Se trata de una propuesta de ley marco gestada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) desde 2019, «cuando llegaron unos expertos de Rusia». La normativa tomó impulso entre 2021 y 2022, tiempo en el cual Nicaragua ocupaba la presidencia pro témpore del organismo. La ley, recién aprobada en el Parlacen, es muy parecida a la “Ley Mordaza” de los sandinistas, llamada así por su uso para acallar toda voz contraria. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo ha puesto a disposición de los legislativos de sus países miembros, en un contexto en el que los autoritarismos mantienen una cruzada frontal contra la libertad de prensa y expresión en el istmo.
Por Wilfredo Miranda Aburto y Jennifer Avila
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) envió a los Parlamentos de sus países miembros una «propuesta de ley marco de prevención y protección contra la ciberdelincuencia» que, en sus puntos neurálgicos, es similar a la Ley de Ciber delitos diseñada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua para arrestar y perseguir a la disidencia y las voces críticas.
DIVERGENTES y Contracorriente tuvieron acceso a una copia de la propuesta de ley marco del SICA, la cual establece —como la nicaragüense— la extraterritorialidad de su aplicación, pero también añade por su parte la «cooperación técnica y económica internacional» en materia de extradición.
Además, faculta a las autoridades el registro y secuestro de medios digitales o electrónicos y un control casi total sobre los operadores de servicio de telecomunicación.
A renglón seguido, la ley del SICA propone la interceptación, grabación, reproducción de «comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético». Algo que de facto ya hacía el régimen Ortega-Murillo, pero que con la reforma a la Ley de Ciberdelitos en septiembre pasado, fue legalizado por sus operadores en la Asamblea Nacional.
La ley marco del SICA empezó a gestarse a partir de 2019 en el Parlacen, «cuando llegaron unos expertos de Rusia», asegura Jorge Fernando Jiménez, representante de Honduras ante el organismo. El legislador es uno de los principales impulsores de esta normativa y en su país es miembro del partido minoritario Frente Amplio. También es reconocido en Honduras por liderar una organización de derechos humanos y por haber sido acusado del delito de estafa por parte del Ministerio Público el pasado 23 de septiembre.
Luego de aprobada por el Parlacen, el SICA apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo puso a disposición de los poderes legislativos de sus países miembros. Jiménez, en su papel de diputado del Parlacen, confirmó a Contracorriente y DIVERGENTES que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la socialización de esta ley «va bien avanzada, a pesar de que apenas se aprobó en la última asamblea plenaria del parlamento».
Según Jiménez, el proyecto de ley se presentó en mayo pasado al jefe de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de Honduras y a miembros de instituciones de seguridad como Interpol, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del gobierno de Xiomara Castro.
En Guatemala estaba programado un evento el pasado 27 de septiembre para presentar la propuesta, pero la administración del progresista Bernardo Arévalo canceló la reunión, según explicó el diputado Jiménez. En ese país, el Congreso Nacional viene discutiendo desde hace meses la iniciativa 6347 que contiene una ley propia de Ciberdelitos.
A pesar de las similitudes, Jiménez asegura que la ley gestada en el Parlacen no fue exclusivamente inspirada en la ley de Nicaragua, sino «que recoge ejemplos de Rusia, China y Estados Unidos». Asegura que el SICA ya tenía varios años de estar elaborando esta normativa, pero que hasta que él lideró la Comisión Jurídica del Parlacen fue puesta como prioridad en el Plan Operativo Anual. «Es una ley bastante innovadora… nos pone a la par de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Es un instrumento que estamos entregando a países como Honduras o Guatemala que tienen cero por ciento en materia de ciberdelitos, para que puedan implementarla y podamos estar de acorde a la realidad», dijo.
¿Lucha contra la desinformación?
En su artículo 32, esta normativa del SICA para Centroamérica regula el tema de «la difusión de información falsa». Establece: «Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios».
Un planteamiento, de fondo, similar al artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos Ortega-Murillo, que condena la «propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación». Dice la ley nicaragüense: «Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa».
Ha sido el régimen Ortega-Murillo quien ha determinado a gusto y antojo quien produce «alarma, temor, zozobra en la población». La mirilla represiva ha apuntado a periodistas independientes, ciudadanos que publican en redes sociales y líderes de opinión que por decenas han sido condenados con esta ley.
La Fiscalía sandinista no sólo ha usado como pruebas en los juicios publicaciones en redes sociales propias de los opositores, sino que hasta los «Me Gusta» que los detenidos han dado a posts de terceros que son de carácter político. O comentarios que ellos dejan en perfiles que pertenecen a figuras aborrecidas por el gobierno.
Por ejemplo, el tiktoker Cristóbal Geovanny López Acevedo, conocido en redes sociales como Tropi Gamer y simpatizante sandinista, fue condenado por defender a la Miss Universo Sheynnis Palacios de los ataques de la propaganda oficial. O el filósofo y catedrático Freddy Quezada, también condenado por un like, que le dio a una publicación en X, en la que hacían referencia al poder de movilización que tendría la llegada de la Miss Nicaragua recién coronada en el certamen internacional. Ambos presos políticos relataron esto después de ser desterrados a Guatemala a principios de septiembre. Previo a ellos, también campesinos que ni siquiera contaban con redes sociales o un teléfono móvil fueron procesados por Ciberdelitos.
Jiménez, quien se considera el gestor principal de la ley, aseguró que esta normativa del Parlacen tiene límites y sanciones para «el funcionario que ordene una intervención sin cumplir los parámetros legales». «Esa ley es completa, tiene derechos y deberes», insistió.
Agregó que Honduras, por ejemplo, ha mandado a entrenar a agentes en Inteligencia Artificial (IA) a República Dominicana, pero aún no hay una ley que regule la IA en Honduras… y esta ley que propone el Parlacen y el SICA viene a llenar esos vacíos (…) el objetivo de la ley es que se pueda hacer frente a cualquier mal uso de la tecnología, ya sea por parte del crimen organizado o gobiernos, defendió el parlamentario regional.
Por otro lado, Jiménez no quiso referirse al uso que ha tenido la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua, porque, alega, no puede «opinar de posiciones políticas de los países». En cambio, aseguró que esta iniciativa no estuvo inspirada en la experiencia de ese país y que, al contrario, «cuenta con las herramientas necesarias para que no se vulneren los derechos humanos».
De acuerdo al legislador catracho, la propuesta marco «ha llamado la atención del Parlacen», a tal punto que se ha hecho una socialización de manera dinámica con los consejos de ministros y congresos, a pesar de que esta ley no tiene vinculación directa en los países.
Contenidos de abuso sexual
Al igual que la Ley de Ciberdelitos nicaragüense, la del SICA basa su urgencia en gran medida en la prevención y el castigo del contenido de abuso infantil o la mal llamada «pornografía infantil». Sin embargo, que se sepa públicamente, apenas una persona ha sido condenada por Ciberdelitos en Nicaragua. Se trata del novio de una influencer de redes sociales que distribuyó fotos privadas de ella sin su consentimiento.
En Honduras, grupos de activistas están solicitando al Congreso Nacional que se apruebe una ley que penalice la distribución de contenido privado sin consentimiento y contenido de abuso sexual, algo similar a la «Ley Olimpia» de México, una norma exclusivamente creada para proteger a niñas y mujeres de ciberdelitos.
La experiencia más cercana, que es la nicaragüense, preocupa ya que la aplicación de esta normativa bajo el régimen Ortega-Murillo ha tenido una aplicación de eminente carácter político.
Además, que el SICA ponga a disposición esta ley marco de Ciberdelincuencia en Centroamérica causa alarma, porque se promueve en un contexto de grave persecución contra la libertad de prensa y expresión que mantienen gobiernos autoritarios, como el de Nayib Bukele en El Salvador, o el acoso sistemático del de Xiomara Castro en Honduras contra la prensa. Ni siquiera la considerada «Suiza centroamericana», es decir Costa Rica, escapa de este temor, ya que el presidente Rodrigo Chaves mantiene una cruzada permanente contra lo que él llama «la prensa canalla».
Mientras que en agosto de 2022, en la misma semana que dio inicio la cacería del periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico, el Congreso de la República de Guatemala discutió el Decreto 39-2022 que contenía la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia pero esta fue descartada.
A pesar de estas advertencias, la ley marco del SICA argumenta su existencia de la siguiente manera: «La presente ley tiene por objeto velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa de las personas naturales y jurídicas del Estado para hacer frente a la Ciberdelincuencia, mediante la creación de figuras delictivas, la adecuación de normas penales existentes y las reglas procesales necesarias para incorporar los medios de prueba digitales que permitan la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal. Así como la creación de los órganos estatales competentes para una investigación eficaz y la cooperación internacional en la materia».
Los Ortega-Murillo de pioneros en Ciberdelitos
Que la ley marco del SICA tenga muchas similitudes con la Ley de Ciberdelitos de los Ortega-Murillo no es casualidad. La propuesta de normativa fue creada originalmente por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) cuando Nicaragua ocupaba la presidencia pro tempore de ese organismo regional, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, con el diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes, un férreo defensor del régimen sandinista, según una fuente cercana al Parlacen.
La normativa se gestó con la llegada de «expertos rusos», pero tomó fuerza mientras el régimen Ortega-Murillo estaba al frente del Parlamento regional. En ese contexto, la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua ya había sido aprobada el 27 de octubre de 2020.
Con su reforma en septiembre pasado, los Ortega-Murillo agrandaron los colmillos de esta normativa, conocida popularmente como «Ley Mordaza». La modificación ahora da cabida para enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.
En el caso de la modificación de la Ley de Ciberdelitos, número 1042, las penas de prisión se aumentan a cinco años. Y si la publicación en redes sociales también «incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública», la pena sube a 10 años de cárcel. Antes el máximo de la pena era de cinco. Combinadas es una condena de 15 años.
«Lo que están haciendo Ortega y Murillo es transnacionalizando la represión, llevando esto a un punto en que la persecución es global. Lo que tratan con esto es instrumentalizar los mecanismos de Interpol o GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) de los que Nicaragua es parte y, por desgracia, para ellos son útiles, porque pueden colocar en estos órdenes de captura internacionales», plantea el exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.
El temor de Núñez es validado por la propuesta de ley marco del SICA y el Parlacen, porque no solo habla de extraterritorialidad, sino que pone de manifiesto las extradiciones. Esto, dice, pone en riesgo, por ejemplo, a nicaragüenses exiliados y desterrados en países como Costa Rica o Guatemala.
Además, la promoción de esta ley del SICA sucede cuando 76 legisladores del Parlacen solicitaron incluir a la Duma Estatal (cámara de diputados) de Rusia como observador en el Parlamento Centroamericano por el aporte de 150 000 dólares a ese órgano. En los últimos años, Rusia ha reforzado la capacidad del régimen Ortega-Murillo para espiar a opositores en Nicaragua, incluida la instalación de una base de espionaje moscovita en Managua, como reveló el medio Confidencial.
