El conflicto en torno a la mina Inversiones Los Pinares en Guapinol, Honduras, ha cobrado la vida de seis ambientalistas, siendo Juan López la víctima más reciente. Además de estos asesinatos, muchos otros defensores han sido criminalizados y numerosas familias desplazadas. A pesar de que los ambientalistas han logrado avances, como la legislación favorable para proteger la zona núcleo del Parque donde se instaló la mina, las amenazas en su contra no han cesado. Mientras tanto, la empresa hondureña detrás de la mina ha expandido su presencia en la región y, según informes financieros, mantuvieron transacciones activas al menos hasta septiembre de 2023 con Nucor Corporation, una de las mayores compañías siderúrgicas del mundo.
Texto: Fernando Silva y Danielle Mackey
Con reportes de Jennifer Ávila
Este artículo ha sido elaborado en colaboración con Drilled
El asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor de Tocoa, ha puesto en el centro de atención a los actores políticos y empresariales que él denunció y que lo amenazaron por su lucha para proteger los ríos y montañas afectados por el megaproyecto minero de Grupo EMCO, relacionado principalmente con los empresarios hondureños Lenir Pérez y Ana Facussé. Una nueva revelación sobre el poder transnacional detrás del proyecto podría ser clave para comprender la urgencia con la que buscan eliminar cualquier oposición.
Y es que en 2020 la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, aseguró haber finalizado en 2019 su relación como copropietarios de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares –anteriormente Emco Mining Company–, dueña de una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras que ha causado un grave conflicto socioambiental en el que seis personas han sido asesinadas. Sin embargo, documentos oficiales de las declaraciones anuales de la empresa Los Pinares contenidas en el expediente de la concesión minera ASP en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) indican que, al menos hasta el 30 de septiembre de 2023, Nucor Corporation y la empresa hondureña, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, mantenían una relación comercial con cuentas pendientes por cobrar y pagar.
Según los estados de resultados en la declaración anual consolidada de la concesión de Inversiones Los Pinares en 2022, hasta el 31 de diciembre de ese año la empresa hondureña mantenía una cuenta por cobrar a Nucor Corporation de 6,448,571 lempiras, unos 260 mil dólares, y al mismo tiempo Los Pinares tenía una cuenta por pagar a largo plazo en favor de la multinacional por un monto de 860,923,000 lempiras, alrededor de 34.72 millones de dólares.
El siguiente año, en 2023, los valores en las cuentas por pagar y cobrar entre Nucor Corporation y Los Pinares aumentaron. Una declaración anual registrada en el expediente de Los Pinares indica que para septiembre de 2023 la deuda de Nucor con la empresa hondureña había subido a 6,706,134 lempiras, casi 271 mil dólares. Es decir, había aumentado en 11 mil dólares. Por otra parte, la deuda de Los Pinares con la multinacional aumentó a 862,466,500 lempiras, unos 34.78 millones de dólares, subiendo 60 mil dólares.
Consultamos al respecto a representantes de Nucor y de Grupo Emco, pero no respondieron a nuestras preguntas. Las declaraciones anuales y los documentos del expediente de la concesión perteneciente a Los Pinares no especifican la razón o concepto de las cuentas entre ambas empresas; sin embargo, las deudas por pagar a largo plazo entre dos empresas pueden implicar desde préstamos hasta compra de materias primas, según un contador familiarizado con grandes empresas contribuyentes y transacciones financieras consultado por este medio, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Un reportaje publicado por una alianza periodística transfronteriza conformada por Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga, apuntaba en noviembre de 2020 que, según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña de nombre similar, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Documentos del expediente de la concesión minera a los que tuvo acceso este medio indican que, entre diciembre de 2017 y marzo de 2019, otra subsidiaria de Nucor, Nucor South America, figuraba como accionista de Inversiones Los Pinares, con un poco menos de la mitad de las acciones de la sociedad. La otra parte era propiedad de Aluminios y Techos de Guatemala, que al menos hasta finales de 2020 era propiedad del matrimonio Pérez-Facussé. Justamente en noviembre de 2020, una vocera de la empresa explicó que «como los disturbios en el sitio [Guapinol] se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019. Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía», dijo la vocera.
Los reportes anuales de Nucor entre 2022 y 2023 no registran inversiones o transacciones comerciales entre la multinacional y la empresa hondureña Inversiones Los Pinares.
La representante legal del Comité Municipal de Guapinol, Rita Romero, afirmó que el conglomerado de Pérez, el Grupo Emco, tiene presencia en varios países, lo que lo convierte en una corporación transnacional.
¿Quién compra el óxido de hierro de la mina?
Inversiones Los Pinares realizó una solicitud de renovación de concesión minera en octubre de 2023 para que se le dieran 30 años más de vigencia tras su finalización, a finales de enero de 2024. Ante esto, la abogada Romero explicó que en 2023 se reunieron con funcionarios del Inhgeomin, quienes les aseguraron que el término del contrato de concesión para la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras no significaba el cierre de la empresa, ya que «tienen mucho material y tienen que sacarlo».
«Dicen que la empresa tiene mucho óxido de hierro que ha sido extraído durante estuvo vigente su contrato de concesión; yo sé que es cierto que hay muchísimo material en la zona, pero quedan las dudas: ¿para dónde tiene que sacarlo? Definitivamente no lo llevan a vender a Tegucigalpa [la capital del país]; entonces, ¿quién se los compra?», se preguntó la abogada.
En enero de 2023 la empresa Inversiones Los Pinares anunció a través de medios nacionales e internacionales que iba a exportar unas 800 mil toneladas de hierro, valoradas en 190 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce qué empresas compran esta materia prima.
El caso del proyecto minero de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras dio un nuevo giro, tras la aprobación por 80 diputados y diputadas del Congreso Nacional, el pasado 21 de febrero, del decreto legislativo 18-2024. Este decreto contempla la derogación del decreto legislativo 252-2013, mediante el cual, con influencia de Lenir Pérez, el Congreso Nacional aprobó la reducción de la zona núcleo del Parque ubicado en el municipio de Tocoa, Colón, permitiendo el otorgamiento de la concesión minera de 200 hectáreas.
Además, el decreto 18-2024 contempla la reforma del decreto legislativo 127-2012 para la inclusión del Parque Nacional Carlos Escaleras en el sistema de áreas protegidas de Honduras, lo que implicaría la prohibición para otorgar o renovar concesiones mineras, y la restauración de los daños ambientales causados por la empresa.
Tras la aprobación del nuevo decreto, se realizaron en Tegucigalpa acciones en contra de la medida por parte de organizaciones conocidas por posicionarse en favor de los intereses de la empresa, así como algunos pobladores de comunidades aledañas al proyecto. Incluso, según medios de comunicación locales, se reunieron con Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público.
Los pobladores aseguran que serán desplazados de sus comunidades tras la derogación del decreto que reducía la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras; sin embargo, el dictamen presentado en el Congreso Nacional no implica ningún tipo de desalojo. Algunas de las personas participantes en las protestas fueron parte de los pobladores de Tocoa que en diciembre de 2023, con financiamiento del Grupo EMCO, acudieron a un cabildo abierto que buscaba la aprobación de un proyecto de generación de energía altamente contaminante en la zona que pertenece a Los Pinares, según los testimonios de los mismos pobladores.
Según la abogada Romero, la forma en que han reaccionado estos grupos es preocupante y responde a los intereses de la empresa. También remarcó que, aunque se prohíba la instalación del proyecto minero, la planta peletizadora y el proyecto de generación de energía del Grupo EMCO siguen vigentes, ya que no eran parte de la zona protegida del Parque.
«Es visible que EMCO le está apostando a mantener vigente su proyecto eléctrico y la planta peletizadora, y lo visto últimamente es que la empresa está dispuesta a hacer lo que tengan que hacer para seguir con sus proyectos», aseguró la abogada Rita Romero.
Transcurridos varios meses de incertidumbre tras haberse aprobado en el Congreso Nacional, el 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del Parque. Con la publicación de este decreto, Inhgeomin quedaría inhabilitada para otorgar la ampliación solicitada por Inversiones Los Pinares.
Sin embargo, Lenir Pérez tiene otras dos empresas esperando poder operar cerca: una planta de peletización y un proyecto de generación de energía a partir de coque de petróleo, que podrían funcionar en el futuro, ya que no formaban parte del área protegida del Parque. A pesar de que estos proyectos están en espera, la maquinaria sigue operando, lo que ha generado denuncias por parte de algunos de los pobladores.
Además, los miembros del Comité Municipal continúan exigiendo que se establezcan responsabilidades penales por la complicidad de instituciones e individuos en la autorización de este proyecto minero, que ha causado graves daños a las comunidades. Anteriormente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) anunció en un comunicado que estaban llevando a cabo investigaciones en el edificio de la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se habían cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad, en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del medio ambiente en la zona.
Según la información del Ministerio Público, esas tareas se sumaban a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., empresa en la que Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé han figurado como socios, y que, según el comunicado del ente investigador, «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto».
El vocero del MP, Yuri Mora, dijo a este medio que «cuando el Ministerio Público acusa a alguien que no está en el país siempre se busca hacer las solicitudes o asistencias jurídicas para que esta persona sea devuelta y enfrente la justicia. En torno a los problemas ambientales en Tocoa, se llevan a cabo varias investigaciones; sin embargo, por estar abiertas aún no nos podemos referir a ellas, porque la ley del Ministerio Público así lo establece, para no entorpecer las mismas. No sé cuántas investigaciones son en total, pero se trabajan investigaciones sobre ese tema».
Finalmente, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez y 12 personas más vinculadas a las operaciones de Inversiones Los Pinares, por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque, los cuales fueron «supuestamente cometidos» en perjuicio del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa.
Estas acciones por parte de la Fiscalía hondureña se suman a lo que pasó el 28 de abril de 2023, cuando el FBI allanó un amplio complejo ecuestre de 10 millones de dólares en Palm Beach, Florida, que Pérez había adquirido recientemente. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a Nucor, pero no ofreció información adicional sobre el caso.
El FBI, a través de su oficina de prensa, respondió diciendo que «no confirma ni niega la existencia de una investigación y declina cualquier petición de comentario»
