Tras los señalamientos que apuntan a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, como el presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, el Ministerio Público se niega a dar información sobre los procesos investigativos en contra del alcalde a las organizaciones que acompañan el caso. El medio internacional Infobae vincula a Fúnez con pruebas testimoniales y científicas que incluyen comunicaciones directas con al menos uno de los sicarios detenidos en 2024.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido señalado como el autor intelectual tras el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 cuando salía de un servicio religioso, según información publicada en Infobae.
Según la publicación del portal noticioso, fuentes anónimas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial confirmaron la existencia de «pruebas testimoniales y científicas» que vinculan a Fúnez en conversaciones con al menos uno de los presuntos responsables directos del crimen. La Iglesia católica del municipio también responsabilizó directamente al alcalde un día después del crimen.
En una entrevista para Contracorriente, la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, respaldó la versión del medio y aseguró que el alcalde Fúnez podría tener implicación en la muerte del ambientalista López. Oliva apuntó que «para nosotros él es una persona de interés y debe ser investigada por el Ministerio Público».
Oliva también expresó su preocupación por la falta de transparencia del Ministerio Público, ya que se han negado a brindar información sobre la posible implicación de Adán Fúnez en el caso. «El Ministerio Público, o no está trabajando, o por su parte está encubriendo a los actores intelectuales», señaló.
Semanas antes del asesinato, Juan López exigió públicamente la renuncia de Fúnez, a quien señaló de corrupción y de favorecer intereses mineros en detrimento del medio ambiente del municipio.
López fue coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), donde defendía los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, oponiéndose al megaproyecto minero y termoeléctrico que pretendió instalar Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez. Fúnez fue aliado clave de la minera Los Pinares, parte del mismo grupo empresarial de Pérez y Ana Facussé, que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos.
En 2013, Los Pinares solicitó la aprobación de dos concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y tras maniobras irregulares, incluida la reducción de la zona núcleo del área protegida, la empresa obtuvo las concesiones en 2014.
Tras la aprobación de 200 hectáreas para la explotación de minería, los defensores del río Guapinol –entre ellos Juan– se opusieron al proyecto y enfrentaron amenazas. En 2018, bloquearon el acceso a la empresa Los Pinares por un año, lo que resultó en 32 procesos judiciales contra ellos y un conflicto socioambiental que ha dejado seis asesinatos entre 2018 y 2024.
Fúnez ha sido vinculado en múltiples ocasiones con grupos del crimen organizado, específicamente con el narcotráfico, y ha tenido relaciones estrechas con figuras políticas y empresariales señaladas por corrupción y lavado de activos. Ha ejercido como alcalde de Tocoa, Colón, durante más de 20 años, a pesar de las denuncias y escándalos. Su permanencia en el cargo se explica en gran medida por su cercanía con el cacique del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya.
En declaraciones a un medio de comunicación nacional, Fúnez desmintió las recientes acusaciones de la prensa internacional, y dijo: «Me siento tranquilo, con mis manos limpias, no manchadas de sangre, porque no ha sido mi conducta». Afirmó que se considera una persona temerosa de Dios y rechazó cualquier vínculo con los hechos señalados.
Asimismo mencionó que «me han acusado de otras cosas unos periodistas de Contracorriente, que me han hecho falsas acusaciones».
En febrero de 2024, Contracorriente publicó una investigación que reveló los vínculos del alcalde de Tocoa con estructuras del crimen organizado, incluyendo el cártel de Los Cachiros, así como su papel en la facilitación de proyectos empresariales controvertidos en la región.
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En 2017, en el juicio por narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, un fiscal del distrito sur de Nueva York le preguntó al exjefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, sobre los políticos en el departamento de Colón que habían recibido sobornos para facilitar el paso de la droga y obtener protección, y Lobo mencionó entre ellos a Fúnez.
Fúnez ya había reconocido públicamente su relación con Javier Rivera, uno de los líderes del cártel, y mencionó que el proyecto minero de la empresa Emco, vinculada a conflictos socioambientales en la zona, previamente pertenecía a Rivera.
Además, a Fúnez se le vincula con otras estructuras del crimen organizado, incluyendo grupos paramilitares y bandas que operan en el Bajo Aguán. En el año 2012, vendió una propiedad en Roatán a Pacific Corporation, empresa ligada a Dionisio Mármol Chirinos, acusado de lavado de activos y con nexos con el narcotraficante Fredy Donaldo Mármol. En la zona del Bajo Aguán también se le relaciona con el grupo de sicarios liderado por Céleo Bautista Rodríguez Ponce, prófugo por múltiples asesinatos, y con la banda Los Cachos, encabezada por Juan Carlos Lezama, señalada por ataques contra campesinos y defensores del medio ambiente.
En una entrevista para Contracorriente, el experto en derechos humanos Joaquín Mejía expresó que «por el momento el Ministerio Público, consideramos que ha jugado un papel importante en identificar a los autores materiales, pero todavía quedan los autores intelectuales. En ese sentido, entendemos que el proceso penal para determinar la culpa intelectual no es fácil, y estamos en espera de que las acciones que el Ministerio Público ha estado adoptando puedan tener efectos concretos para hacer esas identificaciones».
Asimismo, Mejía enfatizó que el alcalde Fúnez renunció a la reelección, pero «colocó a alguien de su confianza», el ingeniero Osvaldo Sandoval, como sucesor. Y es que el Tribunal de Honor del Partido Libre decidió el 14 de junio de 2024 retirar la membresía del alcalde, debido a investigaciones por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Según el documento del Tribunal de Honor de Libre, Fúnez no respondió a las acusaciones en su contra, lo que se interpreta como una aceptación tácita de las mismas. Además, se le cuestiona su relación con Javier Rivera, miembro del cártel de Los Cachiros, y con el empresario Lenir Pérez.
Esta situación ha generado expectativas entre organizaciones locales, como el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, que esperan acciones concretas por parte del partido de gobierno. Cabe destacar que, desde su fundación en 2011, Libre no ha expulsado a ninguno de sus miembros.
A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, el alcalde de Tocoa continúa negando toda vinculación con la muerte del ambientalista, y asegura permanecer «completamente tranquilo».
El Ministerio Público emitió este miércoles 19 de febrero un comunicado detallando los avances en la investigación del asesinato del ambientalista López. En dicho comunicado, se informó que se solicitó asistencia jurídica a la Policía Nacional de Costa Rica y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para realizar el peritaje de al menos 10 teléfonos celulares decomisados en distintos operativos vinculados con el crimen.
En cuanto a la colaboración con el FBI, se detalló que se analizará un dispositivo decomisado a uno de los imputados, el cual fue encontrado destruido. Según el Ministerio Público, se espera recuperar información clave.
El comunicado, tambien señala que el MP declaro, sin lugar, de manera provisional, la solicitud de procedimiento abreviado presentada por uno de los imputados en el caso de asesinato, en la que este aceptaba su participación en el crimen a cambio de una reducción de la pena. Esta medida se tomó debido a que aún se está a la espera del resultado de un peritaje sobre los teléfonos enviados a otros países, cuyo análisis podría aportar evidencia clave para el caso.
