El Congreso no entregó los estados de cuenta ni informes de liquidación de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional para uso de Luis Redondo y su secretario Edson Argueta, a pesar de un dictamen de la gerencia legal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordenó hacerlo tras una solicitud presentada por Contracorriente en agosto de 2023. Dicho dictamen también señala una «reiterativa opacidad que caracteriza al Congreso» y califica sus justificaciones para no entregar la información como carentes de lógica, inexistentes e ilegales. El IAIP también resolvió a favor de una solicitud de este medio para que el Congreso entregue información relacionada con la liquidación de subvenciones y un listado detallado de los parlamentarios que las reciben.
Texto: Fernando Silva y Celeste Maradiaga
Portada: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen
El 19 de febrero de 2025, tras 18 meses de espera, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) envió la resolución de un recurso de revisión presentado por un periodista de Contracorriente en contra la negativa del Congreso Nacional, en agosto de 2023, de entregar información sobre el Plan Operativo y Presupuesto 2022-2023, las actas de Junta Directiva de 2022 y 2023, y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito asignadas a Luis Redondo, presidente del Legislativo, y su secretario privado, Edson Argueta.
La oficina de Transparencia del Congreso Nacional había contestado que no podía entregar la información debido a una supuesta confidencialidad, ya que darla pondría «en riesgo o perjudica la seguridad del Estado y la estabilidad económica y financiera o monetaria del país».
La resolución del IAIP incluye un dictamen legal interno presentado por la Gerencia Legal de ese instituto en diciembre de 2023, en el que recomiendan que «se ordene al Congreso Nacional hacer entrega inmediata y en el formato disponible» de la información requerida por este medio.
El dictamen señala a las justificaciones para no entregar lo solicitado como carentes de «estructura justificada y lógica ya que la oficial de transparencia pretende hacer creer a este Instituto que las “actas de las sesiones de Junta Directiva” son confidenciales, cuando estas más bien gozan el carácter de públicas de oficio». El dictamen también concluye que la supuesta confidencialidad de la información es «inexistente e ilegal».
El documento enviado por la gerencia legal del IAIP concluye en su cuarto punto recomendando que se remita la documentación del caso al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para iniciar un proceso investigativo sobre la información pública solicitada y denegada de «forma dolosa de parte del Congreso Nacional».
El 19 de septiembre de 2023, Contracorriente publicó una nota sobre la falta de transparencia en el uso de tarjetas de crédito tras la denuncia de una fuente, que se mantuvo en anonimato por seguridad, quien informó que tanto Luis Redondo como su secretario privado Edson Argueta (a quien en ese entonces ya apodaban Edson «Tarjeta»), tenían tarjetas de crédito de la banca privada a nombre de y pagadas con fondos del Congreso Nacional. Según la denuncia, todos los días se realizaban retiros en efectivo de esas tarjetas.
Contracorriente verificó que los estados de cuenta de las tarjetas de crédito no estaban en el portal de transparencia del Congreso. En mayo de 2023, presentamos una primera solicitud de información, que incluía esos estados de cuenta, informes de liquidación, el Plan Anual Operativo y Presupuesto, el Plan Anual de Compras (PAAC) y las actas de la Junta Directiva de 2022 y de enero a abril de 2023. Al no recibir respuesta, reiteramos la solicitud en agosto de 2023, pero, incluso tras una prórroga, el Congreso no entregó la información.
Una fuente informó a este medio que el monto autorizado por el banco emisor era de 100 mil dólares, equivalentes a L 2,470,000, y que estos montos son de uso mensual.
Luego, el 31 de octubre de 2023, Contracorriente publicó una nueva historia sobre el caso, detallando que este medio tuvo acceso a dos estados de cuenta del 2022 de la tarjeta de crédito a nombre del Congreso Nacional, en los que se registraban retiros en efectivo y compras en lugares de servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Los montos en ambos estados de cuenta ascendían a 443 mil 559 lempiras (USD 17,742). Varias de esas compras fueron verificadas por nuestro equipo en los comercios utilizados.
El jueves 20 de febrero de 2025, el CNA mencionó el caso reportado por Contracorriente en el informe de su Mecanismo de Incidencia Ciudadana titulado «Del Congreso que votamos», y apuntan que presentaron diversas solicitudes de información «con el propósito de esclarecer la existencia y uso de dichas tarjetas»; sin embargo, el Congreso les contestó que la información no existía, a pesar de que el mismo presidente de ese poder del Estado había admitido en conferencia de prensa que sí se habían utilizado tarjetas de crédito para hacer compras en línea.
El abogado Luis Urbina, jefe de la unidad de investigación del CNA, explicó en entrevista con este medio que el dictamen que la gerencia legal del IAIP solicitó que se enviara a las instancias correspondientes para investigar el uso de las tarjetas de crédito no fue enviado al CNA.
«Según la ley, cuando se detectan estas inconsistencias, que pueden establecerse como un acto de corrupción, deben remitir (el informe) al CNA, al MP o el TSC. Sin embargo, los comisionados del IAIP han ignorado esta obligación, limitándose a resolver que el Congreso debe responder dentro de los plazos establecidos, sin exigirle que proporcione la información requerida», explicó Urbina.
Urbina también apuntó que en estos casos el Ministerio Público debería actuar con objetividad y solicitar la información o, en su defecto, secuestrarla, ya que existen indicios suficientes, por ejemplo, sobre el manejo de subvenciones y ayudas sociales que también se mantienen en opacidad. Sin embargo, asegura que el IAIP parece estar encubriendo estas irregularidades.
En noviembre de 2024, el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Luis Redondo por la entrega de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a diputados y diputadas del Congreso Nacional. Al presidente del Congreso se le denunció por el supuesto delito de administración desleal del patrimonio público.
En enero de 2024, este medio solicitó al Congreso Nacional, vía acceso a la información pública, información sobre la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2023, las liquidaciones realizadas por cada congresista en concepto de subvenciones para ayudas sociales en ese año, y el listado detallado de las personas que han hecho uso de este fondo. Además, se solicitó la cantidad que ha sido asignada a cada congresista y la partida presupuestaria de la cual se erogan estos fondos.
Este medio interpuso un recurso de revisión en febrero del año pasado tras la negativa del Congreso Nacional para proporcionar la información. Un año después, el 11 de febrero de 2025, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), respondió a esta solicitud diciendo que hicieron las debidas solicitudes al presidente de este poder del Estado.
En esta misma respuesta, el IAIP exige al Congreso Nacional que se responda a la periodista de Contracorriente que solicitó la información, y advierte que, de no conceder esta, se podrían aplicar sanciones administrativas a este poder del Estado.
Finalmente, el abogado Urbina, del CNA, aseguró que la investigación por la comisión de estas irregularidades no depende de una denuncia particular, sino que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio. Sin embargo, pese a que el CNA ha informado sobre la negativa de entregar información, el Ministerio Público sigue sin intervenir.
En el contexto de la presentación del informe del CNA el jueves 20 de febrero, la abogada Gabriela Castellanos también hizo alusión a la nota publicada por Contracorriente sobre los pagos recibidos por Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, tras su renuncia al puesto, procesada por el Legislativo en septiembre de 2024. Carlos Zelaya anunció su renuncia al Congreso Nacional el 31 de agosto, apenas tres días antes de que se filtrara un video donde negoció con narcotraficantes 650 mil dólares para la campaña de Libre en 2013.
Castellanos aseguró que tenían información sobre los pagos que recibe Zelaya, y apuntó que el MP «debería estar recabando la información para presentar un requerimiento fiscal contra el exsecretario del CN, Carlos Zelaya, por seguir recibiendo su salario pese a no pertenecer al hemiciclo legislativo». Hasta la publicación de esta nota el Congreso Nacional no ha respondido sobre los pagos de 175 mil lempiras que desde noviembre de 2024 se acreditaron desde una cuenta de cheques de ese poder del Estado a la cuenta de ahorros del cuñado de la presidenta.
El viernes 21 de febrero, Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, anunció que el ente inició una investigación de oficio sobre los pagos a Zelaya, y también a Natalie Roque tras su «retiro temporal» como titular de la Secretaría de Derechos Humanos en febrero de 2024. Sobre Roque, Contracorriente publicó en enero de 2025 que, según los portales de transparencia, ha recibido 943 mil lempiras en salario tras casi un año de su retiro.
