Los pilares que una vez definieron a Costa Rica como la “Suiza centroamericana” y la democracia más estable de Latinoamérica se desmoronan frente a nuestros ojos. La desigualdad profunda, los homicidios en niveles históricos y un sistema educativo en crisis están en la base de ese deterioro democrático. Un presidente de corte autoritario no tarda en sacarle provecho.
Por María Fernanda Cruz
Costa Rica, considerada una democracia modelo dentro de la región, ahora quiere copiar el patrón autoritario de sus vecinos. La otrora “Suiza centroamericana” tiene en Rodrigo Chaves un presidente que detesta los controles del Estado y quiere gobernar por voto popular, brincándose la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Por eso desde que asumió la presidencia en 2022 ha ido tejiendo poco a poco una narrativa divisoria y revanchista que resuena en muchos sectores de la sociedad. La visita de Nayib Bukele a principios de noviembre lo dejó más que en evidencia: el modelo que Chaves admira y aspira a seguir es el de un presidente con poder absoluto.
Bukele llegó en un momento justo para darle un empujón a la imagen de Chaves como líder autoritario, así oficialmente le quede un año y pocos meses en el poder. Después de su visita, Chaves repuntó en las encuestas de un 54 a un 63 % en las valoraciones positivas de la población, ayudado también por la gestión en la atención de la tormenta Sara. Es un apoyo que el Centro de Investigación Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP), que elabora las encuestas, considera “personalísimo”. Es decir, la gente todavía está preocupada por la tasa homicidios en el país, que en el 2023 alcanzó un máximo histórico y la crisis en educación que su gobierno no ha logrado corregir, pero aún así lo aprueban a él como líder. Con la última encuesta, también creció la confianza en que el gobierno resolverá estos problemas.
Chaves repite la receta heredada de personajes como Trump, Bolsonaro y Bukele. Se presenta como un político “antisistema”, habla en “pachuco” o jerga de pueblo y logra capturar a quienes no se sienten representados por ningún partido político. Si bien ha sabido aprovechar la baja confianza en los partidos y las fracturas de la antigua Suiza centroamericana, está lejos de ser el responsable de ellas. Su éxito, adornado de fracasos, es la consecuencia más evidente de un país en el que el desarrollo económico de las últimas dos décadas, potenciado por el turismo y las zonas francas, se quedó corto para satisfacer las necesidades de un país con una de las desigualdades más altas del mundo y que no ha logrado reducir sus niveles de pobreza en los últimos diez años.
Hace un par de semanas regresé a mi pueblo, en la Provincia de Alajuela, a hora y media de la capital, para reencontrarme con mis amistades del colegio. Les pregunté si sienten que viven mejor ahora que cuando éramos más jóvenes, hace dos décadas. “Depende de dónde lo miremos”, me dicen. Aunque logramos superar o al menos igualar el estilo de vida de clase media que tuvieron nuestros padres y madres a nuestra edad, nos preocupa la inseguridad, atizada por la desigualdad, y la creciente crisis del sistema educativo. Vivimos con más recursos, sí, pero con menos tranquilidad y mucha ansiedad por el futuro.
Mientras nuestra generación gozó de educación pública de calidad, varios de ellos y ellas ya sacrifican lo que sea necesario para enviar a sus hijos e hijas al sistema privado. No sienten que en el público vayan a recibir buena educación. Su preocupación está validada por informes como el Estado de la Educación, que el año pasado alertó de un “momento de extrema gravedad y vulnerabilidad” del sistema educativo.
El informe también concluyó que, lejos de mejorar, la crisis se ha afianzado en los últimos dos años del gobierno de Chaves. El profesorado gana menos y no hay inversión suficiente en infraestructura ni en el desarrollo profesional de docentes. Paradójicamente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en vez de luchar por una mayor inversión, ha criticado que se destine el 8 % del PIB a ello por mandato constitucional.
No hay duda de que el retroceso en la educación y el rezago en programas sociales amenazan nuestra democracia a futuro por las implicaciones que una sociedad menos educada sobre sus derechos supone. Pero la crisis de inseguridad y el repunte de homicidios de los últimos dos años es en definitiva la amenaza más inmediata.
De adolescente viví en una urbanización de bienestar social. Por la noche iba a comprar palomitas a la tienda del barrio, paseaba a la perra a cualquier hora, salía a bailar con mis amigas y me regresaba tranquilamente en taxi, sola, pasada la media noche. Dos décadas después, esa tranquilidad con la que iba y venía es impensable para cualquier adolescente del mismo barrio.
El chat de WhatsApp de los vecinos arde a todas horas, pero sobre todo en la noche. “Que los hombres del barrio salgan a la calle porque hay presencia de varios sospechosos”, se lee en apenas uno de los cientos de mensajes. Hay una sensación de inseguridad constante. Si busco el nombre de Copán, cerca de mi antiguo caserío, en la sección de noticias de Google, los titulares me hablan de una mujer de 31 años a la que acribillaron en su propia casa, de un muchacho de 24 años interceptado en la calle y asesinado de un balazo en la nuca, de otro de 27 baleado en una vivienda que servía como búnker.
No es solo allí. El país alcanzó cifras récord de homicidios en el 2023, con 17.2 por cada 100 mil habitantes. Superó a Guatemala y a República Dominicana, y es el único país de la región que presenta una tendencia al alza en este indicador, según el más reciente Estado de la Nación. La situación es peor en los poblados con menores índices de desarrollo humano y progreso social, como Matina, Pococí y Siquirres, en el Caribe.
Quizás por ello no me sorprende que algunos de mis excolegas, familiares y hasta choferes de Uber con los que he conversado insistan en que apoyarían medidas extremas para controlar las secuelas del crimen organizado, o que aplaudan los métodos de autócratas como Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Quienes más ganan por la violencia homicida son los líderes autoritarios. Rodrigo Chaves lo sabe. Por eso codearse con Bukele y tratarlo como huésped de honor, más que una muestra de hermandad entre países es una fachada publicitaria que ya le está dando buenos réditos.
Previo a la llegada de Bukele, en las autopistas se levantaron vallas publicitarias pagadas por el gobierno que le daban la bienvenida y aseguraban que “Nuestros pueblos merecen paz y seguridad”. Chaves recibió al presidente salvadoreño con bailes típicos, una visita a la cárcel de la Reforma y la mayor condecoración que se le puede dar a un extranjero: la Orden Juan Mora Fernández. Los periodistas de algunos medios (aliados al gobierno y no) incluso pidieron tomarse fotos con él.
“Si ustedes quieren vencer la delincuencia tienen que estar detrás de este hombre y los poderes del Estado apoyarlo (…) Él es el líder, él es el jefe de la Policía y no puede tener a los otros poderes del Estado amarrándole los pies y las manos”, dijo Bukele en su visita frente a un Chaves que asentía y sonreía ante un mensaje que reafirmaba su más grande aspiración.
Lo que el gobierno de Chaves no ha logrado para contener la delincuencia organizada, lo ha compensado con su agilidad para controlar la narrativa. Entre él y sus ministros han posicionado un mensaje poderoso en contra de los poderes legislativo y judicial, contra la Contraloría General de la República y contra la estabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.
“Lamentablemente la justicia en Costa Rica requiere de tres actores: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo ha puesto de su parte, el Legislativo nos ha quedado debiendo y el Judicial… es constante la liberación de personas (peligrosas)”, se quejó el ministro de Justicia Gerald Campos en la transmisión especial que organizó el canal televisivo del Estado para la visita de Bukele. Este canal que hasta antes de Chaves mantuvo su distancia con administraciones pasadas, se dedica ahora a alabar las acciones del Gobierno. “Muchas gracias por toda su importante labor”, se despide la presentadora.
Conversé con amigos y conocidos unos días después de que Bukele se fue y aunque mi opinión sea completamente distinta, entiendo cómo ese mensaje se está posicionando, incluso en las mentes más educadas que conozco. ¿Para qué quieren democracia y división de poderes si estos conceptos tan abstractos en el día a día no les resuelven sus problemas más inmediatos? La sola pregunta habla ya del deterioro en la capacidad de análisis a largo plazo y la fuerte amenaza de que incluso la “Suiza centroamericana” se rinda ante un régimen autoritario.
*María Fernanda Cruz es periodista e investigadora independiente enfocada en derechos humanos, corrupción internacional y desarrollo de medios alternativos. Fue directora de La Voz de Guanacaste, el único medio local con vocación investigativa de Costa Rica, investigadora para Transparencia Internacional en Reino Unido y ha publicado en outlets internacionales como la OCCRP y la BBC Mundo.
Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.
