, son 220.
Ante ello, el 2 de junio, el PSH y otros partidos minoritarios, como el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Naranja de Honduras (Panah), el Partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación (Orden), y la Alianza Patriótica Hondureña (APH), presentaron diferentes recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La Ley Orgánica y Procesal Electoral establece plazos de hasta 45 días para que el TJE resuelva. No obstante, el TJE tendrá vacaciones durante julio y será hasta agosto que el pleno dará a conocer su sentencia, según explicaron dos fuentes del TJE.
A diferencia de las elecciones generales de 2021, en las que participaron 11 partidos políticos, dos alianzas políticas —incluida la alianza de hecho entre el Partido Libre y el PSH— y dos movimientos independientes, en estas elecciones solamente participarán seis partidos políticos: Libre, Nacional, Liberal, Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu), a la espera de la sentencia que emita el TJE.
Según el documento presentado ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el PSH alega que se establecieron plazos y procedimientos que no fueron aplicados de manera uniforme para todos los partidos.
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Uno de los principales señalamientos del PSH hace referencia al acceso a los sistemas de información y verificación de planillas, los cuales, según el recurso, estuvieron disponibles para el resto de los partidos, pero fueron restringidos al PSH. Además, afirman que durante más de un año el partido solicitó reiteradamente acompañamiento institucional y respuestas formales por parte del CNE sin obtener respuesta.
«En general, hay una violación al derecho de participación y de igualdad porque no se nos trató en ninguna parte del proceso igual que como se trató al tripartidismo», manifestó a Contracorriente el exdiputado del CN, Aníbal Cálix, quien encabezaría la candidatura presidencial por parte del PSH.
José Manuel Matheu, diputado del PSH, indicó que los plazos establecidos por el CNE fueron insuficientes y que, pese a ello, presentaron las subsanaciones en las planillas. De acuerdo con Matheu, el PSH no solo presentó las 93 planillas que estableció el CNE, sino que más de 240 planillas fueron subsanadas.
«Cuando nos mandaron a subsanar, que fue un viernes en horas de la noche, nos pedían subsanación de constancias de vecindad, las cuales las extienden las alcaldías y nos daban tres días calendario. Eso era sábado, domingo y lunes. Sábado y domingo ninguna alcaldía trabaja, así que no podíamos obtener las constancias de vecindad que decían que hacían falta. Las tuvimos que obtener el lunes y por eso fue que entregamos todo subsanado el lunes en horas de la noche», expresó Matheu.
Es la primera vez que el TJE tendrá la capacidad de resolver un recurso de apelación conforme a la nueva Ley Orgánica y Procesal Electoral, aprobada el 10 de septiembre de 2024 por el Congreso Nacional. Antes de esta ley, las actuaciones del TJE se regían por reglamentos internos y, supletoriamente, por la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Procesal Civil.
El subdirector legal del TJE, Luis Fernando Espinoza, confirmó que el pleno del TJE ya está en una etapa de análisis y estudio del recurso de apelación presentado por el PSH y los que presentaron los partidos. Además, dijo que el recurso presentado por Todos Somos Honduras (TSH) fue descartado al haberse presentado con extemporaneidad.
«Entonces, dentro de estos 30 días, le corresponde al magistrado ponente, que es el encargado de redactar la sentencia, estudiar todas estas cuestiones que involucran tanto el expediente administrativo del Consejo Nacional Electoral como el expediente jurisdiccional y emitir sus valoraciones. Este plazo puede extenderse hasta por 15 días más en el caso de complejidad y otras cuestiones que deban valorarse a criterio del pleno de magistrados», explicó Espinoza.
La resolución deberá ser revisada por los tres magistrados del TJE, cada uno de los cuales representa a uno de los principales partidos políticos: Mario Morazán, vinculado al oficialismo y quien fue fiscal general adjunto interino impuesto por la Comisión Permanente del Congreso Nacional —controlada por diputados oficialistas—; Mario Urrutia, representante del Partido Nacional; y Miriam Barahona, representante del Partido Liberal.
El exdiputado Aníbal Cálix declaró a Contracorriente que, hasta el momento, el TJE ha actuado satisfactoriamente. Sin embargo, advirtió que, en caso de no obtener una sentencia favorable, acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo.
«Nosotros vamos a seguir llevando nuestro caso ante las instancias tanto nacionales como internacionales a las cuales tengamos acceso. También tenemos la situación de que en caso de que nosotros no seamos inscritos en esta elección, se corre el riesgo de que la personería jurídica de nuestro partido se pierda», expresó.
No obstante, el tiempo corre, y una tramitación ante el alto tribunal podría exceder los plazos establecidos antes de las elecciones del 30 de noviembre.
Surgimiento del PSH y su papel en el CN
El Partido Salvador de Honduras (PSH) surgió en 2020, después de que Salvador Nasralla y algunos diputados del Partido Anticorrupción (PAC) que estuvieron en el período 2014-2018 tuvieran que salir de esa institución política y migrar a otros partidos como el Partido Innovación y Unidad (Pinu). El PSH fue fundado por Salvador Nasralla y participó por primera vez en las elecciones generales de 2021.
En ese proceso, el PSH logró 10 diputados en el Congreso Nacional (CN), incluyendo al actual presidente del órgano legislativo, quien el 1 de noviembre de 2024 abandonó el partido y se juramentó en el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tras la victoria del Partido Libre y su alianza con el PSH, algunas personas que trabajaron en la campaña fueron asignadas a instituciones del Poder Ejecutivo: José Manuel Matheu fue nombrado ministro de Salud; Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico; y Sua Martínez, secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).
Sin embargo, Matheu fue destituido de la Secretaría de Salud el 1 de enero de 2024, y Barquero renunció a la Secretaría de Desarrollo Económico el 24 de abril de 2023, tras desacuerdos con el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, una normativa impulsada por el oficialismo que busca eliminar la mayoría de regímenes de exoneración fiscal presentes en el país, pero que no ha sido aprobada por el CN.
No obstante, ha sido en el CN donde el PSH ha tenido mayor protagonismo. Tras el acuerdo con el Partido Libre, suscrito un mes antes de las elecciones de 2021, Salvador Nasralla cedió su candidatura presidencial para unirse a la fórmula de Xiomara Castro como designado presidencial. El 15 de diciembre de 2021, se acordó que Luis Redondo encabezaría la junta directiva del CN.
Redondo fue juramentado presidente del CN el 23 de enero de 2022 con votos de diputados propietarios y suplentes de los partidos Libre y PSH, mientras, simultáneamente, Jorge Cálix —en ese entonces del Partido Libre— también era juramentado presidente del órgano legislativo por 85 diputados de los partidos Libre, Nacional y Liberal.
Finalmente, Luis Redondo se mantuvo como presidente del CN tras una reunión entre los diputados que apoyaban a Cálix y el coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, quien, junto con la presidenta Xiomara Castro, apoyaba la junta directiva encabezada por Redondo, que además llevaba como secretario a Carlos Zelaya Rosales, quien renunció a su cargo y diputación en septiembre de 2024. Sin embargo, en Contracorriente revelamos el 17 de febrero de 2025 que continuaba recibiendo pagos por parte del CN, lo que abrió una investigación de oficio por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El PSH también fue uno de los actores políticos que respaldó la aprobación de la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, conocida como «ley de amnistía política», la cual fue aprobada el 3 de febrero de 2022.
Esta normativa permitió la absolución de Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), quien enfrentaba dos condenas: una de nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y otra de ocho años y seis meses por fraude y abuso de autoridad.
Asimismo, la ley abrió la puerta para que un juzgado emitiera cartas de libertad a favor de Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Flores Lanza había sido acusado por el Ministerio Público (MP) de fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, luego de ser vinculado a la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo con las investigaciones del MP, dichos fondos habrían sido utilizados para financiar el proyecto de la «Cuarta Urna», una consulta popular que sería organizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 28 de junio de 2009. La consulta pretendía preguntar a la ciudadanía, durante las elecciones generales de noviembre de ese año, si estaba de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, hacia 2023, la alianza legislativa entre Libre y el PSH se rompió, y la crisis se agudizó cuando Luis Redondo removió de comisiones a diputados del PSH que eran presidentes o vicepresidentes de ellas. Además, el 23 de enero de 2024, cuando se renovó la junta directiva del CN, se excluyó a Fátima Mena e Iroshka Elvir de las vicepresidencias que venían ostentando.
En febrero de 2023, el PSH se opuso al reparto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Además, entre agosto y octubre de ese año cobró protagonismo al autoconvocarse para evitar que la Comisión Permanente se instalara y que el oficialismo nombrara interinamente un fiscal general y un fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP). En esa ocasión, el PSH presidió con las diputadas Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa, junto con el diputado liberal Mauricio Villeda, la junta directiva autoconvocada. Esa vez había diputados del Partido Liberal y Nacional respaldando.
El PSH ha sido percibido como un partido comodín, utilizado por los grandes partidos como el Nacional y Libre para unirlo a sus propósitos y después darle la espalda. En el caso de la elección del fiscal general, finalmente el Partido Nacional y el Partido Liberal cedieron para que se eligiera a Johel Zelaya como fiscal general en propiedad, a cambio de obtener cuotas de poder en instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos (UFTF), entre otras.
Pero el diputado Matheu sostiene que, a diferencia de los partidos Nacional y Liberal, la oposición del PSH es genuina.
«Hemos sido una bancada que ha tratado de hacer las cosas bien, no ser un partido que esté para estarse acomodando, haciendo componendas en el Congreso, que no aparecen en las sesiones, que se van de las sesiones y que luego aducen que hubo madrugones. No, ahí lo que hay son arreglos bajo la mesa. A veces nos critican por nuestros votos, pero votamos por lo que creemos», dijo.
Para Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés), la eventual ausencia del PSH en el CN en el período 2026-2030 generará una consolidación de un poder legislativo secuestrado por el tripartidismo.
«El PSH surge como un contrapeso en un contexto donde el oficialismo quiere imponer todo y la oposición se limita a decir que no», explicó a Contracorriente.
Transfuguismo, el principal enemigo del PSH
El transfuguismo es un derecho político garantizado en el numeral 6 del artículo 65 de la Ley Electoral, pero ha impactado negativamente en la dinámica del Congreso Nacional (CN) y en la credibilidad de los candidatos que resultan electos por un partido y luego migran a otro. En el actual período legislativo 2022-2026 del CN, esta figura ha beneficiado principalmente al Partido Liberal, en detrimento de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Partido Salvador de Honduras (PSH).
Aunque el CN inició funciones con una composición de 50 diputados del Partido Libre, 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del PSH, uno del Partido Anticorrupción (PAC) y uno de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Liberal ha sido el más favorecido por el transfuguismo. A sus filas se han incorporado tres diputadas propietarias originalmente electas por el PSH: Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa e Iroshka Elvir, así como siete diputados propietarios del Partido Libre pertenecientes a la facción que respaldó a Jorge Cálix durante la disputa por la presidencia del órgano legislativo.
Además de Cálix, se marcharon Yavhé Sabillón, Beatriz Valle, Edgardo Castro, Mario Enrique Cálix, Marco Tinoco, Francis Cabrera y Dennis Chirinos. En los últimos meses también se sumó Mauricio Rivera, quien se separó del Partido Libre después de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo.
Tras renunciar a su investidura como designado presidencial electo en la fórmula de Xiomara Castro, el 2 de julio de 2024, Salvador Nasralla anunció su renuncia al PSH para unirse al Partido Liberal, que lo juramentó el 23 de julio de 2024. Nasralla finalmente ganó las elecciones primarias e internas con ventaja sobre Jorge Cálix, quien pasó del Partido Libre al Partido Liberal de forma paralela con Nasralla.
A Nasralla se sumaron la diputada Iroshka Elvir y su suplente Josué Colindres, así como Jhosy Troscano, diputado suplente de José Manuel Matheu. También se marcharon al Partido Liberal las diputadas Maribel Espinoza —quien también compitió contra Nasralla en busca de una candidatura presidencial en ese partido en las elecciones primarias e internas—, Suyapa Figueroa y su diputada suplente Claudia Ramírez.
Mientras que, en su marcha al Partido Libre, a Luis Redondo lo acompañaron los diputados suplentes Román Morán y Mauricio Castellanos.
En el PSH solo han permanecido Carlos Umaña, Ligia Ramos, José Manuel Matheu, Fátima Mena, Tomás Ramírez y Osman Chávez. Sin embargo, estos últimos dos son miembros de la junta directiva controlada por el oficialismo. También se sumó como diputado propietario Rolando Barahona, expulsado del Partido Nacional en 2022, y quien antes fue diputado independiente.
Para Luis León, una eventual inhabilitación definitiva del PSH podría obligar a sus diputados a buscar refugio en otros partidos políticos.
«Definitivamente, eso puede obligarlos a emigrar, y también hay que considerar sus orígenes. Ligia Ramos proviene del Pinu, Tomás Ramírez ya fue diputado por ese mismo partido, y Fátima Mena viene del PAC. Entonces, no es que hayan sido diputados de una sola fuerza política. El Congreso es su única oportunidad para abrirse paso en esos partidos, que luego se sometan a la línea partidaria ya será otro asunto», explicó León.
León considera que el PSH ahora es «víctima» de una falta de orden interno que tuvo: «Desde el inicio, diputados del PSH eran afines a Libre; después, otros diputados del PSH se afiliaban al Partido Liberal. El mismo presidente del Congreso estuvo en esa tónica: era del PSH, pero parecía de Libre. Entonces, creo que hizo falta consolidar el partido, ordenar un poco la casa».
