Una llamada entre la diputada del Partido Libre, Isis Cuéllar, y el ministro de Sedesol, José Cardona, desató controversia sobre la opacidad en el uso de los fondos destinados a ayudas sociales. La conversación reveló prácticas opacas en la asignación de recursos públicos utilizados con fines proselitistas. Según el Informe de Rendición de Cuentas de Sedesol, solamente en 2024 se ejecutaron cerca de 255 millones de lempiras de un fondo total de 950 millones, creado para que diputados gestionen proyectos de infraestructura menor y obras sociales. El uso de estos fondos ha sido cuestionado por su falta de transparencia desde que fue aprobado.
Texto: María Celeste Maradiaga
Con reportes de Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen
El 23 de junio circuló en redes sociales un video en el que la diputada del Partido Libre por el departamento de Copán, Isis Cuéllar y el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, sostenían una conversación por llamada telefónica sobre cheques emitidos por parte de la diputada en un cumpleaños en La Entrada, Copán.
Después de la revelación de este video, el ministro de la Sedesol ofreció una conferencia de prensa en la que puso a disposición su cargo y explicó el origen de los cheques, haciendo referencia al fondo de 950 millones de lempiras anuales que tienen los congresistas a disposición para gestionar proyectos de infraestructura menor y obras sociales, lo que está contemplado en el presupuesto de la república desde 2023 hasta la fecha y establece que dichos proyectos serán a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales y otros, así como la gestión de becas de estudio en todos los niveles educativos.
En marzo de este año, previo a las elecciones primarias, revelamos en el especial periodístico Rancho Stone cómo los diputados hacían uso de este fondo a discreción y la falta de rendición de cuentas por parte de las secretarías de Estado en el mismo. Los congresistas tienen la venia de gestionar proyectos a través de al menos 7 instituciones y Secretarías, una de ellas es Sedesol.
Según el Informe Anual Técnico de Rendición de Cuentas de Sedesol, en 2024 la Secretaría ejecutó alrededor de L 255,970,762.83 gestionados por congresistas que se desglosan en incentivos económicos derivados del Fondo Solidario para Infraestructura Menor y Obras Sociales, kits escolares, cheques en ayuda social para apoyo a emprendimientos y reparación de vivienda, becas educativas y ayudas humanitarias.
Por ejemplo, en marzo reportamos que, según información proporcionada por Sedesol a través de transparencia, 13 diputados propietarios y suplentes gestionaron 45.2 millones de lempiras en becas solidarias entregadas a estudiantes de primaria y secundaria, siendo los diputados Rasel Tomé, Hugo Noé Pino y Rommel Darío Morán los que más dinero gestionaron ese año en esa secretaría.
Para esa investigación también solicitamos al Programa Red Solidaria, que forma parte de Sedesol, información sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas que son entregadas en concepto de ayudas sociales y que también pueden ser gestionadas por congresistas, sin embargo, este no nos entregó la información correspondiente.
Luis Rodríguez, director general de la Dirección de Monitoreo Programático, nos dijo en ese momento que, desde la creación del fondo de los 950 millones, esta secretaría de Estado creó el Fondo de Administración Solidaria, a través del cual se asignan becas escolares y cupones de alimentos canjeables a través de la Suplidora Nacional de productos Básicos (Basasupro), los cuales también pueden ser gestionados por congresistas.
En una entrevista con Contracorriente después de ofrecer una conferencia de prensa, el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, aseguró que este fondo no es utilizado para el proselitismo político, y lo entregado por la diputada Isis Cuéllar fue una «ayuda social a personas del partido», y que eso debe ser investigado.
Ese mismo día el ministro de la Sedesol recibió a un equipo de auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para investigar el uso del fondo de administración solidaria en el departamento de Copán. Sin embargo, este ente ya ha anunciado investigaciones sobre otros casos que hemos revelado como los pagos del Congreso Nacional a Carlos Zelaya y el salario de ministra que aún recibe Natalie Roque sin ocupar el cargo, pero hasta ahora no se han reportado avances.
Isis Cuéllar, pieza clave de Libre en el occidente
Tres días antes de que se filtrara el video de la llamada entre la diputada Isis Cuéllar y el ministro José Carlos Cardona, la cuenta de X de la Bancada del Partido Libre publicó que la diputada había entregado junto a autoridades del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) capital semilla valorado en 3 millones de lempiras en los departamentos de Copán y Lempira.
Aunque esta es la primera vez que Isis Cuéllar es diputada en el Congreso Nacional, se ha caracterizado por gestiones millonarias a través de distintas secretarías de Estado y por tener un cargo importante en la Junta Directiva del Congreso Nacional como vicepresidenta. A inicios de este año la diputada gestionó la construcción de una posta policial en Cucuyagua, Copán, valorada en 6.1 millones de lempiras a través de la Secretaría de Seguridad, institución que no está contemplada en los artículos que señalan las instituciones que son encargadas de la gestión del fondo de 950 millones de lempiras.
Esta diputada también acompañó a la presidenta Xiomara Castro en el lanzamiento del proyecto Agrobosque en Santa Rosa de Copán, donde entregaron 30 millones de plantas de café a seis mil familias productoras de café. Cinco días después la diputada entregó más de dos mil insumos del bono tecnológico productivo en Copán Ruinas.
Elvia Argentina Valle, gobernadora de Copán mencionada en la llamada entre la diputada y el ministro, explicó que este video había sido compartido por parte de la diputada Isis Cuéllar en 2023 para «aclarar unas situaciones» pero negó ser la responsable de la filtración del mismo.
Valle no contestó a nuestras solicitudes de entrevista y tampoco Brenda Santos, candidata a alcaldesa del municipio de Florida, Copán, para conocer más sobre el contexto político en el departamento.
Victor Hugo Romero, suplente de Isis Cuéllar, dijo en el programa de televisión, Frente a Frente que él desconocía el uso de cheques entregados a la militancia del Partido Libre y señaló que la única gestión que él conocía que podían hacer los congresistas en la Sedesol es la entrega de becas de 5 mil lempiras y de cupones de alimentos.
En esta llamada el candidato a diputado también agregó que habían personas jubiladas y cercanas a la diputada Isis Cuéllar que estaban siendo beneficiarias de los cheques de 100 mil lempiras entregados por ella, como es el caso de Paola Perez, cuñada de la diputada quien, según un listado proporcionado por el diputado Victor Romero, aparece como contratista del gobierno y como niñera de la diputada.
«Hay cosas que las hemos aguantado porque le hacen daño a nuestro partido, a Honduras, y a nuestra candidata Rixi Moncada», sostuvo el diputado suplente. Victor Hugo Romero no contestó a nuestras consultas sobre el caso.
En medio de la controversia, Francis Cabrera, diputado que inicialmente fue electo por el Partido Libre pero que ahora forma parte del Partido Liberal, publicó en su perfil de facebook su renuncia a los 6.5 millones de lempiras asignados a cada diputado provenientes del fondo de los 950 millones de lempiras. En este documento, que data del 31 de mayo de 2023 y estaba dirigido al entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, Cabrera y otros 11 diputados de Libre presentaban su renuncia a este fondo. Consultamos las razones de esto con el diputado, sin embargo, dijo no querer expresarse sobre ese tema.
Oved López, diputado suplente de Rasel Tomé en el Partido Libre, asegura que en el caso de los diputados que forman parte de la Junta Directiva del legislativo existen excepciones en la gestión del fondo de 950 millones de lempiras a través de las distintas secretarías, como es más de los 6.5 millones de lempiras que tienen disponibles anualmente. Por lo anterior el diputado suplente asegura que si han existido molestias, sin embargo, no es algo que ha trascendido más allá de la bancada de Libre.
«Sí ha habido malestar y algunos que se quejan, pero desde el principio se determinó que eran 6.5, pero algunos diputados señalaron que miembros de la junta directiva podrían gestionar un poco más de fondos (…) en algunos casos creo que eran un poco más de 10 millones, lo que pasa es que algunos propietarios se han peleado con los suplentes, en Copán por ejemplo, pero no hemos tenido ninguna queja nosotros de la bancada sobre esa situación», aseguró el diputado, refiriéndose al caso de la diputada Isis Cuéllar y su suplente, Victor Hugo Portillo.
En el caso de la diputada, López llamó «antiético» que estuviese utilizando los fondos gestionados a través de Sedesol para beneficiar a familiares y conocidos, y que, si bien este tipo de ayudas económicas están disponibles para ser gestionadas por todos los congresistas, lo anterior también evidencia el padrinazgo político que tiene la diputada Cuéllar.
La diputada Isis Cuéllar no solo es vicepresidenta del Congreso Nacional, sino que también conforma las comisiones de Seguridad y Defensa, sin embargo, según este diputado, el respaldo de Cuéllar viene desde la corriente en la que fue precandidata en estas elecciones primarias: el M28. La corriente hegemónica del Partido Libre, como le llamó este diputado, es lo que asegura el éxito a quienes buscan liderar en este partido político.
«Su trabajo político en el movimiento 28 de junio es el que le ha permitido ahora, como una persona muy cercana a la conducción del movimiento. El tema de ella es porque es un movimiento que tiene el mayor peso en el partido, no existen otros elementos más que ese», aseguró el diputado. El M28 era coordinado por el ex secretario Carlos Zelaya, quien salió de su cargo después de que se revelara un narcovideo en el que este participa negociando con narcotraficantes confesos. Ahora esta corriente de Libre está a cargo de Xiomara Hortencia Zelaya, diputada e hija de la pareja presidencial.
En las últimas elecciones primarias Isis Cuéllar fue la diputada más votada del Partido Libre por el departamento de Copán con 24,800 marcas, sin embargo, obtuvo 12,311 marcas menos que en 2021 cuando fue electa diputada por primera vez.
Contactamos a la diputada Isis Cuéllar, sin embargo, al cierre de esta nota no contestó a la solicitud de entrevista. Además, la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, tampoco contestó nuestras solicitudes a través del equipo de comunicaciones de su secretaría.
DICTA no lleva control de congresistas que gestionan bono tecnológico productivo
Después de la controversia que rodea el supuesto desvío de fondos del Estado, una fuente denunció a este medio de comunicación la retención de bonos tecnológicos productivos por parte de diputados y diputadas del Congreso Nacional. Aunque no está reglamentado que los y las congresistas puedan gestionar la entrega de estos bonos, es mediante publicaciones en sus redes sociales que anuncian la entrega de los mismos.
Ángel Acosta, director de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG-DICTA), dijo a Contracorriente que hasta el momento no han tenido denuncias de congresistas reteniendo entregas de bonos tecnológicos productivos, pero indicó que desde esa secretaría no llevan un control de quienes son los que gestionan este beneficio para los campesinos y agricultores.
«[No llevamos un control de quienes gestionan la entrega de bono tecnológico productivo] porque el diputado es un ciudadano que es electo para una función, pero cómo puede llegar un dirigente campesino, y un religioso, llega un ser humano a pedir por otro, entonces no llevamos esa lista, lo que hacemos es percatarnos e indagar si solicitan [bono tecnológico] para 10 [agricultores] en tal comunidad, es que esos esos 10 sean productores», argumentó el director.
Además, el funcionario dijo que son los técnicos de la SAG los encargados de que el bono tecnológico llegué solamente a productores a través de un sistema biométrico, por lo que los diputados si pueden gestionar la entrega de este beneficio, siempre y cuando esté un técnico de esta institución.
Ángel Acosta apuntó que la crítica sobre el proselitismo político que se hace a través de este fondo es predecible, pues «estamos en el poder político por nuestra militancia, y esa militancia es gente pobre y la mayoría de esa gente es agricultora».
TSC, la institución auditora que desconoce información
Si bien el ministro de Sedesol anunció la llegada de investigadores del TSC a su secretaría para indagar más sobre la ejecución del fondo de 950 millones, esta institución asegura no tener información sobre las subvenciones que son entregadas a congresistas para realizar proyectos sociales.
Para Rancho Stone, diputados que hacen uso de las subvenciones, que entre 2022 a 2024 han sumado 614.8 millones de lempiras erogados sin transparencia, dijeron a este medio que después de que estas son liquidadas estas van al Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo, este contestó que el Departamento de Auditoría del Fondo Departamental «no posee ninguna información al respecto».
Además, ni el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ni su Junta Directiva han sido transparentes en la rendición de cuentas sobre el otorgamiento de subvenciones, un mecanismo que funciona en la opacidad y además ha sido una carta de negociación en momentos clave como la aprobación del presupuesto general y cambios en la Junta Directiva; además, hemos comprobado que estas subvenciones se entregan principalmente en momentos festivos como Navidad o Semana Santa.
Sobre el fondo de los 950 millones de lempiras, los reglamentos de este señalan que una vez que finalizan los proyectos que son solicitados por las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas administradoras de agua, cajas rurales y becarios, la Secretaría o institución respectiva debe presentar un informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con copia a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional.
