El 11 de diciembre de 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el ascenso de ocho coroneles al grado de general de brigada, entre ellos a Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien también fue nombrado nuevo comandante del ejército hondureño. Ardón había ocupado anteriormente cargos de jefatura y comandancia en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Dos fuentes militares confirmaron a Contracorriente que, además, Valerio era «mano derecha» del general Tulio Romero Palacios, quien en marzo de 2024 fue testigo en favor del expresidente hondureño en el juicio que se desarrolló en Estados Unidos.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Cortesía
«Nombrar a partir de la fecha como comandante general del ejército al general de brigada Hector Benjamin Valerio Ardón, en sustitución del general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández», fueron las palabras con las que el pasado 11 de diciembre de 2024 se hizo oficial el nombramiento en la ceremonia del 199 aniversario de la institución castrense. En el evento fueron ascendidos 8 militares al grado de general, 122 oficiales al rango de coronel, y 305 oficiales subalternos al rango de capitán, en una ceremonia a la que asistieron la presidenta Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la titular de la Secretaría de Defensa y precandidata oficialista, Rixi Moncada.
Valerio Ardón ocupó puestos de liderazgo en la Guardia de Honor del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora sentenciado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico. Además, dos fuentes militares le confirmaron a Contracorriente que Ardón ha sido mano derecha del general Tulio Romero Palacios, quien fue procesado por haber cometido el presunto delito de «abandono de destino» al acudir como testigo al juicio contra el expresidente en marzo de 2024, en Estados Unidos.
Valerio Ardón tendrá una de las posiciones de mayor poder en la institución garante de la forma de gobierno y el territorio en el país.
En febrero de 2022, cuando apenas iniciaba su Gobierno, Castro facilitó la extradición de Hernández a Estados Unidos, tras una campaña política en la que prometió arrancar las raíces del narco-Estado.
¿Quién es Valerio Ardón y cuál es su relación con Tulio Romero?
En el evento del 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas ratificaron en sus cargos a casi toda la junta de comandantes; el único cambio en ese rango fue justamente el que colocó a Valerio Ardón al frente de la fuerza del ejército.
Una denuncia anónima de una fuente militar recibida por Contracorriente muestra a Valerio Ardón en varias fotografías acompañando al expresidente Juan Orlando Hernández en diversos momentos, incluyendo la toma de posesión tras la reelección inconstitucional y la crisis política de 2018.
Según la denuncia, el ahora general de brigada fungió como jefe de seguridad y asistente de campo del exmandatario. Contracorriente tuvo acceso a la hoja de vida del general, donde se evidencia que entre 2015 y 2019 pasó por diversos puestos en la Guardia de Honor Presidencial, desde comandante de escuadrón, jefe del departamento de recursos humanos, hasta jefe de organización, operaciones y adiestramiento.
Luego de ocupar dichos puestos, Valerio Ardón fue asignado como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí, una fuerza binacional entre Honduras y Guatemala creada en marzo de 2015 por Hernández, que tiene entre sus objetivos reducir las operaciones del crimen organizado, neutralizar el narcotráfico y la delincuencia común, y suprimir operaciones de actividades relacionadas con estos crímenes.
La información enviada a Contracorriente también indica que Valerio Ardón era «mano derecha» del general Tulio Armando Romero Palacios, lo cual fue confirmado por otra fuente relacionada con la institución castrense. En marzo de este año, Romero Palacios viajó a Estados Unidos para testificar en favor del expresidente Juan Orlando Hernández durante el juicio que la Corte del Distrito Sur de Nueva York realizó contra el exmandatario.
Al volver al país tras brindar testimonio, Romero Palacios, junto a Willy Oseguera Rodas —otro general activo que también testificó en favor de Hernández—, fueron procesados por un juzgado militar, y pagaron 1,800 lempiras de fianza para defenderse en libertad. Desde marzo de 2024, cuando ocurrieron estos hechos, no ha habido actualizaciones sobre el caso.
El general Romero Palacios es uno de los hombres fieles del expresidente que enfrentó un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue su compañero en el Liceo Militar del Norte y, en 2010, se convirtió en edecán del entonces presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, fue nombrado subjefe de seguridad del Congreso y, finalmente, jefe de la Guardia de Honor del expresidente. Además, Romero Palacios y Hernández compartían vínculos de negocios, al asociarse en empresas con miembros de la familia Hernández y funcionarios de confianza de su Gobierno.
Una nota de Contracorriente de marzo de 2024 explicó todos estos vínculos y apuntó que el general Romero Palacios también estuvo involucrado en la compra de un lote de terreno en el departamento de Yoro, que hasta 2007 perteneció a Miguel Humberto Rodriguez Carrión, asesinado el 26 de febrero de 2021 en San Pedro Sula, en una masacre en la que, según medios de comunicación, individuos con indumentaria policial asesinaron a seis personas.
Carrión fue mencionado en un informe de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) publicado el 22 de enero de 2013, donde se le señaló como líder de la banda de crimen organizado Los Olanchanos, y estuvo en prisión por 16 meses entre 2017 y 2018, acusado por los cargos de extorsión, asociación ilícita y atentado contra la seguridad interior del Estado.
Contracorriente contactó a la ministra de defensa Rixi Moncada para hablar sobre los ascensos antes mencionados; sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no hubo respuesta.
Cuestionamientos ante los ascenso
El ascenso de los nuevos generales, entre ellos Valerio Ardón, fue aprobado por 90 diputados y diputadas del Congreso Nacional, 10 se abstuvieron y 3 votaron en contra. Una de las diputadas que se opuso al ascenso de los uniformados fue la doctora Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras.
Ramos explicó que el proceso para tener el suficiente conocimiento sobre cada candidato es muy expedito, por lo que normalmente todos los diputados y diputadas votan a favor y hasta después salen las denuncias contra los ascendidos, ya sea de la policía o las fuerzas armadas.
«Nosotros decidimos que mientras no se cambie el mecanismo de ascenso para que se pueda hacer todo un proceso, y podamos estar seguros de que las personas por las que estamos votando, que sean ascendidas, son personas que no tienen nexos con narcotráfico, con crimen organizado o con violación de derechos humanos, entonces poder darles el visto bueno. Mientras no sea un proceso así, nosotros como bancada no vamos a acompañar», apuntó Ramos en una entrevista con Contracorriente.
Además, explicó que están proponiendo un mecanismo «un poco más exhaustivo», donde se hagan públicas las hojas de vida y se puedan hacer denuncias. Ramos también se refirió a algunas denuncias que recibieron sobre generales del ejército que han violado derechos humanos.
Uno de los generales ascendidos que ha sido señalado por abusos a derechos humanos es Ramiro Muñoz, actual jefe del sistema nacional penitenciario y comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En octubre de 2020, el portal Defensores en Línea publicó una serie de denuncias por parte de familiares de reclusos en el Primer Batallón de Infantería, según las cuales «los oficiales a cargo de la custodia de este módulo, el coronel Ramiro Múñoz, capitán Oliva, tenientes Vásquez y Múñoz han cometido nuevamente abusos atentatorios contra nuestros confinados».
Actualmente, como responsable del Sistema Nacional Penitenciario y tras la designación de la PMOP al frente de las cárceles hondureñas, Muñoz ha enfrentado constantes denuncias por abusos a derechos humanos en los centros penitenciarios bajo su mando.
Por otro lado, sobre la forma en la que se seleccionan a los oficiales y se realizan los ascensos, Leonardo Pineda, analista y consultor en temas de seguridad, apunta que los ascensos, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, son escogencias directas de la presidencia del país.
«Ahí no va a llegar nadie que no tenga la venia de las más altas cúpulas del Gobierno, tanto políticas, como militares o policiales; son personas de confianza de quienes tienen el poder, aunque son instituciones jerarquizadas y van saliendo promociones, entonces a veces hay un pequeño mix de que tienen que ascender personas por obligación, pero generalmente tienen el visto bueno de la clase política», explicó Pineda.
Sobre los cuestionamientos que puede generar el nombramiento de una persona cercana al círculo de Juan Orlando Hernández en cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, Pineda señala que dicha cercanía, debido a la omisión de deberes asociados al puesto, probablemente sí es motivo de cuestionamiento.
«El mismo Juan Orlando mencionó en su testimonio que había consultado con algunas personas de su círculo de confianza en las Fuerzas Armadas por las relaciones de su hermano con el narcotráfico, y que al advertirle lo que él dijo fue: “Vamos a llamarle la atención”. Obviamente, el proceso no debería haber sido ese. Si hay alguien involucrado, independientemente de que sea tu hermano, tenía que haber habido algo más claro», señaló Pineda.
Finalmente, Pineda destacó las denuncias presentadas por la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre ascensos de oficiales de policía vinculados con estructuras del crimen organizado, y apuntó que «antes, cuando no había personas como ella, estas cosas pasaban desapercibidas; no había nadie dentro que se atreviera a señalar. Pero en este caso, ella está diciendo claramente que estas personas tienen o han tenido vínculos con el crimen organizado».
El pasado 21 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó el ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, entre ellos varios que han sido señalados por tener algún tipo de vínculo con estructuras del crimen organizado. Contracorriente publicó una nota sobre el caso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez, promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director— y quien en el juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes en Estados Unidos fue mencionado como contacto de confianza del criminal.
