El Congreso Nacional de Honduras dictaminó favorablemente la propuesta de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, presentada el 7 de mayo de 2025. La iniciativa busca establecer un marco jurídico especial para «agilizar los trámites de licenciamiento ambiental en proyectos considerados de alto potencial productivo, económico y social». Mientras tanto, expertos y organismos internacionales advierten que esta medida podría debilitar los controles ambientales, limitar la participación ciudadana y poner en riesgo los derechos de las comunidades y defensores del territorio.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
La Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, presidida por el diputado Oscar Montoya, emitió un dictamen favorable a la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, la cual fue presentada por el presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Redondo. El objetivo principal de esta ley es crear un procedimiento ágil y eficaz para otorgar licencias ambientales, «manteniendo el cumplimiento de los estándares establecidos en la legislación nacional e internacional».
El dictamen indica que se priorizará proyectos vinculados a sectores como infraestructura, energía renovable, agroindustria, manufactura, turismo y tecnologías sostenibles, que demuestren su aporte al desarrollo regional y la transformación productiva del país.
Según el presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, esta ley permitiría liberar más de 400 licencias ambientales y facilitar inversiones por un valor estimado de 4,000 millones de dólares, con impactos positivos en la generación de empleo. Según una publicación en las redes sociales del Congreso Nacional, esta propuesta se ha dado a raíz de una colaboración entre ese poder del Estado, la empresa privada y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Serna).
Será justamente la Serna la entidad encargada de aplicar este mecanismo especial y deberá priorizar aquellos proyectos que generen empleo, representen inversiones significativas o mejoren infraestructura esencial.
En entrevista para Contracorriente, Lucía Vijil, asesora en Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advirtió que un mecanismo simplificado como el propuesto podría debilitar los controles ambientales, señalando que ya existen graves deficiencias en el sistema actual. «Aun con los mecanismos existentes no han existido los controles ambientales, y por eso es que tenemos comunidades afectadas por grandes empresas sin ningún control», indicó.
Por otra parte, Vijil alertó sobre la falta de capacidades institucionales que tienen las empresas para implementar los procesos requeridos en la entrega de licencias ambientales. «La institucionalidad no está preparada para asumir los controles ambientales necesarios en el marco del otorgamiento de licencias, y lo que eso representa en términos de impacto en los territorios», afirmó.
Además, señaló que la lentitud en los trámites de licenciamiento no solo obedece a los protocolos establecidos o a la burocracia, sino también a la sobrecarga laboral que enfrentan los funcionarios y funcionarias responsables, quienes no cuentan con el presupuesto necesario para desempeñar su labor de manera efectiva.
Según el dictamen, la ley establece con claridad que los plazos definidos serán de estricto cumplimiento, generando mayor seguridad jurídica tanto para los inversionistas como para la administración pública. Además, se busca una gestión más eficiente, responsable y predecible.
Ante esto, Vijil también señaló que la propuesta legislativa podría debilitar los espacios de participación ciudadana, ya que los tiempos reducidos y la naturaleza expedita del mecanismo impedirían un acceso adecuado a la información y limitarían el derecho de las comunidades a ser consultadas. «Por supuesto que esta ley limita y debilita los espacios de participación ciudadana en procesos de evaluación ambiental, porque ni siquiera van a tener tiempo para obtener información adecuada sobre cómo se va a realizar la instalación de cualquier tipo de proyecto», afirmó.
También criticó que la ley no es clara sobre su aplicación a proyectos en zonas libres vinculados a regímenes portuarios. A pesar de que históricamente estos han sido justificados bajo la narrativa de generación de empleo, en la práctica han facilitado esquemas que permiten la evasión o elusión de impuestos.
Desde el Cespad se alertó que esta ley excluye a las comunidades afectadas del proceso, lo cual vulnera principios básicos de transparencia, consulta previa e información pública.
«Nos preocupa profundamente que se justifique este licenciamiento expedito bajo la narrativa de sectores estratégicos, la misma que históricamente se ha utilizado para facilitar la extracción intensiva de minerales, agua y otros bienes comunes», expresa el comunicado.
Cespad advierte que este tipo de medidas ha sido origen de conflictos socioterritoriales, criminalización de defensores ambientales y violaciones a derechos humanos.
«Llamamos a las organizaciones comunitarias, indígenas, afrodescendientes, campesinas, rurales, de mujeres y de defensa territorial a mantenerse en alerta», concluye el pronunciamiento.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también expresó su preocupación por la posible aprobación de esta ley y su reglamento, ya que el simple vencimiento de los plazos para que la Serna emita una resolución permitiría el otorgamiento automático de licencias ambientales sin que se verifique el cumplimiento de los requisitos para la autorización, ampliación o renovación de licencias.
Aunque OACNUDH reconoce los esfuerzos del Estado hondureño por impulsar el desarrollo económico, atraer inversión y generar empleo, advierte que estas acciones no deben comprometer los derechos humanos ni la protección del medio ambiente. Señala que la aprobación de la ley en su forma actual podría incrementar los riesgos de criminalización y violencia contra las y los defensores ambientales, en un país ya considerado uno de los más peligrosos para quienes protegen los recursos naturales.
Un caso representativo de esta situación es el del proyecto minero en Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón. A pesar de que una parte de este proyecto no contaba con la licencia ambiental requerida, la empresa Inversiones Los Pinares continuó con las operaciones sin la debida autorización. La comunidad de Guapinol, organizada en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), denunció desde un inicio los riesgos ambientales y la amenaza a los recursos hídricos locales, en especial al río Guapinol y al Parque Nacional Carlos Escaleras.
Entre los líderes del CMDBCP se encontraban Juan López, Arnold Alemán, Kelvin Romero, Orbin Hernández, Jeremías Martínez, entre otros defensores comunitarios. A lo largo de los años, estos líderes promovieron acciones legales, manifestaciones pacíficas y procesos de diálogo para detener el proyecto extractivo. Sin embargo, sus acciones fueron criminalizadas y varios de ellos enfrentaron procesos judiciales prolongados e injustos.
El conflicto cobró la vida del ambientalista Juan López, quien era regidor municipal y uno de los fundadores del CMDBCP. Fue asesinado en septiembre de 2024, en lo que se considera un crimen vinculado a su activismo en contra de la minería en la zona.
Además, la OACNUDH ha documentado múltiples casos, como los de Agua Zarca, Jilamito, Pajuiles y Azacualpa, en los que comunidades locales, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos han sufrido desplazamientos forzados, represión y violencia, derivados de procesos de licenciamiento ambiental caracterizados por la falta de transparencia y control. Estos proyectos también han causado graves daños ambientales y al patrimonio cultural.
Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Azacualpa, en La Unión, Copán, y el proyecto de Aura Minerals, información recabada por el Calan Institute for Transterritorial Justice indica que, hasta julio de 2024, el proyecto minero contaba con varias licencias ambientales pendientes de aprobación o renovación. Además, se han llevado a cabo talas de árboles en la zona del proyecto sin que la empresa cuente con la respectiva licencia ambiental.
Las comunidades de esa zona han vivido en constante zozobra por la operación de Minosa, filial de la canadiense Aura Minerals, que extrae oro a cielo abierto en más de 300 hectáreas concesionadas desde el siglo pasado. El conflicto se intensificó cuando la empresa obligó a varias comunidades a reubicarse y, en 2012, intentó remover el cementerio de Azacualpa, donde están enterradas más de 400 personas, para acceder a un gran yacimiento de oro. Además de los impactos sociales, la minera ha causado graves daños ambientales, incluyendo deforestación y contaminación de fuentes de agua.
OACNUDH enfatiza que las leyes deben fomentar la inversión y el empleo sin sacrificar la protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Reitera la necesidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales para garantizar un desarrollo sostenible, inclusivo y justo para toda la población.
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado hace un llamado urgente al Estado hondureño para que reconsidere esta propuesta legislativa y garantice que cualquier reforma ambiental cumpla con sus compromisos internacionales. También subraya la responsabilidad de las empresas de actuar con respeto a los derechos humanos en contextos de alto riesgo social y ambiental, y reitera su disposición a colaborar con el Estado y otros actores para promover políticas públicas responsables en Honduras.
El proyecto podría ser aprobado en su tercer y último debate mañana, martes 13 de mayo, en una sesión que contará con la participación de representantes del sector privado.
