La Policía Nacional de Honduras (PNH) anunció que tomará medidas legales contra quienes bloqueen carreteras y otras vías públicas, utilizando registros fotográficos y audiovisuales para su identificación. Estas acciones se enmarcan en la advertencia del gobierno de neutralizar manifestaciones que afecten la circulación y el orden público. A pesar de estas amenazas, los manifestantes bloquearon las carreteras en Comayagua y El Paraíso, en demanda de la reparación de las vías. El anuncio de la PNH ha generado críticas, y algunos sectores lo consideran una forma de intimidación y represión estatal.
Texto Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
Pese a las advertencias del Gobierno sobre la neutralización de manifestaciones, este lunes 31 de marzo, grupos de manifestantes bloquearon la carretera CA-5 específicamente en Comayagua, y en la zona oriental, las rutas hacia Jamastrán y Trojes, en el departamento de El Paraíso. Las protestas se llevaron a cabo en demanda de la reparación de las vías, debido a su deterioro y a la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Ante esta situación, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, anunció que este miércoles iniciarán los trabajos de reparación en el tramo que va desde La Libertad hasta el desvío de El Llano, en el departamento de Comayagua. Asimismo, indicó que para estas obras se tiene previsto un desembolso de 8.5 millones de lempiras. En el caso de Danlí, informó que también se llevarán a cabo proyectos de pavimentación en la zona. Tras el compromiso del ministro de iniciar las reparaciones, los manifestantes levantaron los bloqueos.
El pasado domingo 30 de marzo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, emitió un comunicado en el que advierte sobre la aplicación de medidas legales contra acciones que obstaculicen la libre circulación y afecten la estabilidad social.
Señalaron que se debe garantizar la seguridad ciudadana, la protección de bienes públicos y privados y el mantenimiento del orden público, especialmente en casos que impliquen la obstrucción de vías esenciales para el desarrollo económico del país.
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El comunicado enfatiza que el derecho a la manifestación debe ejercerse dentro del marco legal sin vulnerar los derechos de terceros ni afectar el orden público; asimismo, señala que la interrupción de carreteras constituye un delito y que los responsables podrán enfrentar consecuencias legales, incluyendo sanciones por delitos de usurpación y daños a la infraestructura pública.
El analista político y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric SJ) Gustavo Cardoza, en una entrevista para Contracorriente, dijo que es contradictorio que un gobierno que ejerció el derecho a la protesta durante el golpe de estado en 2009, ahora implemente medidas para prohibir las manifestaciones públicas.
Según el analista, el Gobierno de Libertad y Refundación (Libre) no está actuando desde una lógica de gobernante, sino desde una postura de activismo político, respondiendo a la oposición y a la coyuntura electoral en lugar de priorizar el respeto a los derechos ciudadanos. Cardoza indicó que este tipo de decisiones parecen estar motivadas por la necesidad de controlar posibles manifestaciones organizadas por sectores opositores. «La reacción del gobierno no es como gobierno, sino como Partido Libertad y Refundación», enfatizó.
Cardoza recordó que la práctica de tomar fotografías y videos en manifestaciones no es nueva, ya que ha sido una estrategia utilizada por la Policía Nacional desde hace años. Sin embargo, lo que considera inusual es la manera en que se ha oficializado esta acción mediante un comunicado público.
«Lo que impacta es que lo hagan de manera tan pública, que lo exprese de manera tan amable que tenga un comunicado oficial; eso llama la atención porque no es una actitud de una policía ciudadana o comunitaria, como lo llama el gobierno, pero no toman en cuenta que hay muchísimos otros sectores en este país que también están inconformes con el gobierno y que el derecho a la protesta es un derecho contemplado en la constitucionalidad de este país», señaló Cardoza.
El analista también destacó que esta postura del gobierno contradice los principios sobre los que se fundó el partido oficialista, pues Libertad y Refundación surgió precisamente de la protesta en las calles, y ahora está tomando medidas que pueden interpretarse como represivas. Además, subrayó que la administración actual podría estar subestimando el efecto negativo que estas decisiones tienen sobre la lucha social y la imagen del partido en un año electoral.
La coordinadora de la plataforma Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, calificó en sus redes sociales como «intimidación y campaña de terror» el comunicado de la Secretaría de Seguridad sobre el uso de registros audiovisuales para identificar y sancionar a responsables de protestas en las carreteras.
Por su parte la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, expresó mediante su cuenta de X que «ni con la narcodictadura se amenazó abiertamente a la población, de elaborar perfiles mediante registros fotográficos y audiovisuales. ¿Qué les pasa? ¿Porque el miedo a que la gente se movilice para reclamar sus derechos? Definitivamente la cosa no va para bien, esto es gravísimo» dijo.
Mientras, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), a través de su titular, Blanca Izaguirre Lozano, se pronunció sobre las medidas restrictivas al derecho a la protesta social impuestas por la Secretaría de Seguridad en coordinación con el Ministerio Público, enfatizando que la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación son derechos fundamentales protegidos internacionalmente, esenciales para la manifestación de opiniones y la exigencia del cumplimiento de otros derechos.
Destacó que la protesta social es un elemento clave en una sociedad democrática y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar su ejercicio. No se puede justificar la restricción de protestas en base al «orden público» sin una amenaza real de disturbios graves que atenten contra la vida o integridad de las personas.
El Conadeh advirtió que la protesta social no debe estar sujeta a un proceso de autorización excesivo que limite su realización. Si bien la comunicación con las autoridades puede facilitar su desarrollo, la falta de aviso no debería ser motivo para impedir su ejecución. En principio, el derecho de protestar implica poder elegir el tiempo, lugar y modo, aun si esto causa molestias a la vida cotidiana.
Finalmente, el Conadeh recomendó al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad evitar medidas arbitrarias que restrinjan el derecho a la protesta, no criminalizar el ejercicio de este derecho, reconocer la importancia del espacio público para su desarrollo y garantizar un entorno seguro para su ejercicio.
