La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre la denuncia presentada por la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, que acusa al Estado de Honduras de violar sus derechos al territorio, a la consulta previa y a la identidad cultural. Aunque el Estado entregó títulos de propiedad, también impuso restricciones, promovió actividades sin consentimiento y permitió presencia militar en la zona. Mientras el gobierno reconoce que ha habido fallos y ofrece cooperación, la comunidad exige justicia ante años de exclusión, hostigamiento y desapariciones.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Valeria Ávila y Fernando Destephen
«La vida en mi comunidad es la pesca, y no la podemos ejercer. La agricultura era nuestra otra forma de subsistencia, pero también nos la han arrebatado. Por ambos lados, el pueblo garífuna está siendo oprimido», denunció Mabel Robledo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (Ofraneh) horas antes de la audiencia pública celebrada el 21 de mayo de 2025 en Ciudad de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras. La demanda fue presentada por Ofraneh en 2003 por violaciones a los derechos territoriales, culturales y de autodeterminación de esta comunidad ancestral.
La comunidad garífuna habita el archipiélago de Cayos Cochinos, ubicado en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, desde hace más de 200 años, y desde el año 2000 inició gestiones ante el Instituto Nacional Agrario (INA) para obtener títulos de propiedad colectiva. En enero de 2002, el INA emitió los títulos de dominio pleno a favor de la comunidad; sin embargo, la inscripción en el Registro de la Propiedad de Islas de la Bahía fue obstaculizada, argumentando que el INA carecía de competencia para entregar terrenos de naturaleza urbana.
Esta negativa dio lugar a una serie de recursos legales, incluyendo apelaciones y amparos. Finalmente, en junio de 2005, la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelación y ordenó la inscripción de los títulos correspondientes a las tres comunidades garífunas de Cayos Cochinos: los Cayos East End, Bolaños y Chachahuate.
Pero las restricciones contra el pueblo garífuna venían desde antes. En 1993, el Estado declaró el territorio como área protegida, e impuso medidas conservacionistas y vigilancia militar. En julio de 2003, se designó el archipiélago como Monumento Natural Marino, sin consulta previa a la Comunidad Garífuna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso en 2007 tras la presentación de la petición 1183/03 por parte de Ofraneh. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2023, la CIDH presentó el caso 12.614 respecto a Honduras ante la CorteIDH por la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, así como la falta de recursos adecuados y efectivos para remediar dicha situación.
La demanda presentada ante la Corte sostiene que el Estado hondureño declaró el territorio tradicional de la comunidad como área protegida sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, lo cual constituye una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, señala que impusieron restricciones que limitaron severamente la pesca artesanal, el turismo comunitario y el acceso libre al territorio.
La comunidad garífuna ha reportado limitaciones para ejercer sus prácticas ancestrales, así como hostigamiento por parte de elementos de la Fuerza Naval hondureña.
Robledo, integrante de Ofraneh, en una entrevista para Contracorriente señaló que la situación se ha visto marcada por la presencia de las Fuerzas Armadas, a las que las comunidades señalan como una fuente de tensión. Según Robledo, la militarización del archipiélago, enmarcada en un plan de manejo estatal, ha generado un ambiente de violencia y miedo hacia quienes ejercen el derecho ancestral a la pesca.
«El peligro hoy son las Fuerzas Armadas. El Estado creó un plan de manejo que violenta nuestros derechos: hay amenazas, desapariciones, desplazamientos, hostigamiento y privación de nuestros recursos», afirmó Robledo. «Hemos denunciado muchos casos, pero no pasa nada. Desde que se creó la Fundación [Cayos Cochinos] y se involucró la Fuerza Naval, tenemos registro de al menos 14 pescadores desaparecidos. El más reciente fue golpeado en 2023», enfatizó.
Recomendamos ver la entrevista completa: Pueblo garífuna contra el Estado de Honduras ante la CorteIDH: ¿qué está en juego con este caso?
La forma de vida tradicional del pueblo garífuna se basa en dos pilares: la agricultura y la pesca. Ambas han sido afectadas, según Robledo, ya que las comunidades han enfrentado el despojo territorial a manos de grandes empresas que se apropiaron de sus tierras para monocultivos. Luego, en el ámbito marino, las restricciones impuestas por la Fundación a partir de 1993 limitaron el acceso a los recursos pesqueros, lo que profundizó la crisis alimentaria y económica.
Además del despojo, las comunidades enfrentan una exclusión activa en la toma de decisiones sobre su territorio. Robledo denunció que tanto personas nacionales como internacionales realizan actividades lucrativas en la zona sin consultar a las comunidades. En este contexto, destacó la realización de programas de televisión extranjeros, grabados en Cayos Cochinos con autorización estatal y de la Fundación, mientras se prohíbe a los pescadores garífunas acceder a esas mismas áreas.
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«Los contratos entre el Estado y la Fundación Cayos Cochinos se firman sin consultarnos. Luego vienen extranjeros, filman reality shows en nuestro territorio, mientras el pescador no puede ni acercarse a las zonas de pesca», afirmó.
Por su parte, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), durante la audiencia pública, expusieron cuatro violaciones: el incumplimiento de las obligaciones de saneamiento y consulta previa, la vulneración de las garantías y protección judicial, la afectación a la integridad personal de los miembros de la comunidad, y la falta de medidas de reparación adecuadas. Los miembros de la Comisión señalaron que esta situación no es aislada. La Corte Interamericana ya ha conocido otros tres casos relacionados con comunidades garífunas en Honduras —Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan— en los que se confirmó la responsabilidad internacional del Estado.
La CIDH señaló que, aunque el Estado hondureño ha entregado títulos de propiedad a la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, «a la fecha ha incumplido su obligación de saneamiento a efectos de que pueda efectivamente usar y gozar de sus tierras en forma pacífica, así como sus recursos naturales». Además, denunció la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada frente a la creación de áreas protegidas dentro del territorio ancestral.
Tras haber declarado el archipiélago de Cayos Cochinos como área protegida en 1993 sin que se consultara a la comunidad garífuna que habita la zona, la administración de la zona fue otorgada a la Fundación Cayos Cochinos, al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) y a la Municipalidad de Roatán. Dichas instituciones elaboraron planes de manejo del territorio y promovieron actividades empresariales, como el turismo y la producción de programas de televisión, dentro de los territorios ancestrales sin participación ni consentimiento de la comunidad.
«La comunidad ha enfrentado restricciones que han impedido que pueda disfrutar de su territorio, incluyendo la presencia de agentes navales en el área y restricciones a la pesca, su principal fuente de alimentación y supervivencia, aspectos que además forman parte de su identidad cultural», enfatizó la Comisión.
La CIDH recordó el estándar fijado por la Corte en casos anteriores, según el cual los Estados deben abstenerse de instituir áreas naturales protegidas dentro de territorios indígenas y tribales sin llevar a cabo una consulta previa, libre e informada. La omisión de esta obligación representa una violación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El Estado de Honduras reconoce que no siempre se ha garantizado la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones territoriales. «Esta situación refleja una deuda histórica con los pueblos originarios, cuya participación plena y efectiva en los procesos de toma de decisiones […] no siempre ha sido garantizada en la práctica», dijo la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, quien forma parte del equipo representante del Estado en el caso.
Asimismo, el Estado asume la responsabilidad de fortalecer los mecanismos que reconozcan los derechos territoriales y culturales de los pueblos. «Asumimos con seriedad la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación efectiva y el reconocimiento del derecho al territorio, a la identidad cultural y a la libre determinación», agregó Álvarez.
Por su parte, las comunidades garífunas han recurrido al sistema interamericano con el objetivo de obtener una resolución judicial. Robledo indicó que esperan que la CorteIDH ordene al Estado de Honduras reparar los daños relacionados con las violaciones a los derechos colectivos.
«Si no se cumple la sentencia, nosotros la vamos a hacer cumplir», advirtió Robledo. La demanda principal se enfoca en el respeto al derecho al territorio, a la autonomía y a una vida digna.
«La visión que tengo es de un pueblo garífuna autosostenible, una comunidad con buena educación, salud y libertad para vivir del mar y la tierra, como lo hemos hecho siempre, sin que nadie nos imponga nada», concluyó Robledo.
