DIVERGENTES corrobora con tres fuentes allegadas a la operación de destierro que al líder indígena de Yatama no le fue permitido abordar el avión con destino al aeropuerto La Aurora, y se mantiene en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Otra fuente del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo dijo a esta redacción que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie, porque salieron amenazados de la prisión: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua»
Autor: Wilfredo Miranda Aburto / Divergentes
La primera noche en Ciudad de Guatemala para los 135 presos políticos fue una mezcla de júbilo, miedo, zozobra y desconcierto. Lo mismo para sus familiares. A falta de una lista oficial de las personas que fueron excarceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a cuentagotas se han venido confirmando los nombres de quienes abordaron el avión que salió la madrugada de este jueves 5 de septiembre desde Managua. DIVERGENTES corroboró con tres fuentes allegadas a la operación que al diputado indígena Brooklyn Rivera, otrora aliado del sandinismo, «no lo dejaron salir, no le permitieron abordar el avión».
Hasta la publicación de este artículo, DIVERGENTES no ha podido corroborar si la segunda de Rivera en el partido indígena Yatama, la también legisladora Nancy Henríquez, corrió la misma suerte. Sucede que las autoridades estadounidenses y chapinas han alojado a los 135 presos políticos en diferentes hoteles de Ciudad de Guatemala e impuesto un hermetismo casi total en torno a ellos. Nada de acceso a periodistas ni terceros, a diferencia como sucedió en el hotel Westin, en Dulles, Washington, en febrero de 2023, cuando fueron desterrados los 222 presos políticos. No obstante, unos pocos excarcelados políticos han publicado reacciones en redes sociales.
Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y desde entonces organismos defensores de derechos humanos, como la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), han denunciado que el líder indígena se encuentra en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Los familiares del diputado de Yatama nunca fueron informados oficialmente por las autoridades sobre su estado de salud y lugar de reclusión. Razón por la cual en reiteradas ocasiones pidieron «prueba de vida» de Rivera. Las mismas fueron desoídas por el régimen Ortega-Murillo.
Aunque DIVERGENTES nunca lo pudo corroborar, en los últimos seis meses circularon rumores sobre graves afectaciones en la salud de Rivera, un adulto mayor de 72 años de edad. Sin embargo, hemos conocido que la zozobra de los familiares de Rivera se mantiene al no poder localizarlo entre los 135 presos políticos en Guatemala.
Otros reos de conciencia en condición de «desaparición forzada por ocultamiento de paradero», como la comunicadora social Fabiola Tercero, fueron identificados en las fotografías distribuidas por la Presidencia de Guatemala. A pesar del pedido de organismos de derechos humanos de la lista oficial con los nombres de los 135 presos políticos desterrados, Guatemala y Estados Unidos dijeron que «no será revelada por motivos de seguridad». Otras personas han sido identificadas porque, desde Ciudad de Guatemala, lograron comunicarse con sus familiares y aplacarles la incertidumbre.
Una fuente del gobierno del progresista presidente Bernardo Arévalo dijo a DIVERGENTES que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie porque salieron amenazados de la prisión por el régimen: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua».
Régimen calla sobre destierro de los 135
El Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba hasta este 5 de septiembre 151 personas detenidas por motivos políticos y de persecución religiosa. De ellos, 126 son hombres y 25 mujeres. De la cantidad total, 25 eran adultos mayores.
Ni en la excarcelación de 2023 de los 222 presos políticos ni en la actual hubo alguna negociación política entre Managua y Washington, ha insistido la Casa Blanca. Hasta la publicación de este artículo, el régimen Ortega-Murillo mantiene total silencio sobre el destierro de 135 presos políticos a Guatemala. Mientras transcurre ese silencio, la pareja presidencial no ha revelado la lista de las personas excarceladas, lo que ha generado preocupación entre los familiares ya que, según los datos del Mecanismo, en el país quedarían 16 detenidos. Sin embargo, organismos de derechos humanos comentaron a DIVERGENTES que siguen trabajando con la corroboración de los excarcelados, porque «creen que quedaron en Nicaragua más presos políticos de los que pensaban».
Otros quienes no abordaron el avión hacia Guatemala fueron los ocho militantes sandinistas que integraban el grupo de WhatsApp «La Comuna», administrado por Carlos Fonseca Terán –hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador–, quien se encuentra en casa por cárcel desde el pasado 26 de julio.
El Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, dijo este jueves en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala que la liberación de los presos políticos no cambia la política de Estados Unidos hacia la dictadura de Ortega-Murillo. «Quiero enfatizar que esto no indica un cambio en nuestra política hacia este régimen represivo (…) Creemos que sólo Ortega y Murillo pueden controlar la libertad de estos individuos. Por eso los instamos a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y presos de conciencia en Nicaragua».
¿Qué pasará con la nacionalidad de los 135?
Ante el silencio de la dictadura Ortega-Murillo, otra moneda al aire tiene que ver con que si las 135 personas expulsadas a Guatemala serán despojadas de su nacionalidad nicaragüense, como sucedió con los 222 presos políticos mientras volaban el 9 de febrero de 2023. Jacobstein dijo que «desconoce» si la dictadura orteguista tomará una decisión similar. Pero advirtió que «sería un error» si lo hace. En cambio, resaltó que Estados Unidos mantiene las puertas abiertas a las negociaciones por la salida de más presos políticos, aduciendo que «son personas que fueron encarceladas sólo por hacer valer sus derechos civiles».
Aunque no lo descartan, analistas políticos consultados por DIVERGENTES le restan posibilidades a que la pareja presidencial despoje de su nacionalidad a estas 135 personas. El arrebato de la nacionalidad está aparejado con el delito político de «traición a la patria». Es una medida que como principal castigo implica la confiscación de todos los bienes de los declarados «culpables».
Antes de ser sacados de prisión y enviados a Guatemala los 135 presos políticos, el Gobierno sandinista aprobó la semana pasada una reforma al Código Penal que establece que se puede enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país e imponer penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Es decir delitos que, de facto, la pareja presidencial ha usado contra sus críticos desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas sociales en su contra.
«No descarto que los despojen de su nacionalidad como a los 222, pero quitar la nacionalidad ha implicado mucho costo político a nivel internacional para el régimen. Y para ser francos, la principal pena de declararte traidor a la patria y decirte que ya no sos nicaragüense es que te confisquen todos sus bienes. Algo que ahora perfectamente pueden hacer con la reforma al Código Penal. Con menos revuelo que decir que volvieron a dejar apátridas a más opositores», dijo el analista político que pidió anonimato.
Los 135 nicaragüenses han sido acogidos por el Gobierno del presidente Arévalo. Cuentan con un permiso de 90 días para estar legalmente en ese país, mientras deciden qué trámites migratorios desean realizar. Jacobstein ha dicho que su Gobierno está dispuesto a entregar visados para viajar a Estados Unidos y que puedan iniciar el proceso de solicitud de refugio en aquel país.
