El 20 de marzo, el juez Hermes Benigno Pineda dictó auto de formal procesamiento contra cuatro de trece imputados de la comunidad negra de habla inglesa de Diamond Rock, acusados de incendio y daños a propiedades en disputa con la familia Cooper-McNab, en Roatán. El conflicto involucra tierras que la familia McLaughlin, miembros de la comunidad negra de habla inglesa, reclama como ancestrales. El abogado defensor denunció irregularidades en el proceso, mientras que ambas partes se señalan por usurpación.
Texto: Abigail Gonzales
Foto: Cortesía Ofraneh
Despues de tres días consecutivos de audiencia inicial en contra de 13 personas del pueblo negro de habla inglesa, el pasado jueves 20 de marzo el juez Hermes Benigno Pineda Castro dictó auto de formal procesamiento contra los imputados, lo cual indica que el juez determinó que existen indicios suficientes para que el proceso penal continúe. La resolución se emitió por los delitos de incendio y daños contra cuatro de los trece acusados, y al resto de los acusados se les dictó sobreseimiento provisional.
Los imputados son acusados por el Ministerio Público (MP) por los delitos de incendio, robo con violencia y daños a la propiedad en Diamond Rock donde opera el centro turístico Paya Bay, propiedad de la familia Cooper-McNab, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
El conflicto en la comunidad Diamond Rock, ubicada en el municipio de José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, involucra a miembros de la familia McLaughlin, quienes aseguran ser víctimas del despojo de sus tierras ancestrales por parte de la familia Cooper-McNab. Los McLaughlin señalan que durante años han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, acusando a la otra familia de haber tomado posesión del territorio de forma ilegal en esta comunidad, pero ninguna de las denuncias ha prosperado.
El 5 de enero de 2025, los McLaughlin decidieron recuperar las tierras, dando lugar a un enfrentamiento con los empleados del hotel que se ubica en el lugar. Durante los hechos, la Policía Nacional estuvo presente, pero no intervino. Luego, el 28 de enero de 2025, el Ministerio Público, a través de la fiscal Yesenia Canizales, presentó un requerimiento fiscal en el cual se solicitaron órdenes de captura y detención judicial contra 13 miembros de la familia McLaughlin.
El abogado Caleb Navarro, representante de los imputados, declaró a Contracorriente que hubo irregularidades en el proceso de audiencia inicial, señalando violaciones a las garantías procesales y manipulación de pruebas. «En el desarrollo de la audiencia hemos evidenciado muchas violaciones a las garantías del debido proceso que debería estar cumpliendo el juez», afirmó.
El defensor también cuestionó la legalidad del reconocimiento en rueda, un procedimiento en el que se presenta a un testigo o víctima en una fila de personas con características similares para que intente identificar al sospechoso de un crimen. Según el abogado, el proceso estuvo manipulado porque «la única persona que cambiaba en cada ronda era el acusado, lo que hacía evidente su identificación». A pesar de las nulidades presentadas, «el juez decidió admitirlo como prueba y valorarlo como tal», agregó.
El abogado señaló que los videos presentados por la Fiscalía como prueba tienen «vicios de nulidad» y son «pruebas ilícitas». Explicó que los archivos tienen fecha del 17 de febrero de 2025, aunque los hechos ocurrieron el 5 de enero y la Fiscalía los registró el 16 de enero. «¿Cómo puede un video tener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron el 5 de enero?», cuestionó. Además, señaló como inconsistencia que la fuente de los videos es un abogado acusador privado, aunque la Fiscalía afirmó que fueron grabados por los guardias de seguridad del hotel. También destacó que la memoria que contiene los videos fue decomisada el 13 de enero y sellada el 16 de enero, pero los videos agregados tienen fecha del 17 de febrero, lo que evidencia una alteración del contenido que compromete la cadena de custodia.
Este medio tuvo acceso a los videos en los que se observa a varias personas rompiendo vidrios de una caseta a la que después se le dio fuego. Aunque la metadata no es verificable debido a que fueron compartidos por mensajería, este medio confirmó que el mismo video fue publicado en medios de comunicación locales el 5 de enero.
El abogado sostuvo que, a pesar de los medios de prueba admitidos por el juez, no se ha logrado acreditar la responsabilidad de los imputados en los delitos señalados. Asimismo, indicó que el Ministerio Público amplió la acusación «a dos delitos de incendio, de los cuales los imputados ya están siendo acusados», y señaló que el MP también solicitó la prisión preventiva para los acusados.
En ese contexto, la ministra de Derechos Humanos, Ángelica Álvarez, reconoció la lucha histórica y ancestral del pueblo negro de habla inglesa en Roatán, y pidió a los jueces y fiscales «no más criminalización, no más persecución, es tiempo de que la justicia sea una realidad para estas comunidades que han resistido y luchado por sus derechos».
La Red Nacional Defensora de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunció que el Ministerio Público inició este proceso judicial contra los defensores por ejercer su derecho a la tierra y a la libre determinación en una propiedad colectiva ubicada en la comunidad de Diamond Rock, Islas de la Bahía. Según esta organización, la familia Cooper-McNab busca usurpar este territorio, argumentando que ellos han sido dueños de esas tierras durante muchos años.
Conflicto de tierras
Contracorriente tuvo acceso al título supletorio donde se establece que Harold McLaughlin, abuelo de los imputados, es heredero del territorio desde 1965. Un título supletorio es un mecanismo legal que permite regularizar la propiedad de un inmueble cuando el poseedor no cuenta con un título inscrito en el Instituto de la Propiedad. Este proceso le permite al titular demostrar su derecho sobre la propiedad.
El defensor Navarro señaló que, aunque la familia McLaughlin es la propietaria del terreno, la familia Cooper McNab presentó una solicitud de dominio pleno ante la Alcaldía Municipal de Santos Guardiola el 30 de octubre de 2018. Posteriormente, el 5 de abril de 2021, la Alcaldía les otorgó dicho dominio. Ante esta resolución, la familia McLaughlin presentó una oposición el 25 de marzo de 2022, pero hasta la fecha la Alcaldía no ha dado respuesta.
Ante la resolución de emitir auto de formal procesamiento, el defensor de los imputados expresó su inconformidad, señalando que «jurídicamente el juez está obligado a dictar un sobreseimiento definitivo por la manipulación de medios de prueba, porque el caso realmente fue construido para una persecución contra una familia en específico, porque son las familias que sí tienen título» expresó.
Por su parte, Michelle McNab, miembro de la familia Cooper-McNab, en una entrevista a Contracorriente señaló que, desde hace varios años, su familia ha estado en un conflicto legal con la familia McLaughlin, quienes reclaman el derecho sobre las tierras que actualmente ocupan y en las que se encuentra el hotel Paya Bay Resort en Roatán.
McNab afirma que Harold McLaughlin le vendió a sus abuelos el terreno hace cuarenta años, y que la familia McLaughlin tenía conocimiento de la venta, la cual se realizó por un monto acorde al valor de la época. Además, señaló que debido a esta situación los McLaughlin «nos plantearon que querían dinero y nosotros no tenemos, y no es justo lo que están queriendo hacer».
Según McNab, hace cinco años la familia McLaughlin demandó a su abuela por usurpación de tierras, a pesar de que su familia había estado en posesión de la propiedad por más de 30 años. «Mi abuela ya es una señora de 80 años y la demandaron por usurpación», explicó. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que se trataba de un asunto civil, y desde entonces el proceso en esa instancia ha sido lento, según relató McNab.
Asimismo, afirmó que el 5 de enero, la familia McLaughlin llegó al hotel Paya Bay de su propiedad y causó daños. Según su versión, destruyeron y prendieron fuego a dos postas, además de quebrar y robar objetos.
Michelle McNab también denunció haber recibido ataques en redes sociales por pronunciarse sobre el hecho, agregando que incluso se han burlado de la muerte de su padre y de la pérdida de un hijo. Esta situación la ha hecho temer por su seguridad y la de su familia.
McNab aseguró que su familia adquirió el terreno legalmente: «Aquí no hay nada con tierras ancestrales», afirmó, y dijo que las tierras ancestrales solo se ubican en Punta Gorda. Según ella, la familia McLaughlin ha manipulado la historia para obtener apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad garífuna.
Mientras tanto, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció a través de su cuenta de X que se realizó la construcción de ese centro turístico donde antes existió un cementerio comunitario. Sobre esto, McNab reconoció que hace años, durante la construcción de un restaurante, encontraron lo que parecía una mandíbula, pero nunca se hallaron más restos ni ataúdes. «Si hubieran encontrado más pruebas, dígame si no se iba a respetar el área» dijo.
Asimismo, señaló que el conflicto ha afectado económicamente a su familia, ya que el turismo en su hotel ha disminuido. «Nada es secreto en una isla pequeña. Los turistas que venían ahora llegan menos y menos», explicó. Además, la presencia de restos quemados de una estructura incendiada en la zona desanima a los visitantes.
Finalmente, MacNab destacó que su familia ha tratado de actuar dentro del marco legal y cuenta con toda la documentación en regla. «Nuestros documentos están en orden, nuestros impuestos están al día, nuestro permiso de operación», sostuvo.
El abogado de los imputados explicó que la familia McLaughlin justifica la ancestralidad de las tierras en disputa debido a que su vínculo con el territorio precede a la formación del Estado de Honduras. Explicó que para los pueblos indígenas la tierra no solo es para vivienda y producción, sino también para aspectos espirituales, medicinales y sociales, siendo esencial para su identidad y cultura, y agregó que la relación de los pueblos negros de habla inglesa con su territorio, que incluye el respeto por cementerios sagrados, es clave para su supervivencia.
Finalmente, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los territorios ancestrales son intransferibles e imprescriptibles, permitiendo que los pueblos los recuperen, incluso después de haber sido desplazados. El territorio que abarca el título supletorio que le fue otorgado a la familia McLaughlin comprende las instalaciones del hotel y la playa adyacente.
Medidas desproporcionadas
El juez les impuso medidas sustitutivas a los imputados, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar una vez a la semana en el juzgado. Ante esas medidas, Navarro expresó que «son un poco coercitivas las medidas que se les dieron, porque deben de estar firmando una vez a la semana, cuando se tiene entendido que muchas de las personas acusadas, su principal fuente de trabajo es embarcar, estar en contacto con el extranjero. Entonces, eso sí es una medida muy dañina a su diario vivir». Asimismo, señaló que «incluso tienen prohibido acercarse al lugar de los hechos, que es en el mismo lugar donde ellos viven».
También señaló que «no es un asunto de que si hubo delito de daño, delito de incendio, sino la falta de aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permiten que se vean estos casos». Afirmó que, de aplicarse el convenio, el Estado debería garantizar que los territorios ancestrales no se vean afectados.
Durante la audiencia inicial, miembros del Bufete de Justicia Para los Pueblos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) señalaron que el juez Hermes Benigno Pineda Castro ha sido negligente, al admitir pruebas ilícitas y no seguir los procedimientos correspondientes.
Ante esta situación, el Bufete de Justicia para los Pueblos expresó su preocupación por lo que considera una persecución penal y política arbitraria contra los acusados, a quienes describe como defensores de la tierra. Por ello, el 18 de marzo presentaron un informe solicitando al Sistema Nacional de Protección (SNP) la emisión de una alerta temprana para la familia McLaughlin.
La petición también incluye que se revisen los procesos judiciales y se garantice el respeto a los derechos de los pueblos originarios y su cosmovisión. Además, exigieron una revisión del caso y que se tomen acciones urgentes para garantizar la protección de la comunidad negra isleña y la integridad de los defensores del territorio.
