Organizaciones internacionales exhortan al gobierno de Honduras y Canadá para que el empresario Randy Jorgensen enfrente cargos por usurpación de tierra, fraude y violación de derechos humanos en perjuicio del pueblo garífuna. Asimismo, solicitan garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, con el objetivo de prevenir futuros casos de explotación y desplazamiento forzado.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
El pasado 13 de marzo, las organizaciones Black Lives Matter Canadá, Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia, Black Lives Matter South Bend, Global Exchange y Movimiento Popular por la Paz y la Justicia, anunciaron en conferencia de prensa el lanzamiento de una campaña para exigir que los Gobiernos de Canadá y Honduras tomen medidas inmediatas contra el empresario canadiense Randy Jorgensen, acusado de ocupar ilegalmente tierras garífunas en el país.
Durante la conferencia, las organizaciones denunciaron el racismo sistémico, la explotación de tierras y la violación de los derechos indígenas, resaltando el impacto que la presencia de Jorgensen ha tenido en las comunidades garífunas. Además, instaron a las autoridades de ambos países a actuar con urgencia para garantizar la restitución de los territorios ancestrales.
Las organizaciones exigieron la devolución de los terrenos adquiridos ilegalmente a las comunidades garífunas y solicitaron la protección de los derechos indígenas, así como la supervisión internacional para garantizar justicia y respeto para el pueblo garífuna.
Además, presentaron cinco exigencias dirigidas a los Gobiernos de Honduras y Canadá; entre ellas solicitan la intervención de las autoridades para proceder con la expulsión de Randy Jorgensen y sus socios de los territorios garífunas que han sido ocupados de manera irregular. Asimismo, exigen la responsabilidad legal, incluyendo cargos por usurpación de tierras, fraude y cualquier otra violación de derechos humanos en perjuicio del pueblo garífuna.
Jorden Giger, cofundador de Black Lives Matter South Bend y co-coordinador de Co-Redes, expresó durante la conferencia que piden que Jorgensen se enfrente a la justicia: «Demandamos que se asegure que Jorgensen enfrente todas las consecuencias legales por sus acciones, incluyendo cargos por la usurpación de tierras, fraude, y también asegurarse que sea castigado por las violaciones a derechos humanos cometidas contra el pueblo garífuna». Asimismo, señaló que «nuestras demandas implican que el Gobierno de Canadá se involucre en exigir la justicia y la remoción de estas tierras ocupadas ilegalmente».
Marco Castillo, codirector ejecutivo de Global Exchange, dijo que «buscamos amplificar la denuncia de lo que sucede en la playa de Trujillo en contra del pueblo garífuna. Nosotros, como organizaciones internacionales, hemos observado de manera directa lo que está sucediendo, y somos nosotros quienes estamos encabezando esta campaña porque consideramos que es inaceptable», puntualizó.
Los miembros de las organizaciones internacionales informaron que, antes de la conferencia de prensa, recibieron llamados instándolos a desistir, con la advertencia de posibles demandas en su contra. Castillo dijo que «esto nos señala que esta es la ruta correcta y esto es lo que debemos hacer, y por cada vez que nosotros recibamos estos ataques vamos a seguir duplicando nuestras acciones y alzando nuestra voz frente al pueblo».
¿Quién es Jorgensen y cuál es su implicación en Honduras?
El empresario canadiense Randy Jorgensen, conocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos, ha sido señalado por la adquisición y desarrollo de tierras ancestrales garífunas en la bahía de Trujillo, lo que ha generado el desplazamiento de familias y afectaciones en la cultura y modo de vida del pueblo garífuna.
Desde 2008, habitantes de la zona denunciaron ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público la venta irregular de tierras dentro de su territorio ancestral. A pesar de las denuncias interpuestas, las autoridades no tomaron medidas, y en el año 2009 Jorgensen amplió su control de terrenos en la bahía de Trujillo, pese a que estos predios contaban con títulos comunitarios que establecen restricciones para su venta a personas externas, que fueron ignoradas por el Registro de la Propiedad en Santa Fe y Trujillo.
En mayo del año 2012, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) presentó un requerimiento fiscal en contra del canadiense por usurpación en perjuicio de la comunidad de Cristales, pero tres años después, el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo dictó un sobreseimiento provisional a favor de Jorgensen.
En octubre de 2019, la Fiscalía llevo a cabo un juicio contra el canadiense Jorgensen, acusado de usurpación de tierras en perjuicio de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro, en Trujillo, Colón.
A pesar de que el juicio contra Jorgensen se llevó a cabo en 2019, la sentencia aún no ha sido divulgada. Rony Castillo, miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dijo a Contracorriente que la Fiscalía afirmó ya tener la sentencia de Jorgensen, pero que la organización no ha tenido acceso a la misma; además, expresó sus dudas sobre si el fallo sería condenatorio. «Yo pregunté la vez pasada a la Fiscalía y ellos dijeron que ya estaba la sentencia, pero nosotros no la hemos visto, igual no creemos que sea condenatoria», indicó Castillo.
Según la investigación del Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario (INA), Jorgensen ocupa ilegalmente tierras ancestrales que le fueron transferidas por miembros del patronato comunitario, a pesar de que estas pertenecen colectivamente a la comunidad desde 1934, con reconocimiento oficial posterior del INA.
Además, su presencia en la zona dificulta el acceso de los garífunas a sus actividades diarias, violando la Ley de Propiedad, que establece que las tierras indígenas son intransferibles, inalienables e imprescriptibles.
Finalmente, en 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de 233 lotes de terreno vinculados a dos sociedades mercantiles denominadas Desarrollos Visión de Vida S. de R. L. y Grande Trujillo Autoridad S. de R. L. cuyos titulares de derecho son Randy Roy Jorgensen, Malik Zoharan y Darren Wade Weeks, quienes, según la investigación, estafaron a varios de sus compatriotas mediante la venta de lotes.
De acuerdo a diligencias de agentes del departamento contra el crimen organizado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los canadienses denunciados, desde el año 2008 han suscrito contratos de compra venta de lotes de terreno, valorados entre 29 y 45 mil dólares, situados en un supuesto desarrollo inmobiliario entre los municipios Trujillo y Santa Fe, departamento de Colón.
El complejo estaba conformado por varias lotificaciones: Campa Vista, Alta Vista Beach, Alta Vista Mountain, Campo del Mar, Park Side y Corazalta, todas registradas en el Instituto de la Propiedad de Trujillo bajo diferentes matrículas.
Las investigaciones revelan que los valores declarados en las escrituras no coinciden con los montos reales pagados por los compradores, en su mayoría ciudadanos canadienses y de otras nacionalidades, constituyendo así los delitos de lavado de activos y estafa continuada, según el Ministerio Público.
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La Ofraneh el 26 de noviembre de 2024 denunció ante el Ministerio Público a Jorgensen, por su implicación en el tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos en el territorio ancestral garífuna de la bahía de Trujillo, que involucra el saqueo de más de 3,500 piezas arqueológicas.
Este hecho se enmarca dentro de lo que se ha calificado como el mayor tráfico ilegal de bienes patrimoniales arqueológicos, conocido como «huaquerismo a gran escala», que afecta directamente el patrimonio cultural de las comunidades garífunas.
Ofraneh exigió acciones legales contra los responsables y propuso resguardar la colección a través del Centro de Saberes Ancestrales Hachari Wayúnagu, con el objetivo de proteger y difundir el patrimonio cultural de los pueblos originarios.
