El pasado 31 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de revisión presentado a favor de Lisby Dayana Allen Bardales, una joven de 18 años condenada en 2023 a once años y tres meses de prisión tras actuar en defensa propia en contra de su agresor sexual. Su caso ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial hondureño, al no haber considerado las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
El 4 de julio de 2021, Lisby Allen y Mártir Savillón ingresaron al motel Palmeras en Olanchito, Yoro. Allen, una mujer afrohondureña que en ese momento tenía 18 años, cuenta que fue amenazada de muerte junto a su pequeña hija por Martín Adonay Carbajal Savillón, de 51 años, quien la obligó a entrar al motel y luego la violó. Aproximadamente dos horas después, se escucharon disparos. Cuando los empleados revisaron la habitación, encontraron el cuerpo de Carbajal sin vida, con heridas de bala, pero Allen ya no estaba en el lugar. Horas más tarde, la joven fue detenida en los alrededores del motel y puesta a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El 26 de enero de 2023, el Juzgado de Letras seccional de Olanchito, Yoro, emitió una sentencia condenatoria de once años y tres meses contra Lisby Allen, quien fue acusada por la fiscalía por el delito de homicidio.
Ante esto, el 8 de enero de 2025, la Red Lésbica Cattrachas, con el respaldo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), presentaron un recurso de revisión con el que buscan revertir la sentencia, argumentando que Allen actuó en legítima defensa tras haber sido víctima de una agresión sexual. El 31 de enero de 2025 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso.
Seydi Irías, coordinadora del Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, sostiene que Allen no es una criminal, sino una víctima de violencia de género. «Durante el ataque, el agresor la amenazó de muerte a ella y a su hija, obligándola a ir a un motel, donde la violó. En un intento por salvar su vida, Lisby logró desarmarlo y le disparó», explicó Irías.
Irías señaló que la joven llamó al 911 para denunciar lo sucedido, pero en lugar de recibir apoyo, fue arrestada. «Durante el proceso judicial, su testimonio sobre la violación fue minimizado, describiendo lo sucedido como “relaciones sexuales”, por lo que fue condenada sin que se considerara plenamente la legítima defensa», puntualizó.
Desde el año 2021, Cattrachas ha acompañado el caso, denunciando la criminalización de que ha sido objeto Lisby y exigiendo su liberación. Además, el viernes 7 de marzo, en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, la Red realizó un video mapping haciendo énfasis en que la actuación de Allen fue en defensa propia, y señalaron su condena como una injusticia.
Desde el inicio del proceso judicial, la defensa de Allen ha denunciado irregularidades en la investigación y la aplicación de la ley. Guadalupe Ramos, coordinadora del Cladem, señala que este caso refleja la falta de un enfoque de género en el sistema de justicia. «Este caso brinda la posibilidad a la justicia hondureña de no solo reconocer los errores que se tuvieron en su momento, sino de enmendarlos, y de que pueda hacerse justicia con perspectiva de género, que es lo que estuvo ausente en esa primera resolución», explicó Ramos.
Tras dos meses de espera, el 11 de marzo, se les notificó a las organizaciones que el 31 de enero se admitió el recurso, lo que representa el primer paso para reexaminar el caso de Allen.
Sin embargo, Melvin Duarte, director de comunicaciones de la CSJ, en una entrevista para Contracorriente dijo que «simplemente lo que se ha hecho hasta ahorita es darle trámite a una petición ciudadana, y que revisen esa sentencia, hasta este momento no significa nada más que pasarlo al trámite que corresponde».
Asimismo, Duarte explicó que para la revisión del caso no hay una fecha establecida, ya que primero deben completarse los trámites administrativos antes de que la Sala de lo Constitucional lo analice; sin embargo, señaló que sí hay voluntad de ponerlo en agenda: «Yo he platicado con el presidente de la Sala, Wagner Vallecillo, y está en toda la voluntad de ponerlo en agenda lo antes posible», indicó.
El caso de Lisby Dayana Allen ha sido ampliamente discutido en espacios feministas y organizaciones de derechos humanos, que han destacado las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al buscar la justicia en el país. En este contexto, el Cladem emitió un comunicado el 11 de marzo de 2025, en el que señalan que el caso de Allen representa una lucha por la justicia con perspectiva de género. Destacaron que la decisión de encarcelar es injusta y evidencia un patrón de criminalización de mujeres que se defienden de sus agresores, especialmente aquellas racializadas.
Finalmente, el comunicado destaca que el caso de Lisby no solo busca su libertad, sino que también representa un precedente para garantizar justicia a las víctimas de violencia de género y erradicar la criminalización de quienes se defienden de sus agresores.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, afirmó que se va a priorizar el abordaje judicial en materia de violencia de género. Además, dijo que «el Poder Judicial ha venido dando pasos importantes para enfrentar la problemática encaminados a la apertura e integración de la justicia con la población, en especial con las personas que no han tenido voz».
Melvin Duarte señala que la presidenta Obando ha priorizado el abordaje de la violencia de género dentro del sistema judicial. «Como parte de esta estrategia, se ha creado un Observatorio de Justicia y Género, además de fortalecer la Unidad de Género del Poder Judicial, que ya existía en administraciones anteriores, pero que ahora cuenta con mayor participación en estos temas», enfatizó.
Además, mencionó que se han impulsado reformas para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REGAM) y la creación de un Registro de Agresores, ambos en colaboración con el Congreso Nacional. Estas acciones, aseguró, forman parte de una política integral que busca fortalecer la protección de las víctimas y agilizar la resolución de casos relacionados con violencia de género.
Mientras tanto, Cladem recordó que, aunque el Poder Judicial hondureño ha impulsado capacitaciones sobre perspectiva de género, esto debe reflejarse en las resoluciones judiciales.
Además, señalaron que el caso de Lisby es considerado emblemático y significativo, ya que podría marcar un antes y un después en la justicia hondureña. Afirman que si se aplica la perspectiva de género en este proceso, permitirá reducir las brechas de desigualdad dentro del sistema judicial y abrirá el camino hacia una justicia integral para las niñas y mujeres que sufren violencia en el país.
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