Tras la devastación que dejó la tormenta tropical Sara, con seis personas fallecidas y cuantiosas pérdidas en infraestructura, el gobierno hondureño recibió donaciones por 4.7 millones de dólares (más de 119 millones de lempiras) de organismos multilaterales y países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Los fondos fueron trasladados a instituciones que ya contaban con un presupuesto para mitigación de lluvias, las cuales quedaron autorizadas, vía decreto ejecutivo, para efectuar compras directas.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Amílcar Izaguirre y Fernando Destephen
La tormenta tropical Sara, que azotó Honduras entre el 14 y el 18 de noviembre de 2024, dejó efectos devastadores, con pérdidas humanas y materiales. Ante esta emergencia, que parece repetirse cada año en el país, como ocurrió con Eta e Iota en 2020, Julia en 2022 y Pilar en 2023, diversos países y organismos internacionales han entregado al gobierno donativos que ascienden a 4,717,207.85 dólares (119,107,634.92 lempiras). Mientras tanto, la sociedad civil y el sector privado advierten sobre la necesidad de invertir en infraestructura resiliente y adoptar un enfoque a largo plazo para mitigar los daños de futuros fenómenos naturales.
El 14 de noviembre de 2024, en plena emergencia, la presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros el decreto ejecutivo 35-2024, que estableció un estado de emergencia por 30 días y autorizó a seis secretarías de Estado —Defensa, Seguridad, Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), SIT y Copeco— a realizar contrataciones directas para la «adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para la construcción, reparación, reposición y rehabilitación de la red vial e infraestructura». El decreto también abarcó a otras instituciones, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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Cuatro días después, el 18 de noviembre, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, informó que las donaciones entregadas por otros países, organismos multilaterales y organizaciones internacionales ingresarían a la cuenta única de la Tesorería General de la República (TGR), y que los fondos serían reasignados a las secretarías e instituciones descritas en el decreto de emergencia.
Entre los países que brindaron apoyo económico a Honduras para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Sara, China contribuyó con 100,000 dólares (más de 2.5 millones de lempiras), Corea del Sur donó 3 millones de dólares (más de 75.7 millones de lempiras), y Estados Unidos aportó 17,207.85 dólares (434,498.21 lempiras), además de una suma adicional de 200,000 dólares (más de cinco millones de lempiras) gestionada directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
En cuanto a los organismos multilaterales y organizaciones internacionales, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dio 625,000 dólares (cerca de 15.8 millones de lempiras), la Organización de Estados Americanos (OEA) donó 25,000 dólares (631,250.00 lempiras), la Corporación Andina de Fomento (CAF) contribuyó con 250,000 dólares (6.3 millones de lempiras), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 200,000 dólares (5 millones de lempiras) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinó 500,000 dólares (12.6 millones de lempiras).
«En nombre del pueblo hondureño, agradecemos a estos organismos por su solidaridad en estos momentos críticos para nuestro país. Los fondos serán ejecutados con responsabilidad y transparencia, ya que son sagrados para salvar vidas», prometió Christian Duarte a través de una publicación en X.
ACTUALIZACIÓN. Al 20 de noviembre suman 3,667,207 de dólares (L91.7 millones) adicionales en donaciones de países amigos y organizaciones internacionales para atender la emergencia de SARA:
— Christian Duarte (@ChristianDCHn) November 20, 2024
-$3,000,000 de la República de Corea del Sur
-$625,000 del @WFP (Programa Mundial de… https://t.co/vJnstnAKd8
Estos recursos se sumarán a los ya disponibles en instituciones como Copeco, la Secretaría de Defensa, el FHIS y la SIT, que, según el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, ya cuentan con partidas presupuestarias destinadas a contingencias, obras de emergencia, habilitación y construcción de carreteras, mitigación en el Valle de Sula y conservación ambiental, entre otros.
Según los portales de transparencia de estas instituciones y secretarías de Estado que fueron consultados por Contracorriente, el Congreso Nacional (CN) aprobó para 2024 un presupuesto total de 1,415,989,128.00 lempiras para tales fines. Sin embargo, hasta octubre solo se habían ejecutado 302,324,425.56 lempiras, lo que representa el 21.35 % del total.
La tormenta Sara se formó en el Caribe y se dirigió hacia Centroamérica y México, alcanzó vientos sostenidos de hasta 76 km/h y dejó acumulaciones de hasta 500 mm de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (HNC, por sus siglas en inglés). En Honduras, las precipitaciones duraron aproximadamente seis días, causando numerosas pérdidas humanas y materiales.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), producto de esta tormenta se registraron seis personas fallecidas, 331,482 afectadas y damnificadas, 16,090 evacuadas y 8,927 albergadas. Además, se realizaron 7,682 rescates.
En cuanto a la infraestructura, la tormenta tropical Sara dejó 131 calles afectadas, 66 carreteras dañadas, 69 puentes y cajas puente destruidos, 13 vados colapsados y 5,020 viviendas impactadas. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indicó que las pérdidas económicas ascendieron o superaron los 480 millones de lempiras (unos 19 millones de dólares), y que la mayoría de las afectaciones se concentraron en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, en el Caribe, y Valle y Choluteca, en la costa del océano Pacífico.
El dinero llega después de la tormenta
En Honduras, se ha vuelto una constante que tras las tormentas tropicales el Estado recurra a donaciones o créditos de organismos multilaterales. Por ejemplo, después de Eta e Iota, que azotaron a Honduras a finales de 2020 y según datos oficiales dejaron 100 personas fallecidas y 4.5 millones de personas afectadas, el BCIE otorgó un préstamo de 70 millones de dólares (unos 1,750 millones de lempiras).
Este préstamo, que se utilizó para financiar el llamado Bono de Alivio a familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático, finalmente fue entregado por el entonces gobierno de Juan Orlando Hernández con la condición de exigir a las y los beneficiarios votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, según confirmaron a Contracorriente dos personas que cobraron el bono, dos fuentes dentro del banco y dos veedores de la sociedad civil.
En 2022 y 2023, el BCIE también otorgó otros donativos no reembolsables similares a los entregados para paliar los efectos de la tormenta tropical Sara. El 14 de octubre de 2022, el banco proporcionó una donación no reembolsable de 500,000 dólares para contribuir a remediar los daños causados por la tormenta tropical Julia.
Asimismo, el 25 de noviembre de 2023, el BCIE otorgó una ayuda económica no reembolsable de un millón de dólares, destinada a ser ejecutada por el gobierno hondureño en respuesta a los efectos de la tormenta tropical Pilar.
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Para el exdiputado del Congreso Nacional (CN) y representante de la sociedad civil, Aníbal Cálix, mientras solo se espere que lleguen las lluvias y se «extiendan las manos» a las donaciones de la cooperación internacional, se continuará acudiendo a los decretos de emergencia y las compras directas.
«Para muchos esta es una forma de operar, un modus operandi que buscan aprovechar. El primer paso en la lucha contra la corrupción es la transparencia. El problema surge cuando se emiten decretos ejecutivos de emergencia, una figura que por sí misma margina los procesos de transparencia, ya que a menudo se recurre a contrataciones directas y al manejo de dinero en efectivo, lo que siempre creará espacio para la corrupción», dijo Cálix a Contracorriente.
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Durante una rueda de prensa el 18 de noviembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro atribuyó el desastre generado por la tormenta tropical Sara a la «falta de inversión» en infraestructura y a la «corrupción» cometida por sus predecesores.
«No es posible que cada año tengamos que salir a atender este tipo de emergencias. No es posible que, debido a la irresponsabilidad de 12 años y 7 meses, no se haya hecho nada, y hoy tengamos que seguir sufriendo lo que estamos sufriendo. Como gobierno central, debemos asumir la responsabilidad de buscar soluciones permanentes», manifestó la mandataria hondureña.
El exdiputado Aníbal Cálix considera que, mientras siga existiendo vulnerabilidad en la infraestructura, las tormentas tropicales y los huracanes continuarán afectando a regiones como el Valle de Sula, región compuesta por 20 municipios de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Santa Bárbara.
«Creo que debemos ser claros: la verdadera herramienta para solucionar esta problemática es proteger el Valle de Sula mediante la implementación del plan maestro de protección. Mientras sigamos desprotegidos, cada tormenta provocará inundaciones, y la única respuesta que se tendrá será ayudar a las personas afectadas, algo que no resuelve el problema de fondo», señaló.
Durante las últimas décadas, en Honduras se han implementado diversas estrategias gubernamentales orientadas a la mejora, mantenimiento, reemplazo y expansión de la infraestructura del Valle de Sula, con el objetivo de mitigar las inundaciones provocadas por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón.
En agosto de 1990 se creó la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS), un ente público autónomo encargado del mantenimiento y operación del sistema de control de inundaciones, como los bordos y los canales, que habían sido construidos en la década de 1960 por la Tela Railroad Company.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), que operó hasta diciembre de 2021. Esta comisión representó una coordinación entre el sector público, a través de secretarías de Estado y alcaldías, y el sector privado.
Durante su funcionamiento, se repararon 90 kilómetros de bordos y se realizaron trabajos de mantenimiento, dragado, rectificación y corrección de cauces, aunque no se implementaron programas de reforestación en las cuencas altas de los ríos Chamelecón y Ulúa. Cuando la CCIVS cesó sus actividades, el gobierno de Juan Orlando Hernández contempló la creación del Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle de Sula, aunque dicha iniciativa nunca llegó a concretarse.
En la actual administración de Xiomara Castro, las competencias de la CCIVS se transfirieron a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dentro de la cual se creó el Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula (CEDV), con el propósito de elaborar una planificación estratégica para el control de inundaciones.
Bajo este programa, la Agencia de Cooperación Técnica de Japón (JICA) está trabajando en la elaboración de estudios de factibilidad y en el diseño de obras de control, como bordos, canales de alivio, áreas de retención temporal y aliviaderos. La inversión de la cooperación japonesa asciende a tres millones de dólares.
Según datos oficiales, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura en el Valle de Sula conlleva un gasto promedio anual de 4 millones de dólares. Sin embargo, cuando ocurren eventos climáticos extremos, como las tormentas Pilar, Julia y Sara, los gastos pueden elevarse hasta los 12.5 millones de dólares.
Falta de diálogo alienta ausencia de infraestructura, según sector privado
El decreto ejecutivo 35-2024 contempla que la planificación, coordinación y ejecución de las obras de reconstrucción tras la tormenta tropical Sara deben ser llevadas a cabo de manera conjunta entre el sector público y privado.
Sin embargo, según Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la existencia de una «falta de diálogo» entre el gobierno y la empresa privada ha causado que no se ejecuten obras de mediano y largo plazo que mitiguen los daños causados por los fenómenos naturales.
«Siempre estamos apagando incendios, y lamentablemente, cuando se apagan estos incendios, los daños y los costos de solucionarlos son mayores que los de construir las obras necesarias a largo plazo», indicó Facussé a Contracorriente.
El empresario manifestó que el gobierno debe adoptar una visión a largo plazo y, de esa forma, «dar una solución concreta y definitiva a todos estos problemas, y así poder avanzar hacia esquemas económicos más avanzados».
«Me parece que los gobiernos evitan implementar soluciones a largo plazo porque son proyectos que van más allá de un período presidencial, y lo que no se ve como un beneficio inmediato se pospone. No obstante, son obras necesarias. Tenemos que trabajar en base a soluciones de largo plazo. Honduras será nuestro país para siempre, no solo por unos años», concluyó Facussé.
