Durante el primer año de Gobierno de Xiomara Castro hubo protestas casi a diario exigiendo respuestas a diversas problemáticas, y en la mayoría de los casos la respuesta de los elementos de la Policía Nacional (PN) no fue violenta. En el 2024, varios acontecimientos muestran que la tolerancia a las manifestaciones y protestas ha disminuido por parte de esa institución.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen
El 11 de octubre de 2024, miembros de la Policía Nacional le dieron 42 garrotazos a Misael cuando finalizaba una protesta de habitantes de la aldea Brisas del Mar en Puerto Cortés en contra de la actividad de la minera Agregados del Caribe S. A. (Agrecasa), cuya operación fue suspendida por el gobierno de Xiomara Castro por un año, pero siguen extrayendo material de la mina, aseguran en la comunidad.
El ataque quedó registrado en un video que circuló en diversas páginas de redes sociales. Ahí se observa el cobarde comportamiento de unos 20 uniformados que golpearon sin piedad a una persona desarmada.
La agresión a Misael es parte de un cambio de comportamiento de la Policía Nacional para mediar en las protestas. Durante los primeros dos años de la administración de Castro, desde el Gobierno presumían de no haber utilizado una tan sola bomba de gas lacrimógeno —cosa muy común en los dos períodos de Juan Orlando Hernández—, y de que se había permitido cualquier tipo de protesta; por ejemplo, en Tegucigalpa unos conductores de camiones se manifestaron porque la Alcaldía no los dejaba estacionarse en la vía pública, y los trabajadores del transporte público protestaron porque la misma Policía Nacional les registraba demasiadas infracciones. Sin embargo, en el tercer año de este Gobierno las respuestas violentas de la Policía Nacional cada vez son más recurrentes.
Así, mientras las autoridades mantienen un discurso que prioriza los derechos humanos y hablan de una «institución con vínculos de confianza y comunitaria», como dijo en marzo de 2022 la presidenta Xiomara Castro, en las calles esa posición ha cambiado. La agresión a Misael es una de varias que han sido documentadas por la población.
Hagamos un recuento. El 29 de febrero, unos 1,500 oficiales desalojaron de forma violenta a las personas de tres asentamientos campesinos, cuyos miembros después se manifestaron frente a las oficinas del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, condenando la brutalidad con que actuaron las fuerzas del Estado. «En nada parece un sistema democrático», le dijeron representantes de los campesinos al periódico digital Criterio.
En mayo de 2024, los habitantes de Brisas del Mar en Puerto Cortés sufrieron otra brutal represión durante una toma en la CA-13 exigiendo el cierre de Agrecasa. La población denunció el daño al río Brisas del Mar que pasa cerca a la comunidad, grietas en sus casas, los ruidos de las explosiones y la operación con las licencias vencidas de la minera. Unas 15 personas fueron golpeadas, y por la furia de los agentes policiales, varios vehículos acabaron con los vidrios quebrados.
Luego, el 11 de junio de 2024, casi 2,000 empleados de la Corporación Delta Apparel —que reclamaban por el eventual cierre de la empresa— fueron retirados mediante el uso de una tanqueta de agua, y un chorro golpeó directamente a una operaria, que se retorció en el cemento frente al Zip Buena Vista. Esta agresión fue documentada por el periódico del Gobierno.
Una vez consumado el cierre de la maquila, el personal de Delta comenzó a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales tras el abrupto cierre de la empresa y la incapacidad del Estado para brindarles protección. En ese contexto, el 8 de octubre, nuevamente fueron desalojados con violencia de la carretera CA-5. En esta ocasión, elementos de la Policía golpearon con toletes a una operaria que, más tarde, declaró a los medios de comunicación que llegó a pensar que «la iban a matar».
Carlos Paz, director de Cáritas en la diócesis de San Pedro Sula, explicó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades debería ser la excepción, usarse únicamente para evitar un daño de mayor gravedad, y buscar proteger un objetivo legítimo. Un ejemplo que mencionó es evitar el vandalismo o los linchamientos públicos que ponen en grave riesgo la vida y la integridad de una persona.
«Este uso de la fuerza debe estar regulado y se deben establecer las formas de actuar de los policías en estos casos. Este principio en los estándares internacionales se llama principio de legalidad. Pero también deben cumplirse los principios de “absoluta necesidad y de proporcionalidad”, esto es, que el uso de la fuerza sea estrictamente necesario y que ya se hayan agotado los recursos de negociación, y del control de la situación; además, la autoridad debe estar preparada para prestar los auxilios necesarios derivados del contexto», dijo Paz.
Añadió que, a su juicio, este comportamiento no ha cambiado. «La actuación es la de siempre: intolerante, machista y hostil, carente de profesionalismo y sentido humanitario, y yo diría que no puede ser de otra manera, pues el discurso y la perspectiva de seguridad ciudadana es represiva y bélica», afirmó.
Sin embargo, aclaró que este es un problema histórico y estructural. Citó como ejemplo que el sistema de justicia tiene un enfoque de «derecho penal del enemigo». Mencionó que el delito de usurpación es un buen ejemplo, ya que campesinos, grupos étnicos, empleados públicos que reivindican o protegen derechos son acusados por usurpación, cuando el Estado tiene la obligación de respetar la participación de las y los ciudadanos en la manifestación pública y de respetar la elección del lugar y el tiempo de la protesta; «pero eso no ocurre», dijo.
Sostuvo que la actual administración y las anteriores «no han movido un tan solo dedo», ni han dado muestras de voluntad política para humanizar y profesionalizar a policías y militares. Opinó que la formación en derechos humanos en estas instancias es mera formalidad sin compromiso. «¿Cómo podemos esperar algo distinto de los cuerpos de seguridad del Estado, sin esa voluntad, compromiso y cambio estructural? Esa institución policial y militar de hoy son los mismos de ayer y de siempre, solo cambiaron algunos rostros», concluyó.
42 garrotazos
«Hágase a un lado, vamos a quitar la pancarta», contó Misael que le dijo a su compañera de hogar, que sostenía un letrero durante la protesta en Baracoa, Cortés. Él había salido de su trabajo como guardia de seguridad y le llevó algo de comer a su esposa.
Momentos después de que Misael tomó la pancarta, una tanqueta comenzó a tirar poderosos chorros de agua. En la toma había muy poca gente, y el agua hizo que los manifestantes corrieran para ponerse a salvo. Misael, al verse solo, pensó en retirarse y comenzó a recoger su pancarta. Así se observa en los videos grabados por personas en el lugar. Justamente en ese momento comenzó a recibir golpe tras golpe.
«Yo vi que iban agresivos, entonces dije, “me voy a quitar”; di la espalda, y ahí empezaron a golpearme», recordó Misael. Agregó que en otras ocasiones en las que han protestado en favor del ambiente, la Policía ha llegado y ellos se retiran: «Pensé que eso iban a hacer esas bestias», dijo. La brutalidad del ataque quedó evidenciada en los ocho puntos que le tuvieron que hacer por una rotura en la cabeza a este hombre, a pesar de que no se había quitado el casco de protección que usa para transportarse en su motocicleta.
«Son delincuentes uniformados. ¿Por qué van a golpear a un solo hombre, que no se les está oponiendo, que no les está ofendiendo ni agrediendo. Si usted ve los videos, yo estoy enrollando la pancarta», explicó Misael, quien en los videos justamente solo parece estar retirándose.
Ese día, después de la golpiza, Misael fue detenido, pero cuando estaba en la patrulla se escapó hacia una colonia cercana. Corrió con una herida en su cabeza y la ropa ensangrentada. Asegura que los agentes policiales que lo golpearon no recibieron ningún castigo, y que el jefe policial de la zona solo fue trasladado a otro lugar.
Contracorriente intentó contactar al jefe policial del Valle de Sula, David Ortega Posadas, quien en primera instancia había acordado recibirnos en su oficina, pero antes requirió conocer el tema a tratar, y luego de recibir las preguntas no volvió a contestar. También le enviamos mensajes al director de comunicaciones de la PN a nivel nacional, Miguel Martínez Madrid, pero hasta el momento de la publicación no obtuvimos respuesta.
Tras la viralización de los videos que muestran la brutalidad con la que actuaron los agentes de la policía, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, condenó a través de la red social X el procedimiento erróneo contra Misael, y ordenó —suele dar órdenes a través de esta vía— una investigación sobre los hechos, pues, según él, ese maltrato no se apega a la normativa de actuación en esos casos.
Hemos ordenado a Inspectoria General de la @PoliciaHonduras y a @Didadpol iniciar las investigaciones de este procedimiento erróneo que se realizó, con el maltrato a ese ciudadano, que no se apega a nuestra normativa de actuación en este tipo de casos. https://t.co/hiXWEYzSLP
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) October 11, 2024
«La normativa» no parece ser algo a lo que estén muy atentos los subalternos de Sánchez, pues la represión también se ha repetido contra quienes exigen respuestas a situaciones puntuales y urgentes.
En Brisas del Mar, por ejemplo, la población sigue alzando su voz porque aseguran que la mina Agrecasa sigue trabajando: «Está cerrado “de boca”, porque ellos están extrayendo material y han estado sacándolo de la mina y llevándolo a predios portuarios», reafirmó Misael.
Sobre el cambio en la respuesta de la Policía a las manifestaciones, Carlos Paz, director de Cáritas, explicó que la protesta social es un derecho humano ligado al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues ayuda a favorecer consensos y solución de problemas y necesidades sentidas por la ciudadanía.
Señaló algunas diferencias respecto a los objetivos que perseguían las manifestaciones en la administración de Juan Orlando Hernández y la actual: «En el gobierno anterior estuvieron mediadas por la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, tres aspectos de carácter estructural y central para la vida y el desarrollo de toda la sociedad hondureña. Sin embargo, la protesta social en los primeros años de este gobierno tuvieron una condición más de tipo militante o partidaria, o la defensa de derechos estuvo ligada a las mejoras laborales (enfermeras, los jueces y fiscales, medicina forense, etc).».
Además, señaló que actualmente «la represión es de tipo selectiva y focalizada, la brutalidad policial contra trabajadoras y trabajadores de la maquila, pobladores y pobladoras, o por los asesinatos contra ambientalistas, son muestra clara del carácter selectivo de la persecución del disenso, algo para nada nuevo y exclusivo de este gobierno. Podríamos decir que la actual administración aplicó viejas recetas para enfrentar viejos problemas sociales».
Y después dejó varias preguntas que no son fáciles de contestar: «Me pregunto si la población se siente más segura y confiada con la policía comunitaria. ¿Tendrá este recurso estatal mejor y mayor capacidad para gestionar el conflicto social desde el diálogo y los consensos? Vale la pena preguntarnos: ¿por qué en muchos barrios la población acude a las maras para solucionar problemas domésticos y no a la policía?», cuestionó.
Misael sostiene que la Municipalidad de Puerto Cortés, la Cámara de Comercio en Puerto Cortés y la Policía Nacional en el sector están alineados con los intereses de Agrecasa. Durante la protesta, los oficiales a cargo les dijeron a los manifestantes que las órdenes de desalojarlos venían desde el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad.
«Deben proteger la vida del pueblo para que no lo sigan dañando, pero para estos tipos la cosa es servir y proteger a la empresa millonaria, porque son los que les pagan y sobornan», cuestionó Misael, refiriéndose al flamante eslogan que aparece en todas las patrullas de la Policía Nacional: «Servir y proteger».
Además, contó que hizo la denuncia ante el Ministerio Público y también ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una instancia que depende de la Policía Nacional, pero no quisieron recibirla hasta que mencionó que lo acompañaba una abogada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Misael concluye que esto pasó porque «entre corruptos se protegen».
Abusos en la impunidad
Las agresiones que los entes de seguridad del Estado cometen contra ciudadanos que exigen o defienden algún derecho habitualmente quedan impunes.
Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2024, la Coalición contra la Impunidad realizó un acto en memoria del joven Cristian Hernández, quien fue muerto por balas militares en el 2017 durante las protestas contra el fraude electoral que en ese entonces consolidó el régimen de Juan Orlando Hernández. En el contexto de esas protestas ciudadanas por el fraude electoral de 2017, organismos de derechos humanos documentaron al menos 33 muertes a manos de organismos de seguridad del Estado, y siete años después ningún policía o militar ha sido condenado.
Hedme Castro, directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa) resalta que en el año 2018 una jueza le dio sobreseimiento definitivo a los oficiales Juan Manuel Aguilar Godoy y Marlon Vásquez, que habían sido detenidos por los delitos de abuso de autoridad, tortura, detención ilegal y violación de los deberes del funcionario. «Hoy estas personas ocupan altos cargos en el Gobierno», dijo Castro. De hecho, Aguilar Godoy, desde junio de 2023, es el director de la Policía Nacional, luego que Gustavo Sánchez asumió como ministro de Seguridad.
«Sigo denunciando que el director de la Policía Nacional, que fue uno de los torturadores en la Universidad Nacional, continúa teniendo cargos de poder; este tipo de persona desluce el Gobierno», aseguró Castro, defensora de derechos humanos en la zona sur del país.
La Policía Nacional ha sido una institución cercana a los escándalos. En 2016 fue creada la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instancia que funcionó hasta el año 2022 y que dejó 6,168 policías depurados a nivel nacional, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). La depuración estuvo lejos de ser un éxito.
Hasta el 2024, nueve oficiales de la Policía Nacional, incluido su exdirector Juan Carlos Bonilla, habían sido condenados en cortes de Estados Unidos por colaborar con cárteles de narcotráfico en Honduras.
Misael y otros vecinos de Brisas del Mar aseguran que no van a renunciar porque su lucha es por la vida y la humanidad. No obstante, tienen claro que defender el ambiente «es fatal», y lo más grave es que a los defensores los persiguen las empresas o entes policiales.
«Parece que sí quieren callar al pueblo, pero ya sea en las calles o en otras instancias, nosotros seguimos protestando. No vamos a abandonar la lucha, no mira que nosotros peleamos por nuestro bienestar y el de nuestros hijos», manifestó Misael. Agregó que cree que la presidenta Castro quizás ha bajado la guardia sobre lo que hace su gobierno, y que «es Manuel Zelaya quien está dando las órdenes para que le den maceta al pueblo».
Hedme Castro expresó su asombro ante el papel que sigue desempeñando la Policía Militar del Orden Público (PMOP), afirmando que considera inmerecida su relevancia «por todo el lastre de represión y tortura que tienen». La defensora de derechos humanos describió a la PMOP como «un grupo élite, que está creado para reprimir a las personas y causar miedo».
Curiosamente, esta visión era compartida por las principales figuras del actual gobierno cuando estaban en la oposición, tildando a la PMOP de ser un órgano represor al servicio de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, esta postura ha cambiado desde que llegaron al poder, pues el actual Gobierno incluso ha entregado a la PMOP la administración de los centros penitenciarios del país.
Una vez en el Gobierno, la presidenta Xiomara Castro ordenó mantener la Policía Militar en colaboración con la Policía Nacional. En julio de 2022, Roosevelt Hernández, entonces comandante de la PMOP, ahora jefe del Estado Mayor Conjunto, manifestó que por órdenes de la presidenta «se había generado una nueva estrategia de seguridad y estarían 24 horas tras la persecución del delito».
Hedme Castro aclara que no está contra el Gobierno, e incluso destaca la inversión en infraestructura y en la reparación de escuelas. «Sufrí para que [el Gobierno] llegara donde está. Me quemaron la casa, que había pagado por 25 años en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Sufrí muchos vejámenes luchando por la democracia que anhelamos», dijo.
Sin embargo, recalcó que no tuvo ni tiene compromisos con ningún Gobierno, y que por tanto va a continuar denunciando y documentando las violaciones a los derechos humanos que hace el Estado de Honduras. Además, Castro consideró que el comportamiento ideal de la Policía Nacional debería basarse en el respeto a la vida y la dignidad de las personas.
En su opinión, no cree que las órdenes de reprimir a manifestantes provengan «de las altas autoridades del Gobierno de doña Xiomara Castro», y expresó su deseo de que el derecho a la manifestación sea protegido. Sin embargo, también señaló que la PMOP refuerza los actos de represión que se están llevando a cabo, ya que, según ella, los elementos que conforman esta fuerza «son especialistas en eso».
Por su parte, Misael habla con resentimiento. Y no es para menos. Sufrió una agresión brutal e injustificada por miembros de una institución en la que sus altos mandos no se cansan de hablar de derechos humanos y cercanía con la población. «Hoy en día los policías no se usan para servir y proteger, sino para delinquir y maltratar», finalizó el hombre que sobrevivió a 42 garrotazos.
