El pasado domingo 23 de marzo, el Gobierno de Honduras extendió nuevamente el estado de excepción parcial, argumentando que la medida ha permitido la reducción de homicidios, facilitado la captura de criminales y la incautación de drogas. Sin embargo, organizaciones señalan la falta de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado y la extorsión, y cuestionan la legalidad de esta medida, ya que no fue ratificada por el Congreso Nacional, como establece la Constitución.
Texto Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
El pasado domingo 23 de marzo, el Consejo de Ministros extendió el estado de excepción parcial, durante una reunión convocada por la presidenta Xiomara Castro, que se llevó a cabo en Lepaguare, Juticalpa, Olancho. La ministra de la Presidencia Sarahí Cerna, en conferencia de prensa, indicó que se aprobó la prórroga del estado de excepción, argumentando que los resultados obtenidos en los últimos años justifican la continuación de esta medida.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, por su parte, aseguró que la medida ha sido clave para lograr una significativa reducción en la tasa de homicidios, alcanzando los niveles más bajos de los últimos 20 años. Además, destacó la captura de 50 extraditados y un importante decomiso de drogas, indicando que estos resultados son prueba de la efectividad de la medida, y que su continuidad es necesaria para seguir garantizando «mejores niveles de paz y tranquilidad al pueblo de hondureño en materia de seguridad ciudadana».
«El estado de excepción ha permitido que nuestro país haya avanzado en la prevención de la violencia y la criminalidad», señaló Sánchez durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros.
El estado de excepción en Honduras fue decretado el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023, con el objetivo de combatir el incremento de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, y la última extensión se esperaba que finalizara el 5 de abril de 2025; sin embargo, nuevamente se amplió, con aprobación del Consejo de Ministros, pero no del Congreso Nacional (CN).
El analista Gustavo Cardoza, en una entrevista para Contracorriente, enfatizó que la aprobación legislativa es fundamental porque dota de legalidad al estado de excepción y garantiza un mayor control sobre su implementación. «A ningún ciudadano pueden detenerlo a partir de una ordenanza ejecutiva porque no es ley», subrayó.
Además, explicó que las detenciones policiales podrían ser impugnadas, debido a que el estado de excepción no ha sido prorrogado desde el Congreso Nacional, sino desde un Consejo de Ministros. Además, señaló que «un decreto ejecutivo, como los PCM emitidos por el gobierno, no tiene la misma fuerza jurídica que una ley aprobada en el Congreso», lo que podría generar problemas en la aplicación de la medida.
Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2025, se han registrado 408 homicidios en el país. Los departamentos con mayor incidencia son Francisco Morazán (62), Cortés (52), Olancho (49) y Yoro (41). Otros como Colón (28), Comayagua (23) y Santa Bárbara (20) también presentan altos índices de violencia. En 2024, Cespol registró 2,510 homicidios a nivel nacional, 846 menos que en 2023, cuando hubo 3,356.
En ese sentido, Cardoza señaló que existe una mala percepción del estado de excepción en el interior del país, lo que refleja un desgaste evidente en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno. Además, destacó que, a pesar de las cifras oficiales que señalan una reducción en los índices de criminalidad, la realidad cotidiana de la población sigue marcada por la violencia y la inseguridad. «Uno asume que hay como un desgaste ya del estado de excepción y seguir con estas prórrogas, pues evidentemente sigue erosionando esa buena intención de tomar medidas para eliminar la criminalidad», afirmó.
Cardoza también se refirió al resto de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, señalando que, si bien representan acciones necesarias para el país, su implementación real genera dudas. Según él, estas decisiones suelen responder más a una estrategia política que a un compromiso genuino con la población, especialmente en un año electoral, donde los recursos del Estado terminan orientados al proselitismo.
En la sesión del domingo 23 de marzo, el Consejo de Ministros anunció la reducción de tasas de interés en préstamos para vivienda, beneficiando a más de 15,000 familias. Además, se aprobó la continuidad de los subsidios a combustibles, energía y gas, así como la ampliación del estado de emergencia sanitaria debido a la presencia del gusano barrenador, una plaga que ha afectado al sector ganadero del país.
Falta de efectividad ante la extorsión y el crimen organizado
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que, a más de dos años de esta medida, no se ha demostrado su efectividad contra la extorsión y el crimen organizado.
A pesar de que las denuncias por extorsión en 2024 disminuyeron casi un 70 %, este delito sigue siendo de carácter privado, lo que impide que el Estado y el sistema de justicia actúen sin una denuncia formal. Las autoridades policiales han instado al Congreso Nacional a reformar la normativa y clasificar la extorsión como un delito de orden público, permitiendo así la intervención sin necesidad de una denuncia previa.
Un informe de la ASJ, Impacto de la extorsión en Honduras, revela que el índice de impunidad en este delito fue del 49.91 % en 2024, una reducción significativa frente a 2023 (92.9 %) y 2022 (94.21 %). Sin embargo, la cantidad de víctimas sigue siendo alarmante: 304,388 hogares fueron afectados por la extorsión en 2024.
Si bien el número de condenas aumentó —269 en 2024 frente a 66 en 2023 y 105 en 2022—, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. Al respecto, Castañeda advirtió que «el análisis criminal en Honduras va en decadencia, no hay un correcto enfoque en las unidades de investigación».
Castañeda también expresó su inconformidad debido a la aprobación de un estado de excepción sin ratificación del Congreso, indicando que este debe ser aprobado por el Poder Legislativo para asegurar su legitimidad y cumplimiento en el marco de los derechos fundamentales.
Castañeda indicó que «nos preocupa la ilegalidad porque la medida de estado de excepción o la medida de excepcionalidad para la restricción de garantías y derechos está contenida en la Constitución».
Asimismo, señaló que, de las 19 ampliaciones del estado de excepción, solo una se realizó siguiendo el debido proceso legal. «Solo una cumplió con la normativa, es decir, se aprobó dentro del plazo de 45 días establecido. Todas las demás se han extendido después de que el periodo legal venciera», indicó Castañeda.
En febrero de 2025, la ASJ decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad, y esperan que la Sala de lo Constitucional dicte una resolución favorable. «Así como otros recursos que se han interpuesto ante la corte, nosotros esperamos que este tenga la celeridad, la atención debida, y que sea una resolución favorable», expresó Castañeda.
También se refirió a que las elecciones primarias se llevaron a cabo en un contexto de estado de excepción, y señaló que la posibilidad de que las elecciones generales se realicen bajo un estado de excepción, lo cual puede ser «muchísimo más delicado, y si vamos a ir bajo esta misma condición de mantener el país bajo una restricción de derechos y garantías, la preocupación va a seguir».
Aunque las estadísticas generales de homicidios han disminuido, persiste la violencia contra las mujeres. Según medios de comunicación impresos y digitales, entre el 1 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 45 muertes violentas y femicidios. Los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho. El Sistema Nacional de Estadísticas 911 reportó del 1 de enero al 28 de febrero del 2025 más de 5,921 denuncias de violencia doméstica y 7,221 denuncias de maltrato familiar contra mujeres en Honduras.
Según Ana García, representante de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, el estado de excepción en Honduras no ha representado ninguna mejora en la seguridad de las mujeres, sino que, por el contrario, ha incrementado su vulnerabilidad ante la violencia. García sostiene que esta medida no ha logrado reducir los femicidios y, además, ha expuesto a las mujeres a un mayor riesgo al enfrentarse a hombres armados. «Definitivamente, no miramos ningún resultado del estado de excepción, no solo para la población en general, sino para las mujeres», enfatizó.
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García destacó que la falta de judicialización de los casos de violencia contra las mujeres sigue siendo insuficiente. «El estado de excepción es una medida fallida desde cualquier punto de vista», afirmó, señalando que los índices de femicidios no han disminuido y la impunidad ha aumentado al 97 %.
También recordó casos emblemáticos como el de Keyla Martínez, asesinada en una celda policial, y la masacre de 42 mujeres en la cárcel de Támara, ambos hechos ocurridos bajo la custodia de las autoridades. Para García, estos casos evidencian que el estado de excepción no garantiza la seguridad de las mujeres, sino que perpetúa un sistema de violencia estructural en su contra.
