La percepción ciudadana sobre la presencia del narcotráfico en instituciones estatales hondureñas aumentó en 2024, según reveló el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). Un 52.8 % de la población cree que el narco está «muy» presente en las instituciones estatales, lo que superó el 47.9 % del anterior sondeo. Además, en la ciudadanía persiste el escepticismo hacia el estado de excepción decretado desde 2022 y ampliado arbitrariamente por el actual gobierno incluso en año de elecciones.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
La percepción ciudadana sobre la presencia del narcotráfico en las instituciones del Estado hondureño aumentó durante 2024, mientras que el estado de excepción implementado desde 2022 continúa siendo visto con escepticismo por buena parte de la población. Así lo reveló el último Sondeo de Opinión Pública (SOP) presentado el 27 de mayo de 2025 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).
El sondeo, que se realizó entre el 16 y el 28 de mayo de 2024 con una muestra de 1,590 personas, resaltó el incremento en la percepción sobre el involucramiento del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, en instituciones del Estado.
Según los resultados, un 52.8 % de las personas encuestadas consideró que el narcotráfico está «muy» presente en las instituciones del Estado; un 18.8 % respondió que está «algo» presente; un 14.2 %, «poco», y un 7.6 %, «nada». Este resultado superó el del SOP anterior, en el que una menor proporción de la ciudadanía. El 47.9 %, percibía una fuerte presencia del narcotráfico en el aparato estatal. Las instituciones más señaladas como responsables incluyen el gobierno central, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la empresa privada.
«Es una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años y que se mantiene como resultado de diversos factores», dijo a Contracorriente Mercy Ayala, coordinadora de Investigaciones y Derechos Humanos del ERIC-SJ.
Ayala agregó que, tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos en 2022 y su posterior condena por cargos de narcotráfico en 2024, «se ha mantenido en el imaginario de la ciudadanía la percepción de que el narcotráfico sigue presente en las instituciones del Estado».
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— Contracorriente (@ContraC_HN) May 27, 2025
Por su parte, el periodista Óscar Estrada, autor del libro Tierra de Narcos, afirmó que esta percepción se alimenta principalmente desde los municipios pequeños, donde —según él— «la gente sabe quiénes están en el narcotráfico».
«La gente conoce quiénes son las personas en su aldea que están metidas en el narcotráfico y cómo actúan las fuerzas de seguridad y las estructuras políticas en esas zonas rurales. Ese es un nivel de percepción, y la población dice que eso se mantiene igual», expresó Estrada en entrevista con Contracorriente.
Estrada también señaló que la percepción pública se ve alimentada por hechos notorios difundidos en los medios de comunicación. «Los vínculos de políticos de alto nivel con estructuras criminales han sido un tema frecuente en los medios, primero señalando a líderes del Partido Nacional y más recientemente a figuras del Partido Libre».
La relación entre el actual gobierno y el narcotráfico cobró mayor relevancia en los últimos meses tras las revelaciones en septiembre de 2024 de InSight Crime de un «narcovideo», que mostró al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, junto al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, negociando sobornos con narcotraficantes como Carlos Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga —exlíder del cartel Los Cachiros— para financiar la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) antes de las elecciones generales de 2013.
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Previo a la divulgación del SOP, el 28 de agosto de 2024, el gobierno de Xiomara Castro también denunció el tratado de extradición vigente entre Honduras y Estados Unidos, el cual ha permitido la extradición de 60 hondureños hacia ese país. Sin embargo, el 18 de febrero de 2025, la administración suspendió la denuncia del tratado hasta el 27 de enero de 2026, dejando su futuro en manos del próximo gobierno.
Corrupción e impunidad: otros ejes de desconfianza
El sondeo también abordó la corrupción y la impunidad, evidenciando el descontento ante la falta de instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), auspiciada por la ONU, y una baja confianza en las autoridades.
Aunque el 15 de diciembre de 2022 se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno y la ONU —que ha sido ampliado en diversas ocasiones, la última con vigencia hasta el 15 de junio de 2025—, representantes del oficialismo, entre ellos el excanciller y miembro de la comisión que negocia el convenio, Enrique Reina, han atribuido la responsabilidad al Congreso Nacional (CN), y especialmente a la oposición, por la falta de reformas legales necesarias para instalar el mecanismo anticorrupción. La CICIH fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero, a falta de ocho meses para que concluya su cuatrienio, no se ha materializado.
Además, el 56.5 % de las personas encuestadas afirmó que la corrupción está «muy» presente en el gobierno central; un 61.2 % en el Congreso Nacional; un 48.5 % en la Corte Suprema de Justicia, y un 44.2 % en el Ministerio Público.
Un ejemplo de esta desconfianza se reflejó en el caso del asesinato del ambientalista y regidor de la Alcaldía Tocoa, Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024. El 59.7 % de la población considera que el crimen «no se investigará» por parte de las autoridades responsables.
Estado de excepción, bajo la lupa
El SOP del ERIC-SJ también evaluó la percepción sobre el estado de excepción decretado por el gobierno de Xiomara Castro desde el 6 de diciembre de 2022, como parte de su estrategia de seguridad contra maras y pandillas.
Un 47 % de la ciudadanía dijo estar «muy» o «algo» de acuerdo con que la medida continúe, mientras que un 51.2 % expresó estar «poco» o «nada» de acuerdo, especialmente por las violaciones a derechos y garantías constitucionales.
Desde su implementación, el estado de excepción ha sido prorrogado más de 20 veces, muchas de ellas sin la aprobación del Congreso Nacional (CN), y ha generado más de 2,000 quejas contra miembros de la Policía Nacional y del Ejército ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
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«La población dice que la política del estado de excepción no está siendo efectiva porque los delitos vinculados a la extorsión siguen vigentes», advirtió Mercy Ayala.
@contracorrientehn 📌Un 4.13 recibió de puntuación el tercer año de la gestión de Xiomara Castro, en una Honduras que no ve salida a sus problemas de economía, seguridad y acceso a derechos humanos, según el Sondeo de Opinión Pública 2025 del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). #ForYou #ParaTi #Honduras #XiomaraCastro #PolíticaHonduras #EconomíaHonduras #SeguridadHonduras #creatorsearchinsights ♬ sonido original - Contracorriente
El sondeo reveló que un 55.6 % de los encuestados considera que la extorsión «ha aumentado»; un 27 %, que «sigue igual»; y solo un 15.4 %, que «ha disminuido».
Por otra parte, aunque la Secretaría de Seguridad reportó una baja del 25.3 % en la tasa de homicidios durante 2024, la percepción ciudadana consultada por el ERIC-SJ difiere: un 69.9 % cree que los asesinatos «aumentaron» y un 16 %, que «siguieron igual».
Ciudadanía cree en la democracia, pero desconfía del CNE
El estudio divulgado por el ERIC-SJ también exploró las percepciones ciudadanas tras las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 y las expectativas frente a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
El 62.5 % de las personas encuestadas opinó que el sistema democrático se «debilitó» tras las primarias, mientras que un 31.6 % dijo que se «fortaleció». El proceso estuvo marcado por fallos logísticos y violaciones a la cadena de custodia, lo que afectó la distribución en un 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y provocó requerimientos fiscales contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A pesar de esto, un 80.2 % manifestó su intención de votar en noviembre, aunque un 76.8 % afirmó tener «poca» o «ninguna» confianza en el CNE, órgano rector del proceso electoral.
«La sociedad sigue creyendo en la democracia, pero al mismo tiempo muestra desconfianza hacia los partidos políticos y hacia el Consejo Nacional Electoral. La gente sigue creyendo en la democracia, pero para que esta funcione, el Estado y los actores políticos y empresariales deben ofrecer ciertas garantías», declaró Elvin Hernández, coordinador del SOP del ERIC-SJ, en entrevista con Contracorriente.
