La presidenta Xiomara Castro asumió el poder con el compromiso de erradicar la influencia del narcotráfico en las instituciones hondureñas. Sin embargo, tres empresas que han sido investigadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el caso de «Tony» Hernández siguen operando sin restricciones: una mantiene contratos millonarios con el Estado; otra – relacionada con una de las investigadas– se ha certificado como contratista estatal y la tercera recibió contratos en 2020 de un político que ocupa un alto cargo en el Gobierno actual.
Texto: Fernando Silva
Edición: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió una solicitud de asistencia al Ministerio Público de Honduras para que les enviaran información sobre registros de empresas y contratos relacionados con Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado y sus socios y partir de los testimonios, registros telefónicos y otras investigaciones, identificaron 30 «individuos objetos de la investigación», entre ellos personas naturales y empresas.
Contracorriente identificó que al menos dos empresas vinculadas a las investigaciones sobre narcotráfico y tráfico de armas de Tony Hernández han recibido beneficios bajo el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, logrando certificaciones para convertirse en proveedoras del Estado y asegurando contratos para la construcción de carreteras. Además, una tercera empresa, que ya había sido beneficiada con contrataciones directas en la administración anterior, sigue obteniendo beneficios de forma opaca a través de altos funcionarios del Gobierno actual.
La certificación de Tradeco y Contratista Panamericana
Es veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, a las doce y treinta y cinco de la tarde, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) comienza a tomar la declaración de «Tony» Hernández Alvarado, hermano del entonces presidente de Honduras, después de su detención en un aeropuerto de Houston, Texas, en Estados Unidos.
El intercambio en el que las autoridades brindaron una oportunidad de colaboración al ex congresista hondureño, arrojó en su momento algunos de los detalles más recordados sobre la participación de Tony en las actividades del narcotráfico; por ejemplo, la revelación de que las cargas de cocaína eran marcadas con sus iniciales «TH».
En ese contexto, Tony explicó al agente de la DEA que uno de los objetivos de su visita a esa ciudad era reunirse con «Carlos», quien luego se revelaría que era Carlos Gonzales Macías, entonces vicepresidente de Tradeco, un conglomerado empresarial mexicano, que ha sido señalado por corrupción y por haber sido favorecido con múltiples contratos irregulares en su país de origen, contratos que según reportes de la prensa de ese país rondan los 20 mil millones de pesos mexicanos. Tony explicó en ese momento que Tradeco quería «entrar a invertir en Honduras» pero no había podido porque las alianzas público privadas «tenían amarrado todo», por lo que les prometió pactar una reunión con un ministro del gobierno para facilitarle un trato.
En la solicitud de asistencia consta que, de acuerdo con registros bancarios en Estados Unidos, Gonzales Macías también se encontraba vinculado a otras compañías del Grupo Tradeco, como Tradeco Infraestructura S.A de C.V, Tradeco Ingenieria, S.A. de C.V., Tradeco Infrastructure, Inc., Itecsa LLC, Advantix Payroll LLC, Cometa USA Inc., y Ledergy LLC.
La solicitud de asistencia enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Honduras, amplía que en uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado, se encontraban documentos relacionados con tratos comerciales con la sociedad mercantil mexicana Tradeco y con otra empresa hondureña llamada Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon).
Aunque hasta septiembre de 2024, Tradeco no aparece directamente como proveedor autorizado para ser contratado por el Estado, el actual Gobierno, a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) adscrita a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, autorizó el 31 de julio de 2024 el registro como proveedor del Estado a la Sociedad Mercantil Contratista Panamericana, S.A. de C.V. (Sucursal Honduras), cuyos socios son Grupo Tradeco y su presidente el ciudadano mexicano Federico Alberto Martínez Urmeneta; y su representante legal en Honduras es el mexicano Armando Alberto Herrera Barrientos, quien también ha servido como representante legal de otras empresas de Grupo Tradeco.
Según la plataforma Honducompras, que registra a todos los proveedores del Estado, la empresa en cuestión comenzó operaciones en Honduras en diciembre de 2023. Sin embargo, su página web indica que fue fundada en 2005 y describe que es una entidad que ha llevado a cabo obras y proyectos en varios países, incluyendo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam, Ecuador y Uruguay.
Contracorriente solicitó una entrevista con el director de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y envió una serie de preguntas sobre la obtención de certificaciones por parte de empresas vinculadas al crimen organizado. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta investigación, no se ha recibido respuesta.
En la página web de Contratista Panamericana también se detalla que una de sus especializaciones es la construcción de edificios penitenciarios. En ese sentido, Contratista Panamericana se presenta como la empresa que fue seleccionada para construir los proyectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, reconocida por las multiples denuncias sobre abusos a derechos humanos y por ser la cárcel más grande del continente; y la construcción de una carcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, en Guatemala, que se proyectaba para iniciar sus obras en la segunda semana de agosto.
En el último año, Tradeco también fue señalada en Costa Rica en un caso de investigación por posible tráfico de influencias contra el presidente de ese país Rodrigo Chávez, un ex funcionario y un funcionario activo de su gobierno. Según medios costarricenses, el Ministerio Público en ese país abrió una pesquisa por el supuesto tráfico de influencias para ceder obras en una carretera, e indagan si hubo presiones para concederle la obra a la constructora mexicana. Según informes de los medios, el representante de esa firma ratificó que se reunió con el mandatario. Por último, Tradeco también participó en el proceso de selección para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Panamá, pero no fue seleccionada.
En Honduras, en julio de 2024, cuando la subsidiaria de Tradeco, Contratista Panamericana, recibió su certificación como proveedora del Estado, el país estaba inmerso en una controversia sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. A pesar de estudios científicos que recomendaban no construir en esa zona debido a los posibles daños a la flora y fauna endémica, se había autorizado la licitación para este proyecto sin contar con la licencia ambiental necesaria.
Desde ese entonces, el comandante de la Policía Militar del Orden Público y director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, Ramiro Fernando Muñoz, ha anunciado en dos ocasiones en agosto y septiembre que el proceso fracasó y que pronto darán inicio a un nuevo proceso de licitación.
Contratista Panamericana y Grupo Tradeco respondieron a este medio a través de su oficina de comunicaciones, y explicaron que su constitución en el país se debe a que «[Honduras] interesa mucho por el plan de inversión en infraestructura y la gran similitud de mercados que tiene con México», pero aseguraron no estar participando en ningún proceso licitatorio y que no han pensado en un proyecto específico. Además, se desvincularon de cualquier tipo de relación con Tony Hernández. Contracorriente también buscó al comandante Muñoz a través de su asistente; sin embargo, no hubo respuesta.
Aunque hasta el momento no se dispone de información detallada sobre las inversiones que Contratista Panamericana realizará en Honduras y su registro en la ONCAE solo menciona que su rubro es la «supervisión de proyectos», esta no sería la primera vez que Tradeco intenta obtener contratos estatales. En 2010, una empresa del Grupo Tradeco, Tradeco Infraestructura S.A de C.V., ganó una demanda por 430.8 millones de lempiras por el incumplimiento de un contrato firmado en 2003 para la rehabilitación de la carretera entre Puerto Cortés y Guatemala.
Las carreteras de Prodecon
En el celular de Tony incautado tras su arresto en noviembre de 2018, también figuraban documentos relacionados a tratos comerciales con la empresa hondureña Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), por lo que el Departamento de Justicia requirió información sobre la empresa en la investigación contra el ex congresista y sus socios.
Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras (donde deben registrarse todos los contratos otorgados por el gobierno), entre 2014 y 2021, durante la gestión del ex presidente Juan Orlando Hernández, Prodecon se benefició con 21 contratos otorgados por el Fondo Vial, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), e Inversión Estratégica de Honduras. Los contratos abarcaron desde operativos de bacheo hasta la construcción de obras de carretera, y en total sumaron unos 812 millones de lempiras, es decir unos 33 millones de dólares.
Tras la salida del gobierno de Hernández, las relaciones con la empresa investigada por el Departamento de Justicia no terminaron, y según los registros del portal de contrataciones, sólo entre marzo y abril de 2023 la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó 6 contratos para la construcción de diversas obras de infraestructura vial valoradas en un total aproximado de 69 millones de lempiras, unos 2.78 millones de dólares.
El contrato más importante registrado en el portal de contrataciones en este periodo fue destinado al mantenimiento de la red vial en el departamento de Atlántida en un tramo que va desde el Puente Lean hasta el municipio de Jutiapa, valorado en 54.5 millones de lempiras. Según informes de la prensa nacional, los trabajos de reparación concluyeron en octubre de 2023.
Además, el Gobierno adjudicó otro contrato a Prodecon sin registrarlo en el portal de contrataciones. La SIT le adjudicó en diciembre de 2022 la rehabilitación del tramo carretero entre Jesús de Otoro y La Esperanza en el departamento de Intibucá. El monto del contrato es de cerca de 331.7 millones de lempiras y sigue en ejecución con diversos retrasos que han sido denunciados por medios de comunicación y con las justificaciones de la empresa que argumenta que no le han sido efectuados algunos pagos.
Los atrasos en la ejecución del proyecto incluso han sido denunciados por la actual precandidata del oficialismo y ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien publicó en la red social X que «[…] la carretera está destruida, y la población no se explica por qué la compañía adjudicada aún no finaliza (Prodecon) y reclaman por la lentitud». En el Gobierno anterior, Prodecon ya había sido cuestionada públicamente por los retrasos en sus obras.
En total, según la investigación de este medio, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha otorgado contratos que ascienden a los 400 millones de lempiras a esta empresa con la que, según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tony mantenía negocios.
Este medio intentó establecer comunicación con el ingeniero Octavio Pineda, ministro de la SIT; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no ha contestado a ninguna de nuestras comunicaciones. Contracorriente también envió un correo y llamó a las oficinas de Prodecon, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Prodecon es beneficiada por un Gobierno liderado por la familia Zelaya. El 1 de agosto de 2008, el entonces ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano, firmó un contrato para el mejoramiento de la carretera CA-5 con Prodecon. El monto total del proyecto fue estipulado en 294.9 millones de lempiras, unos 11.8 millones de dólares.
El exministro «Saro» Bonano ha estado bajo investigación desde 2011 por el Ministerio Público a raíz de un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que reveló irregularidades en el proyecto de construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala. En octubre de 2022, un tribunal de sentencia rechazó la solicitud de Bonano para acogerse a un decreto de amnistía, el cual había beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya y les permitió evadir acusaciones y procesos judiciales por corrupción.
Según registros de la cámara de comercio, Prodecon es una empresa constituida en 1979 por miembros de la familia Gamez Panchame; su actual gerente general y representante legal es José Dario Gamez Panchame exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) entre 2012 y 2014, exdiputado y subcoordinador regional de campaña de Porfirio Lobo para las elecciones de 2009.
En 2021, Prodecon fue denunciada en el Congreso Nacional por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, quien aseguró que «la negligencia y las malas prácticas en las obras de construcción en el puente del Río Guacirope, han desembocado en una situación precaria para los habitantes, los transeúntes, las empresas y los vecinos del municipio de Nacaome, como de toda la Zona Sur del país». Previo a las denuncias del congresista en 2019, José Gamez también fue señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por irregularidades en contrataciones durante su gestión en la ENP.
José Gamez también estuvo vinculado con el círculo cercano de Tony Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández tras venderle una propiedad en Villanueva, Cortés, al general de brigada en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado, quien fue compañero del expresidente en el Liceo Militar del Norte en 1983 y, gracias a esa cercanía, trabajaron de cerca desde que fue presidente del Congreso Nacional en 2010, hasta su ascenso en 2019 como comandante general de la Fuerza Aérea. Barrientos fue parte de los tres generales del ejército hondureño que fueron presentados como testigos por la defensa del ex presidente Juan Orlando Hernández en el juicio que enfrentó en marzo de 2024 y en el que fue encontrado culpable.
Los vínculos de la Correduría Ucles Martínez
Cuando Tony Hernández viajó a Estados Unidos en noviembre de 2018, acompañado por su amigo Marlon Pacheco Morales, quien según reportes de la prensa nacional también fue abogado del hermano del ex presidente en transacciones inmobiliarias, uno de sus objetivos era encontrarse con Theo Franz Uclés, un empresario hondureño a quien también describió como su «amigo». Según las declaraciones de Tony, su amigo Theo había viajado a Nebraska para comprar dos camiones «de segunda», para luego repararlos.
Según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia, Ucles Castillo había estado en contacto con un individuo en Estados Unidos, quien había sido arrestado en 2017 por un delito relacionado con lavado de dinero, aunque posteriormente se desestimaron los cargos. Los registros de viaje indican que Ucles Castillo tenía previsto salir de Estados Unidos en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami durante la semana del 26 de noviembre de 2018, o en fechas cercanas. Sin embargo, no abordó el vuelo. En cambio, se presume que salió de ese país de tal manera que evitó el contacto con las autoridades y la aduana. Se cree que viajó en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá el 11 de diciembre de 2018.
Contracorriente también encontró que Theo Franz Uclés, amigo de Tony, fue parte de su esquema offshore de empresas de papel en Panamá, participando como apoderado legal en las sociedades Office 77-602, S.A. (suspendida) y Office 77-603, S.A. (vigente). Una denuncia anónima en redes sociales que data de 2018, señala que este esquema habría sido utilizado para lavar dinero.
En Honduras, el 13 de mayo de 2004, Theo Franz Uclés, Aná Elizabeth Uclés y Belky Judith Martínez constituyeron la Correduría de Seguros Uclés Martínez S. de R.L., la cuál en 2019, tras la captura de Tony Hernández, pasó a convertirse en una Sociedad Anónima de Capital Variable. Dicha operación de cambio de razón social fue presentada por la abogada Rebeca Lizeth Melara Ráquel, hija de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien, según reportes de medios de comunicación, ha sido investigada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico por representar una sociedad mercantil vinculada con Ramón Matta Waldurraga, quien fue acusado por el Ministerio Público en Honduras por lavado de activos agravado, y en 2018 se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.
La presidenta de la CSJ es militante del partido LIBRE y fue impulsada a ese cargo por dicha institución política, a pesar de que en diciembre de 2022 el CNA señaló en un informe remitido a la Junta Nominadora del Poder Judicial a Raquel Obando por constituir y protocolizar la empresa Jericó Mining Company. Según el informe del CNA, dicha asociación es propiedad de Alberto Muccioli Ordoñez, quien desde 2018 cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por presuntamente estar vinculado a la estructura de narcotráfico y lavado de activos del fallecido señor Wilkin Montalván Mejía.
Sin embargo, la relación entre Theo Uclés y la hija de la presidenta de la CSJ no es la única vinculación del amigo de Tony Hernández con el partido Libre. En 2012, durante la primera campaña presidencial de Xiomara Castro, Theo Franz Uclés se presentó como candidato del partido Libre para el Parlamento Centroamericano.
Además, en noviembre de 2020 Theo Uclés también fue beneficiado con dos contrataciones directas en la alcaldía de San José de Colinas, Santa Barbara. En el contexto de la emergencia por las tormentas Eta e Iota, que ese año causaron estragos en diferentes puntos del país, Amable de Jesús Hernández, alcalde de ese municipio por el partido Libre, adjudicó un contrato para abastecimiento de agua en comunidades y barrios por un monto de 114,589 lempiras, es decir unos 5,800 dólares. Además, ese mismo mes, otorgó otro contrato para la habilitación de carreteras en varias comunidades presuntamente afectadas por un monto de 212,750 lempiras, o 8,548 dólares.
Amable de Jesús Hernández es un caudillo del partido en el Gobierno que lleva 26 años en el poder (antes con el Partido Liberal y ahora con el Partido Libre) y que, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro a la silla presidencial, fue designado como director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). Contracorriente ha reportado diversas irregularidades en el uso de fondos de dicha institución.
Información que brindó una fuente a Contracorriente señala que en 2022 la Correduría de Seguros Uclés Martínez estuvo involucrada en una intermediación para la adjudicación de un contrato de seguros en el INJUPEMP.
Sobre esto, en el plan anual de compras y contrataciones de la institución para 2022, se incluyó una línea presupuestaria de 3.5 millones de lempiras destinada a la contratación de «seguros varios del instituto». Según el portal Honducompras, que publica los procesos de licitación y compra de las instituciones del Estado, la institución llevó a cabo el proceso de licitación para seguros de edificios e invalidez en julio de ese año y publicó una resolución sugiriendo la contratación de Seguros Atlántida y Seguros Continental, pero los documentos de la contratación final no fueron publicados.
Aunque la correduría de Theo Franz está registrada en la Comisión Nacional de Banca y Seguros como intermediario de seguros en el país, no hay datos sobre la dirección de sus oficinas o contactos de teléfono. Contactamos a los dos entes regidores de los corredores de seguros en el país: la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) y la Asociación Hondureña de Profesionales de Seguros (Ahproinse). Por un lado, el representante de la CAHDA aseguró enfáticamente que no tiene ninguna relación con Theo Uclés y que hace diez años no sabe de él; por otro lado, la representante de Ahproinse aseguró que han perdido el contacto de los representantes de la Correduría Uclés Martinez ya que cambiaron de número de teléfono, pero que los están buscando.
Este medio envió una serie de preguntas al correo de la Correduría de Seguros Uclés Martínez que aparece en el registro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), pero hasta el momento de la publicación de esta investigación no hubo respuesta.
Hasta el jueves 5 de septiembre de 2024, el registro de la Correduría de Seguros Uclés Martínez y de Theo Uclés como dependiente de dicha empresa estaba activo en la página de la CNBS. Sin embargo, tras las consultas realizadas por Contracorriente a los organismos reguladores y al personal de instituciones relacionadas con el caso, el domingo 8 de septiembre el registro apareció como suspendido.
Contracorriente envió una serie de preguntas al director de Injupemp, Amable de Jesús Hernández a su número personal y a través del encargado de relaciones públicas de la institución quien aseguró que se las trasladaría; sin embargo, no recibimos respuesta.
Después de que Insight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya —cuñado de la presidenta y ex secretario del Congreso Nacional— aparece negociando aportes de campaña con narcotraficantes, los hallazgos de esta investigación sugieren que las relaciones del actual Gobierno con personas y empresas vinculadas al narcotráfico son mucho más profundas de lo que su retórica oficial quiere hacer parecer.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
