El 23 de noviembre de 2024, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado acusando a una publicación de Contracorriente de ser contenido «tendencioso que busca confundir a la población», después de que este medio publicara una nota en la que reveló cómo esta institución contrató de forma directa a una empresa mencionada en el caso Narcopolítica por vender paquetes de vuelo al cartel de Los Cachiros. La resolución judicial de este caso indica que el grupo del crimen organizado era cliente preferencial de la empresa.
Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen
Según el requerimiento fiscal del caso «Narcopolítica», Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, jefes del cartel de Los Cachiros, arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo entre marzo de 2010 y septiembre de 2012, los cuales fueron utilizados por Miguel Pastor —político nacionalista y titular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014—, Walter Maldonado —director de Carreteras en ese mismo periodo— y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, quien en 2016 se declaró culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Los funcionarios fueron acusados por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho.
La resolución del caso de la corte de apelaciones a la que Contracorriente tuvo acceso a través del Centro de Documentación del Centro de Estudio para la Democracia cita que la extracción de información de correos electrónicos entre Liana Bueso —en ese entonces funcionaria de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi)— y la empresa Divesa, indicaba que los vuelos habían sido dados a un precio especial «a la familia Rivera» (Los Cachiros) «por ser clientes especiales», y que estos vuelos fueron pagados por «clientes especiales de Divesa».
La Secretaría de Seguridad en Honduras justificó mediante un comunicado emitido el 23 de noviembre, tras la publicación de Contracorriente, que la empresa Divesa, contratada de forma directa en el marco del estado de excepción, opera como único distribuidor autorizado de equipos Bell en el país para poder ofrecer los servicios para el proceso de adquisición de repuestos e insumos, reparación y capacitación para el mantenimiento de los helicópteros policiales de esa marca.
Sin embargo, la misma nota publicada por este medio explica que Divesa se ha sometido a otros procesos de contratación y ha perdido ante otras empresas.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, la empresa formó un consorcio con la empresa HJJ, justamente con el objetivo de participar en un proceso de contratación directa con la Fuerza Aérea Hondureña para el suministro de repuestos para helicópteros Bell. El documento de constitución del consorcio también destaca que Divesa se identifica como representante de la marca Bell en Honduras. Sin embargo, según información divulgada por la Secretaría de Defensa, el contrato finalmente no fue adjudicado al consorcio de la familia Nufio Fléfil, sino a la empresa S&S Aviation Services Inc, que según la resolución presentó la oferta económica más ventajosa y cumplió con todos los requisitos establecidos.
El comunicado de la Secretaría de Seguridad apunta que «la contratación actual con Divesa está fundamentada en la experiencia técnica de la empresa, garantizando la operatividad de las aeronaves (…) que desempeñan un rol crucial en operaciones de seguridad incluyendo extradiciones, rescates medicos y la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros».
Divesa también firmó contratos con el Estado durante la administración de Juan Orlando Hernández. Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, entre 2014 y 2021 la empresa participó en 19 procesos de contratación, recibiendo alrededor de 1.8 millones de lempiras. En contraste, durante la administración de Xiomara Castro, Divesa ha recibido pagos que superan los 14.1 millones de lempiras en un periodo mucho más corto, lo que representa al menos 12.3 millones más que lo adjudicado durante los siete años de la administración anterior.
En 2019, esta compañía fue clave en una acusación del Ministerio Público contra 12 personas acusadas de integrar una red que lavó dinero del narcotráfico internacional mediante contratos de obras públicas.
Por su parte, Divesa envió a través de su apoderado legal un documento a este medio solicitando que se «rectifique y amplíe la información publicada (…) o retire la nota». Contracorriente contestó solicitando una nueva entrevista, ya que la previa a la publicación de la nota no fue contestada, pero la empresa no respondió a la solicitud.
La justificación para la compra adjudicada a Divesa fue el estado de excepción, en cuyo marco en octubre de 2023 se emitió el acuerdo ejecutivo 245-2023, con el que se autorizó una serie de compras directas a la Secretaría de Seguridad que encabeza el general de policía Gustavo Sánchez. En el marco de ese acuerdo también se firmaron contratos directos por un total estimado de 228.3 millones de lempiras por la compra de cuatro drones, dos «grip» (de los que no hay más información), y diez vehículos tácticos Black Mamba Sandcat.
Las compras o contrataciones directas están estipuladas para procesos de emergencia y, según las regulaciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), el objetivo es agilizar las compras en estas situaciones.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado en múltiples ocasiones que las compras directas se han convertido en mecanismos de corrupción; por ejemplo, en agosto de 2024 la directora Gabriela Castellanos apuntó que «en la mayoría de las compras directas, estas se usan como mecanismos para favorecer a proveedores allegados a las autoridades, sin pasar por un proceso de calidad».
