El ascenso de Wilson Alvarenga a comisionado general de la Policía Nacional vuelve a poner en duda la eficacia de la depuración policial y evidencia la falta de controles persistentes en la fuerza pública, debido a sus presuntos nexos con el narcotraficante Geovanny Fuentes. El mismo Fuentes mencionó a Alvarenga como parte de su círculo de contactos dentro de la policía durante un interrogatorio con la DEA en 2020.
Texto: Contracorriente
«Felicidades a todas y todos por su merecido ascenso, un escalón más en su dilatada carrera policial. Vienen más responsabilidades que estamos seguros sabrán enfrentar», publicó el 21 de noviembre de 2024 en X el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, tras la aprobación por parte del Congreso Nacional (CN) del ascenso de 38 oficiales de la Policía Nacional, quienes ocuparán los grados de generales directores, comisionados generales, comisionados, subcomisionados y comisarios.
Entre los oficiales ascendidos se encuentra Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien fue promovido de comisionado a comisionado general —el segundo grado más alto después de general director—. Alvarenga Núñez, quien recientemente se desempeñó como jefe de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, ha tenido una larga trayectoria dentro de la escala jerárquica durante los últimos diez años. En 2014 fue ascendido de comisario a subcomisionado y, tras haber ostentado el rango de subcomisionado hasta 2019 y después comisionado, finalmente ha alcanzado la cima de la estructura jerárquica de la fuerza pública.
Wilson Antonio Alvarenga Núñez pertenece a la misma promoción que otros actuales altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el director Juan Manuel Aguilar Godoy, el subdirector Wilmer José Torres Saavedra, el inspector general Juan López Róchez y el actual secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien fue jefe de la Policía Nacional entre 2022 y 2023. La mayoría de ellos ascendieron a subcomisionados y después a comisionados en años similares.
Núñez fue nombrado inspector general del Instituto Nacional Penitenciario (INP) el 17 de diciembre de 2019 por acuerdo ejecutivo 147-2019, en un contexto en el que el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) ordenó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieran el sistema penitenciario, tras conflictos violentos entre privados de libertad. Cuatro días antes, el 13 de diciembre, había sido asesinado Pedro Ildefonso Armas Córdova, hasta entonces director de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como «El Pozo».
El 20 de octubre de ese año, Armas Córdova presenció cuando al menos seis privados de libertad de esa cárcel asesinaron a disparos y puñaladas a Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza, a quien la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York perfiló como socio de Juan Antonio «Tony» Hernández en el narcotráfico. Documentos judiciales también indican que Tony y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández, se asociaron con el narcotraficante Geovanny Fuentes.
Según una declaración jurada presentada por parte de un testigo protegido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente Hernández le garantizó a Fuentes que Óscar Chinchilla, fiscal general del Ministerio Público (MP) entre 2013 y 2023, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, protegerían sus cargamentos de droga.
Las evidencias que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York utilizó durante el juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes indican que este narcotraficante, valiéndose de su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony, tuvo acceso a oficiales de alto y mediano rango dentro de la Policía Nacional que «lo ayudaron en sus actividades de tráfico de drogas».
Uno de estos contactos de confianza, según esas evidencias, fue Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien recibió su ascenso a comisionado —el tercer grado más alto— de la Policía Nacional a inicios de 2019, un año antes de la captura de Geovanny Fuentes, ocurrida el 1 de marzo de 2020.
Cuando Geovanny Fuentes fue detenido en esa fecha por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional de Miami, Estados Unidos, aceptó haber tenido una relación cercana con Alvarenga Núñez.
«Hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente, hoy es subcomisionado, y se llama Wilson Alvarenga. Él era compañero de mi cuñado, a quien mataron. Él estaba en la Policía», declaró Fuentes a los agentes de la DEA, en un interrogatorio que fue utilizado durante su juicio por narcotráfico.
De igual modo, el documento 370 del caso 1:15-cr-00379-PKC de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la sentencia al narcotraficante, señala: «Otros contactos policiales del acusado incluyen a Wilson Antonio Alvarenga Núñez, miembro de la Dirección de Logística de la Policía Nacional; el comisionado Raúl Martínez Alvarado, oficial de la Policía Nacional; la subcomisaria Clerit Yolivet Munguía Antúnez; y el subcomisionado Nelvin Rolando Sauceda Argueta».
El subcomisionado Sauceda Argueta fue nombrado director de la Penitenciaría Nacional de Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán, durante la intervención carcelaria de 2019, mientras que el comisionado Raúl Martínez Alvarado actualmente se desempeña como subdirector de Operaciones de la Policía Nacional. Por su parte, el 21 de noviembre de este año, Clerit Yolivet Munguía Antúnez también fue ascendida al grado de comisaria de la Policía Nacional.
El comisionado Ramón Adalberto Martínez Hernández, quien fue depurado por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016 y luego se desempeñó como agregado policial en la Embajada de Honduras en Chile hasta 2018, también figura como colaborador de Fuentes. Esta información fue obtenida por agentes de la DEA directamente del teléfono de Fuentes.
Además de contactos policiales, el narcotraficante tenía en su teléfono los contactos del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, y otros políticos como el exalcalde de Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli.
Como revelamos en la investigación «La montaña sagrada del narco», publicada el 30 de mayo de 2023, Fuentes fue un narcotraficante que utilizó sus conexiones empresariales, políticas, policiales y militares para instalar su narcolaboratorio en la sierra El Merendón, crear una mina ilegal y un proyecto forestal.
El 22 de marzo de 2021, un jurado federal declaró culpable por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego a Geovanny Fuentes, y el 8 de febrero de 2022 un juez federal lo sentenció a cadena perpetua y 30 años de prisión.
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Otro de los ascensos controvertidos que aprobó el CN el 21 de noviembre es el de David Leonardo Ortega Pagoaga, quien pasó de ocupar el grado de comisionado a comisionado general, y que ahora se desempeñará como jefe de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crímen Organizado (Dipampco).
El medio Reportar Sin Miedo publicó el 2 de diciembre un artículo en el que apunta que David Leonardo Ortega supuestamente estuvo involucrado en un crimen de alto impacto. Este medio citó una investigación del New York Times publicada en 2016, que reveló cómo una banda de oficiales, supuestamente al servicio del narcotraficante Wilter Blanco y dirigida por entonces altos mandos de la institución policial como Ricardo Ramírez del Cid, José Luis Muñoz y José Francisco Murillo, ejecutó el asesinato del exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Arístides González, en 2009.
Dicho artículo apunta que «Pagoaga estuvo en la reunión en la que se planificó el asesinato y, además, iba dentro de una de las camionetas del convoy que persiguió a González antes de que lo asesinaran en diciembre de 2009».
Entre los oficiales ascendidos también figuran Francisco Humberto Bocanegra Castro y José Reinaldo Servellón Castillo, quienes habían sido separados de la institución por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional en 2016, pero que luego fueron restituidos en sus grados como oficiales.
¿Debía estudiar el CN las hojas de vida?
El ascenso de Wilson Antonio Alvarenga Núñez y otros oficiales presuntamente vinculados al crimen organizado ha generado diversas reacciones. El medio Reporteros de Investigación fue el primero en alertar sobre el hecho de que antiguos colaboradores de Geovanny Fuentes estaban siendo ascendidos de rango por la actual administración de la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional (CN).
Asimismo, la subsecretaria de Seguridad en Asuntos Policiales, Julissa Villanueva, cuestionó al CN por haber aprobado la lista de ascensos que le remitió el Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.
«¿Acaso no hay interés en saber que muchos de esos oficiales de cúpula que hoy ascienden han participado en actos deshonestos, irregulares y han sido colaboradores activos del crimen organizado? (…) Basta con estudiar un poco quién promovió esta lista y se encontrarán con muchos de los mismos facilitadores y colaboradores que en el pasado y en el presente transformaron a nuestro país en un narcoestado», señaló Villanueva a través de la red social X. Contracorriente solicitó una entrevista con la funcionaria, quien prometió que la tramitará con su asistente.
Hasta cuando el Congreso Nacional dejará de aprobar Ascensos Policiales sin investigación de sus miembros ? Acaso no hay interés en saber que muchos de esos oficiales de cúpulas que hoy ascienden han participado en actos deshonestos, irregulares y han sido colaboradores…
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) November 22, 2024
Uno de los diputados que reaccionó a lo expresado por Julissa Villanueva fue Ramón Barrios, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se limitó a decir que el CN no es un órgano investigador, y pidió a la subsecretaria de Seguridad presentar un escrito de denuncia ante el Ministerio Público (MP).
«Si ella, en su calidad de viceministra, tiene alguna prueba, que presente la denuncia ante el órgano investigativo, el Ministerio Público. Me parece muy responsable que ella haga estas denuncias, las materialice y nos dé insumos a nosotros. El Congreso no es un órgano investigador; nosotros asumimos que las hojas de vida ya vienen depuradas. Si alguien tiene algún elemento, debería poner la denuncia en el Ministerio Público», dijo Barrios a los medios de comunicación.
Más allá de lo expresado por el diputado oficialista, no es la primera vez que personas relacionadas con Geovanny Fuentes ocupan cargos o rangos importantes dentro del sistema de seguridad y defensa del país en la actual administración gubernamental.
El 25 de agosto de 2023, el medio estadounidense The Intercept publicó un reportaje que revela los vínculos entre Geovanny Fuentes y Elías Melgar Urbina, quien se desempeñó como subsecretario de Defensa del Gobierno de Xiomara Castro. El 21 de junio de 2023, tras la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), Melgar Urbina renunció al cargo. Sin embargo, hasta el 22 de agosto de 2023 continuaba en funciones, según un memorando de la Secretaría de Defensa al que accedieron los periodistas Jared Olson y Wendy Funes para un reportaje de investigación.
Las grietas en la depuración de la Policía Nacional
Entre 2016 y 2020, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, un proyecto impulsado durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, separó a 6,500 elementos policiales por «falta de idoneidad» y remitió el 33 % de los expedientes al Ministerio Público (MP). El ahora comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez sobrevivió al proceso de depuración y continuó su ascenso hacia la cúpula.
Sin embargo, al igual que él, otros oficiales que también salieron avantes de dicho proceso, como Leonel Sauceda Guifarro o Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, posteriormente fueron procesados judicialmente por sus supuestas vinculaciones con el crimen organizado y presuntos delitos de lavado de activos.
Mejía Tinoco conformó, según una acusación del Ministerio Público (MP), una estructura criminal de la que formaban parte otros miembros de la Policía Nacional. Actualmente, está a la espera de que inicie su juicio oral y público por delitos que incluyen lavado de activos y asociación para delinquir.
Por su parte, Leonel Sauceda Guifarro fue detenido el 11 de febrero de 2020 por considerarlo sospechoso de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Sin embargo, el 2 de febrero de 2022 un tribunal de sentencia lo absolvió de los cargos, basándose en el decreto 93-2021, que eliminó la exigencia de un delito precedente para la figura de lavado de activos, con lo cual el MP podía perder procesos judiciales al no ser necesario que una riqueza potencialmente mal habida fuera respaldada por un origen lícito. En 2023, el CN derogó dicha reforma al Código Penal.
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Para Leonardo Pineda, investigador y analista en seguridad, los procesos de depuración dentro de la Policía Nacional deben ser continuos y no limitarse únicamente a períodos específicos.
«Estos son ejemplos de que siempre se filtraron personas que no deberían haber estado. La policía misma tiene dificultades para depurarse, porque, por ejemplo, hay personas señaladas por servir al crimen organizado que están en los altos mandos, pero no se depuran a sí mismas. Ellos tienen el poder, prácticamente», señaló Pineda a Contracorriente.
Tras el proceso de depuración policial, se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), una institución que en 2024 ha operado con un presupuesto que apenas supera los 53 millones de lempiras y que atiende a más de 14,000 policías.
«Sabemos que hubo una reforma legal y que se creó la Didadpol, pero aún le faltan muchas herramientas. Además, dentro de la policía hay personas que siguen bloqueando el avance de las reformas. La infiltración del crimen organizado en los aparatos del Estado es un problema sistémico», agregó Pineda.
Contracorriente contactó al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y al comisionado general Wilson Antonio Alvarenga Núñez, pero al cierre de la edición de esta nota no obtuvo respuesta.
