La exposición de las medidas en temas migratorios del nuevo Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha provocado una ola de pánico entre los inmigrantes indocumentados, ya que ha prometido deportaciones masivas. A Honduras han llegado ya aviones militares con deportados, mientras las relaciones diplomáticas se mantienen en tensión entre ambos países. En medio de esto, los migrantes centroamericanos y mexicanos están en el centro de un discurso que algunos analistas han catalogado como «lleno de odio y racismo», por lo que muchos migrantes han decidido esconderse o planificar su mudanza de regreso.
Texto: Allan Bu
Fotos: Cortesía Cancillería
«Aquí no se ve un alma, parece desierto», asegura Nelson, un hondureño que tiene más de 20 años radicado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y no exagera; en Estados Unidos las medidas emprendidas por Donald Trump desde que regresó al poder han provocado una ola de pánico entre los migrantes indocumentados. Muchos han abandonado sus trabajos y están escondidos, pero esa situación, en esta potencia mundial, es insostenible.
Nelson logró regularizar su estatus en Estados Unidos, pero esa suerte no la han tenido miles de hondureños que dejaron este país hasta en caravanas buscando seguridad, empleo y, en resumen, mejores condiciones de vida. Según el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, en los registros estadounidenses aparecen unos 250 mil hondureños sin claridad en su estatus legal para su permanencia en el país y eso los hace candidatos para la deportación.
El fuerte discurso del presidente Trump en todas las plataformas disponibles y la exposición de los arrestos que permite esta era dominada por las redes sociales, han provocado incertidumbre en la población migrante en Estados Unidos. Lenin, un hondureño que tiene menos de dos años en ese país, lo explica de manera muy coloquial: «Aquí andamos con el trasero a dos manos, hay un pánico mental y de todo. Realmente la mara (la gente) está preocupada», dice.
Lenin piensa que las personas que entraron al país pidiendo asilo y las que entraron con una visa de turismo o trabajo y se quedaron son las que están en mayor riesgo, porque las autoridades migratorias ya tienen toda su información. Y esto es verdad; el gobierno de Trump canceló la aplicación CBP-One, utilizada por los migrantes para concertar una cita para pedir asilo. Desde su implementación en 2023, más de 170,000 personas lograron obtener una cita. Ahora, miles de citas han sido canceladas y la información de esos migrantes está en manos de las autoridades, cuya misión principal ahora es cazar migrantes.
Lenin entró sin documentos y ha decidido tomar medidas. «Yo no salgo, ni ando en vicios. Del trabajo a la casa, puedo correr el riesgo de que manejando me puedan detener y depende de la personalidad del policía si decide incluirme en la lista de deportaciones», mencionó.
La antropóloga y especialista en temas migratorios, Amelia Frank-Vitale, consideró que la campaña emprendida por Trump y funcionarios de su administración no persigue un perfil en específico: «Realmente van por todos. Las personas indocumentadas están expuestas a la deportación, si encuentran a un indocumentado lo van a arrestar», dijo, pero agregó que «hay un proceso legal para que una persona sea deportada, tiene que pasar por una corte de migración, no es algo rápido».
Señaló que hay condiciones migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, que puede brindar más protección a quienes se acogen a este, pero aun así no los exime del riesgo: «Están más protegidos si tienen algún estatus legal, pero (el nuevo gobierno) han mostrado su interés de también ir en contra de ellos; creo que su idea al final es hacer la vida más difícil a todos. Hay gente en la administración de Trump que quiere sacar a toda la gente que no es estadounidense, sin importar su estatus. Empiezan con los más vulnerables, luego hay gente que tiene un permiso legal, pero que no es residencia», dijo.
Desde que asumió su segundo mandato, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para cumplir con sus promesas sobre las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza. Algunas de estas acciones tuvieron efecto inmediato, pero otras pueden tardar años o incluso no llegar a concretarse.
Una ametralladora de crueldad
Uno de los anuncios más controversiales en las últimas semanas fue el que hizo el mismo Trump sobre utilizar la base de Guantánamo en Cuba para recluir ahí a los migrantes, aunque eso no es algo que puede ejecutar de inmediato. «Gran parte de lo que Trump pueda hacer dependerá del dinero. Se espera que el Congreso estudie pronto un respaldo adicional», publicó la Voz de América en un reportaje sobre las nuevas políticas.
En los primeros días del Gobierno de Trump los arrestos se duplicaron con un promedio de 700 arrestos diarios, según cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El promedio diario fue de 311 en un período de 12 meses hasta el pasado septiembre, durante la presidencia de Joe Biden. De mantenerse la tasa con la que ha iniciado el Gobierno de Trump, superará el récord previo del ICE, que se estableció con Barack Obama en la Casa Blanca, con un promedio de 636 en 2013.
Los números han comenzado a crecer con operaciones en ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago. Estas acciones han tenido mucha exposición en los medios de comunicación. Incluso el fiscal interino Emile Bove se sumó a los operativos de captura de migrantes. En las operaciones también han colaborado el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El nuevo gobierno estadounidense abrió la puerta para que ICE lleve a cabo las deportaciones sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración, lo cual es posible al extender la autorización de expulsión acelerada a nivel nacional para cualquier persona en el país hasta por dos años. Este tipo de deportación se aplicaba a los migrantes que eran detenidos a 100 millas de la frontera entre México y Estados Unidos. La medida ya ha sido recusada por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Además, el Gobierno federal eliminó una política que impedía las detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, y también se continuará deportando a quienes ingresaron al país con un permiso, una potestad presidencial que Biden usó más que ningún otro presidente.
Hay estados y ciudades que han desafiado las medidas de Trump. Es el caso del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien emitió una ordenanza para evitar que las autoridades locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas. «Nos preocupamos por ustedes. En la ciudad de Minneapolis los defenderemos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, porque no son extranjeros, en nuestra ciudad son vecinos», dijo Frey en una conferencia.
Otro caso que ha estado en el centro de la controversia es el del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tras sugerir en una entrevista que una persona con estatus migratorio irregular vive en su casa. «Buena suerte a los federales si intentan llevársela», dijo el político.
Trump también firmó una orden ejecutiva para anular la nacionalidad por nacimiento, pero esta intención fue bloqueada por un juez federal del estado de Washington, quien calificó la orden como inconstitucional.
La antropóloga Amelia Frank manifestó que hay una situación de pánico en la comunidad migrante, y no es para menos, porque hasta ahora el nuevo gobierno ha sido como «una ametralladora» de nuevas tácticas para meter miedo y sembrar caos. «Hay crueldad para todos los migrantes indocumentados, personas buscando refugio, personas con algún estatus… todos están bajo la lupa», dijo.
Sin embargo, la antropóloga aclara que hay cosas que simplemente han cambiado de tono: «Hay una diferencia de retórica y discurso, de buscar meter miedo. La gente indocumentada desde antes estaba vulnerable a ser deportada, eso no es nuevo. Estados Unidos deportaba mucha gente en años anteriores. Incluso los números de personas arrestadas en estos días no está fuera de lo normal, pero este gobierno lo publica y lo proclama con orgullo, mientras a la administración pasada, como que le daba un poco de vergüenza y justificaba sus acciones».
Añadió que en el caso de las personas con récord criminal no es posible que permanezcan en el país, pero resaltó que eso no es nuevo y que el país ha sido estricto en cumplirlo. «Su retórica habla de criminales, pero va a estar deportando a todo el mundo» dijo, y agregó: «Su odio es al migrante sin importar la condición».
Al 3 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportaba que las redadas contra los indocumentados han dejado como saldo más de 8 mil arrestos y unas 5 mil deportaciones. Los migrantes detenidos son provenientes de 121 países. En el reporte se indica que los detenidos son personas con antecedentes penales, irregularidades en su documentación y órdenes de deportación vigentes, pero no aclara cuántos tienen récord criminal. La publicación habla de que Trump está cumpliendo la promesa de expulsar a «violentos criminales», colocando esta etiqueta a quienes su único delito es vivir y trabajar sin documentos en Estados Unidos.
El canciller Reina afirmó que en Honduras los manifiestos que reciben de parte de Estados Unidos son enviados a las autoridades de Seguridad para que se corrobore si hay órdenes de captura o alertas migratorias y que se «tomen las medidas conforme a ley». Consultamos a Comunicaciones de Cancillería si hay información acerca de hondureños con antecedentes entre los deportados, pero hasta el momento de publicar este artículo, no tuvimos respuesta.
Acciones impulsadas por el racismo y no por la ley
«Hay algunos que nos ven de reojo», dijo el hondureño Lenin Espinoza, en referencia a las actitudes que percibe en los estadounidenses. «Aun con su indiferencia buscan el servicio de los migrantes por la paga, por el tiempo y por la calidad del trabajo que hace la gente», sostuvo.
Espinoza habló con Contracorriente un par de días antes de la toma de posesión de Trump. Él tenía claro que las deportaciones no las detenía nadie, pero pensaba que solo iban esencialmente contra aquellos que entraron pidiendo asilo a Estados Unidos y después no asistieron a las citas a la corte de migración. «Es que esas personas así es que están en el sistema del gobierno y tienen todos sus datos para ubicarlos y despacharlos», dijo.
También hay familias que se están preparando para el día en que tengan que regresar a su país. Marlen, a quien llamamos así para no exponer su identidad, cuenta que su esposo y sus tres hijos viven en Houston, Texas, desde hace seis años, desde que entraron con una visa de turista y decidieron quedarse. Con el tiempo, su esposo se hizo contratista en la construcción y con eso han logrado tener una vida cómoda.
Con la llegada de Trump al poder, Marlen y su familia se preparan para regresar. Dejaron su casa en Houston y se fueron a un lugar más remoto, y desde allí han comenzado a hacer una mudanza de regreso. Poco a poco han comenzado a mandar artículos a Honduras por si son deportados. «Han escuchado demasiada noticia acerca de que Trump va a deportar gente que se quedó ilegalmente o entró ilegalmente, pero tienen un miedo extremo cuando ven a una patrulla», nos contó un familiar cercano.
Las acciones del Gobierno de Trump, pero sobre todo el hecho de exponerlas en todos los medios, llevan a los migrantes a tomar medidas extremas. Ever Rosales, originario de Cofradía, Cortés, al norte de Honduras, ha cambiado su rutina completamente; ahora va del trabajo a su casa y los días libres sigue descansando. «No voy salir para ningún lado», dijo.
Ever tiene dos años y medio viviendo en Estados Unidos, pero logró establecerse hasta en su segundo intento. En su primer intento, en el 2011, fue deportado casi de inmediato, y eso lo convierte en un objetivo de la deportación si llega a caer en un operativo o redada de las autoridades migratorias. Su idea es permanecer en Estados Unidos tres o cuatro años para volver con algo de dinero ahorrado a Honduras.
Marco Ramos, un hondureño que está en un proceso avanzado para legalizar su permanencia en Estados Unidos, cuenta que ha hablado con personas que vivieron el primer mandato de Trump, y estas consideran que no pasará nada en muchas ciudades. «Van a deportar gente como todos los años, pero estos migrantes no creen que vaya a haber redadas en lugares de trabajo», dijo Ramos, unos días antes de la toma de posesión. Hay que mencionar que el Gobierno de Trump sí está ejecutando redadas, pero aún no son masivas, aunque tienen gran exposición mediática.
«Honestamente no creo que Trump logre aplicar todo lo que dice. Según expertos, ocupará muchísimo dinero para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, y no hay suficientes elementos humanos para eso. Ahora también creo que esto se ha descontrolado en Estados Unidos por la cantidad de personas que han entrado. Hay muchos que son delincuentes y quieren hacer lo mismo en este país», aseguró Ramos, quien dice estar tranquilo porque su proceso para conseguir una permanencia legal ya está en la corte.
La antropóloga Amelia Frank explicó a Contracorriente que el ICE está haciendo redadas, pero que ya tenía esa potestad, y además no tiene la capacidad para cubrir todo el país. «Están haciendo redadas de muy alto perfil en ciudades que tienen un perfil de ser anti Trump y pro migrantes, como New Jersey o Chicago. Creo que están muy enfocados en el espectáculo de eso, aunque los números en bruto no sean espectaculares. Ya están diciendo que quieren poner una meta a cada oficina de ICE de un número de personas (a capturar). Se supone que (Trump) está decepcionado porque no hay muchos arrestos, seguro que pueden aumentar, pero hay límites por los recursos que tienen», explicó.
Para Frank Vitale, en los primeros días del Gobierno de Trump se han quitado la máscara, pues ha cambiado la retórica de que iban por los criminales: «La narrativa abarcaba a las personas que estaban fuera de la ley, ahora yo veo que el nuevo discurso le quita un poco de la máscara, que nunca se trataba de la ley, siempre fue el racismo, un deseo de expulsar y no permitir migrantes».
«Hermano, hermana, vuelve a casa»
Tras la promesa de deportaciones masivas realizadas por la nueva administración estadounidense, el Estado de Honduras lanzó el programa «Hermano, hermana, vuelve a casa» con el que se espera atender a quienes regresan al país. El canciller Eduardo Enrique Reina explicó que este apoyo consta de un bono de 100 dólares para todos los que llegan, capital semilla para aquellas que tengan una idea de negocio y también mecanismos de empleo. «Reitero también un llamado al sector privado hondureño, que busque los mecanismos porque todos estos compatriotas han ayudado a mantener la economía y los negocios en el país», dijo.
En Honduras, después que la presidenta Xiomara Castro insinuó que la base militar de Palmerola podría ser cerrada si había una actitud hostil contra los migrantes hondureños, finalmente el canciller Enrique Reina confirmó que este convenio fue extendido por un año más.
«Eso demuestra la voluntad nuestra de trabajar y seguir cooperando con Estados Unidos en temas como la migración o el combate al narcotráfico. La presidenta fue muy clara: esperamos que las deportaciones se den bajo el mecanismo usual, ordenado y digno. Si hay un cambio excesivo, pues nosotros tendremos que revisar nuestra política; por ahora hemos podido negociar y por eso es que se están aceptando vuelos militares de manera coordinada», dijo Reina.
El viernes 31 de enero, el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) ubicado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales recibió a 352 migrantes, la mayoría de los cuales fueron detenidos en la administración de Joe Biden. Circularon algunas fotografías de personas esposadas, pero esto tampoco es nuevo, han estado llegando así por años.
El canciller mencionó que se debe buscar crear un sistema más justo, y puso como ejemplo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que ha enfrentado a un sector empresarial con este gobierno, casi desde sus inicios. «La empresa privada debe estar más consciente de invertir en el país, solo bajo ese mecanismo de trabajo conjunto es que podemos sacar el país adelante», dijo. Agregó que Karim Cubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) está desarrollando un programa para emplear a migrantes, y que buscarán hacer lo mismo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Al canciller le consultamos sobre los comentarios vertidos por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, quien en declaraciones a Radio América afirmó que los migrantes, con el apoyo previsto por el gobierno para ellos, «van a pijinear por 15 días y luego volverán a la ruta migratoria», pues piensa que ya no desean estar en el país.
«Realmente ha sido una práctica, no hay que negar las cosas cuando ocurren. Muchos migrantes, cuando son deportados, esperan unos meses en Honduras y a veces vuelven a tomar la ruta del migrante. Las estadísticas que tenemos muestran que a veces las personas que llegan, digamos las 150,000 que se recibieron en estos tres años del Gobierno de la presidenta Castro, unos 35,000 han ido y venido varias veces; obviamente, esto cambiará si la política de la administración Trump es más fuerte y no deja entrar a los migrantes», manifestó el jefe de la diplomacia hondureña, sobre las declaraciones del diputado.
Dennis Corrales, director del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), recordó que la presidenta Castro ha anunciado que una de las soluciones para los deportados es el desarrollo de emprendimientos exitosos.
Le consultamos a Corrales cómo el Gobierno iba a garantizar que los fondos entregados como capital semilla sean utilizados para los fines establecidos, y respondió que hay plataforma que les permite registrar al migrante retornado; además hacer un diagnóstico de sus capacidades y evaluar las ideas de negocios. «Este capital semilla será entregado solamente a aquellos que acrediten haber retornado a través de esta emergencia (Gobierno de Trump) y que estén certificados por Senprende», explicó Corrales.
Descartó que los 1,000 dólares se vayan a entregar a todos los migrantes: «No, ese proceso no es así, requiere etapas de desarrollo y por eso es esencial que el mensaje esté claro. Nosotros lo hemos denominado servicio VIP, para que la atención sea menos burocrática y el migrante sienta que sí de verdad lo están apoyando».
Sobre la cantidad de personas que esperan atender con este programa, Corrales afirmó que la instrucción de presidencia es ayudar a todos aquellos que necesiten la ayuda para llevar a cabo su idea de negocio. Manifestó que las cifras indican que al 35 % de los migrantes que retornan les gustaría emprender, mientras que el resto preferiría conseguir un empleo.
El canciller Reina confirmó que en la última semana de enero arribaron al país seis vuelos transportando migrantes, incluidos dos aviones militares, pero que hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de recibir hasta 12 aviones semanales. El funcionario expresó que aún no hay un aumento significativo en las deportaciones, pero es claro que las nuevas disposiciones apenas comienzan.
Amelia Frank insiste que hay muchas cosas que ya se hacían, pues a los migrantes siempre se les envió de regreso a su país de origen esposados, y tampoco ha importado si ya tenían sus familias y vidas en Estados Unidos: «Eso no es nuevo, lo que sí es nuevo es el orgullo y el deseo de sembrar terror en las comunidades inmigrantes», concluyó.
